La primera visita realizada por el presidente Luis Abinader al interior del país, apenas días luego de asumir el Gobierno, fue a la ciudad de Pedernales para dejar fehacientemente establecido su compromiso con el desarrollo, no solo de esa provincia, sino de toda la región suroeste del país, preterida durante toda la historia de la República.

Y para que se entienda que su determinación no tiene revés, el jefe del Estado ha realizado al menos tres visitas más, entre ellas una para la celebración de un Consejo de Gobierno, ocasión en la cual fueron definidas cuestiones fundamentales para llevar a la práctica su idea de cómo sus políticas deben impactar positivamente, en este caso a la provincia de la cual provengo, y cuyos lazos con mi vida son inquebrantables.

El plan de desarrollo de Pedernales, se supone, debe marchar conforme la concepción del presidente de la República.

Sin embargo, últimamente han surgido voces que se amparan en un supuesto interés por la conservación de los recursos naturales que pretenden obstaculizar los planes del Gobierno, bajo argumentos totalmente infelices.

Y es ahí donde deben hacerse valer los planes del mandatario, quien bajo ninguna circunstancia debería dejar que sus iniciativas sean desviadas, estropeando la real esperanza que miles de personas han depositado en la virtualidad de sus promesas.

El argumento de que la operación de un muelle turístico en Cabo Rojo atenta contra la vida de especies coralinas y arruinaría la actividad pesquera es una falacia que se desmorona con la historia.

El muelle de Cabo Rojo estuvo operando de manera intensa durante décadas, hasta que la Alcoa Exploration Company—real y casi único modo de vida con algún nivel en la provincia—cesó sus actividades hace más de 30 años, cuando el mercado de la bauxita cambió radicalmente.

Durante más de 40 años, la Alcoa y su puerto coexistieron de manera armónica con la biodiversidad de Cabo Rojo y todo el entorno industrial de la empresa, lo mismo que con la actividad pesquera de decenas de personas que han vivido del mar, también por décadas.

Es decir, que venir ahora a esgrimir la “defensa” de coralinos y pescadores no es más que un ardid que busca ocultar otros intereses que se oponen al desarrollo turístico y económico de una de las provincias que ocupan un lugar privilegiado en el mapa de pobreza en la República Dominicana.

Estamos seguros de que el presidente Abinader pondrá oídos sordos a esos argumentos y tal como lo tiene concebido seguirán adelante el muelle, el aeropuerto en Oviedo y las demás infraestructuras que incidirán de manera determinante para cambiar la vida en la zona.

Algo que debe quedar bien claro en este asunto, y es que el bombardeo que el denominado Grupo Jaragua lleva a cabo contra el desarrollo de Pedernales no es gratuito ni obedece a ningún celo medioambiental.

Ese grupo ha estado medrando en la zona desde hace tres décadas, sin poder mostrar ninguna impronta que se pueda entender como aportes a la vida de los que allí habitan.

Su accionar en la presente coyuntura tiene mucho que ver con el interés de mostrar acciones —mediáticas por demás— para justificar los aportes que recibe de fundaciones europeas.

La obligación y el interés del Gobierno de encaminar el desarrollo turístico de Pedernales está por encima de todo subterfugio subalterno.   

Nelsonencar10@gmail.com

JPM

El fenómeno que encontramos al analizar la relación entre la población y quienes la dirigen desde el Estado, es increíblemente incomprensible. Y he aquí la paradoja: Yo te elijo, te contrato, te pago, luego tú eres como un Dios y yo me convierto en servidumbre.

El pueblo paga todos los gastos del Estado. El pueblo con su sacrificio y trabajo, mantiene al Estado funcionando. En consecuencia, todos los servidores del Estado son empleados del pueblo. Es un fenómeno que muestra un comportamiento paradójico: Los que pagan para que les sirvan son los que sirven.

Detengámonos a observar en detalles aquellos hechos en los cuales las personas no reparan ¿De dónde piensas que han salido los recursos para construir toda la infraestructura pública que ves? ¿De dónde salen los recursos para lograr mantener en funcionamiento y buen estado toda esa infraestructura?

¿Con qué dinero se mantiene en condiciones de operar el transporte público? ¿Todas las hidroeléctricas y presas del país, con qué recursos fueron construidas? La infraestructura de generación y transmisión de electricidad ¿Quién puso el dinero para que pueda ser una realidad?

Mantener funcionando el Estado y todas sus instituciones requiere de un gran capital ¿De dónde sale ese capital? Toda la burocracia del Estado, sus empleados y funcionarios, incluyendo presidente, vicepresidente, ministros, legisladores, síndicos, regidores y demás servidores públicos, ¿Quién los paga?

Así se puede ir enlistando todas las funciones y acciones de un Estado y preguntarse: ¿Quién financia todo eso? Esa pregunta es la piedra angular de todo este asunto. Muchos, la mayoría, nunca se han hecho esa pregunta, otros incluso, conocen la respuesta, pero la ignoran.

Y es que cabe la posibilidad de que cuando la gente que es mayoría, el pueblo, comience a entender que ellos son los que proporcionan los recursos para que todo esto pueda funcionar, que ellos son los que pagan los lujosos salarios de los funcionarios y servidores públicos de alto nivel, entonces todo empiece a cambiar.

Sí, porque la respuesta a todas las preguntas de los párrafos anteriores es una, insisto: El pueblo paga todos los gastos del Estado, el pueblo con su sacrificio y trabajo, mantiene al Estado funcionando. En consecuencia, todos los servidores del Estado son empleados del pueblo.

Y he aquí la paradoja, ratifico: Yo te elijo, te contrato, te pago, luego tú eres como un Dios y yo me convierto en servidumbre. En una empresa privada, quien pone el capital para que esta funcione, es el que manda, el que paga los salarios, es el señor.

En un estado ¿Quién es excelentísimo, el pueblo o el presidente? La realidad es que todo el mundo le llama al presidente: Excelentísimo señor, pero realmente el excelentísimo señor debería de ser el pueblo, que es quien pone todo el capital para que el “Excelentísimo” señor presidente haga el trabajo para lo cual fue “contratado.”

Pero esos grandilocuentes títulos tienen un sentido: grabar en la conciencia de los gobernados que el que los gobierna es superior a ellos y tiene derechos sobre ellos, que ellos tienen que ser sumisos y obedecer, respetar, no tanto su persona, como ser humano, sino su investidura, es un “Excelentísimo” señor, frente a un siervo.

Por eso los gobernantes se sienten en el derecho muchas veces de avasallar, maltratar, referirse a los demás con desprecio, ofenderse cuando se les critica, tomar medidas que afecten a grandes mayorías, pero que sean acorde con lo que ellos personalmente y unilateralmente creen, entre otras cosas.

Es necesario y urgente que la gente entienda todo esto que hemos expuesto: Los dineros que utilizan los gobernantes para realizar las actividades que realizan y hacer funcionar al Estado salen de sus bolsillos. Y los préstamos que toman los gobiernos también son pagados por el pueblo.

Es aún más urgente que las personas que son elegidas para dirigir al Estado entiendan que son empleados del pueblo, que el pueblo también es Excelentísimo señor. Que ellos fueron elegidos no para servirse del Estado, sino para servir al pueblo.

Y los recursos del pueblo deben de ser administrados con esa visión. No con la visión de vivir en opulencia a costa del sacrificio de la gente, de aprovechar las posiciones de poder para dañar a unos y favorecer a otros, ni para enriquecerse de manera rápida e ilícita.

Tampoco para que los funcionarios se sientan dioses y príncipes, quienes pueden hacer lo que quieran sin considerar el derecho de los demás. No deben sentirse con el derecho a ser reverenciados por todos y tratar a los demás como súbditos.

Y así para todos los empleados públicos, de cualquier categoría. La función de un empleado público es servir con buena disposición, tratando bien al cliente, y más si el cliente es, además, quien le paga su salario.

Cesarale3@gmail.com

jpm-am

POR LEANDRO RAMÍREZ 

Según las primeras estimaciones, los daños causados por Fiona en República Dominicana superarán los 375 millones de dólares. No sólo eso, el huracán dejó al menos cinco muertos en el Caribe y muchos residentes sufren las secuelas del primer gran fenómeno natural de la temporada del Atlántico de este año.   

Si revisamos las estadísticas, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre 2005 y 2012 los desastres naturales se cobraron 240 mil vidas en América Latina, mientras que más de 57 millones de personas fueron afectadas por este fenómeno. En esta línea, y llevado a términos materiales, la región se vio perjudicada por un total de 85 mil millones de dólares en ese período.   

Si miramos a futuro, datos facilitados por las Naciones Unidas estiman que para 2050 las pérdidas económicas derivadas de los desastres naturales ascenderán a 300 mil millones de dólares con un balance de 100 mil víctimas mortales anuales.  

Según el estudio “TIC durante Desastre Naturales en América Latina”, publicado por 5G Américas, estas tecnologías pueden ser vitales para la alerta y prevención de desastres naturales, así como en la coordinación para la asistencia durante emergencias y en las tareas de recuperación.   

A través de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) se puede informar en tiempo real alertas; ayudar a rescatistas a mantenerse comunicados, así como organizar el envío de ayuda y recolección de donaciones. Las redes sociales han jugado un papel trascendental en estas circunstancias transmitiendo consejos, alertas, información, movilizando y organizando a las personas.   

La detección temprana de los desastres naturales no basta si no se informa de manera inmediata la población de la situación de alerta. Una vez que ya sabemos de la existencia de una emergencia, Internet es el medio a través del cual los ciudadanos se mantienen al tanto de lo que sucede. Esto puede ser vital a la hora de tomar decisiones que salven bienes y vidas humanas.   

Un desastre natural también puede poner en riesgo los datos, por lo que un plan de recuperación ante desastres bien diseñado ayudará a continuar con el servicio a los usuarios. Es así como las estrategias de back up -a través de tecnologías autónomas- evitan la pérdida de información y de tiempo de inactividad de manera simple y económica al mantener una réplica física sincronizada remotamente de una base de datos de producción en la nube.   

De esta forma, ante una emergencia se requiere sincronizar la base de datos de uso habitual con la que se empezará a manejar en otra región en caso de desastre.   

En este sentido, las tecnologías de nube deben apuntar a resguardar las bases de datos en regiones remotas utilizando capacidades de seguridad y protección. Por su parte, las plataformas de almacenamiento deben ofrecer un respaldo rentable, escalable y de bajo costo que permita consolidar la infraestructura de bodega como parte integral de una estrategia de recuperación y copia de seguridad de bases de datos.  

Mantener los datos a salvo durante fenómenos naturales extremos, marca una diferencia para empresas de todos los tipos y es un factor vital cuando se habla de recuperación.  

Entonces la tecnología se convierte en un recurso indispensable que está a la mano de todos: los dispositivos móviles, las aplicaciones y las redes sociales ayudan a que cada individuo se convierta en fuente de información con la que las autoridades podrán desplegar todo tipo de acciones antes, durante y después de una eventualidad natural, de tal manera que entre todos se podrá mitigar el impacto y, sobre todo, salvar vidas.  

jpm-am

La ayuda prestada al autor  de un delito, sea en forma de su ocultación para evadir la acción de la justicia, sea en la adquisición de los efectos, o en la supresión de las pruebas; sea de cualquier otro modo, pero siempre con carácter posterior al hecho y no terciando promesa anterior, constituye el delito de encubrimiento. 

La afirmación necesaria de esta figura es la anterior existencia de un hecho delictivo cometido por otro. Se requiere un delito, cualquiera que éste sea, resultando excluidas las contravenciones.

Sujeto activo puede serlo cualquiera: particular o funcionario, incluso la propia víctima, cuando cometiere alguno de los actos previstos en la ley, salvo en los casos de delitos de acción bilateral (duelo, adulterio, etc.).

El elemento subjetivo requiere una doble intención: a) el conocimiento positivo del hecho delictuosos que se encubre, de la condición de delincuente o procesado de la persona a quien se favorece, y del origen y condición de las cosas, rastros y pruebas de que se trate, y b) la intención de impedir o perturbar la acción de la justicia.

Queda también comprendido el desorientar a los investigadores callando referencias o datos. La oposición a registros consiste en negar a la autoridad, sin motivo alguno, permiso para penetrar en el domicilio a fin de apresar al delincuente que se encuentren en él.

 Esta conducta es ilegal porque la Constitución y las leyes determinan cuan es posible el allanamiento, medie o no la respectiva orden. La falta de justificativo, frente a un allanamiento legal, hace ilícita la oposición. Pues ayudar a sustraerse a la acción de la autoridad, consiste en el hecho de ocultar al delincuente, en el sentido de esconderlo físicamente.

Es delito de carácter permanente. El momento consumativo es aquel en que se opera el estado de ocultación que constituye la acción del delito. También comprende la facilitación de la fuga, que importa tanto una acción positiva (acompañarlo, guiarlo) como una negativa (impedir la persecución, advertirle, informarle).

Es un delito instantáneo, que se consuma cuando se acompaña, guía o se lleva al delincuente o se impide o perturba su seguimiento; en suma, cuando se lo ayuda a eludir la acción de la autoridad.

Quienes tienen esa obligación son determinados funcionarios públicos o sus equivalentes y los profesionales del arte de curar, estos últimos con las salvedades que resultan del secreto profesional.

El que con fines de lucro, adquiere, recibe y oculta dinero, cosas o efectos que de acuerdo con las circunstancias debía sospechar resultante de un delito, incurre en la figura especial del encubrimiento.

Son formas que denotan peligrosidad en el autor, porque si bien no participó materialmente en el delito cometido por otros, agrega condiciones que favorecen su comisión, sobre todo en los casos de delitos contra el patrimonio; el ladrón se decide a actuar a sabiendas de que el receptor le encubrió.

Así, cuando se favorece al cónyuge, a cercanos parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad; a un amigo íntimo o a una persona a la que se debe especial gratitud; pero, la exención no se aplicará a quien hubiese ayudado a asegurar el producto o el provecho del delito ni al que hubiere obrado por precio.

El código penal dominicano en su artículo 61 expresa:” Aquellos que, conociendo la conducta criminal de los malhechores que se ejercitan en salteamientos o violencia contra la seguridad del Estado, la paz pública, las personas o las propiedades, les suministran habitualmente alojamiento, escondite o lugar de reunión, serán castigados como sus cómplices.”

 jpm-am