SANTO DOMINGO.- La informalidad de negocios y empleos en la República Dominicana es tan alta, que obliga al Gobierno recurrir a impuestos indirectos, afirmó el ministro de Economía, Temístocles Montás.
'Lo ideal es que el grueso de los impuestos sea mediante cargas directas al salario y los beneficios, pero los gobiernos de este país y América Latina han tenido que acudir a los impuestos indirectos», explicó.
Apuntó que antes de Dominicana abrirse al libre comercio, los gravámenes eran cobrados por la Dirección General de Aduanas, pero, como hubo que desmontar aranceles, el grueso de los impuestos que se paga al Estado viene por vía de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Recordó que «los salarios públicos y privados en República Dominicana están exentos del cobro de Impuesto sobre la Renta, ya que son inferiores a 33,000 pesos mensuales, por lo que se ha debido cobrar impuestos indirectos, en vista de que los empleos formales son muy reducidos»,
“Hay que ver de qué manera estas cosas cambian. Pero para eso, hay que reducir la informalidad en la economía”, expresó.
Montás fue entrevistado en el programa Revista Tele 15, que se transmite por Digital 15, bajo la conducción de Geraldino González y Ramón Puello Báez.
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ROMA, 16 de septiembre.- Cerca de 805 millones de personas en el mundo, una de cada nueve, padecen hambre, según un nuevo informe de la ONU publicado este martes.
El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo (SOFI 2014, por sus siglas en inglés) confirma una tendencia positiva que ha visto disminuir el número de personas que padecen hambre a nivel mundial en más de 100 millones en la última década, y en más de 200 millones desde 1990-92.
El informe es publicado anualmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
La tendencia general en la reducción del hambre en los países en desarrollo significa que el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir a la mitad la proporción de personas subalimentadas para 2015 puede alcanzarse “si se intensifican los esfuerzos apropiados de forma inmediata”, según el informe. Hasta la fecha, 63 países en desarrollo han alcanzado la meta de los ODM, y seis más están en camino de conseguirla en 2015.
“Esta es la prueba de que podemos ganar la guerra contra el hambre, y debería inspirar a los países a seguir adelante, con la ayuda de la comunidad internacional en lo que sea necesario”, escriben los responsables de la FAO, el FIDA y el PMA -José Graziano da Silva, Kanayo F. Nwanze y Ertharin Cousin- en su prólogo al informe.
Los tres hacen hincapié en que “una reducción del hambre acelerada, sustancial y sostenible es posible con el necesario compromiso político”, y que éste “tiene que contar con información suficiente y una buena comprensión de los problemas nacionales, las opciones de política pertinentes, amplia participación y lecciones de otras experiencias”.
El SOFI 2014 subraya cómo el acceso a los alimentos ha mejorado rápidamente y de manera significativa en países que han experimentado un progreso económico general, en particular en Asia oriental y el Sudeste asiático. El acceso a los alimentos también ha mejorado en Asia meridional y América Latina, pero sobre todo en países con redes de seguridad adecuadas y otras formas de protección social, incluyendo para los pobres rurales.
La reducción del hambre se ha acelerado, pero algunos se quedaron atrás
A pesar del progreso significativo en general, varias regiones y subregiones se han quedado rezagadas. En África subsahariana, más de una de cada cuatro personas permanecen crónicamente subalimentadas, mientras que en Asia -la región más poblada del mundo,- es donde viven la mayoría de los hambrientos: 526 millones de personas.
América Latina y el Caribe han logrado los mayores avances globales en el aumento de la seguridad alimentaria. Mientras tanto, Oceanía ha logrado sólo una modesta mejora (una disminución del 1,7 por ciento) en la prevalencia de la subalimentación, que se situó en el 14 por ciento en 2012-14, y de hecho ha visto el número de víctimas del hambre aumentar desde 1990-92.
Los responsables de los organismos de la ONU señalaron que de los 63 países que han alcanzado la meta de los ODM, 25 han logrado también el objetivo más ambicioso de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) de reducir a la mitad el número de personas desnutridas para el año 2015 Sin embargo, el informe indica que el tiempo se ha agotado para poder alcanzar la meta de la CMA a nivel global.
Crear un entorno favorable mediante acciones coordinadas
Con una cifra de personas todavía desnutridas “inaceptablemente alta”, los responsables de la FAO, el FIDA y el PMA destacaron la necesidad de renovar el compromiso político para combatir el hambre y de transformarlo en acciones concretas. En este contexto, los tres valoraron positivamente la promesa en la cumbre de la Unión Africana –realizada en junio de 2014- de acabar con el hambre en el continente en 2025.
“La inseguridad alimentaria y la malnutrición son problemas complejos que no pueden ser resueltos por un solo sector o parte interesada, sino que deben abordarse de manera coordinada”, añadieron, pidiendo a los gobiernos que trabajen en estrecha colaboración con el sector privado y la sociedad civil.
El informe de la FAO, el FIDA y el PMA especifica que la erradicación del hambre requiere establecer un entorno favorable y un enfoque integrado. Este enfoque incluye inversiones públicas y privadas para aumentar la productividad agrícola; el acceso a la tierra, los servicios, las tecnologías y los mercados; y medidas para promover el desarrollo rural y la protección social para los más vulnerables, incluido el fortalecimiento de su resiliencia ante los conflictos y los desastres naturales. El informe también hace hincapié en la importancia de los programas de nutrición específicos, en particular para hacer frente a las deficiencias de micronutrientes de las madres y niños menores de cinco años.
Estudios de caso
El SOFI de este año incluye siete estudios de caso -Bolivia, Brasil, Haití, Indonesia, Madagascar, Malawi y Yemen- que ponen de relieve algunas de las formas en que los países abordan el hambre y cómo los eventos externos pueden influir en su capacidad para cumplir con el logro de los objetivos de seguridad alimentaria y nutrición. Estos países fueron elegidos debido a su diversidad política, económica –en particular el sector agrícola- y a sus diferencias culturales.
Bolivia, por ejemplo, ha creado instituciones para involucrar a una amplia gama de partes interesadas, en particular los pueblos indígenas antes marginados.
El Programa Hambre Cero de Brasil, que situó el logro de la seguridad alimentaria en el centro de la agenda gubernamental, es la base del progreso que llevó al país a lograr tanto los ODM como los objetivos de la CMA. Los actuales programas de erradicación de la pobreza extrema en Brasil se basan en el enfoque de vincular políticas para la agricultura familiar con la protección social de forma muy inclusiva.
Haití, donde más de la mitad de la población sufre subalimentación crónica, sigue todavía luchando para recuperarse de los efectos del devastador terremoto de 2010. El informe señala cómo el país ha adoptado un programa nacional para fortalecer los medios de vida y mejorar la productividad agrícola, favoreciendo el acceso de los pequeños agricultores familiares a los insumos y servicios.
Indonesia ha adoptado marcos legales y establecido instituciones para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. Su mecanismo de coordinación de políticas comprende ministerios, ONG y líderes comunitarios. Las medidas abordan una amplia gama de retos, desde el crecimiento de la productividad agrícola a las dietas nutritivas e inocuas.
Madagascar está saliendo de una crisis política y está reanudando relaciones con los socios internacionales de desarrollo destinadas a luchar contra la pobreza y la desnutrición. También trabaja en asociación para crear resiliencia frente a las crisis y las amenazas climáticas, incluyendo ciclones, sequías y plagas de langostas, que a menudo afligen a la nación insular.
Malawi ha alcanzado la meta de los ODM sobre el hambre, gracias a un compromiso sólido y persistente para impulsar la producción de maíz. Sin embargo, la malnutrición sigue siendo un problema: el 50 por ciento de los niños menores de cinco años sufre retraso del crecimiento y el 12,8 por ciento tienen falta de peso.
Para hacer frente al problema, el gobierno promueve intervenciones nutricionales de base comunitaria para diversificar la producción e incluir legumbres, leche, la pesca y la acuicultura, para lograr una alimentación más saludable y mejorar los ingresos de las familias.
Conflictos, crisis económica, baja productividad agrícola y pobreza han hecho de Yemen uno de los países con mayor inseguridad alimentaria del mundo.
Además de restablecer la estabilidad política y económica, el gobierno pretende reducir el hambre en un tercio para 2015 y lograr que el 90 por ciento de la población disfrute de seguridad alimentaria para el año 2020.
También tiene como objetivo reducir las graves tasas actuales de malnutrición infantil en al menos un punto porcentual por año.
Las conclusiones y recomendaciones del SOFI 2014 serán discutidas por los gobiernos, la sociedad civil y representantes del sector privado en la reunión del 13 al 18 octubre del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, en la sede de la FAO en Roma.
El informe también será un elemento clave de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición(CIN2) que tendrá lugar en Roma del 19 al 21 de noviembre, y que la FAO está organizando conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud. Esta reunión intergubernamental de alto nivel busca un compromiso renovado, a nivel global, para combatir la malnutrición, con el objetivo de mejorar la alimentación y elevar los niveles de nutrición.
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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana pidió al Presidente Danilo Medina aumentar el presupuesto del Ministerio Público para que puedan aplicar un aumento salarial para fiscales, abogados y empleados del sector justicia.

Diego José García, presidente del CARD, se mantuvo en vigilia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva junto a miembros del Consejo Directivo, fiscales y abogados del sector público en apoyo al paro de cuatro horas realizado por empleados del Ministerio Público en demanda de aumento salarios.

«El Ministerio Público debe de recibir un presupuesto anual de RD$ 8,000 millones de pesos como lo dispone la Ley para poder operar con más holgura, sin embargo solo reciben poco más de 3,000, recursos que resultan insuficientes para poder pagar salarios dignos y manejar todo el sistema carcelario nacional», expresó García.

Indicó que el salario de los fiscales debe de ser igualado al de los jueces y que los abogados del sector público deben de ganar un sueldo mínimo de RD$ 40 mil pesos mensuales.

Dijo que los empleados del Ministerio Público, en especial los fiscales deben devengar salarios dignos ya que se les exige un alto grado de rendimiento, moralidad, transparencia, calidad, ponen en riesgo su vida enfrentando el crimen organizado y no pueden ejercer la carrera en otro ámbito que no sea la educación, según la Ley Orgánica del Ministerio Público, por lo que la demanda es justa.

«Es insostenible los niveles salariales que se pagan en el Ministerio Público, tomando en cuenta el costo de la vida, conozco fiscales que se encuentran en momentos difíciles, con gran parte de sus salarios comprometidos con préstamos y compromisos, producto de los bajos salarios», denunció García.

Asimismo solicitamos que se les ponga un seguro de vida a los fiscales y empleados del Ministerio Público, muchos de los cuales arriesgan su vida día a día.

El paro de empleados del Ministerio Público fue apoyado por las 36 seccionales del Colegio de Abogados a nivel nacional. El presidente del Gremio llamó a sus miembros apoyar esta y otras movilizaciones que se realicen en el futuro.

«Confiamos en la sensatez y la buena voluntad del Presidente Danilo Medina, del equipo económico del Gobierno, de los Legisladores, por lo que estamos seguros que escucharan esta petición tan justa y necesaria», aseguró García.

Abogados del Estado

El Presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, Diego José García, mostró preocupación por el bajo salario que devengan otros abogados del sector público y de los cuerpos castrenses, a pesar del sacrificio que conlleva culminar la carrera del Derecho y la gran responsabilidad que llevan los juristas sobre sus hombros.

Necesitamos que las autoridades tomen conciencia del rol que juegan los abogados y abogadas del país y que le den su valor.

SANTO DOMINGO.- Hugo Ulerio fue elegido presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) durante el periodo 2014-2016.
En las elecciones participó una plancha conjunta denominada Sebastino Brito, de consenso unitario, compuesta porel Hugo Ulerio, de la Corriente Unidad Gremial, Cresencio Rivera, de la Democracia Gremial y Richard Mercedes, de Democrática Renovadora.
El presidente de la Comisión Nacional Electoral, Germán Cornelio, aseguró que los comicios se desarrollaron en armonía.
“Se trata de tener aquí juntos, en una sola plancha, en la misma propuesta para elegir al nuevo Comité Ejecutivo Nacional que dirigirá los destino de esta entidad gremial durante los próximos dos años”, expresó.

SANTO DOMINGO.- La discusión sobre la informalidad en la República Dominicana debe darse desde el mercado de trabajo y no desde los impuestos, opinó el director general de Impuestos Internos, Guarocuya Félix.
Explicó que los impuestos los pagan las empresas y las personas que realizan algún tipo de actividad económica o reciben ingreso como asalariados.
“Siempre vemos la informalidad y la formalidad desde el punto de vista de los tributos, cuando éstas se generan realmente en otro ámbito, que es en el mercado de trabajo”, insistió.
A su juicio, el mercado informal no funciona de manera adecuada, por lo que se amerita de una reforma profunda, que haga sostenible la estructura tributaria del país a mediano y largo plazo y que disminuya la actividad informal.
Cuestionó que ahora se discuta una reforma del Código Laboral y que «estemos empantanados entre cesantía o no cesantía, cuando ese es un tema a superar, porque es posible generar empleos a menor costo para las empresas sin dejar desprotegido al trabajador».
“Ese es el tipo de discusión que necesitamos, tal y como lo han logrado los países con mayor nivel de desarrollo”, enfatizó en una conferencia ante los miembros de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC).
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