El Estado dominicano ha sufrido en toda su vida republicana muchas reformas y varios procesos de modernización, pero aun así continúa padeciendo de una serie de debilidades y deficiencias administrativas, por lo que sus instituciones deben ser evaluadas y sometidas a una reingeniería, en base a su misión y a los resultados alcanzados, pues el Estado es una empresa que procura un crecimiento y beneficio social. No se debe continuar manejando el Presupuesto de manera alegre, sin planificación ni objetivos claros, manteniendo en el Organigrama Funcional del Estado a instituciones disfuncionales, limitándose al pago de nóminas improductivas, tirando por las bordas los recursos públicos, mientras el país arrastra una deuda externa casi insostenible, un acentuado déficit fiscal y una gran deuda social acumulada. Este Organigrama debe corresponderse con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030, creada mediante la ley 1-12. Para poder alcanzar y cumplir con la misma, se requiere de instituciones fuertes, eficientes, transparentes, que cumplan con los objetivos para los cuales fueron creadas y que contribuyan con el desarrollo del país, pues con instituciones inoperantes jamás cumpliremos con dicha Estrategia. El mejor ejemplo lo constituyen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues apenas se ha podido cumplir parcialmente con algunos de ellos. Existen instituciones con un alto presupuesto asignado que no generan un valor agregado, que no tienen razón de ser, por lo que deben ser refundidas o eliminadas, pues sólo sirven de carga para el Estado, mientras otras, que rinden eficiente y adecuadamente su función, se manejan con un presupuesto insuficiente. Para este año el Presupuesto General del Estado ascenderá a seiscientos treinta mil millones de pesos. Si se continúa con la práctica de crear más municipalidades e instituciones parasitarias, la cantidad que le corresponderá a las mismas será cada vez menor. Algunas de éstas son reconocidas como modelo a seguir, supuestamente por su buen desempeño y por cumplir con los estándares de calidad, pero cuando son fiscalizadas por los órganos de control, revelan violaciones a las leyes, a los sistemas de control, deficiencias administrativas, uso indebido de los recursos públicos, falta de transparencia, etc. El organismo responsable de otorgar estos reconocimientos debe exigirles a las instituciones galardonadas un informe de Auditoría de su Ejecución Presupuestaria para comprobar que efectivamente cumplen con las leyes, que son transparentes y eficientes en el manejo de los recursos públicos. De no hacerse así, seguiremos sumergidos en el subdesarrollo, y en vez de hacerle un bien, le hacemos un gran daño al país y al fortalecimiento institucional.

Del latín subornare, que es excitar, incitar, corromper, procede la voz castellana sobornar, de donde soborno es dádiva, cualquier cosa que mueve, activa o excita el ánimo para inclinarlo a complacer a otro. El profesor Escriche señala que “es la dádiva con que se cohecha o corrompe a alguno… El soborno o cohecho no sólo es delito de los jueces y subordinados de los tribunales, sino también de todos los empleados públicos que realicen por interés alguna cosa relativa a su oficio; y aun asimismo de los particulares que se dejan corromper por dádivas para hacer lo que se les pide, aunque sea contra la justicia, como puede decirse del testigo que depone por interés”. De esta manera, subornare era sinónimo de “proveer a escondidas”. Se refiere a corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor para conseguir algo de esta persona. El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje ordinario, coima. Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o exige una dádiva parta concretar una acción u omitirla. Se distingue entre un cohecho simple (cuando el funcionario acepta dinero para cumplir un acto) y un cohecho calificado (cuando la dádiva se entrega para obstaculizar o impedir la realización de una acción). La persona que ofrece o acepta la dádiva incurre en el delito de cohecho pasivo. Un ejemplo de soborno tiene lugar cuando un empresario le paga una dádiva a un funcionario público con el objetivo de que éste le favorezca en una licitación o concurso. Por otro lado, un empresario puede sobornar a un inspector para que una investigación no arroje resultados negativos. De la misma forma podemos establecer que también podemos clasificar los sobornos en base al ámbito donde se desarrollen. Así, por un lado, tenemos los sobornos en el ámbito público que son aquellos en los que toma protagonismo una figura de la administración pública. Un claro ejemplo de ello es cuando un individuo cualquiera es parado en la carretera por la policía por exceso de velocidad y aquel le ofrece dinero a la autoridad con tal de que no le ponga la correspondiente contravención. Por otro lado, están los sobornos en el ámbito de la esfera privada o particular. Los mismos son los que dan entre individuos cuando uno de ellos ofrece dinero a otro con el interés de que acometa o no algún tipo de acción que le puede favorecer al primero. Un claro ejemplo de ello es cuando un ciudadano que trabaja en una empresa recibe el dinero que le ofrece otro para que no contrate a un tercero. Es significativo subrayar que hasta hace poco tiempo en España no estaba tipificado como delito este soborno entre particulares. Sin embargo, la legislación cambió en el 2009 y ahora sí está considerado como tal. Los sobornos también existen fuera del ámbito estatal. Es posible que un vendedor soborne al encargado de las compras de una empresa a la que intenta venderle un producto o un servicio, con la intención de que éste elija su propuesta por sobre la de los competidores. Más allá de que el soborno implique un delito, el hecho de corromper a alguien para conseguir un beneficio personal supone una falta ética que, en este sentido, debería ser evitada sin necesidad del castigo legal. Existen varias asociaciones para combatir el delito de soborno en el mund La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNACAC) es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculado contra la corrupción. En sus 8 capítulos y los artículos 71, la UNACAC obliga a sus estados partes a aplicar una amplia y detallada de las medidas anti-corrupción que afecta sus leyes, instrucciones y prácticas. Estas medidas tienen por objeto promover la prevención y aplicación de la ley, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción entro en vigor en diciembre de 2005. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) OCDE) es una organización de cooperación internacional cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales: Fue fundada en 1960. En 1999, la OCDE solicitó a sus miembros mediante la Convención anticorrupción que promulgase leyes destinadas a prohibir el soborno a funcionarios públicos extranjeros. Por otro lado, La ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de 1977 (FCPA), Ley federal de los Estados Unidos, conocida principalmente por dos de sus principales disposiciones, que aborda los requisitos de la contabilidad de transparencia previstas en la Ley de Mercado de Valores de 1934 y otro sobre el soborno de funcionarios extranjeros. El Banco Mundial ha identificado 5 “prácticas sancionables”: prácticas corruptas; prácticas fraudulentas; prácticas coactivas; prácticas en connivencia y prácticas de obstrucción. La implicación de una organización en cualquiera de estas prácticas recelará sanciones en lo relativo a los proyectos con fondos del Banco Mundial. Más de un billón de dólares estadounidenses se paga cada año en sobornos, según las investigaciones que lleva a cabo el Instituto del Banco Mundial. Daniel Kaufmann, director de gobernabilidad del mencionado Instituto, dice que esta cifra es una estimación de los sobornos pagados en todo el mundo, tanto en países ricos como en países en desarrollo. Las personas que ocupan altos cargos en el gobierno, como los ministros o jueces, funcionarios públicos, pero también lo son aquellos que desempeñan funciones gubernamentales, como es el caso de los inspectores de aduanas o los inspectores de hacienda. También se consideran funcionarios públicos: personal de agencias o empresas públicas o estatales, directivos y otros empleados de empresas estatales. Por último, al cohecho propio también se le llama grave, y es el que comprende la realización de un acto injusto por parte del funcionario público. Tomando en cuenta, que por “injusto” debe entenderse lo que no está de acuerdo a la ley, cuando es contrario a derecho, y si no se trata de algo relacionado a la aplicación de la ley, injusto hace referencia a lo incorrecto, a lo alejado del sentido común. Cohecho impropi Es aquel que pretende la realización de un acto que no es ilegal, esto es, de un acto justo pero que correspondería realizarlo. Cohecho Agravad El soborno adquiere el carácter de agrado primeramente porque el funcionario ha aceptado las promesas o recibido las dádivas para cometer en el ejercicio de su cargo un delito; y posteriormente porque el sujeto cohechado ostenta la calidad de juez, árbitro, componedor o jurado. Cualquiera de éstas dos alternativas le otorga al cohecho la calificación de agravado. Pero sería interesante conocer el país que tire la primera piedra que esté libre de políticos manipuladores, corruptos y grotescos.