El Día Internacional contra la Corrupción, conmemorado cada 9 de Diciembre, a solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), encontró a la República Dominicana, compungida en medio de una aguda crisis institucional, como consecuencia de la pérdida de valores que sacude su clase política; a juzgar por los recientes sometimientos judiciales, instrumentados desde el Ministerio Público, en contra de personas vinculadas al pasado gobierno, quienes están siendo acusadas de haber cometido presuntos actos de corrupción administrativa en perjuicio del Estado.

Al Llegar hasta este punto, luego de escuchar los dictámenes correspondientes a las medidas de coerción, impuestas por el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, magistrado, Alejandro Vargas, sobre el proceso que se siguió a los encartados en el expediente de entramado societario que estafó al Estado, denominado: Operación anti pulpo; la sociedad, convino en reconocer que ninguno de los acusados contó con suficiente argumento para demostrar que poseía una conducta íntegra, apegada a principios de la ética pública y la moral personal.

Por el contrario, las aparentes causas que propiciaron ese modus operandi de perversión, son múltiples, a sabiendas de la partidocracia que –con sus vicios e imperfecciones–, estuvo siendo aplicada en su peor versión, mientras era apoyada por un ineficiente sistema de justicia que, durante años, prohijó un raquítico régimen de consecuencias incompatibles con los preceptos legales que suponían una correcta fiscalización de las actividades económicas que realizaba el Estado.

En resumen, la corrupción administrativa, interpretada como un mecanismo espurio del sistema político, se convirtió en una práctica aberrante que habitó en simbiosis con el sistema democrático, a pesar de ser –teóricamente– incompatible con el mismo, ya que corroe sus cimientos, daña su integridad y supone su quiebra; en tanto que, presume un uso indebido de las potestades, eliminando las fronteras entre el patrimonio público y el patrimonio privado, para beneficiar a terceros, en perjuicio del bien común.

Los hechos, demostraron que, a pesar de su nobleza, la política, es susceptible de convertirse en el más vil de los oficios; precisamente, porque su naturaleza es eminentemente humana, y como tal defectuosa, ya que puede ser instrumentada por elementos inescrupulosos para materializar vínculos desmesurados de complicidades que solo ambicionan riquezas materiales, a costa del tráfico de influencias que ejercen sobre un sistema administrativo, endeble, plagado por múltiples debilidades que dañan el orden público.

Asimismo, en mayor o menor medida, la sociedad, es corresponsable de la corrupción que nos azota, porqué, promoviéndola o aceptándola, por omisión o complicidad, también forma parte del mismo entramado vicioso. Por ejemplo: Los partidos, sin autoridad para sancionar su práctica; la justicia, negligente en múltiples ocasiones; los empresarios, beneficiarios directos de las complacencias; los medios de comunicación, silenciados o parcializados; la intelectualidad, ajena o poco comprometida; la ciudadanía, ignorante por necesidad, fanática del clientelismo, a sabiendas que, se nutre y paga, con dinero de su bolsillo.

En ese sentido, durante los últimos años, la clase política dominante, estableció una normativa de inconductas caracterizadas por una expresión de clase o grupo corporativo que instrumentalizó un entramado perverso de acciones incorrectas, alimentadas desde una organización política, a contrapelo de la impronta y el legado de su líder histórico, hasta convertirse en un antro desmedido de corrupción que prostituyó los valores sociales, contaminando al partido y transformando al Estado, en un instrumento de enriquecimiento ilícito.

En el frontispicio del gobierno, el clientelismo, el tráfico de influencias y el culto a la personalidad, instauraron una triangulación polígona, cuya dinámica egocéntrica, gestionó y ejerció, para sí mismo, un dominio absoluto del poder político que maniobró a su antojo, fuera de la frontera moral que rige la ética pública, convirtiendo al Estado, en un medio de control social, donde se crearon corporaciones económicas para subyugar no solo a la administración pública, sino también al resto de las entidades que sirven como contrapeso al sistema democrático.

Afortunadamente, las nuevas autoridades gubernamentales, han comprometido su esfuerzo para eliminar el flagelo de la corrupción que afecta a la sociedad, impulsando un conjunto de reformas y medidas administrativas, en áreas relacionadas a la transparencia institucional, para establecer regulaciones que aumenten los controles sobre el uso de los recursos públicos y propiciar, además, un proceso de adecentamiento institucional de la justicia, que le devuelva la confianza a la población.

Finalmente, la creación del Gabinete de Transparencia, que viene a reforzar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, representa un paso de avance importante en la dirección de garantizar que todos los actos del gobierno, estén disponibles para aquellos ciudadanos que deseen acceder a los procesos que están siendo desarrollados por las instituciones públicas, sin que intervenga algún tipo de limitaciones, trabas, ni controles que impidan la fiscalización moral, de los movimientos que realiza el Estado.

JPM

Cancelar de forma masiva a los empleados públicos es inhumano, abusivo y excesivo, pero además, es un gran error porque podrían haber muchos que votaron por Abinader que se indignan y lloran de impotencia que el Estado se siga viendo como un botín político.

Con estas decisiones se está presionando al presidente para que viole sus promesas de respetar a los empleados que cumplen con honestidad su trabajo a los cuales llamó para no temer de un gobierno del PRM porque gobernará para todos los dominicanos.

Bien pudo el Ministro hacerlo como se ha hecho en otras instituciones, cancelar masivamente las botellas e ir sacando uno por uno a los empleados según evaluaciones previas, y sean cuanto sean los cancelados, no hubiera creado ese malestar de la ciudadanía.

Cuando el Minerd desvincula a más de 20 mil servidores alegando que es normal y que se puede desvincular a un servidor que no es de carreras, sin aludir a faltas, lo hace porque no ha leído la norma ni le interesa respetar el debido proceso a defenderse.

Las cancelaciones masivas, aunque son usuales en los gobiernos de turnos de RD, luego que se aprobó la Ley 41-08 han disminuidos porque la nueva norma es muy clara al ordenar que para destituir un funcionario debe haber un motivo y un proceso disciplinario.

La desvinculación es la pena máxima del sistema de sanción administrativo contra cualquier empleado que haya cometido faltas graves y la ley ya sea por haber cometido faltas de primer, de segundo o tercer grado manda a respetarles y a garantizarles sus derechos.

Los únicos empleados que pueden destituirse sin juicios disciplinarios según el Artículo 94. 1 son servidores de Libre Nombramiento y Remoción pero que se sepan los barrenderos, la secretaria, el personal de limpiezas, y la seguridad no son de alto nivel.

Es cierto que el artículo 94. 2 de la Ley  establece que los empleados de carreras son los únicos que podrán ser destituidos por una de las causales prevista en la presente ley pero según el MAP, para cesar un funcionario según la Ley debe ser motivada.

Basta leerse el Régimen Disciplinario desde el Artículo 101 hasta el 118 del Reglamento que es aplicable a todos los servidores públicos que cometan faltas y violen las prohibiciones. Incluso, cuando sin motivo se desvincula un empleado debe ser indemnizado- Art 60.

El Artículo 109 párrafo 1, 2, 3 y 4 del Reglamento 523 de la ley 41-08 que establece el proceso de destitución de los servidores públicos es claro en quien és que ejecuta las desvinculaciones de los órganos públicos, descentralizados y autónomos del estado.

En un órgano descentralizado es potestad de destitución del titular de la institución. En los órganos autónomos la potestad de destitución le corresponde ejercerla al Consejo. Y en las instituciones públicas la potestad de cancelar le corresponde ejercerla el presidente.

Lo grave de esto, es que el gobierno por la pandemia está ayudando a los empleados privados garantizandoles parte de sus salarios y por otro lado está mandando a la calle a los empleados públicos para que pasen las navidades y la pandemia sin ayuda ni salario.

El Minerd es una institución pública. La destitución sin motivo aparte de ser ilegal e inconstitucional es dañina para la seguridad jurídica. El Ministro solo puede separar a un empleado de su cargo pues el responsable de desvincularlo por faltas es del presidente.

Claro que el pasado gobierno violó esta ley pero el cambio es ahora o seguiremos en lo mismo.

 juanmojica1556@gmail.com

JPM