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POR ROMMEL SANTOS DIAZ
Según los expertos la evaluación y calificación de desempeño pone de relieve que la mayoría de las empresas no aplica prácticas que cumplan con los requisitos establecidos por los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Posiblemente este hecho señale que la gestión de riesgos para los trabajadores y las comunidades es inadecuada, a pesar de haber más conciencia y compromiso.
Los estudios de los expertos en materia de derechos humanos y empresas observan lagunas en las actuales prácticas empresariales de divulgación de los procesos de evaluación de riesgos y de diligencia debida en materia de derechos humanos, así como en los componentes de la diligencia debida en materia de derechos humanos relacionados con ¨la adopción de medidas ¨ y el ¨¨ seguimiento a las respuestas¨.
Es importante señalar que no se establecen vinculaciones en la práctica entre la diligencia debida en materia de derechos humanos y la reparación de los efectos reales. Más allá de un pequeño grupo pionero – en su mayoría grandes empresas radicadas principalmente, aunque no exclusivamente, en algunos mercados occidentales- en general se desconoce y no se comprende la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.
En otro orden, la dificultad más grande sigue siendo la falta de liderazgo de los Gobiernos para resolver las deficiencias de gobernanza. Una cuestión fundamental es que los Gobiernos anfitriones no cumplen con su obligación de proteger los derechos humanos , ya sea por no aprobar una legislación que se ajuste a las normas internacionales del trabajo y de derechos humanos, o por aprobar leyes que no son compatibles, o por no aplicar leyes que protejan a los trabajadores y las comunidades afectadas.
Algunos Gobiernos han introducido legislación en materia de diligencia debida o divulgación de información, dichas iniciativas no son homogéneas ni están coordinadas. Los Gobiernos no ofrecen la orientación necesaria para ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos ni apoyo específico para las empresas del ámbito nacional, incluidas las pequeñas y medianas empresas. La falta de coherencia de las políticas en las prácticas gubernamentales forma parte de todo ese escenario, y los Gobiernos no dan el ejemplo en las funciones que desempeñan como actores económicos.
En sentido general, un pequeño grupo de entidades pioneras van abriendo el camino y aparecen nuevas prácticas. No obstante, aún se necesita hacer considerables esfuerzos, pues la mayoría de las empresas del mundo siguen sin conocer, sin tener capacidad o sin mostrar voluntad para aplicar la diligencia debida en materia de derechos humanos, Tal como deben hacerlo para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos.
Conviene destacar que de cara al futuro, la principal dificultad es ampliar la escala de buenas prácticas emergentes y a la vez sortear las brechas y los obstáculos que subsisten. Para ello, será preciso el esfuerzo concertado de todas las partes. Los datos disponibles que revelan cuáles son los principales impulsores del cambio en las prácticas empresariales-más allá de los pioneros – sugieren que los inversores y los Gobiernos cumplen un papel fundamental. En el caso particular de los Gobiernos, encarar y subsanar las deficiencias de mercado y gobernanza son aspectos inherentes a sus obligaciones.
Finalmente, a pesar del escaso progreso general, la buena noticia es que se puede aplicar la debida diligencia en la práctica. Están aumentando los ejemplos de prácticas, lo que puede servir de punto de partida para un grupo más amplio de empresas. Esto, sumado a las nuevas numerosas herramientas y recursos para las empresas que se han incorporado en los últimos años , significa que las empresas ya no pueden invocar la falta de conocimientos como excusa para no comenzar.
jpm-am
