POR FELIPE LORA

La situación en Palestina es un reflejo del sufrimiento y la opresión que ha vivido el pueblo palestino durante décadas a manos del gobierno israelí. Las acciones de Israel, que van desde la ocupación militar de territorios palestinos hasta el asedio de la Franja de Gaza, han causado un estado de terror constante para los palestinos.

El sufrimiento del pueblo palestino ha alcanzado un nivel insoportable. El genocidio llevado a cabo por el gobierno israelí no puede ser ignorado ni un minuto más. La comunidad internacional debe tomar medidas concretas y efectivas para detener esta masacre y proteger a los civiles inocentes.

La osadía del gobierno de Israel de llevar a cabo un genocidio de esta naturaleza, en plena luz del día y desafiando las leyes y la voluntad internacional es inconcebible.

La intención del gobierno israelí de «limpiar» la Franja de Gaza de todos los palestinos es una muestra clara de la política de apartheid y limpieza étnica que ha caracterizado a Israel desde su creación. El objetivo es consolidar el control israelí sobre los territorios palestinos y negar a los palestinos su derecho a la autodeterminación y a vivir en paz en su propia tierra.

Los prisioneros en Gaza no pueden esperar más

La hora de los encuentros o reuniones, de los comunicados y resoluciones, de los votos y contra votos en la ONU y de los llamados al cese de fuego ha pasado. Es hora de actuar para salvar las aterrorizadas familias que aún continúan con vida en lo que el gobierno de Israel ha convertido, de una cárcel sin techo, a un infierno sin precedente en la historia de la humanidad.

Es hora de que la comunidad internacional tome medidas concretas y efectivas para proteger a la población palestina y poner fin a esta tragedia. Una de las acciones más urgentes y necesarias es la implementación de una «Zona de No Vuelos» sobre la Franja de Gaza. La implementación de una «Zona de No Vuelos» en Gaza permitiría detener los bombardeos israelíes que han causado la muerte de miles de personas, incluyendo mujeres y niños. También proporcionaría un espacio seguro para que la población pueda recibir ayuda humanitaria.

Esa «Zona de No Vuelos» debe ser acompañada por una presión internacional para que Israel ponga fin a su ocupación de los territorios palestinos y respete los derechos humanos y el derecho internacional. La comunidad internacional debe condenar de manera firme y clara las acciones de Israel y exigir que rinda cuentas por sus violaciones de derechos humanos.

Los actos criminales del gobierno de Israel han creado una mancha en la historia de la humanidad que nunca será borrada. Debemos asegurarnos que acciones como éstas no vuelvan a ocurrir jamás.

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El fenómeno social del turismo se erige como una manifestación multifacética, intrínsecamente vinculada a la idiosincrasia de cada sociedad y su entorno cultural. La gestión eficaz de esta actividad demanda una comprensión profunda de sus características inherentes, actuando como faros orientadores en la formulación y ejecución de políticas sociales.

Al observar las experiencias de otras naciones, cuya realidad se encuentra entrelazada con el turismo, surgen lecciones invaluables. La dependencia significativa de algunas naciones de esta actividad las obliga a asumir la responsabilidad de adaptarse mediante el diseño e implementación de políticas públicas pertinentes. La clave radica en mirarnos en el espejo de otros destinos turísticos, ajustando nuestras estrategias según sus experiencias, datos y resultados.

Por ejemplo, lo titulado en el portal Hosteltur tomado de unas declaraciones hechas por autoridades españolas durante la feria turística World Travel Market (WTM) en Londres del 6 al 8 de noviembre de este año, es una muestra para alarmarse.

La saturación del destino, componente esencial de la «turismofobia», el cual se refleja la percepción de que el turismo ha alcanzado niveles perjudiciales para la calidad de vida de los residentes locales. Dicho fenómeno se evidencia con la congestión de calles y la ocupación masiva de espacios públicos, lo que amerita la necesidad de planificar adecuadamente para prevenir efectos adversos.

Aspectos como el impacto ambiental y cultural, junto con el encarecimiento de la vida, son problemáticas asociadas a este fenómeno generado por el turismo. El aumento de precios y la falta de equidad en la distribución de beneficios podrían generar tensiones entre residentes y turistas, constituyen señales que manifiestan las complejidades de la gestión turística.

Estas realidades que enfrentan algunos destinos turísticos demandan una consideración oportuna y adecuada para evitar correcciones a largo plazo. Dicho de alguno modo, esto representa una oportunidad para implementar procesos vinculados que garanticen su estabilidad.

Aprender de las experiencias de otros destinos y adaptar políticas que minimicen impactos negativos y maximicen beneficios se vuelve imperativo en este contexto.

Sin embargo, la «turismofobia» no es el único desafío en el horizonte del turismo. En el mismo escenario de esta misma de esta feria turística internacional, la Asociación Hoteleros de Playa de Palma (AHPP), Palma de Mallorca, España, externaron su inquietud sobre el «incivismo», como forma de invitación a enfrentar este tipo de problemática.

El incivismo son comportamientos contrarios a normas de convivencia social, ética y moral, el cual subraya la necesidad de promover la educación cívica, el respeto mutuo y la conciencia ambiental. En este sentido, se requiere la aplicación de normativas y sanciones que puedan ser necesarias, como la prevención y promoción de conductas positivas que podrían ser efectivas a largo plazo.

De este modo, el fenómeno del turismo, intrínsecamente ligado a la diversidad cultural y social, presenta desafíos globales que requieren atención inmediata. La gestión efectiva de esta actividad demanda una comprensión profunda y la aplicación de lecciones aprendidas de otros destinos. La «turismofobia» y el «incivismo» representan amenazas significativas, destacando la necesidad de políticas que aborden la saturación del destino y promuevan la sostenibilidad. La adaptación y la prevención son cruciales para evitar correcciones a largo plazo, mientras que el aprendizaje de experiencias pasadas guiará hacia una gestión turística más equilibrada y beneficiosa para residentes, turistas y el entorno compartido.

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POR TEODULO ANTONIO MERCEDES

Desde varias semanas las marchas, el bloqueo de calles y brotes de violencia acompañadas con millonarias pérdidas en la economía, es lo que caracteriza la sociedad de la tranquila Panamá, por el rechazo a la operación de una mina de cobre a Cielo Abierto la más grande de Centroamérica, explotada por la compañía canadiense First Quantum Minerals.

El inicio del conflicto tiene fecha en 1997, cuando el Estado panameño firma un contrato con la sociedad minera Petaquilla S.A., que recibe en concesión 12.955 hectáreas en Donoso, provincia de Colón, con vigencia por 20 años.

Pero en el 2008: El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), apoyado por otras organizaciones ecologistas, interpone una demanda contra el contrato, argumentando que la concesión se dio sin licitación pública, sin consulta a las comunidades y sin un verdadero estudio de impacto ambiental.

Seis años después Petaquilla Minerals vende la mina a Minera Panamá, subsidiaria de la empresa First Quantum Minerals y el estado otorga una prórroga a Minera Panamá para seguir la operación por otros 20 años.

La compañía minera canadiense empieza en el 2019 la exportación del mineral y produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que representan el 75% de las exportaciones panameñas, realizando dichas operaciones sin tomar en consideración las opiniones de la Corte Suprema de Justicia que había declarado el contrato de 1997 «inconstitucional.

Cuatro años después de la resolución de la Corte, el fallo es finalmente publicado en la Gaceta Oficial.

Bajo la presidencia de Laurentino Cortizo, el gobierno y la compañía minera inician la negociación de un nuevo contrato el cual concluyo en el presente año.

Ahora en agosto, El gobierno y la minera firman finalmente el contrato que establece aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el monto del acuerdo inicial.

Y 20 de octubre, El Congreso aprueba la ley que sella el nuevo contrato y se promulga, desatando protestas multitudinarias de ambientalistas, maestros, obreros y otros gremios.

. 3 de noviembre: Ante la presión popular, el gobierno y los diputados aprueban una moratoria por tiempo indefinido de la minería metálica y deja a la Corte Suprema de Justicia resolver una serie de demandas de inconstitucionalidad que definirá antes de finalizar este año el futuro de la mina.

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