Caminaba yo por unas de las calles de Italia a comienzos de los años 80 cuando vi un cartel del Partido Comunista que decía: “Prohibido prohibir”, que llamó poderosamente mi atención al tiempo de invitarme a una reflexión que cada vez adquiere más sentido.

Recordé la formidable obra de Federico Engels, “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” del 1884, donde plantea que el comunismo solo es posible en un estadio de desarrollo donde el Estado, como instrumento de dominio de una clase social sobre las demás desaparece. Por lo tanto, no existe, ni ha existido, un país comunista, pues el Estado se ha mantenido en los países socialistas.

La dictadura del proletariado proclamada por Lenin en Rusia no alcanzó ese nivel, como tampoco la revolución China que encabezó Mao Tse-tung de 1949, ni la cubana que dirigió Fidel Castro en 1959, ni la de ninguna otra nación del mundo.

En torno al marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tse-tung o como se le quiera llamar, el término “comunista” o “comunismo”, fue distorsionando, presentándolo como algo perverso que buscaba eliminar la familia, el Estado de derecho, la religión y la propiedad privada, entre otros valores de la democracia capitalista, incluyendo a Dios. (Una mezcla de verdad y mentira para alimentar la ignorancia y el miedo de la gente)

“Mientras exista el Estado no habrá libertad”, estableció Engels en su famosa obra posterior al manifiesto del Partido Comunista de 1848 publicado originalmente en alemán y luego en diferentes idiomas alrededor del mundo, al igual que el Himno de la internacional Comunista escrito en 1871 en honor a la Comuna de París de ese mismo año, que rezaba: “Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan…”

Pero bueno, me alejo del tema. La cosa es que la consigna “prohibido prohibir” me llevó a una reflexión. No hay un sistema que mantenga más prohibiciones sociales que la democracia que conocemos hoy día en la mayoría de los países. El capitalismo es una dictadura.

La democracia, del pueblo para el pueblo, no existe. Es poesía. La verdad es otra muy distinta. Es la dictadura de una clase sobre otra, es la explotación del hombre por el hombre.

Estados Unidos

En Estados Unidos, por ejemplo, existe una dictadura. Durante más de 200 años dos partidos, Republicano y Demócrata se transfieren el poder. Una misma clase social oligarca, monopolista, racista, explotadora, mantienen el control del Estado y sus instituciones colaterales incluyendo los medios de comunicación. Lo mismo ocurre en los demás países capitalistas que se autoproclaman democráticos.

Tras la Segunda Guerra Mundial, y para evitar otro conflicto similar que le costó a la humanidad más de 50 millones de muertos, se creó la Organización de las Naciones Unidas con su Consejo internacional de Justicia, que hoy no sirve para nada que no sea para justificar las agresiones del Imperialismo estadounidense que viola o desconoce el derecho internacional, la autodeterminación y el derecho que tienen los pueblos a decidir su destino político, económico y social.

Es dentro de ese marco, capitalista, esclavista y por lo tanto opresor y desconocedor de las libertades públicas, que debe estar “prohibido prohibir”.

Ahora bien, en cualquier sociedad, capitalista, democrática, socialista, incluso comunista, la libertad no puede ser absoluta, pienso, porque, como decía Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”. (Esa es la clave de la convivencia pacífica entre los pueblos y por igual entre los ciudadanos)

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La Tercera Cumbre Ministerial sobre Gobernanza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), celebrada en Asunción, Paraguay, en noviembre de 2025, sirvió de escenario para presentar la Encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de América Latina y el Caribe. Más que medir la popularidad de los gobiernos, esta investigación ofrece una radiografía de la salud de los regímenes democráticos de la región.

Los resultados son inquietantes. Apenas el 35.2% de los latinoamericanos manifiesta una confianza alta o moderadamente alta en su gobierno. La confianza en el Congreso alcanza solo el 27.5%; en el Poder Judicial, el 35.5%; en el sistema electoral, el 39.1%; y en los partidos políticos, apenas el 19.5%. Ninguna de las principales instituciones democráticas logra generar confianza en la mitad de la población.

Este deterioro de la confianza en las instituciones ocurre en un contexto donde la delincuencia y la inseguridad constituyen la principal preocupación de los ciudadanos (60%), seguidas por la corrupción (49%), el desempleo (39%), la inflación (36%) y la pobreza y la desigualdad (31.2%).

La República Dominicana presenta indicadores relativamente mejores que el promedio regional, pero ello no debe conducir a la complacencia. El 38.9% de los dominicanos expresa confianza en el gobierno; el 36.7% en el Congreso Nacional; el 38.6% en el Poder Judicial; el 44.8% en el sistema electoral; y apenas el 20.8% en los partidos políticos. En todos los casos se repite el mismo patrón regional: ninguna institución democrática alcanza el respaldo de la mitad de la ciudadanía.

El contexto nacional explica buena parte de estos resultados. Para el 48.5% de los encuestados, la delincuencia y la violencia figuran entre los tres principales problemas del país; les siguen la corrupción (41.05%), la inflación (40.21%), el desempleo (32.3%) y la pobreza y la desigualdad (26.3%).

Sin embargo, el dato más revelador no es que el 38.9% confíe en el gobierno, sino que el 47% manifiesta poca o ninguna confianza, mientras apenas un 13% mantiene una posición neutral. Es decir, la desconfianza ya supera claramente a la confianza. Lo mismo comienza a observarse en otras instituciones fundamentales del régimen democrático.

Dos cifras merecen una atención especial

La confianza en los partidos políticos apenas alcanza el 20.8%, reflejando que el descontento ciudadano no se dirige únicamente contra el gobierno de turno, sino sobre el conjunto del sistema de representación. Más preocupante aún es la confianza en la Policía, de apenas 27.7%, muy inferior al promedio regional de 43.7%.

Cuando la institución responsable de garantizar la seguridad inspira tan poca confianza, aumenta la disposición de la ciudadanía a respaldar soluciones extraordinarias y liderazgos que prometen resultados inmediatos, aunque ello implique concentrar más poder en el Ejecutivo.

Otro dato significativo es que las Fuerzas Armadas registran un nivel de confianza de 54.6%, superior al de todas las instituciones civiles. Ello no constituye una anomalía exclusivamente dominicana, pero sí refleja una tendencia preocupante: cuando las instituciones vinculadas al orden reciben mayor respaldo que las instituciones representativas, la sociedad comienza a privilegiar la eficacia sobre los equilibrios propios de la democracia liberal.

La experiencia internacional demuestra que las democracias no suelen colapsar de manera repentina. Se erosionan gradualmente cuando dejan de responder a las preocupaciones fundamentales de la población. Es entonces cuando amplios sectores ciudadanos empiezan a considerar que el orden, la seguridad y la eficacia son más importantes que los procedimientos, los contrapesos institucionales o las garantías democráticas.

La República Dominicana todavía está a tiempo de evitar ese camino. Pero ello exige que toda la dirigencia política —gobierno, oposición y sociedad civil— comprenda que la principal amenaza para la democracia no proviene únicamente de quienes cuestionan sus instituciones, sino también de la incapacidad de esas instituciones para ofrecer seguridad, combatir la corrupción, contener el costo de la vida y mejorar las condiciones de bienestar de la población.

La principal advertencia que deja esta encuesta es clara: cuando la democracia deja de producir resultados, comienza a perder legitimidad. Y cuando pierde legitimidad, amplios sectores de la ciudadanía empiezan a respaldar soluciones que, aunque surjan dentro de las reglas democráticas, terminan debilitando sus propios contrapesos institucionales.

Así comienzan a abrirse paso las democracias iliberales. La mejor forma de impedirlo sigue siendo la misma: fortalecer, con resultados concretos, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

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POR MANUEL TAVAREZ VENTURA

Las aspiraciones de convertir al país en un referente regional de inversión y desarrollo requieren mucho más que ventajas geográficas: exigen educación de calidad, instituciones sólidas, seguridad jurídica y políticas públicas centradas en la gente.

Las recientes declaraciones de la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, sobre la necesidad de transformar el modelo económico nacional para atraer inversiones, adaptarse a los nuevos desafíos globales y fortalecer la competitividad del país han generado reflexiones importantes sobre las condiciones reales que deben existir para alcanzar dichos objetivos.

La República Dominicana posee fortalezas innegables. Su privilegiada ubicación geográfica, su liderazgo regional en conectividad aérea y marítima, así como el crecimiento sostenido del turismo y las zonas francas, constituyen ventajas estratégicas de enorme valor. Sin embargo, convertir al país en el tan mencionado “Hub del Caribe” demanda transformaciones mucho más profundas y sostenibles.

La educación: la verdadera base del desarrollo

Uno de los principales desafíos nacionales continúa siendo la educación. La realidad evidencia una marcada segregación escolar vinculada a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, situación que limita la igualdad de oportunidades y dificulta la movilidad social.

Resulta difícil hablar de competitividad internacional cuando una parte importante de la población estudiantil no dispone de las mismas condiciones para desarrollar las habilidades que exige el mercado laboral moderno. Si los jóvenes dominicanos no reciben una formación que les permita competir en igualdad de condiciones con sus pares de otros países de la región, los objetivos de transformación económica difícilmente podrán materializarse.

Diversos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han señalado que la República Dominicana continúa enfrentando importantes desafíos en materia de calidad educativa. Aunque el país ha destinado mayores recursos al sector, elevando la inversión pública del 2 % al 4 % del PIB, la infraestructura por sí sola no garantiza mejores resultados.

La capacitación docente sigue siendo una tarea pendiente. La inversión en escuelas, aulas y equipamiento debe complementarse con programas permanentes de formación para los maestros, fortaleciendo las competencias pedagógicas, lingüísticas y tecnológicas necesarias para elevar la calidad del aprendizaje.

No obstante, sería injusto desconocer los avances alcanzados en los últimos años. Las evaluaciones internacionales muestran mejoras graduales en áreas como lectoescritura y ciencias, reflejando que los esfuerzos realizados comienzan a generar resultados alentadores, aunque aún insuficientes frente a los retos existentes.

Como expresó la educadora María Montessori: «Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan; los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón».

Instituciones fuertes para una economía competitiva

La educación constituye la piedra angular del progreso, pero no es el único requisito para construir una nación competitiva.

El desarrollo económico sostenible también exige un sistema judicial independiente y eficiente, instituciones transparentes, un régimen de consecuencias efectivo y organismos capaces de actuar con autonomía, más allá de los intereses partidarios.

Asimismo, la seguridad ciudadana continúa siendo un factor determinante para atraer inversiones y fortalecer el turismo. Los visitantes nacionales y extranjeros buscan destinos donde puedan sentirse seguros y protegidos. En ese sentido, un sistema de seguridad profesional, bien remunerado y confiable es una herramienta indispensable para el crecimiento.

Precisamente por ello resulta fundamental fortalecer la institucionalidad del Estado y garantizar la continuidad de las políticas públicas más allá de los cambios de gobierno. Instrumentos como la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 representan valiosos referentes para construir una visión de país a largo plazo.

La protección del consumidor: una preocupación ciudadana

Otro aspecto que genera inquietud en amplios sectores de la población es el desempeño de los organismos encargados de proteger los derechos de los consumidores.

Instituciones como ProConsumidor y el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) desempeñan un papel fundamental en la vigilancia del mercado y la protección del poder adquisitivo de las familias dominicanas.

Sin embargo, persiste la percepción de que los mecanismos de supervisión no siempre logran responder con la firmeza necesaria frente a diferencias significativas de precios en productos esenciales. Para muchos ciudadanos resulta difícil comprender por qué un mismo artículo elaborado en el país puede presentar variaciones importantes de precio entre establecimientos ubicados en una misma zona geográfica.

Aunque existen herramientas tecnológicas destinadas a orientar al consumidor sobre las tendencias de precios, todavía queda el reto de traducir esa información en beneficios concretos que permitan a la población identificar de manera sencilla dónde adquirir productos a precios más competitivos.

Reforma fiscal y preocupación en sectores productivos

Las recientes modificaciones tributarias también han generado debates en distintos sectores económicos.

Empresarios, profesionales independientes y representantes industriales han expresado preocupaciones sobre los posibles efectos de nuevas cargas fiscales en áreas sensibles para la economía nacional, particularmente en lo relativo a la bancarización, la formalización económica y la competitividad de ciertas industrias.

Entre las inquietudes planteadas figuran los incrementos aplicados a determinadas transacciones financieras y el aumento de contribuciones vinculadas al transporte aéreo, medidas que diversos sectores consideran podrían repercutir en actividades estratégicas para el país.

Las preocupaciones adquieren mayor relevancia si se toma en cuenta que el turismo y las remesas continúan siendo pilares fundamentales de la economía dominicana. De ahí que surjan interrogantes legítimas sobre la necesidad de equilibrar los objetivos recaudatorios con la protección de sectores que generan empleo, divisas y crecimiento económico.

Un compromiso compartido

La construcción de una República Dominicana más competitiva no depende exclusivamente del Gobierno ni del sector privado. Se trata de una responsabilidad colectiva que involucra a instituciones, empresarios, trabajadores y ciudadanos.

Los gobernantes tienen el deber de escuchar las necesidades de la población, especialmente de los sectores más vulnerables. De igual forma, los ciudadanos deben cumplir sus obligaciones, defender la institucionalidad y exigir transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El ejercicio del poder no debe convertirse en una fuente de privilegios, sino en una oportunidad para servir. Como sostenía el expresidente uruguayo José «Pepe» Mujica, la función pública debe estar guiada por la austeridad, la honestidad y el compromiso con el bienestar colectivo.

La República Dominicana posee el potencial para convertirse en un referente regional de desarrollo y competitividad. No obstante, alcanzar esa meta exige mucho más que discursos optimistas. Requiere educación de calidad, instituciones fuertes, justicia eficiente, seguridad ciudadana y políticas públicas que coloquen al ser humano en el centro de la estrategia nacional.

Al final, será la ciudadanía quien juzgue si las decisiones adoptadas hoy están construyendo el país próspero, equitativo y moderno que todos aspiramos a heredar a las futuras generaciones.

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