La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, establecida por la Ley Número 1-12, en su capítulo X establece 3 pactos nacionales en apoyo a este plan de nación que deberían concretarse entre las distintas fuerzas económicas y sociales para permitir la adopción de políticas que por su naturaleza requieren un compromiso de Estado y la acción solidaria de la nación: el pacto educativo; el pacto fiscal y un tercer pacto para solucionar la crisis estructural del sector eléctrico, asegurando la previsibilidad en el marco regulatorio e institucional para posibilitar la inversión en la energía que demanda el desarrollo nacional, mejor conocido como el pacto eléctrico.

En cumplimiento de la Ley Número 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Decreto 389-14 del 13 de octubre de 2014, vino a organizar el espacio para la discusión y la concreción del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico con el propósito de encontrar soluciones a los problemas nodales del sub-sector eléctrico.

Como se ve, el pacto eléctrico busca en garantizar la instauración en el subsector eléctrico de los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas integrales, sistemáticos, permanentes y transversales para todos los procesos y actores públicos y privados del sistema eléctrico del país.

Este pasado jueves 25 de febrero el pacto eléctrico fue firmado en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader en el Pacto Nacional. Donde habla muy bien de las autoridades la invitación cursada a Rubén Bichara, Radhamés Segura, Radhamés del Carmen y Juan Ariel Jiménez, representantes del sector energético y el área económica del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) quienes estuvieron involucrados en la gestión del Pacto Eléctrico, en los pasados gobiernos del PLD.

Por varios años actores representativos de la sociedad debatieron los temas más relevantes del sector eléctrico, logrando, después de arduos debates el consenso sobre 212 temas y se establecieron 14 disensos que deberán ser abordados en el mediano plazo. La solución de los disensos y el cumplimento de los consensos serán monitoreados por un Comité de Seguimiento y Veeduría, un órgano que el mismo pacto establece.

La verdad es que desde que finalizaron los debates sobre este pacto, han sucedido varias cosas en el país. El Partido Revolucionario Moderno que era oposición y se oponía al pacto, hoy es el partido de gobierno y apoya lo pactado. Se ha empezado a implementar algunos temas acordados. Los disensos van en camino de resolverse, los que no se han resuelto.

El pacto obliga al gobierno a comprometerse con lo consensuado. A asumir y ejecutar los acuerdos a que lleguen entre la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social y el Gabinete Eléctrico al abordar los disensos. Cabe destacar que, este pacto es el mismo que fue planificado, discutido, consensuado y propuesto para la firma en diciembre del año 2017 pero pospuesto por diferencias entre los actores, como igual sucedió el 20 de febrero de 2019.

Sin embargo, hay que señalar que, a través de un comunicado, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) indicó que ahora aprobaba el Pacto Eléctrico, porque las 12 propuesta que presentó el 19 de febrero del 2019 y que no fueron incluidas pueden ser perfectamente ejecutadas hoy desde el gobierno bajo la Ley 125-01 y sus reglamentos sin necesidad de nuevas rondas de discusiones.

La presente situación de crisis sanitaria y económica nacional y global trae retos importantes a un subsector tan vital para el desarrollo de nuestro país, como lo es el eléctrico. Mejorar la eficiencia de las empresas distribuidoras de energía, el destino de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina junto con esta firma del pacto eléctrico que acusaba casi 9 años de retrasos, son partes de los desafíos que enfrentan las autoridades nacionales. Que se ven obligadas a asumir la eliminación de sobrecostos y distorsiones, promover la expansión del uso de las fuentes renovables, reducir a su mínima expresión la contaminación ambiental e introducir innovaciones tecnológicas en generación, transmisión, distribución y comercialización en el sector energético.

Y es que el gobierno dominicano ha transferido al subsector eléctrico más de 11 mil millones de dólares, en los últimos 7 años, que han sido destinados a cubrir el déficit financiero de las empresas públicas del sector y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas estatales (CDEEE). De manera que, las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), la CDEE, la Empresa Generadora Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y la Central Termoeléctrica Punta Catalina deben ser sometidas a un proceso de reducción de gastos corrientes.

Junto con esto hace falta revisar el plan de expansión del sistema eléctrico nacional y construir las nuevas centrales necesarias para mantener la generación acorde a la demanda energética que exige el desarrollo nacional. Este es un punto donde hay que felicitar a las autoridades energéticas que, en las palabras del ministro de energía y minas Tony Almonte, se aprestan a anunciar en los próximos días una licitación pública para la instalación de 800 megavatios de energía a gas natural y una terminal gasífera en la Bahía de Manzanillo, que son dos de los temas acordados en el pacto y que se está en los aprestos para su aplicación.

Hay otros temas del pacto que ya se aplican como: la creación de la Comisión de Liquidación de la CDEEE, la eliminación de dos, de los tres consejos de administración de las empresas de distribución eléctrica, la eliminación del consejo de administración de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), la licitación para auditar el proceso de construcción de Punta Catalina, y las auditorias financieras a las tres distribuidoras.

El Pacto Nacional para la Reforma del Subsector Eléctrico como ya vimos busca fortalecer la eficiencia, eficacia y seguridad jurídica del subsector, ya que procura eliminar los incumplimientos, los solapamientos de roles, las insuficiencias legales y las distorsiones presentes en la aplicación de las normativas.

Crecen las expectativas en que la implementación de este pacto marcará un cambio en el devenir de la nación, por lo que se confía en el cumplimiento de los compromisos políticos que han sido asumidos en el mismo, para que estos se produzcan en los tiempos acordados, ya que, de lo contrario, no tendría ningún sentido la firma de este documento que como ya dijimos tiene casi 9 años de atraso.

alfredodelacruzr@hotmail.com

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) de la República  Dominicana reveló recientemente a través del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR), documento de orden público mediante el cual se rinde informaciones referentes a la administración de los recursos del erario, que el total de activos del Gobierno Central culminó el año 2020 con un crecimiento interanual de 26.7%.

Dicho crecimiento  se evidencia en la diferencia resultante de la variación entre el total de activos del Gobierno Central de RD$1.9  trillones al cierre de 2020 y RD$1.5 trillones de activos totales correspondientes al año 2019, para una un incremento absoluto de RD$405.3 billones equivalentes a un 9.0% del PIB.

Este crecimiento nominal en el marco de la crisis se explica por la identificación y compra de nuevos activos fijos, por el aumento de la disponibilidad de efectivo y equivalentes de efectivo, así como un aumento en las inversiones a largo plazo, cuentas por cobrar a corto y largo plazo y activos intangibles principalmente. Mientras los pasivos totales tuvieron un comportamiento al cierre de 2020 de RD$2.6 trillones.

Estas obligaciones tuvieron un incremento relativo de 37.1% o RD$717.9 billones absolutos equivalentes a un 15.9% del PIB en  comparación con el total de pasivos del año 2019, los que ascendieron en ese periodo en RD$1.9 trillones.

El cociente del incremento de pasivos frente al incremento de activos muestra una relación de RD$1.80 de deuda por un RD$1.00 a raíz de una mayor dependencia del financiamiento durante el año 2020, dada la situación de contracción económica, en que los ingresos no fueron suficientes para cubrir los gastos corrientes y de capital lo que se ve reflejado en un Patrimonio Neto negativo del Gobierno Central al pasar de RD$417.3 billones en 2019 a RD$729.8 billones en 2020.

La relación anterior evidencia la necesidad de desplegar acciones a los fines de identificar nuevos activos públicos no reconocidos hasta el momento lo cual modificaría la relación entre los recursos existentes y las obligaciones de corto y largo plazo.

En lo que respecta al Estado de Rendimiento Financiero, este presenta en el periodo 2020 ingresos ascendentes a RD$641.7 billones mientras que los gastos ascendieron a RD$1.1 trillones alcanzando un incremento considerable del orden de un 41.8% (RD$310.3 billones), mostrando un desahorro de RD$406.3 billones en 2020 frente a RD$78.5 billones en 2019 lo que se debe incrementar los esfuerzos a los fines de revertir dicha situación.

Por el lado del Estado de Flujos de Efectivo, las actividades operacionales netas registraron una descenso pronunciado de 1,440.6%, mientras las actividades de inversión y financiamiento tuvieron incrementos del 14.2% y 367.6% los cuales amortiguaron la disminución de las actividades operacionales netas dando lugar a  un efectivo y su equivalente de efectivo en las cuentas del  Tesoro de unos RD$173.1 billones en 2020 y RD$54,9 billones en 2019.

El Estado de Situación Consolidado del Sector Público No Financiero 2020 presenta un total de activos por RD$2,2 trillones y unos pasivos consolidados  por RD$2.7 trillones arrojando un Patrimonio neto consolidado negativo de RD$523.7 billones.

En términos de ratio o índice financiero, la relación pasivo sobre activos evidencia que en el 2019 la relación existente era de por un RD$1.00 pasivo se tenía un RD$1.00 de activo pero en el año 2020 esta relación Pasivo/Activo se colocó en por RD$1.00 de pasivo solo se tuvo RDD$0.80 centavos de activos, es decir, los activos no fueron suficientes para hacerle frente a las obligaciones de forma consolidada en el Sector Público No Financiero.

En lo que respecta al Estado de Rendimiento Financiero Consolidado del Sector Público No Financiero 2020 la totalidad de Ingresos y Gastos consolidados alcanzaron los RD$710.1 billones y los RD$1.1 trillones, respectivamente, mostrando un desahorro de RD$395.6 billones mayor en un 270.2% al balance negativo del periodo anterior por RD$106.9 billones.

Esta situación de las finanzas públicas arroja fuertes desafíos en materia fiscal y de gestión gubernamental con déficits y endeudamientos cada vez más crecientes, pese a las acciones que se han tomado para mitigarlos.

En ese sentido, las medidas de corte tributaria para elevar las recaudaciones, reducir la evasión tributaria, perseguir la corrupción pública, privada y administrativa, la tecnificación de los servidores públicos pero sobre todo hacer frente a la demanda constante de una sociedad cada vez más empoderada e informada sobre la reducción de cuentas de los fondos que aportan, obligan al Estado dominicano a ser más abierto, participativo, eficiente e innovador.

Conforme lo anterior se ha de tomar  acciones encaminadas a superar tal situación y para ello se plantea profundizar la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), concertar nuevos acuerdos interinstitucionales con miras a incrementar y motivar la remisión de información financiera a los fines  de integrarlas al proceso de consolidación y rendición de cuentas.

Así mismo continuar con el proceso de consolidación y saneamiento de las cuentas o partidas contables.

Poner en funcionamiento los módulos de Cuentas por Cobrar, Bienes de Consumo y Uso, Inventarios, entre otros pendientes en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Trabajar arduamente para que todos los ingresos y gastos presupuestados o no sean debidamente registrados por el Presupuesto General del Estado acorde con el SIGEF.

Con dichas acciones así como con la implementación de una contabilidad de costos la Contabilidad Gubernamental será más transparente, creíble y útil  para la toma de decisiones oportunas y adecuadas  a favor de  la sociedad dominicana y la salud de las Finanzas Públicas.

felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com

JPM