El sistema de salud dominicano siempre ha sido muy deficiente, y la deficiencia se expresa de manera alarmante en el sector público de ahí tantos niños muertos. Cuando la población era menor, las clínicas privadas atendían a la pequeña clase media y alta, y los hospitales aliviaban a los pobres. Actualmente, con una población creciente en demanda de servicios médicos, los hospitales públicos no tienen recursos ni personal adecuado para dar respuesta. La Ley de Seguridad Social 87-01 ejemplifica que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Con bombos y platillos se anunció en 2001 la promulgación de la Ley que estableció diversos derechos a la población dominicana; entre ellos, el Seguro Familiar de Salud en tres categorías: el contributivo, con cotización del empleador y empleado en el sector formal de la economía; el subsidiado, a ser costeado por el Estado para los pobres; y el contributivo-subsidiado, a ser costeado por las personas en empleo informal y subsidiado por el Estado. En este sistema, las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) servirían de intermediarias entre cotizantes y proveedores; es decir, fungirían de aseguradoras. Crear una instancia intermedia para el lucro como son las ARS privadas encarece el servicio de salud; y de existir, debió dejarse al sector empresarial negociar directamente sus planes de seguros privados con las ARS, sin el Estado como intermediario central. Al lucro de las ARS hay que agregar que las clínicas privadas quieren ganar bien, los laboratorios también, y los médicos por igual. En esta situación, son cada vez más los médicos en consulta privada que no toman seguros; y si los toman, cobran una cuota adicional a los pacientes. La Ley 87-01 no contempló estas triquiñuelas y los médicos andan por su cuenta tomando seguros o no, y cobrando cuotas adicionales. Una persona rica puede asumir esos costos extras, pero no las personas de medianos o bajos ingresos que acuden con su seguro a una clínica privada. ¿Por qué el gobierno no enfrenta este problema ya que es regulador e intermediario del sistema? Paralelamente, el gobierno creó el Seguro Nacional de Salud (SENASA), la ARS pública, donde caen muchos pobres. Pero un Estado no puede financiar un sistema de salud donde los usuarios asisten a servicios privados porque el costo es exorbitante. El Estado tiene que ofrecer servicios de salud directos a la población, y para eso, necesita tener unidades de atención primaria en todo el país, hospitales municipales y provinciales y centros regionales especializados sin intermediación de ARS públicas o privadas. La Ley de Seguridad Social 87-01 ha hecho el sistema de salud más desigual y de menor calidad porque el Estado ha ido traspasando al sector privado la provisión de servicios de salud para atender una población grande de bajos y medianos ingresos. La salud es un derecho fundamental de la ciudadanía como lo es la educación. El Gobierno debe mejorar sustancialmente la oferta de servicios de salud en todas las instancias y expandir la atención primaria. El Gobierno debe carnetizar a todo el mundo o no carnetizar a nadie. ¿Puede un Estado corrupto ofrecer servicios de salud de calidad a su población? Aquí radica el gran desafío. ¿Puede el sector privado guiado por el lucro ofrecer buenos servicios de salud a una población fundamentalmente pobre? No. El presidente Danilo Medina debería realizar algunas visitas sorpresas a hospitales para comprobar lo que ya dij son “pocilgas”. Quizás ahora se anime a impulsar una gran transformación de este sistema vital para el bienestar de la sociedad dominicana.