Durante años, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras estuvo en la oposición, no desaprovechó ocasión para acusar de corrupción a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). La denuncia pública, repetida con insistencia, se apoyó más en la indignación que en sentencias firmes; más en titulares que en expedientes concluyentes. Ese contraste entre la bulla política y la prueba judicial.

Entre las acusaciones más recurrentes estuvieron los supuestos sobornos de Odebrecht —nunca probados en términos que cierren el debate público, la presunta sobrevaluación del Metro de Santo Domingo y el cuestionamiento a las plantas de Punta Catalina. Se habló de cifras astronómicas, de tramas y de responsabilidades difusas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la discusión se fue pareciendo menos a una búsqueda de  verdad y más a un instrumento de desgaste político.

Lo cierto es que, mientras la Procuraduría sigue buscando evidencias que sustenten la tesis de la sobrevaluación, la ciudadanía se desplaza todos los días en un sistema de transporte público que funciona: la combinación del Metro, el Teleférico y la OMSA. Puntuales y eficientes para miles de trabajadores, estudiantes y familias. La vida cotidiana, termina siendo un tipo de auditoría social imposible de maquillar.

Con Punta Catalina ocurre algo parecido. Esas generadoras llegaron para enfrentar un mal endémico: los apagones prolongados que por décadas castigaron hogares y comercios. La central, construida por Odebrecht, ha seguido aportando energía al sistema y, por tanto, estabilidad a la economía doméstica. En un país donde el servicio eléctrico define la calidad de vida, ese resultado pesa más que cualquier consigna pronunciada desde una tarima.

Según una nota publicada en la prensa dominicana, la estatal Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina habría aportado este año 258.4 millones de dólares a las arcas públicas, consolidándose como uno de los activos estatales con mayor capacidad de generación de caja. La misma información señala que el aporte acumulado entre 2023 y 2025 asciende a 562.9 millones de dólares, canalizados mediante amortización de deuda, dividendos e impuestos.

Y no se trata solo de una obra. No hay rincón del país donde no se observe el toque brasileño: hidroeléctricas, sistemas viales, acueductos, túneles y elevados. Las obras están ahí, palpables, midiendo su valor en minutos ahorrados, agua disponible y energía servida. Lo que todavía no aparece,son las pruebas definitivas de la sobrevaluación que se prometió demostrar con estruendo.

 Robar lo intangible

Sin embargo, hoy el contraste duele por otra razón. En comparación con aquellos señalamientos, los funcionarios del actual gobierno han logrado lo que, hasta ahora, parecía imposible incluso para las leyes físicas: robar lo intangible. No se trata de llevarse un edificio, una planta o una carretera; se trata de despojar a la gente de derechos, garantías y confianza. Y cuando lo robado no se ve, el daño se vuelve más silencioso y persistente.

En los anales de nuestra historia, pocos atropellos suenan tan graves como el que se denuncia respecto de SENASA: “robarse la salud de un pueblo”. Y, como si fuera poco, ya se habia intentado lo mismo desde el ministerio más importante y con mayor presupuesto del país: “robarse la educación”. Son ataques que no dejan un boquete en la pared, pero sí una grieta en el futuro. Hasta los CAID (Centros de Atención Integral para la Discapacidad) han sido arrastrados al forcejeo político. Intentaron robarle hasta la infancia  a los niños con necesidades especiales

Otros muchos logros alcanzados por nuestra sociedad se han esfumado paulatinamente, pero, al ser intangibles, algunos ciudadanos no se han enterado. Desaparecieron la seguridad, la confianza, la alegría, el orgullo, la dominicanidad, siguen empujando,, con sutileza o con propaganda abierta, a diluir la dominicanidad.

Hay grupos que trabajan para convertirnos en “quisqueyanos”, como si el cambio de nombre fuera una solución inclusiva: “dominicanos”, dicen, es un grupito; “quisqueyanos” somos todos. Bajo ese discurso, la eterna némesis migratoria se pretende resolver por decreto semántico. Pero el problema no es el adjetivo; es la falta de reglas, de capacidad estatal y de respeto a la nación.

Por eso cobra vigencia una advertencia de Juan Pablo Duarte: “Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la Patria”. Cuando se conspira contra lo esencial, la patria enferma sin hacer ruido. Y esa enfermedad se nota incluso en detalles: en actos donde ya no se utilizan correctamente los símbolos, o en la ausencia del escudo en el centro de la bandera tricolor.

los valores familiares siguen deslizándose hacia el pantano de la perversidad y la inmoralidad.  A tal punto que la procuradora Miriam Germán instruyó al Ministerio Público a dirigirse a la llamada comunidad LGBTQ+ con el sexo que sus integrantes decidan. Se acabó aquello de “hombre” y “mujer”; ahora usted puede ser, en el momento que le plazca,  gay, trans o queer. ¡Vaya usted a saber!

Si seguimos normalizando el saqueo de lo intangible, un día amaneceremos con la sorpresa de que lo que desapareció no fue una partida presupuestaria, sino el país que creíamos seguro. Defender la salud, la educación, la institucionalidad y la identidad no es nostalgia: es supervivencia. Porque las naciones no se derrumban solo por lo que les quitan de concreto, sino por lo que les roban del alma.

carlosmccoyguzman@gmail.com

jpm-am

Al contemplar las imponentes montañas de mi provincia Monseñor Nouel y escuchar el murmullo de nuestros ríos, no puedo evitar sentir una mezcla de esperanza y justa indignación, debido a que durante años, hemos caminado bajo el amparo de una Ley 195-04 que, aunque bien intencionada en su letra, resultó ser un “cascarón jurídico y vacío”, porque esa primera ley que nos declaró “Provincia Ecoturística”, nos dejó huérfanos de un respaldo financiero real, condenando nuestro potencial al estancamiento y a la voluntad discrecional de los gobiernos pasados y presentes.

Debo reconocer con honestidad que la iniciativa del actual senador, Héctor Acosta, marca un antes y un después en esta historia de olvido, ya que su gestión para transformar una ley declarativa en una ley ejecutiva es un acto de justicia territorial, en razón de que al establecer un monto fijo de 20 millones de pesos anuales por la próxima década, se está construyendo el puente que finalmente podría conectar nuestras bellezas naturales con el desarrollo económico que la gente merece y desde años espera.

“Para avanzar hacia el futuro con paso firme, es imperativo mirar el pasado con ojos críticos”(MB). La antigua ley pecaba de una ambigüedad peligrosa. ¿Por qué?, nos preguntamos, pues al no establecer un monto fijo, la misma permitía que los recursos fluyeran —o se detuvieran— sin un esquema de rendición de cuentas claro; y al no depender de un monto fijo, se convirtió en la excusa perfecta para que la provincia recibiera migajas presupuestarias y el poco capital ecoturístico que solía llegar a la provincia se desvanecía en un sembradío que solo cosechaba corrupción.

Pero, donde la indignación se hace necesaria, es en la existente brecha oscura entre lo que decía la ley y lo que recibía la institución, si en verdad lo recibía. A pesar de todos estos prejuicios, no deja de ser un secreto a voces que, a través de diversas vías administrativas y partidas especiales, el CODEPRONOUEL manejó a lo largo de los años cientos de millones de pesos, por lo que preguntamos a nuestras autoridades: ¿dónde están esos recursos?, porque si observamos nuestras rutas turísticas hoy, la respuesta es un silencio doloroso. En Monseñor Nouel no se ha explotado ni siquiera un 20% de su potencial ecoturístico.

Investigación

Por esta y otras razones, es que considero oportuno y urgente que se inicie una investigación exhaustiva hacia las administraciones pasadas de la institución, en razón de que no podemos permitir que el concepto de “falta de presupuesto” sirva de escudo para ocultar una gestión ineficiente o, peor aún, el desvío de fondos que pertenecían al desarrollo de nuestros municipios, por lo que, quienes han dirigido a CODEPRONOUEL deben explicar por qué, con esos cientos de millones recibidos, el ecoturismo en la provincia sigue siendo una industria acéfala y sin proyección.

“La transparencia no es solo un valor ético, es el cimiento de cualquier progreso sostenible” (MB). Si bien es cierto que la ley anterior era débil, no es menos cierto que el dinero que llegó debió dejar huellas tangibles en nuestros senderos, en la capacitación de guías especializados y en la protección de nuestras cuencas, y sin esas huellas, la duda es legítima y la investigación es un mandato moral que la nueva etapa de desarrollo nos exige cumplir.

Las huellas de la Ley 195-04 proyectan hoy sombras de impunidad sobre el ecoturismo de Monseñor Nouel, donde la ambición sepultó los fondos destinados al desarrollo y la sostenibilidad de nuestros entornos acuíferos. Esa gestión opaca, que dejó en cuarentena los depósitos orientados a combatir el desempleo y enaltecer nuestra riqueza natural, evidencia cómo el interés particular prevaleció sobre el deber de transparencia, lo que evidencia que el resultado es un rastro de promesas incumplidas que asfixia el potencial de nuestros parajes y distritos, sacrificando el bienestar colectivo bajo el peso de una codicia que ignoró la razón de ser del progreso provincial.

Hoy, ante la llegada de estos nuevos 20 millones de pesos garantizados por ley, la provincia se enfrenta a un desafío de pulcritud. Este presupuesto no debe ser visto como un botín político, sino como un patrimonio sagrado de la naturaleza y de la provincia de Monseñor Nouel, por lo que, cada peso invertido debe ser un árbol sembrado, un joven empleado en su tierra y una infraestructura que respete el equilibrio de la biodiversidad.

La belleza de nuestra provincia radica en su pureza, y esa misma pureza debe reflejarse en el manejo de sus finanzas, porque el ecoturismo sólo es real cuando se trabaja con aciertos éticos y transparencia en el manejo de los recursos que lo sustentan.

No podemos hablar de conservar el medio ambiente mientras permitimos que el entorno administrativo se contamine con las viejas prácticas de la opacidad, visto que la naturaleza está al acecho, o sea, nos observa y demanda coherencia entre lo que protegemos y lo que económicamente se administra.

Exhortamos a las autoridades y la sociedad civil a que se conviertan en guardianes celosos de estos nuevos recursos, además, los habitantes de la provincia deben ser los ojos que vigilen que cada centavo de esos 20 millones que llegarán no muy tardío sean utilizados con la precisión de un artesano. La oportunidad que el senador Acosta ha puesto sobre la mesa es dorada, pero solo brillará si le limpiamos el polvo de la corrupción y el descuido administrativo del pasado.

Es tiempo de sanar las heridas de la desconfianza, el desarrollo no solo se mide en metros de asfalto o en complejos hoteleros, se mide en la confianza de un ciudadano que sabe que los recursos de su provincia están siendo utilizados para el bien común. Monseñor Nouel tiene el potencial de ser el referente ecoturístico del Caribe, pero ese liderazgo debe comenzar con una casa ordenada y cuentas claras.

Esta nueva ley debe poner fin a la improvisación, porque con un presupuesto fijo no hay excusas para no tener un plan maestro de desarrollo provincial que sea auditable y participativo, que lo aleje de los vaivenes políticos y lo convierta en un motor técnico de excelencia, donde el mérito y la transparencia sean los únicos requisitos de entrada.

La naturaleza es generosa, pero la justicia es necesaria para que esa generosidad llegue a todos. Cuando cuidamos lo público como algo propio, el éxito es inevitable.

mbaezjj@gmail.com

La Guerra Civil de los Estados Unidos de Norteamérica, también llamada de Secesión, se libró desde el 12 de abril de 1861 hasta el 26 de mayo de 1865. En ella perdieron la vida cientos de miles de combatientes y una mayor cantidad resultaron heridos y mutilados.

Las fuerzas enfrentadas fueron por un lado el norte industrializado (conocido como La Unión), integrado por Estados partidarios de la abolición de la esclavitud de los negros. En el lado contrario estaba La Confederación, formada por los Estados del sur, que tenían un sistema de producción agrario y se habían separado de La Unión, al tiempo que se negaban a eliminar o tan siquiera aminorar los rigores de la abominable esclavitud.

Uno de los motivos que fueron formando la ristra de eventos que culminaron con la sangrienta Guerra Civil de EE. UU. fue el proceso judicial rocambolesco que involucró al esclavo negro Dred Scott, que fue traslado por su amo del sur esclavista al norte abolicionista. Él quiso beneficiarse del llamado Compromiso de Missouri, que involucraba a Estados esclavistas y no esclavistas.

El 6 de marzo de 1857, en una infame sentencia que manchó la dignidad de la justicia de EE. UU., la Suprema Corte, encabezada por el juez Roger Brooke Taney, decidió extender la esclavitud a todo el territorio de ese país bajo el alegato sin fundamento de que los negros no tenían calidad de ciudadanos y que, en consecuencia, no podían litigar en un tribunal de ámbito nacional.

Dicha decisión tenía como mensaje central que la referida Transacción de Missouri carecía de sustento constitucional, lo cual era un absurdo. Además, los elementos fácticos de la misma transmitían la errónea idea de que el Congreso no tenía potestad para impedir que se aplicara la esclavitud en cualquier territorio ni para despojar a los blancos de sus esclavos negros. Los jueces actuantes se apoyaron en la denominada Doctrina de John Calhoun, un esclavista redomado que sostenía que la esclavitud era “un bien positivo”.

Esa vez la dignidad judicial de EE. UU. fue parcialmente salvada por el voto disidente del juez Benjamín Robbins Curtis. Él señaló que el mencionado esclavo Scott tenía derecho a reclamar justicia en un tribunal federal. Se basó en que muchos Estados del norte les daban categoría de ciudadanos a los negros y habló de la premisa constitucional sobre “el debido proceso de ley”.

Un estudio de la historia judicial estadounidense permite señalar que sólo una vez antes de la susodicha sentencia la Suprema Corte había emitido (en el 1803) una decisión tan conflictiva en el ámbito de la constitucionalidad. Fue en el conocido caso Marbury-Madison, empapado de intereses políticos.

Marbury había sido designado por el Congreso juez de paz del Distrito de Columbia junto con otros 40 jueces a fines al presidente John Adams, cuyo mandato ya concluía. El Senado hizo la confirmación de rigor y el aludido mandatario firmó los nombramientos, pero a James Madison (que era a la sazón el secretario de Estado) no le alcanzó el tiempo para firmar ni entregar el acta correspondiente a cuatro de dichos magistrados, incluyendo a su acusador de marras.

James Buchanan había tomado posesión como presidente de USA dos días antes de aquella malhadada sentencia. En una insospechada ingenuidad política se adelantó a informar en su discurso inaugural que el más alto tribunal de justicia iba a decidir “en qué punto del tiempo” cada Estado decidiría en favor o en contra de la esclavitud. Sin meditar sobre los alcances de sus palabras proclamó que apoyaría dicha decisión. Obviamente se produjo en los despachos judiciales un fallo que dejó en clave de írrito el deseo de Buchanan.

En medio del torbellino que cubría la sociedad estadounidense el prestigioso abogado y político Abraham Lincoln dijo que esperaba “que no se caiga la casa…que La Unión no se disuelva…” Deduzco que en la mente de ese personaje trascendental en la historia mundial habitaba el pensamiento bíblico del evangelista Mateo cuando proclamó que “todo reino dividido contra sí mismo es asolado”.

Una de las bases para dicha confrontación bélica fueron los siete debates electorales que en el 1858 sostuvieron en Illinois Lincoln, que era republicano y el senador demócrata Stephen A. Douglas, que retuvo su escaño. El último era un ardiente partidario de la esclavitud de los negros en USA. Pretendió acorralar a Lincoln con una serie de sofismas. Finalmente lo acusó de buscar una lucha fratricida. Incluso para reforzar su opinión esclavista hizo uso de lo que se conoce como “legislación hostil”.

Otra decisión que contribuyó a la Guerra Civil en EE. UU. fue la que tomó en el 1859 el tribunal supremo del Estado de Wisconsin, al establecer que la Ley sobre esclavos fugitivos de ese año estaba fuera del marco constitucional. Bajo ese motivo  la dejó sin efecto para favorecer a un blanco que había aprehendido a un negro que se le escapó. Los jueces de dicho órgano judicial establecieron que en ese caso la justicia federal actuó con “un poder no delegado, nulo y sin fuerza”.

Vale recordar otro de los hechos que sirvieron de antesala a la contienda armada objeto de esta crónica: En los Montes Apalache, en la zona de Virginia, un ciudadano blanco de nombre John Brown quiso fundar, el 16 de octubre de 1859, una república abolicionista. En horas de la noche de ese día llegó allí el entonces coronel esclavista Robert E. Lee, apresando y poniendo en manos de la justicia a ese luchador en favor de los negros. Con eso puso fin a ese intento de libertad de los negros esclavos.

Sobre ese caso: “El 31 de octubre de 1859 el jurado emitió su veredicto de culpabilidad por asesinato criminal y traición contra el Estado de Virginia por John Brown…fue ahorcado el 2 de diciembre de 1859”. (Breve historia de los Estados Unidos. Editora Fondo de Cultura Económica, México, 1997.Pp338 y 339. Samuel Eliot Mousor, Henry Steele Commanger y William E. Lenchtenbury).

Uno de los presagios finales de la Guerra de Secesión que de 1861 a 1865 fue el discurso del senador de Mississippi Jeffenson Davis en el Senado el 12 de abril de 1860.Se negó apoyar un proyecto de ley para crear fondos en favor de la educación de los negros. Dijo: “Este no es un gobierno de negros para negros, sino de blancos para blancos”, añadiendo que: “En realidad la desigualdad entre la raza blanca y la raza negra está marcada al nacer”. (Marcados al nacer (investigación histórica). Editora Perguin Random House, primera edición 2021.P13. Ibram X. Kendi).

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POR ALBA CABRERA

En tiempos donde la ciudadanía exige instituciones más humanas, eficientes y responsables, es justo reconocer cuando se hacen las cosas bien. La Dirección General de Migración ha dado un paso firme hacia ese ideal, y lo ha hecho bajo el liderazgo del contralmirante Luis Rafael Lee Ballester, cuyo trabajo merece no solo destacarse, sino también aplaudirse.

El fortalecimiento reciente de esta institución no es casualidad. Detrás hay planificación, esfuerzo y una visión clara de país. La formación de una nueva generación de agentes migratorios demuestra que cuando hay voluntad, compromiso y dirección, los resultados aparecen. Estos jóvenes, graduados el 05 de diciembre de 2025 en el Coliseo Teo Cruz, representan más que un grupo de nuevos servidores: simbolizan esperanza, orden y renovación. Recibieron instrucción en disciplina, operatividad y derechos humanos, una combinación necesaria para el tipo de país que aspiramos ser.

Pero más allá de las palabras, está el impacto real. En un momento en que la República Dominicana enfrenta desafíos migratorios complejos, la profesionalización del personal se convierte en una herramienta esencial. Bajo esta dirección, Migración ha logrado reducir su dependencia de otras entidades y fortalecer su propia fuerza operativa. Esto no solo mejora la capacidad de respuesta del Estado, sino que también devuelve a la ciudadanía la confianza en que se están haciendo esfuerzos genuinos para proteger nuestra soberanía.

El director general ha impulsado iniciativas que van más allá del presente. La solicitud de recursos para reactivar el Centro de Capacitación Migratoria revela una visión de futuro, un compromiso con la formación continua y la creación de un cuerpo especializado que el país necesita desde hace años. Cuando se piensa a largo plazo, se construye país. Y eso, sin duda, merece reconocimiento.

También es justo valorar el trabajo en conjunto con instituciones militares, policiales, académicas y de emergencia. Esta articulación, poco común en nuestra historia reciente, fortalece el aprendizaje de los agentes y amplía su preparación en campo. La seguridad nacional es una responsabilidad compartida, pero necesita una guía clara; y esa guía se ha visto reflejada en esta gestión. El resultado es un Estado más fuerte y un personal más consciente de su rol.

Por todo esto, el director general de Migración merece un aplauso firme y respetuoso. No un aplauso vacío, sino uno que nace del reconocimiento sincero a quien ha sabido dirigir con responsabilidad, visión y compromiso. Los logros están ahí: nuevos agentes formados, procesos fortalecidos y un camino claro hacia un sistema migratorio más humano, moderno y eficiente. Y cuando alguien trabaja con transparencia y determinación, la patria siempre se fortalece.

Pero este comentario no estaría completo sin dirigir unas palabras a los propios graduandos. Durante la ceremonia, cada mensaje positivo de parte de los directivos fue recibido por ustedes con aplausos llenos de entusiasmo. Ojalá ese mismo entusiasmo los acompañe en cada jornada de servicio. Ojalá esa integridad, ese valor y esa energía, no se queden en un acto de graduación, sno que guíen su vida profesional. Porque ustedes aceptaron este

compromiso con plena conciencia: servir al país, honrar el uniforme y cumplir su deber a carta cabal.

Que no defrauden la oportunidad que hoy se les entrega. Esta posición representa un avance para sus vidas, una esperanza para sus familias y un servicio invaluable para la patria. Sean ejemplo. Sean honra. Sean la mejor demostración de que cuando se confía en la juventud, la juventud responde.

Hoy, como ciudadana, levanto mi voz para reconocerlo.

Porque “solos somos una gota, pero juntos somos un océano».

Y este océano se construye con liderazgo, con visión, y con dominicanos dispuestos a servir con dignidad.

jpm-am