SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) condenó las «acciones de amedrentamiento» del J-2 del Ejército contra el profesor y activista social Fernando Peña, así como la «flagrante violación» del fuero universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Trajano Potentini, presidente del gremio, expresó «profunda preocupación» ante lo que calificó como «un acto de intimidación y abuso de poder, en el que militares armados irrumpieron en el entorno universitario sin autorización previa, violentando la autonomía institucional de la UASD y comprometiendo el orden constitucional y el respeto a los derechos fundamentales».
Recordó que Peña, sociólogo, docente universitario y defensor ambiental, ha desarrollado una ardua labor en la protección de los recursos naturales, enfrentando abiertamente los intereses de empresas transnacionales como Barrick Gold, según denuncias del propio educadsor y de organizaciones sociales.
Las supuestas agresiones y amenazas estarían directamente relacionadas con sus posturas críticas hacia las operaciones mineras en zonas ecológicamente sensibles del país.
Potentini aseguró «estas agresiones no son hechos aislados, más bien se enmarcan en un patrón de hostigamiento contra líderes que se atreven a cuestionar las prácticas de grandes corporaciones extranjeras, en este caso Barrick Gold, cuyos intereses no pueden estar por encima de la soberanía nacional, el medio ambiente y la dignidad del pueblo dominicano».
Instó al Ministerio de Defensa, al alto mando militar y al presidente Luis Abinader a «iniciar una investigación inmediata, transparente e independiente sobre el accionar del J2» y solicitó el cese de toda persecución en contra de Peña y cualquier otro ciudadano que ejerza su derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica.
Asimismo, llamó a las autoridades universitarias, a la comunidad académica y a la sociedad civil a «mantenerse vigilantes y firmes en defensa del fuero universitario, conquistado con décadas de lucha y que constituye uno de los pilares de la vida democrática del país».
Finalmente, reafirmó el compromiso del CARD de acompañar jurídica e institucionalmente a Peña y a cualquier activista pro-defensa de la institucionalidad y los derechos humanos que sea objeto de atropellos por el simple hecho de ejercer su rol ciudadano y ético.


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