SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público reafirmó que ha demostrado con pruebas los sobornos Odebrech y que los imputados incurrieron en cohecho por haber gestionado «a cambio de dinero» la adjudicación de obras del Estado a esa constructora brasileña.

En sus argumentaciones finales del proceso, los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijeron que el imputado Ángel Rondón Rijo actuó como intermediario para el pago de los sobornos y que junto con éste, también participó como intermediario el abogado Conrado Pittaluga Arzeno.

Expusieron que los fondos entregados por Odebrecht a Pittaluga tenían como beneficiario final al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.

Durante las argumentaciones, los integrantes de la Pepca aseguraron que parte de la teoría del caso en contra de esos acusados quedó demostrado con las declaraciones del testigo clave Mauricio Dantas Bezerra, además del acuerdo reformulado y firmado por Odebrecht con la Procuraduría General de la República en 2017.

Agregaron que «se probó que Rondón construyó un entramado societario conformado por varias empresas que sirvieron para lavar dinero ilícito».

La fiscal Mirna Ortiz planteó que para el lavado de activos, Rondón realizaba transferencias de fondos desde las empresas de su propiedad Lashan y Conamsa.

Destacó que en las pruebas correspondientes a los informes financieros aportados por el Ministerio Público se evidencian las transacciones realizadas desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a las cuentas de compañías de Rondón.

El Ministerio Público estableció que la admisión de responsabilidad en la comisión de actos de corrupción hecha por Odebrecht ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no solamente encuentra su soporte en las declaraciones del testigo Mauricio Dantas Bezerra, sino en las declaraciones de la testigo María Eugenia Batista.

Ortiz dijo que durante la investigación el Ministerio Público obtuvo elementos que dan fe del vínculo de Rondón con los demás encartados en el proceso.

Deploró los actos de corrupción administrativa, los cuales dijo que impiden el desarrollo de áreas tan importantes como el servicio de la salud y educación.

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SANTO DOMINGO.- Los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) mantienen su certificación internacional bajo la norma de gestión de calidad.

Con la revalidación de esta certificación queda evidenciado que, en la auditoría externa a su gestión de calidad, realizada por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco), los CTC mejoran continuamente sus procesos, pueden mantener estándares de calidad internacionales para dar respuestas oportunas a las demandas de los sectores productivos nacionales, a través de la capacitación de técnicos calificados en procura de contribuir con el desarrollo productivo del país.

Isidro Torres, director de la entidad, explicó que esta certificación que la acredita como una institución que cumple con la aplicación de las normas de calidad internacional, confirma que posee todos sus procesos estandarizados y que opera con la máxima satisfacción de los usuarios.

“A fin de estandarizar y asegurar la calidad de nuestros servicios para satisfacer con efectividad los requerimientos de nuestros usuarios, continuaremos dando cumplimiento a las normas de calidad, responsabilidad social e igualdad de género en el ámbito laboral, en los CTC implementamos un proceso de mejora continua e implantamos un sistema de gestión de la calidad dando continuidad a las directrices de nuestro señor presidente Luis Abinader” explicó.

Agregó que, para ello se desarrollaron talleres y seminarios dirigidos a todos los colaboradores. También se identificaron y documentaron los procesos y procedimientos internos, se definió la política de calidad y se elaboró el manual de calidad, entre otras acciones propias del proceso.

Precisó que, en cuanto a la implementación de la calidad, la institución trabaja consciente del compromiso que tiene para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios para hacer posible el desarrollo a través de la mejora continua de los procesos y servicios educativos y soluciones de alta tecnología.

SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Prisiones ponderó el interés de los legisladores de conocer a fondo las necesidades de los centros penitenciarios de la República Dominicana.

El director de la dependencia, Roberto Hernández, reafirmó la apertura a las visitas de fiscalización a los centros de privación de libertad que desarrolla la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Hernández habló en el Congreso Nacional, tras reunirse con legisladores que conforman esa comisión.

“Desde la Dirección General de Prisiones estamos abiertos a que los honorables diputados realicen la inspección que requieran”, indicó.

La reunión estuvo encabezada por el diputado Santiago Vilorio Lizardo. Acudió, además, el general de brigada Ángel Camacho Ubiera, Inspector General del Ejército, quien participó en representación del comandante de ese cuerpo militar, mayor general Julio Florián Pérez.

Recordó que de 21 centros penitenciarios que gestiona la Dirección General de Prisiones, 13 tienen su seguridad bajo responsabilidad del Ejército de República Dominicana, como ocurre en San Juan de la Maguana, y el resto de la Policía Nacional.

Fue enfático en la disposición del Sistema Penitenciario de mostrar a la sociedad la realidad de los centros de privación de libertad y de trabajar día a día para su transformación.

Destacó que la primera iniciativa que impulsó fue la instalación de delegaciones permanentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en recintos como La Victoria y el 15 de Azua, con las necesarias facilidades de espacio y mobiliario de oficina.

Resaltó que el país requiere de la voluntad de los legisladores y de todos los sectores para el necesario impulso de la reforma penitenciaria.

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