El Concordato fue firmado en 1954 por el máximo Pontífice  de la Santa Sede, Pío XII, a través de Monseñor Doménico Tardini, Secretario de Estado para Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios y el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo Molina, el cual otorga derechos y privilegios a la Iglesia Católica que no tienen las demás iglesias, razones por las cuales se debe suprimir, como se ha hecho en otros países.

En primer lugar, el artículo 1  de ese Concordato o Acuerdo  establece que la Católica, Apostólica y Romana sigue siendo  la religión oficial de los dominicanos  y  goza de los derechos y prerrogativas que les otorgan la Ley Divina y el Derecho Canónico para celebrar cultos de manera plena, libre y pública, lo  que representa  la supremacía  de  una religión, a pesar de  que el Artículo 45  de la Constitución Dominicana garantiza la libertad de conciencia y de cultos, siempre que se sometan al orden público y a las buenas costumbres. Además, somos un Estado laico y democrático de derechos, donde cada persona debería preferir la enseñanza, aprendizaje, conocimiento, fe  y práctica de la doctrina bíblica en lugar de preceptos religiosos.

De igual modo, el artículo 3 del Concordato afirma que “el Estado Dominicano reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta”, declaración de carácter inmaculado que califico de blasfemia, ya que el único perfecto que existe sobre la tierra y sobre los cielos es Dios. No una institución humana.

Por otra parte, el  Gobierno Dominicano  debe declarar festivos los  días que la Iglesia Católica declare como tales. Además, debe dar facilidades  a los fieles para que cumplan sus deberes religiosos  e instruir a las autoridades civiles  para que velen por la debida observación  del descanso durante  la  celebración de  las festividades, que es lo que se  hace durante la celebraciones a  los ídolos de La Altagracia,  Las Mercedes y  a muchos otros, en violación al Artículo 35 de nuestra  Constitución, que establece como fiestas nacionales, única y exclusivamente, los días 27 de Febrero y 16 de Agosto, por ser  los aniversarios de la Independencia y Restauración de la República.  Por eso, los numerales 1 y  3 del Articulo 39 de nuestra  Constitución  recomiendan al Gobierno tomar las medidas necesarias para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad, la exclusión y  que se castigue cualquier privilegio que quebrante la igualdad que debe haber entre los dominicanos y  las dominicanas.

Otro privilegio que otorga el artículo 22 del Concordato a la Iglesia católica  es  que el Estado garantice  la enseñanza y  practica  en las escuelas públicas de los principios de la doctrina y  la moral católicas, la cual  debe ser  impartirla preferiblemente por sacerdotes y religiosas  católicos , quienes deben defender “ la verdad religiosa”  en los programas informativos que difunda el estado  a través de  la  radio  y la  televisión,  lo que constituye  otra muestra de supremacía religiosa.

Y como si los privilegios mencionados  fueran pocos, el artículo  26  del Concordato establece que  los domingos, durante las fiestas de precepto y  nacionales se hagan rezos  y se cante  por la prosperidad de la República y la de su Presidente, en   referencia  directa a  Trujillo, aunque no se especifica a que tipo de prosperidad se hace referencia. Ojalá fuera a la espiritual.

En cuanto a  la prestación de servicios, el  Gobierno debe permitir también que la Iglesia Católica designe a religiosos y religiosas en la dirección  y administración de colegios,  liceos, hospitales, asilos de ancianos y de niños para dar instrucción religiosa  sobre la enseñanza y práctica  de sus preceptos (Art. 19)

Incluso, la Iglesia Católica tiene  facultad para organizar un cuerpo de capellanes militares  con grado de oficiales  para dar asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire, el cual encabeza actualmente Monseñor Francisco Osorio, quien fue designado como mayor general capellán castrense por el ex Presidente de la República, Danilo Medina, mediante el Decreto 219-20  del 11 de agosto del 2020, rango que contrasta con la humildad y mansedumbre que debe mostrar un discípulo o seguidor de Jesús. A esto se agrega, la exoneración del servicio militar que tendrían los clérigos y seminaristas estudiantes de teología y filosofía(Artículos 12 y 19)

Ahora  los  invito  a  conocer los privilegios  que tiene la Iglesia Católica en el área educativa. Esta  puede fundar seminarios o  institutos de formación eclesiástica, universidades  e institutos pontificios de altos estudios y establecer y mantener escuelas de cualquier orden y grado,  cuyos certificados y títulos tienen la misma fuerza legal y efecto civil que los otorgados por los centros educativos públicos y no están sujetos a la fiscalización del  Estado (artículos 20 y 21)

También la Iglesia Católica tiene privilegios económicos. El Gobierno Dominicano le construye las iglesias, los edificios donde viven los Obispos o Prelados, las oficinas de la Curia  y  entrega una subvención mensual para gastos  administrativos y está exonerada de pagar impuestos. Por eso, los religiosos extranjeros que ella trae al país para ejercer su ministerio o realizar  actividades de su apostolado,  no pagan impuesto de  inmigración. Adams, sus instituciones y asociaciones religiosas pueden adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes,  los cuales son  vigilados  e inspeccionados por  autoridades eclesiásticas, debido a que  el  Estado no tiene control sobre ellos.

Según las leyes No. 117 del 20 de abril de 1931 y  la 390 del 16 de septiembre de 1943 el Gobierno Dominicano reconoce derecho de propiedad a la Iglesia Católica sobre sus bienes muebles e inmuebles y puede recibir cualquier donación para la realización de sus fines y  organizar colectas en el interior de sus templos u otros lugares que les pertenezcan.

También están exentos de pagar impuestos, los seminarios, residencias de obispos y otros bienes adquiridos por concepto de donación entre vivos o testamento (Artículos 23 y 24) Las autoridades eclesiásticas católicas  no tienen que realizar servicio militar, en  caso de movilización general. Solo darán asistencia religiosa  y  sanitaria a través de la Cruz Roja (Artículos 11 y 12)

Dentro del ámbito judicial, las autoridades  religiosas católicas no pueden ser interrogadas por jueces u otras autoridades sobre  hechos o noticias que les hayan sido confiados y en caso de acusación penal, la Jurisdicción del Estado  debe tramitar el asunto  al Ordinario eclesiástico del lugar, se  trate de una instrucción  sobre sentencia en primera instancia, en apelación, revisión o casación  y si  se produce la detención, juicio y condena de un eclesiástico, cumplirá la pena en un lugar separado del de los presos comunes, lo que demuestra que el látigo de la ley no azota a todos por igual.

Por otra parte, se reconocen los efectos civiles de los matrimonios celebrados conforme a las normas del Derecho Canónico,  el cual  obliga a  los cónyuges  a renunciar al derecho de divorciarse en un Tribunal Ordinario (Art.15)

Finalmente, el artículo 28 del Concordato firmado por La Santa Sede y Trujillo deroga las disposiciones que contienen las Leyes, Decretos, Ordenes y Reglamentos que les son contrarias,  lo que evidencia, enormemente,  la supremacía que mantiene el Vaticano en la Republica Dominicana, a través de la Iglesia Católica, como institución que lo representa.

En vista de lo expuesto,  se exhorta a las fuerzas vivas de la sociedad dominicana, constituidas por las agrupaciones económicas, sociales, políticas, religiosas y  sus representantes ante el Congreso Nacional a debatir, decidir y suprimir definitivamente este Concordato o Tratado que firmaron la Santa Cede y Trujillo en el año 1954, por ser contrario a la Ley Divina (La Biblia), a  la Constitución  y  otorgar  supremacía y  privilegios  a  la Iglesia Católica, que no tienen las  demás iglesias.

jpm-am

Con “todos los hierros”, como define la voz popular a una acción enérgica, ha comenzado en San Cristóbal la reconstrucción del estadio de fútbol “Rosendo Sepúlveda”, que se estima aportará mucho al desarrollo de ese deporte en esa ciudad.

El Presidente Luis Abinader ordenó la obra al Ministerio de Deportes, que la realiza con sus propios recursos y pronto, además, meterá mano a otras dos instalaciones pequeñas: la cancha del club Los Buitres y la pista de atletismo de Madre Vieja.

Hasta ahora -y durante muchos años- el “Rosendo Sepúlveda” ha sido un simple terreno en el cual la juventud de San Cristóbal ha practicado balompié libremente, a veces en torneos organizados y generalmente de manera informal.

Pero ha contribuido de manera importante al desarrollo local del fútbol que, es bueno saberlo, comenzó allí tras el establecimiento en la década del 50 del Reformatorio de Menores, regenteado por sacerdotes católicos franciscanos de origen español.

Rosendo Sepúlveda fue un destacado periodista español con ejercicio en Santo Domingo, amante del fútbol, fornido jugador y pieza clave del equipo del Reformatorio, llamado Refor Club, que desde principios de la década del 60 compitió en los eventos nacionales.

El terreno que hoy lleva su nombre está justo al lado del viejo play del Instituto Politécnico Loyola, frente a la iglesia de esta añeja institución escolar, a pocos metros también del llamado polideportivo, todos en la zona cercana a donde estuvo la Industria Nacional del Vidrio.

Fue en la década del 80 cuando en esa área contigua al play del Loyola comenzó a practicarse fútbol, sirviendo desde entonces como escenario popular del deporte es rey en el mundo, aunque en República Dominicana es superado en atención por el beisbol.

Lo cierto es que ya se ve equipo pesado removiendo la grama y preparando el terreno como parte de una obra que costará 11 millones de pesos, adjudicada mediante licitación pública a una empresa constructora encabezada por el ingeniero George Staffeld.

Los trabajos, que se espera sean concluidos en seis meses, incluyen una nueva verja perimetral, gradería más amplia y modernas luces que permitirán jugar de noche.

El Presidente Abinader creó una comisión de seguimiento de la obra integrada por el ingeniero Rafael Salazar Rodríguez, administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid); Pura Casilla, gobernadora provincial; y Benny Metz, comisionado nacional de futbol.

Tomando en cuenta el récord de realizaciones que en esta provincia tiene el actual gobierno -muchas de ellas a través de Egehid durante la administración del sancristobalense Salazar, cabe tener la esperanza de que muy pronto San Cristóbal tendrá una instalación futbolística mediana resplandeciente que producirá jugosos beneficios a la juventud.

josepimentelmunoz@hotmail.com

El escrutinio del pasado del país demuestra que el mes de febrero está cargado de acontecimientos de gran importancia para la República Dominicana. 

Cada vez que comienza el segundo mes del año hay que resaltar su significado en términos históricos para los dominicanos.  

Contrario a lo que algunos piensan, con una mirada incompleta y reduccionista, es válido decir que el pasado tiene un enorme peso sobre el presente y el futuro de los pueblos. 

Al cumplirse 40 años de la independencia nacional, el 27 de febrero de 1884, los restos de Juan Pablo Duarte y de Francisco del Rosario Sánchez fueron inhumados en la catedral primada de América, también llamada Basílica Menor de Nuestra Señora de la Encarnación.  

Ese mismo día se tocó por segunda vez la canción patriótica compuesta por José Reyes, con letras de Emilio Prud-Homme Maduro, la cual se convirtió después en el himno nacional dominicano. 

La historia registra que en esa ocasión “se organizó un paseo triunfal, desde el Teatro hasta el Baluarte, i cien voces juveniles iban cantándolo al compás de sus brillantes notas.” 

El 27 de febrero de 1944, con motivo del centenario de la creación de la República Dominicana, fueron exhumados del referido templo los restos mortales de Duarte, Sánchez y Mella y depositados en el Altar de la Patria, así consagrado mediante la Ley No.1185, promulgada el 19 de octubre de 1936.  

El traslado de las urnas cinerarias conteniendo las cenizas de esos tres próceres dominicanos se produjo al amparo de la Ley No. 237 del 27 de marzo de 1943. Luego, el 27 de febrero de 1976, se inauguró el hermoso mausoleo que es el actual Altar de la Patria.  

Febrero en la Restauración 

Un día de febrero, cruzada la mitad del siglo 19, se firmó el documento que puede considerarse como la primera prueba escrita vinculante con el proceso negociador que posteriormente dio al traste con la soberanía nacional. 

El escrito aludido se rubricó el día de 11 de febrero de 1855. Contenía el llamado Tratado de reconocimiento, paz, amistad y comercio entre la República Dominicana y España. 

Seis años después dicho convenio fue uno de los elementos usados como pretexto para eclipsar la independencia nacional, cuando Pedro Santana (luego, durante la anexión, teniente general de los Reales Ejércitos, marqués de las Carreras, senador del Reino, Gran Cruz de la Real y distinguida Orden de Isabel la Católica y de Carlos 3ero., etc.) y las fuerzas antipatrióticas que él representaba entregaron la República Dominicana a España. 

En su proclama de anexión Santana tuvo la desfachatez de decir que España: “…trae la paz a este suelo tan combatido, y con la paz sus benéficas consecuencias. La España nos protege, su pabellón nos cubre, sus armas se impondrán a los extraños.” 

Eran puras pamplinas de un entreguista que terminó dicha alocución con un: “¡Viva Doña Isabel!” y un “¡Viva la nación española!” 

Febrero fue un mes de mucho movimiento en la Guerra de la Restauración. En esta crónica sólo haré mención de las primeras sublevaciones ocurridas antes de que se produjera el histórico Grito de Capotillo. 

En el 1863 hubo levantamientos de los dominicanos en Neiba, Guayubín, Sabaneta, Santiago y Montecristi, entre otros lugares del país. 

El 3 de febrero de 1863 los señores Cayetano Velázquez Martínez, Nicolás de Mesa, Manuel Ocampo, Luis de Vargas, Bartolomé Moquete, Alejo Marmolejo y otros patriotas pusieron bajo arresto al jefe militar de Neiba,  e intentaron  tomar el control de esa ciudad. En realidad no hubo enfrentamiento armado. 

Se trató de un gesto patriótico que no logró cuajar (duró sólo 7 horas) pues los anexionistas restablecieron su dominio sobre la población de esa zona. 

A altas horas de la noche del 21 de febrero de 1863 se produjo en Guayubín (que entonces era una aldea) la primera victoria de los dominicanos. Al frente de los patriotas estaba el general restaurador Lucas Evangelista de Peña. Ese acontecimiento provocó una alegría muy breve.  

Usando el factor sorpresa, muy útil en acciones bélicas, capturaron a casi todos los anexionistas que ocupaban el recinto militar de aquel lugar. 

Es pertinente señalar que ese hecho se produjo de una manera precipitada, por la indiscreción del señor Norberto Torres, quien en estado de embriaguez comentó en una taberna los planes bélicos que se fraguaban para iniciar la Guerra de Restauración.  

Esa imprudencia empapada de alcohol llegó a conocimiento de los oficiales que dirigían las tropas españolas de ocupación, que conjuntamente con renegados dominicanos acampaban por esos pagos de la Línea Noroeste. 

Como para la época no había walkie-talkie, ni nada parecido, el avispero creado por unos tragos extras obligó a Torres a correr raudo, bajo persecución de los enemigos, hacia el caserío de El Pocito. Allí le informó al jefe de las fuerzas restauradoras de la zona el desaguisado que había hecho por causa del consumo de alcohol, que parece era habitual en él en esas solanas del noroeste dominicano. 

Quedó probado que fue una pifia ajena a cualquier asomo de traición, y sin cálculo de medro, de parte de esa persona.  

Es innegable que al penetrar en los entresijos de los inicios de la lucha restauradora  se comprueba que dicha incontinencia verbal entró en lo que se llaman los azares de la historia. 

Ese infortunio hizo que el general Lucas Evangelista de Peña modificara todo el andamiaje táctico que estaba en proceso de elaboración. Hubo que iniciar de inmediato las hostilidades contra los anexionistas. 

Hay que decir que las primeras escaramuzas fueron favorables a los españoles, pero luego fueron vencidos por la astucia de los aguerridos oficiales dominicanos Lucas Evangelista de Peña, José Cabrera, Juan de la Cruz Álvarez, Benito Monción, José Barrientos, Pedro Antonio Pimentel, Manuel González y Juan Antonio Polanco, quienes al frente de tropas improvisadas aprovecharon la capa oscura de la noche para atacar de nuevo. Esa alegría duró pocas horas.  

Con motivo de lo que de manera anticipada ocurrió en Guayubín, al amanecer del día siguiente (22 de febrero de 1863), Santiago Rodríguez y otros héroes decidieron adelantar los planes bélicos y proclamaron la lucha restauradora en la población de Sabaneta, la cual está considerada justicieramente, por múltiples motivos, como la cuna de la Restauración. Esa vez también se impusieron los anexionistas. 

En esa insurrección febrerina de Sabaneta participó un joven que entonces tenía 23 años de edad, nativo de Puerto Plata. Llevaba meses viviendo allí. Su nombre era Gregorio Luperón, quien se movía en los contornos de aquella ciudad con el alias de Eugenio El Médico.  

Poco tiempo después Luperón se convirtió en la primera espada de la Restauración, gracias a su bravura y una destreza en el difícil arte de la guerra que sigue asombrando a los especialistas en asuntos militares.  

Dos días después del alzamiento en Sabaneta los patriotas de la ciudad de Santiago de los Caballeros se sublevaron. Fueron aplastados por el general anexionista y gobernador militar José Antonio Hungría, quien después de haber sido un héroe independentista se convirtió en un feroz y servil partidario de los ocupantes españoles. 

Manuel Rodríguez Objío relata en su obra titulada Gregorio Luperón e historia de la Restauración (tomo I) que el 26 de febrero de 1863 se presentaron en Sabaneta (“donde se juzgó que residiría el centro de las operaciones”) emisarios de los dirigentes Juan Luis Franco Bidó, Máximo Grullón, Alfredo Deetjen y Pablo Pujols, informando de la fracasada insurrección que dos días antes había ocurrido en la principal ciudad del Cibao.  

Esos, y otros hechos, parecen justificar la reflexión del filósofo francés Michel de  Montaigne en uno de sus ensayos: “En ocasiones parece que la suerte se burla de nosotros.” 

Sin embargo, en diapasón con los sabios juicios del historiador dominicano César A. Herrera, podemos decir que las rebeliones febrerinas ocurridas en Neiba, Sabaneta, Guayubín, Santiago y Montecristi, inicialmente fracasadas, “constituyeron la chispa que incendió el Cibao a contar del 16 de agosto de 1863.” 

jpm-am

De seguro que algunas personas por encima de los 40 años recordaran que a mediados de los 90´s se escuchaba hablar del famoso, en esos días “Hombre de la Etiqueta” un personaje ficticio de una telenovela Venezolana llamada «POR ESAS CALLES» que narraba la vida de una especie de Vengador Social, a quien le indignaba totalmente los efectos de la corrupción en su país y que buscaba todas las maneras de que los culpables de acciones contra el pueblo, contra la moral y contra las buenas normas purgaran una condena a muerte por sus actos.

Lo grande del caso era que el personaje recaía en la figura de un Policía, llamado a preservar la paz, quien cansado de ver cometerse delitos que quedaban impunes ya sea porque el agresor pertenecía a capas sociales elevadas, porque el respaldo violento que le precedía a este infundía miedo a las autoridades o simplemente porque Jueces y Abogados entraban en una especie de contubernio para premiar al agresor con la libertad pura y simple.

Muchas veces, las personas que vieron la serie se sentían identificados con los fines del actor que personificaba al referido Hombre de la Etiqueta, el Venezolano Carlos Villamizar, quien tenia la ventaja de poder darle seguimiento a sus victimas por su agudo sentido común y por la supuesta experiencia que le confería el guion de la Telenovela.

En ocasiones a la gente normal le cruza por la cabeza la inquietud de que ¿Por qué no aparece ese Vengador Social que pase factura a los corruptos que han defraudado a los pueblos? Que cobre con la pena máxima a quienes vendiendo sueños alcanzan posiciones de poder y luego dan la espalda y se enfocan en hacerse ricos y hacer mas ricos a los suyos, minando el camino que mejora la calidad de vida de la población con el mayor desenfado.

Aquí vendría una pregunta: ¿Cuáles son los culpables? Y al hacerla vienen varios episodios conocidos, que se asocian con la gente que llega a ocupar posiciones de poder y que provoca que cuando son reemplazados por adversarios políticos, sean expuestas una serie de indelicadezas en el manejo de la cosa pública.

De ese análisis no escapa nadie que haya sido funcionario, incluyendo a los presidentes de la República, ya que la norma es divulgar todo lo que huela raro y si no hay nada pues inventemos algo, que ayudado por la percepción pudiera tener asidero y resultar ser creíble.

En nuestro país ese caso se repite y se repite en cada cambio de gobierno, recordando que ese político de ejercicio dilatado, con esa sapiencia y veteranía llamado Joaquín Balaguer llego a afirmar que la corrupción se detenía frente a la puerta de su despacho, en una franca muestra de sinceridad de que el poder corrompe y que todos los funcionarios reciben propuestas indecentes que les permitirían alcanzar un lucro que en caso de no aceptar pudiera ser una oportunidad perdida en el tiempo que le toca estar de servidor público.

Nuestra generación ha visto y escuchado decir de gobiernos, especialmente de los funcionarios mas cercanos a los presidentes que hacen grandes acumulaciones de recursos que les permitan a ellos y sus descendencias vivir como caciques en nuestra isla bananera o país tercermundista.

Lo que la gente percibe es que cuando se esta en ejercicio del poder, se legisla para crear bajaderos o leyes complicadas que puedan servir de protección a esos grupos que sabiendo de la inminente, tarde o temprano, salida del poder dejan todo listo para no ser encausados o que simplemente se puedan caer los expedientes.

Asistimos a episodios de la historia reciente en donde un presidente se suicida y en los corillos se estilaba que fue por el exceso de corrupción en sus gobiernos, le siguió alguien que completo el periodo pero que se comentaba, falso o cierto, algún tipo de descalabro en la Corporación de empresas estatales que este dirigía, el siguiente termina en el banquillo de los acusados relegado al zafacón de la historia.

Luego el retorno de alguien que había salido del gobierno altamente criticado por la corrupción y el crimen contra jóvenes de esa época. Quien luego de 10 años de Gobierno hizo lo imposible porque no le desplazara del gobierno sus más acérrimos contrincantes políticos, pero eso no le valió para no salir desacreditado por el comentario popular de los que conjeturan y observan desde fuera el tener un anillo o grupo de colaboradores cercanos corruptos, más adelante, en el siguiente gobierno los autoproclamados paladines de la ética terminan siendo sometidos en masas por casos escandalosos de corrupción vinculados a programas especiales para dar primeros empleos a jóvenes sin oportunidad.

Entramos al siglo 21 con nuevo gobierno que no tardo en caer en la boca de la gente por temas relacionados con el mismo ámbito de malos manejos, incluyendo permisibilidad con usos de tarjetas de créditos, planes de renovaciones vehiculares que solo beneficiaban a lideres sindicalistas en perjuicio del pueblo por el peso de la deuda externa que obligaba a buscar mas recursos para cubrir esos agujeros fiscales.

Posteriormente llegamos a un escenario que aún no sabemos, pues se están haciendo sometimientos, hallazgos y como dice la canción urbana “eto no se sabe dónde vayasaparar”, pero lo que si es cierto es que surge una teoría que dice que los Políticos no mienten, porque dicen que van a terminar con la pobreza del pueblo, pero que la palabra pueblo la definen en sus diccionarios como: “solo mis más cercanos”.

Mientras el hacha va y viene, los que vivimos fuera de esas burbujas solo aspiramos a que algún día llegue la justicia o llegue el hombre de la etiqueta, a cobrar por tanto despojo y por tanta desigualdad. Que provoca una centrifuga que no para nunca de trabajar y empeora la enfermedad de los que les toca ser parte de los subordinados sociales.

jpm-am