Por Víctor Garrido Peralta

Si el turismo dominicano fuera un cuerpo humano, Bávaro–Punta Cana sería su corazón: bombea más del 60 % de las divisas turísticas y sostiene buena parte del crecimiento económico nacional.
Pero ese corazón late con agua salobre y drenajes rotos.
Hemos levantado un emporio de lujo sobre cimientos de arena, y esos cimientos —el agua, el saneamiento y la salud pública— se están desmoronando en silencio.

La ilusión de la abundancia

Durante tres décadas, Bávaro–Verón–Punta Cana ha sido el motor del turismo nacional.
Las cifras son elocuentes: más de 8 millones de visitantes anuales, ingresos que superan los US$10,000 millones y más de 350,000 empleos directos e indirectos.
Sin embargo, la inversión pública estructural no acompaña ese éxito.

El Estado recauda impuestos, tasas aeroportuarias y contribuciones fiscales millonarias, pero destina menos del 1 % del presupuesto nacional a infraestructuras básicas en la zona.
Es como un árbol que da frutos de oro mientras el jardinero cobra la cosecha, pero se niega a regarlo.

El agua que huele a azufre

En pleno siglo XXI, el principal polo turístico del Caribe no cuenta con un acueducto regional ni con plantas de tratamiento públicas funcionales.
El 90 % del suministro proviene de pozos tubulares privados, muchos perforados en áreas costeras donde el agua dulce se mezcla con la intrusión salina del mar.

Los estudios del INAPA y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra confirman concentraciones elevadas de cloruros y sulfatos en Verón y Cabeza de Toro.
El resultado: agua salobre, con olor a ácido sulfhídrico, el mismo gas que libera el sargazo al descomponerse.

No se trata de una incomodidad estética: es un riesgo sanitario real.
Esa agua, usada sin sistemas de filtrado, se asocia a un incremento de afecciones gastrointestinales, dermatitis, alergias y enfermedades parasitarias.
Un destino que se vende como paraíso no puede depender de agua que enferma a quienes lo sostienen.

María, empleada de limpieza en un resort de lujo, se ducha cada mañana con agua que le irrita la piel.
Sus hijos sufren gastroenteritis recurrentes.
Pero cuando llega al trabajo, sirve agua cristalina importada a turistas que pagan US$500 por noche.
Ese es el contrasentido de Bávaro: abundancia para quien visita, escasez para quien sostiene.

La peligrosa autogestión

Ante la ausencia del Estado, la población improvisa soluciones.
Familias y negocios agregan cloro industrial, tabletas de cal o productos sin control técnico a sus cisternas y tinacos, creando un cóctel químico sin supervisión sanitaria.

El Ministerio de Salud Pública carece de personal suficiente para inspeccionar la calidad del agua doméstica o los sistemas de tratamiento de hoteles medianos.
En términos simples: nadie sabe con certeza qué bebemos ni qué se vierte al subsuelo.

Y esto no es menor.
Para una economía que depende de su imagen de calidad y seguridad, la negligencia sanitaria es un lujo que no podemos permitirnos.

El costo invisible de la improvisación

La falta de infraestructura pública no solo enferma a la población: encarece la operación turística.
Los hoteles gastan entre US$2 y US$5 millones anuales en plantas de tratamiento privadas, desalinizadoras y sistemas de filtrado.
Ese costo se traslada al precio final, restando competitividad internacional al destino.

Mientras tanto, países como Costa Rica y Panamá, con infraestructura estatal robusta, atraen turismo premium con costos operativos 30 % menores.
La ausencia del Estado no es solo un problema social: es una desventaja económica estructural.

Cuando llueve, el paraíso se ahoga

La otra cara del colapso hídrico es el drenaje pluvial inexistente.
Cada aguacero convierte las avenidas de Verón, Friusa y Macao en ríos temporales.
Sin sistemas de canalización ni infraestructura de absorción, las aguas arrastran desechos, contaminan los pozos y degradan el pavimento que los municipios reparan una y otra vez sin planificación técnica.

Mientras tanto, el sector privado construye sus propias redes internas y plantas de tratamiento, creando un mosaico de soluciones desiguales y costosas.
El Estado, que debería coordinar una respuesta integral, actúa como espectador de un caos que él mismo permitió.

Un desequilibrio fiscal que erosiona el futuro

En treinta años, el turismo ha generado al Estado más de US$40,000 millones en divisas directas (Banco Central, 2024).
Según la DIGEPRES y el Ministerio de Economía, la inversión pública en infraestructura hídrica en Bávaro no supera los US$800 millones, menos del 2 % de lo generado.

La paradoja es obscena y moralmente insostenible: el país con la economía más dinámica del Caribe no garantiza agua potable ni saneamiento a la comunidad que lo alimenta.
El crecimiento turístico sin infraestructura pública es como construir un hotel de cinco estrellas sobre una cisterna contaminada.

¿Por qué otros países sí pueden?

La crisis hídrica de Bávaro no es inevitable: es el resultado de decisiones políticas.
Costa Rica destina 1.7 % del PIB a saneamiento y acueductos turísticos;
Uruguay, 1.6 %;
Panamá, 1.4 %.
República Dominicana: apenas 0.8 %.

La diferencia no es solo contable: ellos invierten para sostener su reputación internacional, nosotros la hipotecamos con cada gota contaminada que sale de un grifo en Verón.

Lo que urge: una transfusión de infraestructura

El Este no necesita promesas: necesita agua limpia y planificación estatal.

1. Acueducto regional inmediato
Red pública moderna que elimine la dependencia de pozos salinos.
Costo estimado: US$350–450 millones.
Financiamiento mixto público–privado con supervisión del BID y el Banco Mundial.
Plazo: 24–36 meses.

2. Plantas de tratamiento centralizadas
Integrar sistemas existentes y elevar estándares de vertido.
Inversión: US$120–180 millones.
Normas: ISO 14001, estándares EPA.

3. Drenaje pluvial sostenible
Sistemas de captación, canalización y filtrado.
Prioridad: Verón, Friusa, Macao.
Costo: US$80–100 millones.

4. Control sanitario y educación ciudadana
Unidad permanente de inspección del agua y campañas de manejo seguro de químicos en cisternas y piscinas.

5. Transparencia presupuestaria
Publicar trimestralmente la ejecución de obras hídricas en portales públicos de acceso ciudadano.

El riesgo que nadie calcula

En la era de TripAdvisor, TikTok e Instagram, un brote de gastroenteritis o un video viral de agua salobre puede destruir en días lo que tardamos décadas en construir.
Cancún perdió US$2,300 millones en turismo tras la crisis del sargazo mal manejada (2018–2019).
Bávaro–Punta Cana no está inmune.

La reputación turística es un activo frágil: se construye lentamente y se destruye en un viral.
La pregunta no es si podemos permitirnos invertir en agua limpia.
La pregunta es: ¿podemos permitirnos no hacerlo?

Diagnóstico final

El turismo dominicano no colapsará por falta de visitantes, sino por falta de agua limpia y voluntad política.
Treinta años de bonanza turística nos dieron la oportunidad de construir infraestructura de primer mundo.
En lugar de eso, construimos resorts de lujo sobre pozos contaminados.

Un país que vive del turismo no puede tratar la infraestructura sanitaria como un apéndice opcional.
Bávaro y Punta Cana han sostenido la economía nacional durante tres décadas.
Ha llegado el momento de que el Estado devuelva, con inversión real y responsabilidad política, lo que ha recibido en impuestos y prestigio.

Porque si no garantizamos agua potable hoy, mañana el paraíso no solo olerá a azufre: estará vacío.

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Por Rafael Ramírez Medina

El costo de la canasta básica continúa aumentando y la población lo siente en el supermercado, en el colmado, en la farmacia y en cada gasto cotidiano. Mientras las cifras oficiales hablan de una inflación controlada, la realidad doméstica demuestra lo contrario, el dinero rinde menos y la presión llega silenciosamente por la vía del consumo esencial.

Esa distancia entre la estadística y la experiencia diaria es la primera señal de que el problema ya no es externo, sino interno.

Durante años se ha señalado como culpables a los mercados internacionales, los fletes, el petróleo o la guerra en Europa; sin embargo, lo que más incide hoy en el bolsillo del dominicano proviene de la estructura del gasto público y su manejo.

Cuando el Estado destina recursos a usos improductivos, el espacio fiscal se reduce, la economía pierde eficiencia y las familias terminan pagando las consecuencias en el precio de los alimentos y los servicios.

La clase media, especialmente, es la más afectada. Es la que cumple con sus impuestos, no recibe subsidios y no goza de privilegios, pero soporta el peso del gasto gubernamental ineficiente.

Cada peso innecesario que se consume en la administración pública se traduce en un peso adicional que se traslada a la economía real, impactando la logística, la energía y los costos de comercialización.

Existen gastos que no aportan desarrollo ni bienestar social, pero que se han normalizado dentro del aparato público, pensiones privilegiadas sin mérito laboral, tarjetas oficiales para consumos personales bajo la categoría de “representación”, vehículos de alta gama asignados a funcionarios y funcionaritos con combustible y mantenimiento pagados por el Estado. Son ejemplos claros de recursos desviados de la vocación productiva.

A ello se suma la ineficiencia crónica del sistema eléctrico, que cada año consume miles de millones sin resolver pérdidas técnicas ni administrativas. Ese agujero financiero se cubre con impuestos, endeudamiento y gastos recurrentes, trasladando su costo final al consumidor.

Mientras más dinero se destina a sostener ineficiencias, menos se invierte en generar competitividad y abaratar la canasta familiar.

Este conjunto de “gastos inorgánicos” actúa como un impuesto silencioso que erosiona el poder adquisitivo. Si se reorientara siquiera una fracción de esos recursos hacia sectores con impacto directo en costos básicos, el resultado sería una reducción real en el precio final de los alimentos. El ahorro no saldría del ciudadano, saldría del propio Estado gastando mejor.

La solución

La solución, por tanto, no pasa por aumentar impuestos ni por crear nuevas cargas tributarias, sino por ordenar. Ordenar el gasto público, limitar privilegios y priorizar la inversión productiva es el camino más directo y efectivo para aliviar el costo de vida. Los países que han logrado reducir su inflación doméstica no lo hicieron con discursos, sino con gestión.

Una política de austeridad selectiva y responsable no consiste en recortar lo social, sino en recortar lo superfluo. Significa defender la transparencia del gasto, fortalecer la disciplina administrativa y colocar los recursos donde verdaderamente multiplican bienestar, energía eficiente, logística nacional más barata y agricultura local más competitiva.

El país no avanza solo con buenas intenciones; avanza con un equipo que acompañe esas intenciones con hechos. Hoy Sr. presidente, usted necesita a su lado funcionarios que trabajen, no que aplaudan; que digan la verdad, no lo que conviene políticamente; que gestionen con eficiencia y no vivan del privilegio.

Un gobierno se fortalece cuando está rodeado de servidores públicos que entienden que el cargo es una responsabilidad, no una recompensa.

Usted solo no puede cargar con todo el peso del Estado, y es tiempo de separar a quienes sirven del pueblo de quienes se sirven del cargo. Reducir la presión sobre la canasta familiar comienza con austeridad y honestidad en la administración.

Si se administra con austeridad inteligente, si se corta el gasto innecesario y se orientan los recursos a la eficiencia productiva, la reducción de la canasta familiar será una consecuencia natural, no una promesa.

La economía del hogar se protege cuando el Estado predica con el ejemplo y entiende que cada peso público debe tener retorno social, no privilegio administrativo.

jpm-am

1.-Del tropiezo al aprendizaje: el fracaso como maestro

En mis andares por el mundo empresarial, fueron los fracasos—los tropezones inevitables del camino—los que me enseñaron las verdades más duras. Aprendí, a fuerza de golpes, que en los negocios no hay amigos ni familias. Lo que parecía certeza se desvanecía en incertidumbre, y esa incertidumbre se alimentaba de traiciones, fracasos comerciales y demandas temerarias, incoadas por supuestos abogados de “prestigio”.

En el mundo empresarial, los fracasos no son accidentes: son revelaciones. Aprendí que la confianza mal depositada, la falta de previsión legal y la ingenuidad emocional pueden costar caro. La traición de socios, las demandas temerarias y los negocios fallidos no solo me dejaron cicatrices, sino también una brújula.

Fue esa incertidumbre—esa niebla espesa de no saber qué vendrá—la que me empujó a estudiar Derecho. No por vocación inicial, sino por necesidad de defensa, de comprensión, de autonomía. Hoy sé que cada caída fue una clase magistral. Por eso afirmo: la experiencia se nutre de los fracasos.

2. La traición como catalizador de lucidez

En los negocios, descubrí que los vínculos afectivos no garantizan lealtad. Amigos y familiares pueden convertirse en adversarios cuando el dinero entra en juego. Esta revelación, dolorosa pero clarificadora, me enseñó que la ética empresarial exige distancia crítica, contratos claros y una mirada jurídica. El Derecho no solo me dio herramientas, sino también perspectiva: aprendí a leer las intenciones detrás de las palabras, a anticipar conflictos, a blindar decisiones. El fracaso me enseñó a pensar como abogado antes de actuar como empresario.

3. La experiencia como antídoto contra la improvisación política

Mi reflexión se entrelaza con el artículo de Gedeón Santos, quien advierte que gobernar sin experiencia es jugar con fuego en tiempos de incertidumbre. En su texto, Santos describe la curva de aprendizaje presidencial como un proceso inevitable, pero costoso.

La inexperiencia política, como la empresarial, puede llevar a decisiones impulsivas, a errores de juicio, a pérdidas irreparables. Así como yo aprendí a blindarme tras los tropiezos, el país necesita líderes que hayan tropezado, aprendido y madurado. La novedad sin experiencia es seductora, pero peligrosa. La experiencia, aunque nacida del dolor, es el único escudo confiable ante la incertidumbre.

Fue esa acumulación de golpes la que me llevó a estudiar Derecho, no por ambición, sino por necesidad. Porque cuando uno ha sido traicionado, demandado y despojado, no queda más que buscar herramientas para entender, defenderse y prevenir. Por acuñó sin titubeos la frase: “la experiencia se nutre de los fracasos”.

Esta reflexión nace al calor del artículo publicado en la página de opinión del Listín Diario, el 15 de octubre, por el Lic. Gedeón Santos, titulado: “El valor de la experiencia en tiempos de incertidumbre”. En él, Santos deja entrever una verdad que comparto desde la vivencia: los políticos sin experiencia no pueden gobernar un país. La improvisación en el poder, como en los negocios, cuesta caro. Y en tiempos inciertos, la experiencia no es un lujo: es una necesidad.

Conclusión: La inexperiencia no es inocente

La experiencia no se improvisa. Se forja en el fuego del fracaso, en la lucha contra la incertidumbre, en el aprendizaje que deja la caída. Por eso, la sociedad debe estar alerta: los políticos sin experiencia no son simplemente novatos, son riesgos latentes. En tiempos convulsos, no podemos darnos el lujo de entregar el timón del Estado a quienes aún no han navegado tormentas como estadista. La inexperiencia en el poder no es una etapa: es una amenaza.

Como ciudadanos, debemos exigir más que carisma o promesas. Debemos exigir trayectoria, resiliencia, y la sabiduría que solo da el fracaso enfrentado con dignidad. Porque gobernar no es aprender sobre la marcha; es saber antes de actuar. Y en ese saber, la experiencia es el único antídoto contra la improvisación.

jpm-am 

Análisis: Un sistema de cúpulas partidarias y la omisión de la Junta Central Electoral (JCE) han vaciado de contenido el derecho constitucional del ciudadano a decidir.

La arquitectura constitucional del Estado moderno se basa en un principio fundamental: el ciudadano es el auténtico socio, dueño y accionista de la estructura estatal. La norma jurídica le confiere el ejercicio único e indelegable del monopolio de la soberanía, que se materializa en la potestad de decidir: elegir y ser electo.

Esta es la tesis constitucional (el de jure), consagrada en nuestra Carta Magna. Sin embargo, este principio fundamental choca frontalmente con una antítesis fáctica: la consolidación de una «partidocracia» y el despojo sistemático de esa potestad soberana.

La degeneración del sistema

Es crucial entender que la «partidocracia» no es un sistema saludable de partidos políticos, sino su degeneración. Se trata de un sistema cerrado, piramidal y excluyente donde las cúpulas partidarias han secuestrado la voluntad ciudadana, priorizando el interés propio por encima del bien común.

En esta realidad (el de facto), el ciudadano, legalmente soberano, es reducido a un súbdito pasivo cuya participación se limita a validar decisiones ya tomadas por una minoría.

El doble mecanismo del despojo

Este secuestro de la soberanía no es accidental; se ejecuta a través de dos mecanismos complementarios: la acción de las cúpulas y la omisión del órgano garante.

1. La anulación por estatutos

Primero, la anulación estatutaria. Si bien la Ley de Partidos reconoce la potestad del ciudadano de organizarse, las cúpulas anulan este derecho en la práctica. Lo hacen mediante estatutos internos que establecen una jerarquía decisional vertical.

Estos estatutos, en clara contravención de la norma jurídica superior (la Constitución y las propias leyes), despojan al militante de base del ejercicio único del monopolio de decidir. Crean filtros, estructuras y barreras que aseguran que solo la élite partidaria controle la potestad de elegir (nominar) y ser electo (nominado).

2. La falla del órgano garante (la JCE)

Aquí es donde la estructura del despojo se consolida. La Ley Electoral, en su artículo 14, numeral 1, asigna explícitamente a la Junta Central Electoral (JCE) y a los partidos la tarea de: «Organizar, fiscalizar y supervisar… el proceso interno para la escogencia de candidatos…».

Sin embargo, la JCE, actuando en aparente contubernio o por omisión negligente, no fiscaliza, no supervisa ni obliga a las cúpulas de los partidos a alinear sus estatutos antidemocráticos a la Constitución.

Siendo el ciudadano el ente rector y central del sistema decisional constitucional, y la JCE la entidad garantista de ese derecho, resulta inexcusable que esta última no haya ejercido su autoridad para forzar el cumplimiento de la norma.

La enfermedad más allá del síntoma

El resultado de esta distorsión estructural genera las patologías sociales que corroen la confianza pública: corrupción rampante, inequidad, pobreza persistente y anomia social.

Como bien identifica la «Escuela Filosófica Políticas Públicas», el error común es centrarse en estos efectos. El problema no es solo la corrupción (el síntoma), sino el mecanismo que la permite: el secuestro de la soberanía ciudadana (la enfermedad).

El colapso que se observa (sea del partido de gobierno o del sistema en general) no es meramente político o económico; es, fundamentalmente, ético y moral. Los síntomas más graves son la «abulia» (apatía y desinterés cívico) y el «sepulcro de la esperanza», que indican la ruptura total del pacto social y la pérdida de fe en lo colectivo.

La urgencia de una refundación paradigmática

El diagnóstico es claro: existe una contradicción insostenible entre el de jure (el ciudadano soberano) y el de facto (el ciudadano súbdito de la partidocracia).

Por tanto, cualquier solución real no puede ser un simple reemplazo de actores o un cambio de cúpulas. Se requiere una refundación paradigmática.

El objetivo debe ser desmantelar este sistema piramidal y excluyente, obligando (a través de la JCE o de la acción ciudadana) a que los estatutos partidarios se subordinen a la Constitución.

Solo devolviendo al ciudadano el ejercicio único, real y efectivo del monopolio de la soberanía, se podrá cerrar la brecha entre la tesis constitucional y la antítesis fáctica, y construir un verdadero Estado de derecho ciudadano.

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Yo trabajé en Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua y México, pero visité otros países de centro y Sudamérica, y nunca vi (excepto el Centro Financiero de Panamá), un boom inmobiliario como el que ha tenido la República Dominicana, tanto en su capital como en Santiago en los últimos 25 años.

Con los recurrentes pedidos en extradición y las entregas voluntarias que se han producido desde el año 2000 a la fecha, de gente acusada por la DEA y Departamento de Estado de narcotráfico y lavado de dinero, ahora tiene una explicación todo ésto.

Si mal no recuerdo, creo haber visto una entrevista que se le hiciera en el año 2007 a un ex presidente de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), fenecido ya, donde se le preguntó qué participación tenía la banca dominicana en ese boom inmobiliario con sus financiamientos.

Su respuesta: «Nosotros no hemos participado ni en el 10% de esos financiamientos».

¿Quiénes entonces estaban detrás de ese boom inmobiliario? Los mismos que vieron en los partidos políticos su gran oportunidad de conseguir inmunidad a través de un cargo de elección popular, y que los partidos están aún felices de otorgarles una nominación.

Los partidos los han recibido con bombos y platillos, y los han convertido en vocales, directores distritales, regidores, alcaldes, diputados y senadores, a cambio de financiarles las campañas electorales.

Juntaron a corruptos con narcos y lavadores, y ahora se disputan cuál tiene más de unos y de los otros!

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La continua violencia política contra activistas de partidos opositores, tanto a nivel nacional como local, ha amenazado la paz y la estabilidad en Camerún.

Según reportes de agencias de prensa internacionales se han producido en el país africano numerosos casos de linchamientos e intimidación de jóvenes, simpatizantes de partidos de la oposición y sus líderes, periodistas y activistas de partidos no gobernantes, tras las elecciones del 12 de octubre de 2025 en Camerún.

Estos y otros abusos han provocado un deterioro de la seguridad general en la nación centroafricana, lo que a su vez ha generado temor entre la población. Recordemos a los cameruneses que unas elecciones pacíficas, libres, justas, inclusivas y creíbles son los ingredientes de una democracia limpia y están garantizadas por la Constitución de la República de Camerún.

En ese orden varias naciones europeas han manifestado preocupación por las reiteradas amenazas de violencia proferidas por altos cargos del partido gobernante camerunés y exigen el fin de dichas amenazas, la violencia y la intimidación contra los simpatizantes de la oposición.

Al tiempo que han condenado también la decisión del partido gobernante de desplegar fuerzas fuertemente armadas para sembrar el caos entre la juventud camerunesa, cuyo único delito es proteger su voto.

Desde la perspectiva latinoamericana debemos instar al organismo electoral camerunés a que anuncie de inmediato los resultados de las elecciones del 12 de octubre de 2025 de forma justa y a que se abstenga de cualquier acto antidemocrático que pueda provocar una guerra civil en la nación centroafricana.

La ONU

En aras de la paz y la estabilidad, las Naciones Unidas debería implorar urgentemente a las autoridades camerunesas que presten un noble servicio a su pueblo y pongan fin a la violencia contra la oposición.

Al tiempo que hacer un llamamiento a la Unión Africana y todas las partes interesadas pertinentes para que afronten de inmediato las profundas raíces de la corrupción y la dictadura del presidente Paul Biya, que se han prolongado más de cuatro décadas.

El camino hacia una transferencia pacífica del poder en Camerún pasa por respetar la voluntad del pueblo camerunés, que anhela un cambio.

Las fuerzas de seguridad camerunesas están en la obligación de proteger al pueblo, no a los ladrones y opresores, y a hacer todo lo posible para poner fin a los horrores de la injusticia, la opresión, el gangsterismo político y la dictadura opositora. Corresponde a las fuerzas de seguridad camerunesas promover una vía hacia una transferencia de poder verdaderamente pacífica a los líderes elegidos por el pueblo.

Con respecto a la escalada de violencia contra miembros de la oposición camerunesa, los informes que llegan sugieren que, en la mayoría de los casos, ni los responsables han sido llevados ante la justicia conforme a la ley ni las autoridades han tomado las medidas necesarias para detener la violencia contra el pueblo camerunés.

Es menester considerar que cualquier intento de truncar la voluntad del pueblo camerunés, expresada en las elecciones de octubre de 2025, desacreditará todo el proceso electoral, lo cual no augura nada bueno para África. Esto, a su vez, podría erosionar la libertad del pueblo camerunés y su confianza en la democracia.

La comunidad internacional debería exigir a las autoridades que liberen a todos los detenidos, simpatizantes de partidos y a sus líderes, y que nunca cedan ante ninguna petición de arresto contra el líder de la oposición, Issa Tchiroma Bakary.

¡Se debe poner un alto a la intimidación política!

A los ataques. Y promover una transferencia de poder justa y pacífica en Camerún. ¡Esa debería ser la consigna!

jpm-am