Por MARIA ESTELA DE LEON

Los países de la región y la República Dominicana dan pasos firmes hacia la construcción de Estados con leyes y decisiones avanzadas en materia electoral, por entender que la estabilidad nacional depende entre otras cosas de contar con procesos electorales revestidos de toda seguridad jurídica para su legitimación.

Con el discurrir del tiempo el sistema electoral dominicano ha sido impactado por múltiples  leyes, recayendo la mayoría de sus modificaciones en la Ley Electoral 5884-62, la cual fue derogada por la 275-97, esta última avanzada para la época por contar con elementos novedosos para el momento, como fueron: La personería jurídica de la Junta Central Electoral, autonomía presupuestaria, el sufragio de los dominicanos en el exterior, la contribución del Estado a los partidos políticos, la cuota femenina en los cargos de elección provinciales y municipales, entre otros aspectos, después de un arduo proceso de discusión con los partidos políticos y la sociedad civil, se aprueba la ley 15-19,  que es la que tenemos en la actualidad.  

Los sistemas electorales están llamados a consolidar en una sola norma “Código” todos los preceptos legales que rigen la materia, para evitar las contradicciones e interpretaciones interesadas de grupos o sectores, y dejar para el debate aquellas discusiones conceptuales que buscan enriquecer y fortalecer la institucionalidad. Entendemos sobre el particular, que además de contar con los instrumentos legales contentivos de normativas claras y progresistas para regular el accionar del andamiaje jurídico electoral, es más importante aún; que los actores estén convencidos en cuanto a la fortaleza y determinación de su aplicación en el tiempo.

Con esta abstracción; pretendemos dejar en el tapete la necesidad de revisar la Ley  Orgánica de Régimen Electoral 15-19 y la 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimiento Políticos, con miras a corregir debilidades, contradicciones e interpretaciones, que han sido objeto de inconstitucionalidad en muchos de sus articulados en el corto plazo, y ¡Porque no! la posibilidad de recoger en un solo manuscrito “Código Electoral” todo lo relacionado con los procesos electorales y las actividades de los partidos políticos.

Entendemos en ese sentido, que no contribuye al fortalecimiento de la democracia que las leyes sean atacadas y desconocidas por conveniencias del momento. Esto produce debilitamiento de las instituciones democráticas, lo cual no fue el espíritu de los legisladores ni de los actores en cuestión al votar dichas normativas.      

Es importante indicar; que los recursos interpuestos por ante los órganos jurisdiccionales relacionados con los aspectos electorales al calor de las elecciones, ponen en juego al sistema democrático de cualquier nación, de antemano altera el cronograma electoral, crea un clima de incertidumbre en la clase política y la sociedad, lo cual no contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad y se lleva de encuentro la legitimidad, requisito “sine aqua non” con que deben contar los procesos electorales, en ese orden abogamos por una revisión consensuada y a tiempo.    

Concluimos el tema de esta ocasión con la frase del Sr. Winston Churchill cuando dijo “El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo”.

JPM

Para que avance la lucha contra la corrupción, tiene que haber una justicia  independiente. Enfrentar casos de corrupción en el área administrativa no es un juego, ni tampoco la diversión de las clases medias sonando cacerolas.

El país necesita transparencia en la lucha para detener la corrupción en la administración pública. Es un trabajo arduo que se tiene que ejecutar con la mayor responsabilidad. No puede haber amigos preferidos, ni enemigos seleccionados.

Lo primero a ver es hasta donde el poder político permitiría que avance la lucha contra la corrupción. En la República Dominicana siempre ha sido un expediente que se maneja con ideas partidistas, de doblegar voluntades.

Cuando llegan los acuerdos políticos se olvidan los expedientes y los que fueron interrogados nunca más se les menciona. Esperemos que ahora no ocurra así, aunque la historia demuestra todo lo contrario.

La  persecución de los corruptos no es como una película de vaqueros o  de Charles Bronson en El Vengador Anónimo. Tiene que haber expedientes sólidos para poder condenar a los que sean implicados.

No puede la lucha contra la corrupción estar ambientada en la retaliación política, ni en perseguir a antiguos funcionarios por malquerencias partidistas. Las investigaciones tienen que hablar claro sobre los dolos cometidos. Solo actuando de acuerdo a los reglamentos judiciales el pueblo verá  credibilidad en la aplicación de la ley.

Lo más pronto posible hay que oficializar la figura de la Procuraduría General de la República independiente. Un proyecto de ley en ese sentido debe ser sometido por un legislador o el Presidente Luis Abinader.

Ahora mismo no hay la Procuraduría independiente. El presidente Abinader le dio plenos poderes a la funcionaria actual para que actúe sin presiones de ningún tipo, pero todavía sigue siendo una dependencia y una  empleada del Poder Ejecutivo.

La lucha contra la corrupción en numerosas ocasiones de nuestra historia ha sido iniciada por políticos, que luego la congelan,  en base  a los acuerdos y arreglos de ocasión. Que pase en la lucha actual   sería una burla al pueblo.

La mejor  prevención para que se erradique la corrupción, es que la justicia aplique todo su peso al que en juicio público oral y contradictorio se le encuentre culpable de haber robado fondos públicos. Todo el entramado judicial, desde fiscales hasta jueces, tiene que blindarse con la honorabilidad.

JPM