POR JS CAMPO GUTIERREZ

El país entero exige justicia por la muerte de Darlin Mercado Reyes. La indignación ha sido casi unánime. Políticos, comunicadores, organizaciones sociales y miles de ciudadanos reclaman que los responsables respondan ante la justicia. Esa exigencia es correcta. Pero también llega con años de retraso.

Darlin Mercado Reyes, de 19 años, murió en La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste, durante una intervención de la Policía Nacional. Los videos difundidos en redes sociales muestran a un agente desenfundando su arma y disparándole a corta distancia. La investigación judicial determinará las responsabilidades penales. Sin embargo, el caso ya plantea una pregunta que trasciende ese expediente.

¿Por qué esta muerte ha provocado una conmoción nacional y otras apenas han sido notadas?

La respuesta obliga a reconocer una realidad incómoda: la sociedad dominicana ha desarrollado una profunda doble moral frente a la violencia policial. Cuando la víctima genera empatía, se exige justicia. Cuando se la presenta como delincuente, desaparecen las preguntas y aparecen las justificaciones.

Durante años, cada supuesto «intercambio de disparos» ha sido recibido por una parte de la opinión pública como una victoria contra el crimen. Antes de que intervengan fiscales o jueces, muchos ya han dictado sentencia desde las redes sociales. Poco importa cómo ocurrieron los hechos. Lo importante parece ser que alguien murió.

Ese comportamiento ha ido erosionando la cultura de la legalidad. Cuando el uso letal de la fuerza recibe más reconocimiento que una investigación bien realizada o una captura conforme a la ley, el mensaje que termina llegando a algunos agentes es profundamente peligroso: que los resultados importan más que los procedimientos.

Ningún Estado democrático puede sostenerse sobre esa lógica. La Constitución no fue creada para proteger únicamente a los ciudadanos ejemplares. También existe para impedir que el poder público actúe sin controles. El debido proceso no es un privilegio; es una garantía que protege a toda la sociedad.

Las imágenes posteriores al disparo contra Darlin resultan especialmente perturbadoras. En los videos difundidos públicamente, el joven permanece tendido en el suelo mientras los agentes continúan el procedimiento sin que se observe una reacción inmediata de auxilio. Esa escena ha impactado a millones de dominicanos.

La psiquiatría ha estudiado ampliamente que la pérdida de empatía ante el sufrimiento humano puede estar presente en determinados trastornos de la personalidad. No corresponde diagnosticar a nadie desde este artículo. Pero sí preguntarnos qué tipo de formación, qué ambiente institucional o qué cultura profesional puede hacer que un agente pierda la sensibilidad ante una persona gravemente herida.

Ese fenómeno tampoco surge espontáneamente. Durante años, distintos sectores con poder político e influencia pública han promovido un discurso en el que la mano dura suele presentarse como la solución a la delincuencia, aun cuando ello implique relativizar las garantías constitucionales. Combatir el crimen es un deber del Estado. Hacerlo fuera de la ley nunca lo será.

El problema tampoco es exclusivo de las autoridades. La indiferencia social ha sido parte del deterioro. Hace apenas unas semanas, cuatro jóvenes murieron en operativos policiales reportados como supuestos intercambios de disparos. El caso pasó casi inadvertido. No hubo la misma indignación, el mismo debate ni la misma exigencia de transparencia.

Ese silencio también tiene consecuencias. Cuando una sociedad deja de preguntar cómo ocurrieron las muertes y solo celebra quién murió, termina debilitando los límites que deben regir el uso de la fuerza. Así se abre espacio para la arbitrariedad y la impunidad.

La función de un policía no consiste en decidir quién merece vivir y quién merece morir. Su deber es proteger la vida, preservar la seguridad, detener cuando corresponda y poner a los sospechosos a disposición de la justicia. Esa es la diferencia entre una democracia y un régimen en el que las armas sustituyen a los tribunales.

La muerte de Darlin Mercado Reyes debe marcar un punto de inflexión. No basta con exigir justicia solo en este caso. Hay que exigirla para todos. El valor de los derechos fundamentales no puede depender del nombre de la víctima ni de los delitos que se le atribuyan.

Darlin no solo obliga a investigar la actuación de un agente. También obliga al país a examinar su propia conciencia. Porque una sociedad que solo se indigna cuando la víctima le resulta cercana termina aceptando, sin advertirlo, que existen vidas que valen menos que otras.

La peor forma de honrar la memoria de Darlin Mercado Reyes sería tratar su muerte como un hecho aislado. Si después de esta tragedia continuamos justificando ejecuciones extrajudiciales, aplaudiendo cada supuesto intercambio de disparos y guardando silencio cuando las víctimas no despierten simpatía, el próximo caso será apenas cuestión de tiempo.

La verdadera justicia comenzará el día en que la República Dominicana decida defender el Estado de derecho para todos, y no únicamente para aquellos cuya muerte logra conmovernos.

jaycampo70@gmail.com