Para que un país se desarrolle, debe promoverse un clima que propicie la inversión, tanto local como extranjera. Y esto sólo se logra cuando existen instituciones fuertes, un buen marco jurídico, políticas públicas, incentivos, seguridad, entre otros elementos claves.

En el caso de Haití, dichos factores son mínimos, por lo que hacer negocios en esta nación caribeña es una verdadera odisea.

La dificultad de hacer negocios en Haití afecta directamente a todas las empresas, especialmente a las que utilizan dólares para pagar sus importaciones y sus inversiones. La mayoría de las empresas pueden ajustar sus precios dependiendo del costo de los productos que importan, pero aún pueden tener muchas dificultades para comprar suficientes dólares para pagar sus facturas.

La escasez de dólares desestabiliza el mercado cambiario, lo que ha provocado que el Banco de la República de Haití inyecte millones de dólares en varias ocasiones, enfocándose en beneficiar a sectores específicos, sin lograr solucionar el problema.

Existe el tipo de cambio oficial al que la gente puede comprar dólares en los bancos y el tipo de cambio real al que la gente compra dólares en las calles. No sólo hay una gran diferencia entre estas dos tasas, sino que es casi imposible encontrar dólares al tipo de cambio oficial, por lo que las personas están dispuestas a pagar un 20 por ciento más para comprar los dólares que necesitan. Algunas empresas pueden pasar ese costo adicional a sus clientes, otras no.

La escasez de dólares se debe a la decisión del gobierno de reestructurar el mercado cambiario, a partir de octubre de 2020, al déficit presupuestario crónico y al déficit comercial; poniendo en dificultades a la mayoría de las empresas – como las de los combustibles – para comprar los dólares necesarios para pagar sus facturas.

Esta escasez de dólares ha provocado a su vez una escasez de combustibles, afectando profundamente a la población y a la mayoría de las empresas que dependen de generadores para producir su propia electricidad.

Esto no sólo afecta a la población en general, sino también a muchas empresas que enfrentan las mismas dificultades para comprar los dólares necesarios para pagar sus facturas.

A esta realidad se suma que los precios de los combustibles son artificiales, debido a que el Ministerio de los ha mantenido fijos a pesar de las fluctuaciones registradas a nivel internacional.

Esto quiere decir que en Haití el valor económico de los combustibles permanece sin variación, a pesar de los diversos factores que influyen en su costo.

El gobierno decidió recientemente que el margen de ganancia de cualquier empresa debe permanecer por debajo del 15 por ciento, de lo contrario sus ejecutivos pueden terminar en la cárcel. Una historia muy similar que nos recuerda cómo comenzó Venezuela hace años.

Nadie puede desarrollar un negocio bajo estas condiciones. Los supermercados, por ejemplo, no tienen intervención del Gobierno Haitiano en la cadena de suministros ni en la fijación de los precios. Por tanto, no sufren de escasez. En cambio, en Venezuela -donde se controla todo- hay escasez, incluso, en los supermercados.

Durante dos años consecutivos el PIB de Haití se ha contraído, lo que significa que la gente está ganando menos este año que lo que ganaba hace dos años. De hecho, según el Índice de Desarrollo Humano 2019, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), esta nación es una de las que peor calidad de vida tiene en el mundo.

Ante estas limitaciones de generar oportunidades para poder superar la crisis en la que por años se ha mantenido sumergido Haití, el sector privado tiene las manos atadas. Cada idea de negocios que logre materializarse choca de frente contra un muro de obstáculos que hace insostenible su permanencia, lo que se refleja en las inversiones extranjeras directas, que están en un mínimo histórico.

Hoy, más que nunca, esta nación caribeña debe generar una serie de reformas que incentiven la inversión y que favorezcan la generación de empleo. En lugar de considerar al sector privado como la causa de su miseria, el gobierno debería trabajar con el sector privado para reconstruir la economía.

teledebate@hotmail.com

JPM

Tiene que darse en el país una gran concertación, no para regalar   empleos. Mucho menos para garantizar impunidades. Lo demanda la realidad  política y social nacional. Las fuentes productivas están quebradas, el desarrollo se encuentra congelado y mientras la mayoría dobla la rodilla hay que pensar que se debe seguir adelante.

Ahora no es el caso de una mera negociación de acuerdos, públicos y de aposentos, sino de tratar que el país sobreviva. A pesar de los cálculos  optimistas del Banco Central, la dura realidad es que la economía está en punto de colapso.

Al parecer solo las remesas se mantienen firmes, con  los dominicanos que residen en el extranjero enviando su ayuda oportuna a sus familiares. Por suerte, ya se descartó la alocada idea de poner impuestos a las remesas.

El turismo es difícil que arranque. No depende únicamente de la situación  nacional. Se trata de que los países que generan el mayor flujo turístico hacia el país, padecen  una segunda ola de la epidemia. Ello hace impensable que piensen en vacaciones italianos, ingleses, franceses, alemanes y norteamericanos.

Ningún gobierno en solitario está en capacidad de hacer frente a la crisis general ocasionada por la pandemia. Puede  haber buenas intenciones, buen plan de trabajo, pero el problema abarca a todos los sectores nacionales. Se debe dar mayor dosis de colaboración.

Una de las principales responsabilidades recae en los partidos políticos. Con un tramo   tan lejano para las elecciones presidenciales, no se justifica que mantenga líneas propias de etapas de proselitismo y que sean indiferentes ante la suerte de todos los dominicanos.

Concertación  no significa doblar rodillas, ni cambiar principios. Es sencillamente comprender que el país necesita la cooperación  de todos para hacer frente a esta situación. Los enfermos y los muertos no tienen banderías partidistas. Todos están siendo víctimas por igual del corona-virus.

Los grupos políticos deben comprender que una concertación no es para cambiar el acercamiento por un empleo, o negociar impunidades. Cada cual debe seguir con su propia lucha diaria, pero  ofrecer su esfuerzo de lucha  en el colectivo que busca enfrentar la pandemia.

A las autoridades les toca motorizar esos encuentros de acercamiento. Se deben dejar a un lado las posturas  prepotentes que exhiben algunos sectores al disfrutar  del poder. Cuando se trata de la supervivencia, cualquier despropósito es una noñería inaceptable.

Tenemos fe en que la concertación se imponga, que sea asimilada  por los gremios profesionales, las amas de casa, los partidos y todos los dominicanos. Sin unidad, con las diversidades y desavenencias naturales y aceptables, no lograremos salir adelante.

JPM