En agosto de 2025 lo advertimos: el nuevo Código Penal podía abrir la puerta a una ley mordaza. Hoy el país comienza a verlo con mayor claridad.

La discusión no es si República Dominicana necesita un Código Penal moderno. Claro que lo necesita. La discusión es otra: ninguna ley penal puede convertirse en instrumento de miedo contra ciudadanos, periodistas ni contra quienes fiscalizan el poder.

Una ley debe perseguir delincuentes, no intimidar al pueblo. Debe proteger a la sociedad, no sembrar autocensura. Debe castigar el crimen, no convertir la protesta, la denuncia o la crítica en actos sospechosos frente al poder.

Por eso lo decimos sin ambigüedad: Código Penal sí. Mordaza no. Justicia sí. Abuso de poder no. Autoridad sí. Intimidación no.

El Frente Cívico y Social advirtió desde agosto de 2025 que la Ley 74-25 podía convertirse en una amenaza directa al Estado de Derecho si sus disposiciones eran usadas para criminalizar la protesta pacífica, intimidar la denuncia ciudadana o blindar a los sectores de poder frente a la fiscalización pública. Esa advertencia fue recogida por distintos medios nacionales, incluyendo señalamientos sobre el artículo 384 y sobre el riesgo de perseguir a ciudadanos, activistas y periodistas bajo figuras penales ambiguas.

La Constitución no es un adorno: es el límite del poder. Toda ley, incluso un Código Penal, debe someterse a la Constitución, no colocarse por encima de ella. Cuando una norma puede ser interpretada para callar al que protesta, perseguir al que denuncia o asustar al que fiscaliza, la democracia comienza a retroceder.

Protestar no es insurrección. Denunciar no es difamar. Fiscalizar el poder no es delito: es deber ciudadano.

La propia Constitución reconoce la supremacía constitucional, el carácter social y democrático del Estado, la libertad de expresión, el deber ciudadano de denunciar faltas de funcionarios públicos y la lucha contra la corrupción como mandato esencial de la vida pública. Esos principios no pueden quedar reducidos a papel mojado por una ley penal mal redactada o abusivamente interpretada.

No le tememos a la ley. Le tememos al abuso del poder usando la ley. Esa es la diferencia fundamental. Quien defiende la libertad no defiende el caos. Quien rechaza una mordaza no rechaza la justicia. Quien exige límites al poder no está defendiendo delincuentes; está defendiendo la República.

Una democracia sana necesita leyes firmes, jueces independientes, fiscales responsables y ciudadanos libres. Pero cuando el poder pretende convertir toda crítica en amenaza, toda protesta en insurrección, toda denuncia en difamación y toda fiscalización en conspiración, entonces la ley deja de ser escudo del pueblo y empieza a convertirse en garrote del poder.

Esa es la frontera que no podemos cruzar.

República Dominicana necesita seguridad, pero no censura. Necesita autoridad, pero no intimidación. Necesita justicia, pero no miedo. Un Estado verdaderamente democrático no se fortalece callando ciudadanos; se fortalece garantizando que el pueblo pueda hablar, denunciar, exigir, protestar y fiscalizar sin temor a ser aplastado por el aparato penal.

La historia enseña que las libertades rara vez desaparecen de golpe. Muchas veces se debilitan poco a poco: primero con palabras ambiguas, luego con interpretaciones peligrosas, después con expedientes ejemplarizantes, y finalmente con una ciudadanía que prefiere callar antes que arriesgarse.

Cuando el miedo sustituye a la participación, la democracia conserva su fachada, pero pierde su alma.

Por eso esta discusión no es solo jurídica. Es moral, política y nacional. Lo que está en juego no es un artículo aislado. Lo que está en juego es si República Dominicana será una República de ciudadanos libres o una sociedad de personas intimidadas, donde denunciar corrupción, criticar abusos o defender derechos pueda convertirse en una aventura peligrosa.

Desde el Frente Cívico y Social sostenemos una posición clara: la ley debe cumplirse, pero también debe tener límites constitucionales. Una ley que persigue delincuentes es necesaria. Una ley que intimida ciudadanos es inaceptable. Una ley que fortalece la justicia merece respaldo. Una ley que puede convertirse en mordaza merece resistencia democrática.

Defender el patrimonio público no es conspirar. Cuestionar al poder no es delinquir. Criticar una ley no es atacar al país. Al contrario: cuando se hace por la patria, fiscalizar el poder es una forma superior de responsabilidad ciudadana.

A los congresistas de la República y al Presidente les recordamos con solemnidad: ustedes juraron ante Dios y ante el pueblo cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ninguna partidocracia y ningún interés de poder está por encima de esa Carta Magna. Cada ley, cada reforma y cada acto de gobierno debe respetar el Estado Social y Democrático de Derecho.

Cuando el poder gobierna de espaldas a la Constitución, no solo viola una norma: traiciona el mandato que juró cumplir.

República Dominicana no necesita miedo. Necesita verdad. No necesita ciudadanos arrodillados. Necesita ciudadanos conscientes. No necesita leyes para oprimir al pueblo. Necesita instituciones capaces de protegerlo.

Ya basta. La ley debe proteger al pueblo, no oprimirlo.

Código Penal sí. Mordaza no.

El 4 de Julio es recordado por la casi mayoría de dominicanos que ama a su país, como la fecha de una de las peores tragedias de la década de los 80, pero que sigue resonando como si hubiese sido ayer, que fue la lamentable desaparición del Presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández, un ídolo de la historia que se suicidó por honor.

¡Un suicidio que los responsables de provocarlo quisieron convertirlo en un crimen de Estado, involucrando a algunos de los miembros de esa prestigiosa familia!

Su esposa fue la fallecida Renée Klang, distinguida dama de la sociedad de Santiago, su hija Sonia, ex embajadora, el esposo de ésta, también fallecido, José María Hernández, e Iván, que está muerto. Y ahora están algunos de los nietos, como lo es Iván Hernández Guzmán, actual director del Instituto del Tabaco.

El gobernante sacrificó parte de su fortuna, puso en riesgo su persona y su distinguida familia, porque desde el gobierno reformista un sector lo acusaba de comunista, antes de que él llegara a la Presidencia. Pero también sus detractores querían “asesinarle” su moral, acusándolo de corrupto. ¡Pero fallaron!

Debo admitir que cada vez que comienzo a escribir sobre la vida y las buenas acciones del Presidente Guzmán Fernández, el autor de la inolvidable frase: “Borrón y cuenta nueva”, que fue utilizada para unir a los diferentes sectores, divididos a todos los niveles por el gobierno anterior de Joaquín Balaguer, que en algunos casos a éste le dio buenos resultados, pero que Guzmán Fernández no entendía ese lenguaje, tengo que suspender de escribir para limpiarme algunas lágrimas.

Estamos dando a conocer algunas cosas sobre ese acontecimiento, pero que el país un día, quizás no muy lejano, se va a enterar de conversaciones que se produjeron con el ya fenecido ex Presidente de la República (antes de su toma de posesión, doctor Salvador Jorge Blanco), relacionadas con las acusaciones que se entendían eran de campaña electoral, pero que no fue así.

Es importante aclarar que casi todos los perredeístas (la mayoría de la tendencia de Jorge Blanco, como los seguidores de Guzmán Fernández y Jacobo Majluta), temían que las acusaciones en contra del gobernante, provocaran el retorno al poder de Joaquín Balaguer, como sucedió.

Balaguer, el político que duró más años como Presidente de la República, trabajó con su mente dirigida a favorecer a los más necesitados, con sus políticas de incentivos a la producción de animales, la agricultura, los pequeños y medianos negocios. Pero también mantuvo una política de incentivos a favor de la gran producción industrial y agropecuaria, pero sin comprometerse a cederle al gran capital las empresas del Estado.

¡Fue un defensor radical del patrimonio del Estado, lo que siguió el Presidente Guzmán Fernández!

Los bajos salarios, en el gobierno de Balaguer, no eran tan notorios porque los precios de los productos eran sumamente bajos, porque se producían al mínimo costo. Las rentas eran muy bajas. Pero también aplicó su política represiva en contra de opositores. ¡Eso provocó su salida del poder en 1978! Los otros diez años, porque los primeros fueron 12, fueron diferentes.

A Guzmán Fernández le correspondió la tarea más difícil, que fue la de democratizar al país, unir a los dominicanos, porque cada grupo social se veía como enemigo, liberar a los presos políticos, traer a los exiliados deportados por el régimen de Balaguer, restablecer las libertades públicas y abolir las Leyes Anticomunistas.

A pesar de ser un terrateniente, Guzmán Fernández le dio seguimiento a la Reforma Agraria que aplicó Balaguer, con la entrega de tierras a los campesinos pobres, como ocurrió en Tamboril, donde su gobierno adquirió dos fincas de los hermanos Dájer y Toñita Moya, para ser distribuidas en parcelas o solares a personas necesitadas de esa zona.

En materia económica y social, Guzmán siguió muchas de las políticas de Balaguer, como fue la construcción de las Villas Cafetaleras, las brigadas de jornaleros de apoyo a los agricultores, respaldo al sector agropecuario en general, desde los más pequeños hasta los más grandes, el Programa de préstamos de vacas, cerdas o chivas para ser pagadas con otras cuando parieran, entrega de cientos de camiones de esquejes de yuca, hábana de batata o cepas de plátano, entre otras semillas que contribuían con el fomento de alimentos. ¡Fue el Presidente de la libertad!

Fue un gobierno en el cual no se produjo escasez de alimentos, a pesar de ser afectado por varios poderosos ciclones, como fueron los casos de David y Federico.

Las empresas del Estado continuaron sirviéndole a la nación. El Consejo Estatal del Azúcar (CEA), fue uno de los estandartes de la economía, junto a la producción de cacao, café y tabaco. Hoy, como consecuencia de la destrucción del CEA, el país, que fue un gran exportador de azúcar, es uno de los principales importadores del dulce de América Latina.

El café lo producen algunas empresas privadas, en escalas menores, mientras que el cacao es casi exclusivo de algunas zonas, como Salcedo. La producción de tabaco se redujo en más de un 70 por ciento.

El régimen de Guzmán Fernández respaldó la producción de esos cultivos, teniendo como secretario de Agricultura al agrónomo Hipólito Mejía, que años después también se convertiría en Presidente de la República. También mantuvo operando al Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE). El país recuerda al Presidente Guzmán Fernández como un símbolo de la democracia y el desarrollo económico.

Fue capaz de rechazar la oferta de ser Presidente de la República como resultado de la guerra de 1965, porque a cambio se le exigía enviar al exilio a los combatientes.

Hizo todo lo que un hombre puede hacer cuando se siente comprometido con su patria. Logró la unidad del pueblo, sin distinción de colores partidarios y aplicó el perdón, pero lamentablemente no fue capaz de controlar la depresión que le causó el asedio provocado por falsas acusaciones. ¡Y eso originó la muerte adestiempo de un buen Presidente! También hay que recordar que en el gobierno de Guzmán Fernández vino al país, por primera vez, un Papa: El hoy Santo Juan Pablo Segundo.

Para un hombre honesto, como lo demostró durante toda su vida, con suficientes recursos económicos, era muy difícil resistir esa campaña, toda dirigida a ser sometido a la Justicia por un supuesto mal manejo del Estado, que nunca apareció.

Pero el Presidente Salvador Jorge Blanco, de cuyo sector salió la motivación de ese suicidio, también fue una víctima de ese mismo grupo (dentro de la Avanzada Electoral, un movimiento de extra-partidos), que cuando éste ya se había convertido en ex gobernante, ahora preso, enfermo del corazón y sin dinero, acusado de corrupción, fue abandonado por algunos que se favorecieron del Estado, de una u otra manera.

Luego de mi anterior columna periodística, en la cual hice énfasis en algunos de los problemas que causaron la salida del PRD del gobierno, un grupo de nuestros lectores solicitó que explicara, aunque sea brevemente, qué motivó que Joaquín Balaguer, el que se favoreció del Presidente Jorge Blanco, castigara a quien le facilitó su retorno al poder.

En el período 1982-86, Jorge Blanco y su grupo de poderosos, porque lo era, pensó que estaban a salvos si apoyaban a Balaguer. Olvidaron que Balaguer no perdonaba a quienes de cualquier forma lo agredían.

El líder reformista les cobró a Jorge Blanco y algunos de los integrantes del gobierno, que él se sospechó, tuvieron que ver con una de las mayores acciones políticas que casi lo llevó a la muerte.

El régimen del Partido Reformista les instrumentó un expediente que jamás Jorge Blanco y algunos de sus seguidores soñaban. Jorge Blanco fue acusado de corrupción, detenido, condenado a 20 años de prisión, enfermo del corazón y sin dinero. Otros también fueron sometidos a la Justicia por la misma imputación, pero el más lamentable fue el del ex Presidente.

¿Cómo se explica esa situación?

En 1986, Jorge Blanco negoció con el ex Presidente Joaquín Balaguer para impedir la llegada a la Presidencia de Jacobo Majluta, que le había ganado las elecciones de ese año al líder del Partido Reformista. ¡Negoció lo que ya era la victoria de Jacobo!

Para materializar la salida del PRD del gobierno, que dirigía Jorge Blanco, éste dispuso la ocupación de la Junta Central Electoral (JCE), usando a veintenas de militares en todo el perímetro. Creada la crisis, el Presidente Jorge Blanco formó una Comisión de honorables o notables supuestamente para investigar el conteo de los votos, que “terminado” su trabajo, dio como ganador a Joaquín Balaguer.

Con ese despojo de la victoria del PRD con Majluta como candidato, Jorge Blanco y el grupo que planeó esa nefasta acción, porque se sentían libres de ser llevados a la Justicia por algunos actos de corrupción que se le atribuían a algunos funcionarios de ese régimen.

Balaguer, desde que se instaló en el poder, designó al abogado Marino Vinicio Castillo (Vincho) para procesar por corrupción a Jorge Blanco y otros funcionarios.

El Presidente Balaguer ignoró que Jorge Blanco le entregó la Presidencia que había ganado el PRD. Los jorgeblanquistas (la mayoría de la Avanzada Electoral), que controlaban hasta estamentos militares, temían que los dirigentes de las tendencias guzmanista y jacobista (que tenían el control del PRD), se vengaran judicialmente por el suicidio de Guzmán Fernández.

De eso nunca se habló. ¡Y menos con ese espíritu de unidad que había en el PRD!, cuyas tendencias dejaron a un lado los conflictos internos, temerosas de que los problemas produjeran la vuelta al poder de Joaquín Balaguer. ¡Pero ignoraban un acuerdo entre Jorge Blanco y Balaguer para sacar al PRD del gobierno!

¿Y qué produjo que Balaguer traicionara a Jorge Blanco?

En la campaña para las elecciones de 1986, Jorge Blanco le prohibió a Balaguer usar helicópteros, por lo que tuvo que moverse por el país en su carro, camionetas y jeeps. A Balaguer, con casi 80 años, esos viajes le provocaron un deterioro de la salud, especialmente problemas “estomagales”.  En varias partes del país, sentado o pronunciando discursos, Balaguer se hizo “pupú”.

En un viaje de cierre de campaña en 1986 por las provincias del Noroeste, Navarrete y Tamboril, Balaguer se hizo “pupú” en este último Municipio. Fue en el Lucilina-Bar, casi de noche. El hedor de la diarrea inundó todo el salón. Como consecuencia de ese problema de salud, el jefe de la seguridad del ex Presidente, mayor general Luis Pérez Bello, ordenó construir una letrina móvil, que transportaban en un camioncito por todo el país.

El candidato presidencial reformista pronunciaba un discurso en Tamboril. Balaguer terminó de hablar, antes del tiempo que él siempre tomaba, y fue llevado a la letrina móvil que estaba cerca de la mesa principal. Ahí fue bañado y le cambiaron las vestimentas. Pero Balaguer volvió y se incorporó al acto, como si nada hubiese ocurrido, para despedir a la militancia, que lo recibió con un largo aplauso.

Ese fue el detonante para que Balaguer castigara a Jorge Blanco y a algunos de sus colaboradores. Durante diferentes actos políticos, que Balaguer hablaba menos, se observó tener síntomas de cansancios. ¡Pero luego le sumó diez años más a su lista presidencial! Quien escribe cubrió la mayoría de sus visitas en el Cibao. Era el encargado de Redacción de los periódicos El Nacional y Hoy.

POR EUREN CUEVAS MEDINA

La República Dominicana es, sin duda, una nación privilegiada. Pocos países reúnen una combinación tan extraordinaria de recursos naturales, ubicación geográfica, biodiversidad, tierras fértiles, clima favorable y atractivos turísticos. Esa riqueza no pertenece únicamente al patrimonio privado; forma parte del patrimonio común de todos los dominicanos y constituye una ventaja competitiva construida por la naturaleza y protegida por la Constitución.

Sin embargo, esa riqueza colectiva contrasta con una realidad que afecta a miles de familias: salarios insuficientes, desigualdad de oportunidades y servicios públicos que aún no alcanzan los niveles de calidad que demanda la ciudadanía. La paradoja es evidente: un país con enormes potencialidades donde muchas personas todavía luchan diariamente para cubrir sus necesidades básicas.

La Constitución de la República Dominicana define al país como un Estado Social y Democrático de Derecho. En su artículo 7 establece que el Estado se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales y el trabajo. Asimismo, el artículo 8 dispone que una de las funciones esenciales del Estado es garantizar condiciones que permitan a las personas desarrollarse de manera igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de justicia social.

Estos principios constitucionales invitan a reflexionar sobre la distancia que, en ocasiones, existe entre el crecimiento económico y las condiciones de vida de una parte importante de la población.

De acuerdo con estadísticas oficiales, el costo de la canasta familiar continúa representando un desafío para numerosos hogares dominicanos, mientras la Oficina Nacional de Estadística mantiene un seguimiento permanente de los indicadores de pobreza monetaria y desigualdad.

Pregunta

En ese contexto, resulta legítimo preguntarse si el propio Estado está liderando con el ejemplo. Ningún gobierno debería conformarse con que existan servidores públicos cuyo ingreso resulte insuficiente para cubrir dignamente las necesidades esenciales de sus familias. El salario no debe ser visto únicamente como una obligación contractual, sino como un instrumento para garantizar la dignidad del trabajo humano, principio que inspira nuestro orden constitucional.

Por ello, considero que el Estado debe asumir un compromiso firme: que ningún empleado público perciba un salario inferior al costo de la canasta familiar. Si el Estado aspira a ser promotor de justicia social, debe comenzar por asegurar condiciones dignas a quienes trabajan en sus instituciones.

La desigualdad también se manifiesta en la marcada diferencia entre los beneficios que reciben altos funcionarios y las condiciones laborales de muchos servidores públicos. Mientras algunos cuentan con amplios privilegios administrativos, otros enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos de alimentación, transporte o vivienda. Reducir esa brecha no solo tendría un efecto económico, sino también moral e institucional, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

Existe, además, otra realidad que merece un debate nacional. Muchos de quienes toman decisiones sobre educación, salud, transporte y otros servicios públicos no dependen personalmente de esos servicios. Sus hijos estudian en centros privados, reciben atención médica privada y rara vez experimentan las limitaciones que viven millones de ciudadanos.

No se trata de restringir derechos individuales, sino de promover una mayor responsabilidad pública. Una propuesta que merece ser discutida consiste en que quienes ocupen las más altas funciones del Estado utilicen, como regla general y cuando sea razonablemente posible, los principales servicios públicos que administran. Gobernar desde la experiencia cotidiana de la ciudadanía puede convertirse en un poderoso incentivo para elevar la calidad de esos servicios.

Cuando un ministro lleva a sus hijos a una escuela pública, cuando un director recibe atención en un hospital público o cuando un alto funcionario utiliza regularmente el transporte colectivo, las deficiencias dejan de ser simples estadísticas y se convierten en problemas personales que exigen soluciones inmediatas.

La República Dominicana no necesita descubrir nuevas riquezas; necesita administrar con mayor equidad las que ya posee. El verdadero desarrollo no puede medirse únicamente por el crecimiento del producto interno bruto ni por la llegada de inversiones o turistas. Debe medirse, sobre todo, por la calidad de vida de las personas, por la fortaleza de los servicios públicos y por la capacidad de cada familia para vivir con dignidad fruto de su trabajo.

Nuestro país posee todas las condiciones para convertirse en un referente regional de desarrollo humano. Lo que hace falta es que el crecimiento económico tenga como principal destino el bienestar de la población y que la administración pública sea ejemplo de equidad, transparencia y compromiso con el interés general.

La riqueza de la República Dominicana pertenece a todos. El desafío histórico consiste en lograr que esa riqueza deje de ser un privilegio de pocos y se convierta en una realidad palpable para cada dominicano, mediante salarios dignos, servicios públicos de excelencia, instituciones fuertes y una distribución más justa de las oportunidades.

Solo entonces podremos decir que somos un país verdaderamente rico: no únicamente por los recursos que poseemos, sino por la dignidad con la que vive nuestro pueblo.