El asesinato de un menor de 12 años mediante una trifulca entre un policía y su padre, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, debe servir de reflexión a los gestores de actividades que promueven la aglomeración desmedida de personas que manejan todo antojadizamente y sin  ningún tipo de control, a pesar de que las Leyes están ahí y solo hay que aplicarlas, sobre todo, en un “evento cultural” de tanta importancia como la celebración del carnaval, el cual años tras años se sale de control y dejas llantos, dolor, tristeza e indignación en las familias.

No estoy en contra de la celebración de esta denominada “tradición cultural”, nunca lo estaré, tampoco tengo derecho a impedirle al ciudadano común que la celebre como le plazca, es su vida, vívela como mejor te venga en gana, sin importar las consecuencias.

Cada vez que se cometen actos irresponsables, escudado en el poder político o en una arma de fuego, me indigno, me causa tristeza al ver que nuestras autoridades no están atendiendo lo que deben atender, razón por la cual surgen adversidades como la que en la actualidad vive el país, mediante una supuesta libertad convertida en libertinaje.

El carnaval, que data de tiempos inmemoriales, no solo es cultura o tradición, también está muy relacionado con las fiestas paganas que atentan contra la moral, la dignidad, las buenas costumbres; y por ende, en vez de aportar, dejan secuelas dañinas para la sociedad. Es un festín disfrazado de todo, menos de cultura, porque investido de diabolismo.

¿Quién es el culpable?

Existe un descontrol que marcha a la perfección donde la policía pone de manifiesto su poderío indignante, como en la era Trujillo, descargando sus armas contra los civiles, muchas veces indefensos, otras veces en igualdad de condiciones y prestos para irrespetar, a través de las armas de fuego. Existe lo que se podría denominar como carencia de entendimiento. Acaban de matar a un menor de apenas 12 años de edad. ¿Quién paga el precio? El padre, por tener a su hijo en un entorno prohibido y el policía por abusar del derecho ciudadano.

Es costumbre en las personas que les gusta el libertinaje salir a la defensiva, este no solo es el común denominador de las fiestas carnavalescas, organizadas sin control, sino de otras actividades, donde las autoridades de turno nunca enfrentan las constantes de los problemas que muchas veces dejan muertos y heridos.

¿Qué es el carnaval?

1. La idolatría es el principal aspecto negativo del carnaval, ya que degrada al ser humano llevándolo de regreso a un primitivismo espiritual, propio de los pueblos bárbaros e ignorantes de la antigüedad.

2. El consumo de alcohol que con el curso de las horas consumidas lo único que deja como remanente es violencia callejera, desintegración familiar, intoxicaciones, accidentes de tránsito y consumo de drogas.

3. Fornicación y adulterio, donde no solo se da libre acceso a la práctica del sexo ilícito.

4. Enfermedades venéreas, lagente excede al consumo de alcohol, sin ser dueño de sus actos, siempre con la intención de cometer las atrocidades más vergonzosas, además de embarazos no deseados.

Si el carnaval es cultura, la cultura es satanismo, una correlación de identidad entre las máscaras, la exageración y el sarcasmo, contraria a las identidades que definen nuestros rasgos culturales, término que proviene del vocablo latino cultus, a su vez derivado de colere, es decir, “cuidar del campo y del ganado”, lo que hoy en día se conoce como “cultivar la tierra”, por eso, el pensador romano Cicerón (siglo I a. C.) empleó el término cultura animi (“cultivar el espíritu”) para referirse metafóricamente al trabajo de hacer florecer la sabiduría humana.

Debemos cuidar más de nuestros hijos, eso no quiere decir que se le impida conocer nuestros valores y tradiciones culturales. Ayer disfrutamos…Hoy nos lamentamos.

jpm-am

Como miembro del Comité de Comunicación de la Red Socioambiental Nacional he participado en varios foros auspiciado por la Red Socioambiental,  la Sociedad Ecológica del Cibao, Inc (SOECI) y por la Academia de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) donde se presentan y discuten el impacto que algunas de  las leyes dominicanas tienen en los derechos humanos, en nuestros recursos naturales,  y en especial, el impacto en el patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, que es el agua.

El foro más reciente se celebró en la Facultada de Ciencias de la UASD, el 15 de enero del 2023  bajo el título “Segundo Taller sobre la Ley Ordenamiento Territorial”; ley que  fue aprobada y promulgada “a todo vapor”  el 22 de diciembre por la actual administración como sugirió la abogada y Vocera de la Red Socioambiental Nacional, Altagracia Paulino en el artículo publicado en El Sol, el 3 de febrero con el título “Fallas en la Ley de Ordenamiento Territorial”

Después de revisar la información obtenida en el primer y segundo foro y en el extenso texto de la Ley  de Ordenamiento Territorial de la República Dominicana (368-22) y después de leer varias de las opiniones publicadas sobre esta ley, creo que es necesario declararla inconstitucional, detener su implementación, reintroducirla y llevarla a una vista pública.

He aquí algunas de las razones por las cuales creo que su anulación es necesaria.

Primero, la ley parece faltarle transparencia y participación ciudadana. Por la naturaleza de la ley, esta debe ser orgánica, debatida en un proceso abierto y democrático, donde los ciudadanos tengan la oportunidad de expresar sus opiniones y preocupaciones.

Sin embargo, la ley actualmente en discusión parece haber sido redactada sin la suficiente participación de la comunidad y parece haber sido impulsada principalmente por intereses empresariales y de desarrollo. Esta simple torpeza es suficiente para declarar la presente ley de antidemocrática y nula.

Segundo, la ley parece no haber tomado en consideración el impacto ambiental. La República Dominicana es un país con una rica biodiversidad y una variedad única de ecosistemas, y es importante que cualquier ley que afecte el uso del suelo considere cuidadosamente cómo afectará el medio ambiente.

Sin embargo, la ley actual no parece tener suficientes medidas para proteger el medio ambiente ni para garantizar que los impactos negativos sean mitigados. Esta falta de consideración del impacto ambiental coloca esta ley en violación de la  Ley General sobre Medio Ambiente (64-00) que propende por la protección de los recursos naturales, la disminución de su vulnerabilidad, la reversión de las pérdidas recurrentes por uso inadecuado del medio ambiente y los recursos naturales.

Tercero, la ley no parece  haber tomado en consideración, seriamente, los derechos de las comunidades locales. Muchas de las comunidades rurales de la República Dominicana dependen del suelo para su subsistencia y para mantener sus tradiciones culturales. Es importante que cualquier ley que afecte el uso del suelo considere cuidadosamente cómo afectará a estas comunidades y garantice que sus derechos sean protegidos.

Cuarto, por la falta un proceso democrático y transparente, esta ley, aunque parece estar actualizada en lo referente a lo corporativo y empresarial, no refleja la realidad actual de nuestros  pequeños agricultores y granjeros, ni de nuestras comunidades rulares, lo que dificultará su aplicación.

Además, su aplicación puede ser inconsistente y poco efectiva en contra de los violadores con poder adquisitivo y político, lo que se traducirá a una falta de protección de los recursos naturales y culturales de las regiones afectadas y puede crear conflictos y tensiones entre las comunidades y las autoridades.

Quinto, puesto que la ley aparenta no haber tomado en cuenta la diversidad cultural y social de las diferentes regiones del país, su aplicación, como ha sido promulgada, puede resultar en un aumento  en la  falta de equidad y justicia. Las aceleradas acciones del poder ejecutivo ha dejado claro que los propulsores de esta Ley Inconstitucional, conocían de los posibles resultados que se describen en las razones 4ta y 5ta y lo más probable fueron ellos los que escribieron y  apresuraron al presidente Luis Abinader para que “a todo vapor” decretara, como lo hiso, el decreto 668-22 para que éste  se convirtiera en la “base legal” para desalojar y criminalizar a quienes han ocupado, por décadas, terrenos del estado

Todos, unidos, debemos demandar que la Ley de Ordenamiento Territorial de la República Dominicana sea detenida y que el proyecto se reintroduzca dándole prioridad a las vistas públicas, no solo para garantizar un proceso democrático y transparente, sino para que la Nueva Ley de Ordenamiento Territorial, tenga en cuenta el impacto ambiental y los derechos de las comunidades locales y regionales.

El presidente Luis Abinader ha dado muestra de que tiene capacidad de rectificar errores como lo hiso, a través de una “declaración oficial de la Presidencia leída por su portavoz, Homero Figueroa”, donde el gobierno indico que retiraría el Proyecto de Ley de Trata con el propósito de “lograr el consenso público necesario”. Los movimientos sociales y ambientales exigen que la ley 668-22 sea validada con vistas públicas donde se logre “un consenso.”

Es importante que cualquier ley que afecte el uso del suelo en la República Dominicana sea cuidadosamente considerada y garantice la protección del medio ambiente y de las comunidades locales y de los derechos humanos.

Finalmente, me uno a todas las organizaciones sociales y ambientalistas que ya comienzan a ver con cierta claridad los terribles efectos que una ley del calibre de la Ley de Ordenamiento Territorial, puede tener en sus regiones y comunidades,  y comienzan a demandar que esta Ley NO se ponga en aplicación.

jpm-am

Estamos en la hora de las grandes definiciones. Nuestro país vive momentos decisivos que van a definir su rumbo y su destino. Esto significa que hay que estar claros y tener los conceptos que nos ayudarán a entender la situación en la que nos encontramos, estableciendo las relaciones causales entre los acontecimientos que se van produciendo, a fin de descifrar los planes que se esconden detrás.

Dicen, con toda la razón del mundo, que muchas veces lo que no se ve es más importante que lo que la vista puede apreciar. Y de eso se trata, de desvelar la estratagema, de descubrir la trampa, la celada que se busca tender para decidir la jornada, y ver con anticipación hacia dónde conducen los planes macabros que se pueden estar tramando a lo interno de un gobierno que luce atrapado en las patas de sus propios caballos.

En la política nada sucede al azar, todo obedece a un frío cálculo que busca provocar un efecto deseado. Partiendo de esta premisa, hemos visto que el Gobierno y el Partido Revolucionario Moderno, PRM, han emprendido un tenaz y furibundo ataque contra las fuerzas políticas que en diferentes grados están ligadas al boschismo.

Es en este contexto, donde hay que ubicar los intentos de desmantelamiento del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y las furiosas embestidas contra la Fuerza del Pueblo (FP), con la finalidad de que el boschismo regenerador no pueda sacar la cabeza y salir al rescate de lo más sano que pervive en ambas entidades políticas.

Porque no todo es malo en el PLD ni todo está contaminado, y la impronta que dejó en las obras positivas realizadas son muy numerosas y visibles, las cuales dejan muy empequeñecida a la actual visión y gestión de Luis Abinader y su PRM.

Es ahí, donde la reemergencia del boschismo es lo que puede hacer salvable al partido morado, para reestructurarse mejor, conforme a ideales más puros e inspiradores, como los que están encarnados en la Fuerza del Pueblo, de verdadera vocación boschista de servicio al país.

Así las cosas, vemos que el PRM maquina enfrentarse a una oposición dividida entre el PLD y la FP, dos partidos que tienen raíces y un tronco común afincados en el boschismo, cuyos ideales y principios del primero fueron sustituidos y asaltados por el clientelismo, el oportunismo y el individualismo, muy ajeno a la esencia que dio origen a esa organización política.

Dado que tienen dichas organizaciones en el boschismo un vínculo común fuerte que en el fondo los une, aunque en la superficie se vean muy separados e irreconciliables por heridas recientes, nadie quita que, si ambos se ven en el espejo de sus orígenes boschistas y se reconocen aspiracionalmente como tales, pueda tejerse entre ambas fuerzas, PLD y FP, un frente común para enfrentar los embates del perremeísmo gubernamental que busca destruir  y hacer desaparecer del ámbito político, las ideas germinante del boschismo.

De ahí su actitud casi rabiosa de querer cambiar hasta el nombre de todo aquello que se relacione a los gobiernos del PLD, muy especial las encabezadas por el líder de la oposición dominicana, el Dr. Leonel Fernández.

Realidad en marcha

Y ese plan de destrucción no es una quimera, una suposición o una elucubración política sino una realidad que está en marcha y un plan que está en ejecución. Es así, como hay que ver y traducir el patrocinio y el incentivo del transfuguismo y la compra de alcaldes y legisladores por parte del abinaderismo desesperado ante su creciente pérdida de popularidad e incapacidad de seguir revirtiendo la mentira en verdad.

Todo parece indicar que ciertos grupos dentro del PLD no han entendido bien esto, aunque otro sector sí parece que ya lo entendió. Sin embargo, en la FP, un poco más práctico y menos emocionales, comprenden perfectamente esta situación.

De ahí parece que la idea de la Fuerza del Pueblo es buscar unificar el boschismo como paso previo para la conjunción de fuerzas con objetivos similares que beneficien a la nación, y por ende reempodere de nuevo el boschismo en la conducción de los destinos nacionales.

De modo que, al embestir al PLD y a la FP,  el PRM busca aprovechar las debilidades per se de una oposición dividida, para ellos posicionarse mejor electoralmente de cara al próximo proceso venidero.

Sin embargo, este ataque frontal de descabezamiento y de descredito moral va más allá de la coyuntura electoral, porque el mismo apunta a desaparecer el posible resurgimiento de los ideales boschistas, representados por las corrientes que en ambas organizaciones propugnan por el boschismo como guía y práctica para la acción política y el ejercicio del Gobierno en la Republica Dominicana.

De estas reflexiones, se desprende que el boschismo puede unir y cohesionar a las fuerzas coincidentes bajo un mismo manto político-ideológico, que a la vez reivindique y corrija el modo de hacer política para bien del país y de las organizaciones que enarbolen la bandera de sus nobles principios, valores e ideales.

Ojalá que en las filas del PLD y de la FP todos se tomen ideológicamente el tónico reconfortante y energizador que constituye el boschismo, como elemento catalizador de mejores y esperanzadores procesos políticos que, reivindique el boschismo que una vez fue asaltado en el viejo partido y que, hoy se esfuerza por reconstruir y unificar el más avanzado discípulo del boschismo, el Dr. Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo.

jpm-am

En este complicado modo de vida en que nos ha tocado vivir (por accidente o no del destino). En esta tres cuarta parte de isla maravillosa pero descompuesta por sus habitantes e invitados, a esa que orgullosamente llamamos República Dominicana, la misma que hace un tiempo dicen que es la tierra del plátano power, se escenifica una permanente competencia no disimulada entre el odioso, antipático y degenerado coronavirus y los irrespetuosos, acelerados, descerebrados y perniciosos motoristas.

Si nos ponemos a hurgar en las estadísticas surgidas, luego de la aparición para perjuicio de la humanidad del también llamado Covid-19, y realizamos una comparación de las muertes y hospitalización que este ha producido con los mismos efectos que ocasionan los motoristas y su peculiar manera de conducirse en las calles y avenidas del país, obtendremos la cruel realidad de que estos últimos superan en 60 mil cuerpos al no grato virus.

Es posible que pase por exagerado al realizar tan radical planteamiento, estamos basado pura y simplemente en lo que acontece día a día, en el cupo repleto de las salas de ortopedia de clínicas y hospitales, y de la cantidad exagerada de ciudadanos andando con muletas o de medio lado con un yeso puesto en alguna parte del cuerpo, por lo regular en las piernas.

La desventaja que se tiene en la actualidad es que no existe una vacuna que frene o corrija definitivamente el comportamiento desaprensivo de los motoristas, de lo que no existe evidencia de que puedan variar su desatinada forma de usar ese vehículo de motor de dos ruedas al cual muchos, a través de los tiempos, han bautizado como la venganza japonesa.

El también llamado sustituto del burro de carga aporta soluciones, es verdad, pero puesto en una balanza las ventajas y desventajas de este carnicero físico y mental del ser humano, pesan más los perjuicios. Son pocos los lugares que se han escapado del humo y el ruido del motor, así como la actitud “vagabundezca” que en la mayoría de los casos se adopta al conducir el desprestigiado vehículo.

Alguien tuvo la osadía de asegurar que todo el que compra un motor, inmediatamente realiza la transacción, entrega la vergüenza. Y no se puede dudar, porque hemos visto seres humanos serios, respetuosos, de excelente formación y con prendas morales elevadísimas, que cambian de actitud acto seguido se encaraman en esa forma de transporte.

No sé si es el ruido, el hedor a gasolina o la arrogancia de sentirse un tolete, pero la verdad es que, por lo menos en este país, el motor es una joroba.

 luisanibal.medrano@gmail.com

JPM

Ahora que el gobierno ha retirado el proyecto de ley sobre explotación y tráfico de personas, con un alarde similar a como lo presentó; parecería conveniente que propiciara clases de comprensión de la lectura para sus funcionarios, legisladores, asesores, personalidades y ONG que participaron en su elaboración.