La Resolución 01-2021 de la Junta Central Electoral que dispuso el orden en la boleta electoral para las elecciones del 2024 y la contribución económica del Estado a los partidos políticos tiene una extraordinaria relevancia para el presente y futuro del sistema político dominicano.

La controvertida decisión adoptada por el máximo organismo electoral del país el pasado 27 de enero, mediante la cual se clasificó al Partido Fuerza del Pueblo liderado por el ex presidente Leonel Fernández como minoritario, debe ser analizada en sus implicaciones políticas y jurídicas a la luz de la ciencia política, la normativa electoral y los precedentes jurisprudenciales.

El axioma que da título a este trabajo, es decir, que debilitar a Leonel fortalece a Danilo, se constituye en una verdad de perogrullo para todo aquel que conozca el ABC de la ciencia política, en razón de que resulta obvio que reducir las posibilidades de crecimiento de Fernández y su Partido Fuerza del Pueblo implica necesariamente solidificar a su archirrival, Danilo y el PLD.

Por lo aseverado anteriormente resulta necesario descartar, en atención a la lógica política más elemental, que la acción de dejar fuera del juego de los grandes a la Fuerza del Pueblo sea una maniobra del Gobierno, como algunos han aseverado, porque la misma sería contraria a la exitosa estrategia del PRM de factura romana de divide et impera (divide y vencerás).

El partido de Leonel Fernández sin los recursos económicos que le proporcionaría su estatus de mayoritario difícilmente pueda seguir drenando al PLD y partir en dos la legión boschista, siendo evidente que esto último es lo que le conviene al partido de Gobierno y al Presidente Luis Abinader de cara a las elecciones del 2024.

Afirmar que la decisión de dejar exclusivamente como partidos mayoritarios al PLD y al PRM ha sido influida desde el Gobierno implicaría asumir que el oficialismo ignora que Danilo y el PLD están golpeados pero no muertos, y que la posibilidad de Leonel convertirse en opción de poder es una amenaza menor que la probabilidad de recuperación o reunificación del PLD.

Desmontada la teoría de conspiración basada en la intriga política según lo hemos analizado, sólo resta ponderar si la Resolución 01-2021 de la JCE es conforme a la Constitución, la normativa electoral y la jurisprudencia constitucional y electoral aplicables.

Desde el 2017 hasta la fecha el criterio para disponer el orden de la boleta electoral y la determinación de si un partido es o no mayoritario de acuerdo al caudal de votos alcanzados en la elección anterior ha sido objeto de litigios partidarios e intrainstitucionales, procesos legales, conflictos de competencia entre órganos electorales y hasta de una sentencia del Tribunal Constitucional.

El viejo debate reaparece en estos días debido a que el Partido Fuerza del Pueblo reclama que por haber obtenido 233,538 votos válidos, equivalente al 5.69 % de las votaciones a nivel presidencial, le corresponde la categoría de partido mayoritario y por consiguiente participación en el reparto del 80% de los recursos que aportará el Estado para el próximo cuatrienio.

Ese era el criterio que prevalecía hasta el 7 de febrero de 2017, fecha en la cual la Junta Central Electoral cambió los precedentes anteriores mediante la Resolución 02/2017 que estableció tomar en cuenta todos los niveles de votación para establecer el orden de la boleta, decisión a la que se opusieron los miembros Rosario Graciano y Henry Mejía.

Esta decisión fue impugnada por el Partido Revolucionario Dominicano ante el Tribunal Superior Electoral, presidido en ese entonces por el actual Presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo. La Corte electoral anuló la resolución, al considerar que  el orden de la boleta electoral debe ser en base a la votación obtenida en el nivel presidencial.

La sentencia del TSE dio origen a un conflicto de competencia entre los dos órganos electorales, que fue resuelto por el Tribunal Constitucional estableciendo que “los actos y reglamentos que emite la JCE para establecer los criterios de distribución de la contribución estatal para los partidos (…),  al constituir actuaciones administrativas, no pueden ser impugnados ante el Tribunal Superior Electoral” (TC/0624/18).

De la sentencia del TC anteriormente referida resultó el apoderamiento del Tribunal Superior Administrativo, el cual dictó la Sentencia Núm. 0030-03-2020-SSEN-00090, de fecha 22 de mayo de 2020, mediante la cual el TSA determinó que la Junta Central Electoral  “procedió en virtud de la facultad reglamentaria que la norma suprema le ha conferido, en los asuntos de su competencia”.

Tal como hemos podido apreciar, la Resolución 01-2021 emitida recientemente por la Junta Central Electoral se ajusta al criterio de legalidad y en sentido estricto es conforme a la Constitución. Ahora bien, ninguna disposición legal le impedía adoptar el criterio de tomar como referencia la votación en el nivel presidencial para incluir como mayoritario al Partido Fuerza del Pueblo.

Lo que que acabamos de afirmar es que la JCE, debido a que ni el artículo 61 de la Ley 33-18 sobre Partidos Políticos ni ninguna otra disposición legal o judicial se lo impedía, podía perfectamente retomar el sistema anterior de determinar el orden en la boleta en base a la votación en el nivel presidencial, apoyándose en el principio de favorabilidad consagrado en la Constitución.

Tomando en cuenta que el Partido Fuerza del Pueblo participó en coalición con el Partido Revolucionario Moderno y otras organizaciones en el nivel senatorial, la forma más objetiva de determinar la intención del voto hacia esa organización no era la sumatoria de los tres niveles como hizo la JCE, sino el nivel presidencial, en el que se presentó sin alianza con el PRM.

Por todo lo anteriormente expuesto consideramos que la Junta Central Electoral debe acoger el recurso de revisión del que ha sido apoderada y disponer que el Partido Fuerza del Pueblo sea declarado partido mayoritario por haber obtenido más del 5 por ciento en el nivel presidencial, decisión que tendería a fortalecer el sistema de partidos políticos en nuestro país.

JPM

SANTO DOMINGO.- El diputado del PRM, Sadoki Duarte, manifestó su preocupación por la actitud asumida por algunos senadores con relación a la modificación de la Ley 28-01 sobre Régimen Fronterizo.

Aseguró que la Cámara de Diputados dedicó muchas horas de trabajo para elaborar un proyecto lo más consensuado posible con los diversos sectores vinculados al tema, pero a su juicio, hay intensiones de denostar esa labor.

“Esas opiniones que hemos estado viendo de algunos, no sé con qué interés de querer denostar el trabajo que ha venido haciendo esa comisión con relación a la ley, a nosotros nos preocupa”, dijo el legislador, al participar en el programa Fuera de Record que produce el periodista Elvis Lima.

Consideró que se trata de una situación que debe ser superada y que la Cámara Baja está trabajando para darle al país las herramientas que han estado estancadas durante años.

Indicó que los diputados harán todo el esfuerzo para que esa ley sea aprobada cómo se había consensuado, de manera que el desarrollo llegue a la frontera.

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