POR PAUL MATHIASEN

Catalogada por el presidente Luis Abinader como una institución que “ha generado innumerables casos de corrupción” y sin futuro, ya que supuestamente estaba en planes de ser eliminada, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) continúa vigente y con un alto presupuesto que supera incluso la de otras entidades gubernamentales.

Creado por la Ley número 124-01 con el propósito de administrar la participación accionaria del Estado Dominicano en las empresas que fueron capitalizadas o reformadas y dedicar ese patrimonio para el desarrollo y combatir la pobreza, el Fonper fue vinculada desde inicios del presente gobierno como una entidad bajo la cual se realizaron múltiples irregularidades cuando Fernando Rosa la dirigía.

Rosa fue colocado en el puesto de presidente de esta entidad con el decreto número 423-05, estando de manera ininterrumpida hasta la salida del último gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) (agosto 2020) y unos pocos días antes de que asumiera el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Abinader anunciaba su eliminación.

Unos meses después iniciaría el caso Antipulpo donde se menciona a Fernando Rosa, Carmen Magalys Medina Sánchez y otros pasados funcionarios, vinculados a irregularidades que habría mantenido el Fonper.

En noviembre del 2020, el Ministerio Público detuvo a estos funcionarios, a quienes se les colocó luego medidas de coerción, acusándolos de irregularidades en compras, nóminas y uso del Fonper en un “entramado” liderado por Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.

Sumado a esto, en el año 2021, la Cámara de Cuentas publicó una investigación sobre el Fonper y determino que hubo 259 millones de pesos en pagos a personas sin trabajar y beneficiarios con lazos familiares en cargos públicos. Además, se vinculó a una fundación de la hermana de Danilo, Lucía Medina, como beneficiaria de fondos sin auditoría.

A pocos meses de culminar el quinto año del presidente Abinader en el poder, aún no cumple con su “promesa” de eliminar el Fonper, a pesar del anuncio hecho y la forma de catalogarlo. Inclusive, poco después de que asumió el poder, designó a José Eurípides Florentino Rodríguez para dirigir el órgano que sigue funcionando el día de hoy.

Los fondos que usa actualmente esa entidad siguen siendo a discreción de su presidente y para “programas social” que buscan, supuestamente, combatir la pobreza y promover el desarrollo, a la espera que de supuestamente se disuelva.

Para el presente año, el Fonper maneja un presupuesto aprobado, según su portal de transparencia, de más de 2 mil millones de pesos, de los cuales unos 374 millones van destinados al pago de sueldos, prestaciones, compensaciones, incentivos, dietas, bonificaciones y otros aspectos destinados a recursos humanos.

Dentro de sus últimas novedades publicadas está una nota de prensa donde un equipo técnico realizó la supervisión de una nueva “escalera de emergencias” del edificio que da sede al Fonper y la firma de un acuerdo con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).Durante el año 2021 los senadores conocieron un proyecto de ley que buscaba crear una entidad que sustituyera el Fonper, siendo aprobado en una primera lectura, pero luego el mismo no siguió siendo debatido por los legisladores, perimiendo y siendo archivados en el Congreso Nacional.

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POR ROMMEL SANTOS DIAZ

La creación de la Corte Penal  Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA) constituirá una instancia supranacional idónea para perseguir a los miembros o integrantes de mayor rango de las organizaciones delictivas transnacionales, habitualmente impunes y protegidas por redes de complicidad judicial y políticas nacionales de los Estados de la región.

Se necesita  la voluntad política de los Estados de Latinoamérica y el Caribe para impulsar la COPLA  con el objetivo inmediato de recuperar los bienes obtenidos ilegalmente por las organizaciones delictivas que operan teniendo el crimen organizado como norte para reparar a las víctimas, tanto individuales como colectivas.

Una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Organizado (COPLA) tendría la competencia para juzgar al que dirigiere, administrare, organizare o promoviera un grupo criminal transnacional organizado.

La propuesta de creación de la COPLA se presenta como complementaria, tanto de las justicias nacionales de los Estados partes  de esta Corte como de la Corte Penal  Internacional, para el caso de eventual existencia de cuestión de competencia.

En principio la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA) tendría competencia para juzgar  los  crímenes de tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego sus componentes, piezas y municiones, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, trafico de bienes culturales, lavado de activos y cohecho transnacional.

La estrategia trazada para lograr la implementación de la  COPLA en la región  consiste en lograr el apoyo institucional de los parlamentos nacionales  en los países que integran la región de América Latina y el Caribe, para luego poder institucionalizarlo en los Ministerios y que se convierta en una política de Estado.

Para determinar las cúpulas del crimen transnacional organizado se propone que la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen  Organizado tenga competencia para juzgar a las cúpulas, es decir a las personas que dirigen , administran y organizan un grupo criminal transnacional organizado.

Finalmente, en el marco de la propuesta de la COPLA, que desde ya cuenta con un amplio respaldo de las organizaciones de la sociedad civil de la región, incluyendo la República Dominicana,  se prevé la creación de una Agencia que se encargará de trabajar en políticas de prevención, ayudar a la coordinación y compatibilización de las legislaciones nacionales, la protección de testigos y la reparación de víctimas.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

Cinco años después de asumir el poder en agosto de 2020, el gobierno de Luis Abinader no ha logrado cumplir las promesas que le dieron la victoria electoral.

El panorama nacional está marcado por inflación creciente, un dólar que asfixia al peso, alimentos cada vez más caros, apagones interminables, instituciones quebradas como SeNaSa, la corruocion que no se detiene y un déficit fiscal que amenaza con devorarlo todo.

El pretexto de la pandemia ya no convence. La COVID-19 fue un golpe global, pero en República Dominicana la falta de visión y de gestión han agravado los males. Como señala el Banco Mundial (2024), la resiliencia frente a una crisis depende de la fortaleza institucional, y lo que hemos visto aquí es improvisación tras improvisación y mas de 20 funcionarios del gobierno removidos  u obligados a renunciar.

En su espacio semanal con la prensa, Abinader se presenta como un gobernante a la defensiva, que elude preguntas y ofrece respuestas vacías.

La ciudadanía no necesita excusas, sino soluciones. Hannah Arendt lo dejó claro: “El poder no consiste en excusas, sino en la capacidad de actuar” (Arendt, 1972). Se le hecha la culpa a la oposicion cinco años despues de los males que sufre el pais.

Cinco años después, ¿dónde están las acciones concretas? El tiempo de culpar a la pandemia pasó, y lo que queda al desnudo es un liderazgo débil, encerrado en su propio discurso.

Cuando la incapacidad se hace evidente, la estrategia es culpar al inmigrante haitiano. El gobierno responsabiliza a los haitianos de la falta de aulas, de camas hospitalarias, de empleos, de la inseguridad y hasta del déficit presupuestario. Una narrativa simplista que pretende ocultar la ausencia de políticas públicas sólidas.

El sociólogo César Cuello ha sido tajante: “La inmigración no es la causa de la crisis, sino el espejo que refleja la incapacidad del Estado para planificar” (Cuello, 2024). Y, en efecto, mientras se acusa a los haitianos de todo, se les emplea en la construcción, la agricultura y el turismo. Doble moral, disfrazada de política migratoria.

Cinco años después, los dominicanos vivimos en un círculo vicioso: se anuncian planes que no se ejecutan, se detectan problemas que no se resuelven, se promete combatir la corrupción pero se blinda la impunidad. El transporte sigue en caos, la inseguridad ciudadana no cede y la confianza en las instituciones se derrumba.

El economista José Luis de Ramón lo sintetiza bien: “Cuando la justificación se convierte en política de Estado, lo único que se produce es más pobreza y más desigualdad” (de Ramón, 2023).

El reloj social de este gobierno se detuvo hace tiempo. Y como decía Eduardo Galeano: “Los pueblos, como los relojes, se cansan de estar detenidos” (Galeano, 1998). Los dominicanos ya no esperan milagros ni promesas: esperan resultados.

El gobierno ha tenido cinco años para demostrar que el cambio era posible. No lo hizo. Hoy, el cambio prometido se ha convertido en un retroceso doloroso. Y un pueblo no puede seguir atado a un gobierno que se esconde tras excusas y culpables externos.

El presidente aun tiene la oportunidad de rescatar el tiempo y mostrar su voluntad de

enfrentar los problemas aunque sea rompiendo con sectores que les fueron fsvorables.

Es hora de que los ciudadanos se levanten y exijan cuentas claras. No se trata de esperar otros cinco años de promesas incumplidas, sino de reclamar ahora soluciones reales: alimentos accesibles, seguridad en las calles, servicios públicos eficientes y un combate verdadero contra la corrupción.

El poder no es patrimonio de un presidente ni de un grupo en particular, sino de un pueblo que delega su confianza. Y cuando esa confianza se traiciona, el deber cívico es reclamarla de vuelta.

Si el gobierno no gobierna para resolver, entonces el pueblo tiene el derecho —y la obligación— de recordarle que en democracia el poder no se regala, se exige.

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