En la República Dominicana se han ido creando las bases desde el año 1997 para garantizar un estado de gobernabilidad y transparencia, que definitivamente encause el país por el camino del progreso, el desarrollo sostenible, creando y promoviendo el conocimiento de la ley y el apego a la legalidad. Desarrollando mecanismos eficientes que garanticen la institucionalidad democrática, la rendición de cuentas y su correspondiente sistema de sanciones. Para alcanzar ese estado se han creado leyes y políticas públicas que garantizan un camino cada vez más seguro, aunque se está a la espera de que quienes están en la obligación de cumplirlas, hacerlas cumplir y que sean aplicadas independientemente del color de la piel, grandes o pequeños aparentemente no lo han logrado entender o no han tenido la voluntad para hacerlo. En el país existe un estado de derecho democrático y social, con leyes e instituciones establecidas que garantizan el desarrollo económico que se necesita para enfrentar los retos sociales de gobernabilidad y transparencia, en estos tiempos de economía globalizada. La OECD recomienda en su informe económico del 2014 que para consolidar los logros alcanzados y emprender acciones concretas, la región de Latinoamérica y del Caribe deberán fomentar nuevos modelos de gobernanza, mayor institucionalidad y políticas públicas capaces de movilizar amplios conjunto de actores. Para mayor ilustración de los lectores vamos a señalar algunas de las leyes que contribuyen a la transparencia, tales como la ley 340-06 de compras y contrataciones y su reglamento 543-12, ley 164-13 de Mipymes, decreto 324-07 que crea el DPCA, dirección nacional de combate a la corrupción administrativa, adscrito a la procuraduría general de la república mediante art. 53 de la ley 133-11. El DPCA, conjuntamente con el código de ética del servidor público y la ley 41-08 establecieron las bases para que se logre una gestión administrativa publica con nivel de transparencia y de control de la corrupción como nunca antes visto, ya que el DPCA su función principal es la de garantizar como órgano de control superior, la de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas. Entendemos que todo este esfuerzo que ha venido realizando el gobierno y la sociedad civil organizada, a través de casi dos décadas no ha arrojado los frutos esperados por los ciudadanos y ciudadanas, y lo que pensamos es que no ha habido suficiente voluntad de parte de quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley para asegurar la funcionalidad y la transparencia del sistema democrático que vivimos. Cada vez se hace más necesario lograr una coordinación para atacar la corrupción, las prácticas ilegales relacionadas, con el lavado de dinero, la evasión fiscal y manipulación de las licitaciones. En respuesta a esa práctica la OECD desarrollo iniciativa de instrumentos ya existentes para combatir la corrupción. Combatiendo la evasión fiscal en búsqueda de la transparencia, para restaurar la confianza de los contribuyentes y darle la seguridad de que los impuestos se reparten de manera justa. Hemos observado que en la republica dominicana los que pagan los impuestos al consumo son la clase media y los pobres, porque los demás solo hacen las retenciones y le entregan al gobierno el importe que en su capacidad financiera le permita. Por lo que gobernabilidad y transparencia implica hacer pactos con los ciudadanos para que se logre un mayor equilibrio de la carga impositiva entre los que producen y los consumidores. De ahí que es muy importante que el gobierno se encuentre inmerso en el pacto eléctrico, el pacto laboral; y otros pactos como son el pacto fiscal y el pacto político, que implica aprobar la ley de partidos políticos o pacto por la gobernabilidad. La gobernabilidad implica que el estado debe disponer de un presupuesto que cubra empleo, supervisión regulatoria, participación ciudadana, gobierno electrónico, integridad (que permite a los gobiernos establecer puntos de referencias de actuación), mejores escuelas, políticas sociales, control migratorio, seguridad, cooperación y desarrollo, salud, medio ambiente e inversiones en infraestructuras. La gobernabilidad tiene que ver también con la responsabilidad que tiene el estado con la de establecer políticas de inclusión social, que se refiere a lograr la redistribución de riquezas para atender a los sectores más necesitados. Creando programas sociales con un enfoque productivo y evitando el asistencialismo. En la República Dominicana se perciben progresos sociales, pero en una magnitud que no se corresponde con el crecimiento económico experimentado en los últimos años, el más alto de América Latina y el caribe. El país ha demostrado insuficiente avance en su desarrollo humano, menos de lo que avanzaron el mundo y parte de los países de la región, lo que implica que la sociedad dominicana sigue mostrando alarmantes niveles de inequidad. (PNUD). Se evidencia el escaso compromiso del liderazgo político y empresarial con el bienestar colectivo. Esto se manifiesta en la ausencia de un pacto social y la falta de compromiso y solidaridad de las elites políticas, económicas y sociales, las cuales han buscado rentabilidad a corto plazo, sin visualizar un proyecto nacional incluyente. Podemos mencionar el sistema de seguridad social, que excluye a los envejecientes y pensionados y los deja a la deriva. (PNUD). Luchemos por la estabilidad institucional y política. Continuemos las reglas y las instituciones, aceleremos el paso hacia la consistencia de las decisiones administrativas, dejemos la inmadurez en esta sociedad organizada y emprendamos el camino por una mayor capacidad para asumir nuestras responsabilidades en la implementación de decisiones, predicando el arte de gobernar correctamente.