Ser el único órgano constitucional, al margen de los tres poderes del Estado, con iniciativa legislativa, no le garantiza a la Junta Central Electoral (JCE) el conocimiento en tiempo oportuno de sus proyectos por parte del Congreso Nacional.

El largo tiempo transcurrido desde la introducción en el Congreso Nacional de las propuestas de Ley de Partidos y de Reforma a la Ley Electoral, sin que hayan sido conocidas,  así lo demuestra.  A lo que se le suma el hecho de que cuando se decidió conocer el Proyecto de Ley de Partidos, en lugar del elaborado por el órgano electoral, se escogió otro que acababa de introducir el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 

Los tipos de iniciativas son dos: la iniciativa legislativa única y la iniciativa legislativa compartida, que es la que rige en nuestro país. En ese sentido, la facultad que tiene la JCE de iniciativa en la formación de las leyes en los asuntos electorales, se encuentra consagrada en el artículo 96 de la Constitución Política, que además le autoriza a sostener su moción en las dos cámaras legislativas.

En su obra “Teoría General del Estado”, el reputado tratadista francés de derecho público, Carré de Malberg, señala “…es incontestable que la iniciativa no es un acto de decisión legislativa, sino que solamente da impulso a la labor de la legislación…”.  Esto es así, en razón de que los únicos facultados para hacer las leyes son los legisladores.

Tal y como lo considera el referido autor en cuanto al Ejecutivo, el poder de iniciativa atribuido a la JCE como órgano autonómo responsable de la administración de las elecciones, “es en realidad una consecuencia de su función y de su tarea de administración, y el ejercicio de dicho poder por el mismo es una manifestación de su actividad administrativa”. Sin embargo,  conviene que tanto en los casos de la Suprema Corte de Justicia como de la Junta Central Electoral, que únicamente tienen facultad para iniciativas propias de sus competencias y, por lo tanto, hacen uso de ella excepcionalmente, sus proyectos sean priorizados y aprobados o rechazados sin dilación.

De conformidad con lo establecido tanto en el Reglamento de la Cámara de Senadores como en el de la de Diputados, el Pleno, atendiendo al alto interés nacional, puede otorgarle un trato preferencial para su trámite legislativo a un máximo de quince proyectos de ley.  Estás son las llamadas iniciativas priorizadas.  En esa reducida lista pueden ser tomadas en cuenta las propuestas de las comisiones legislativas, los legisladores, el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, la JCE y los ciudadanos que hagan uso de la iniciativa legislativa popular, con la condición de que sean entregadas a más tardar el día 30 de enero.

Como se ha podido apreciar, la JCE en su calidad de órgano supremo electoral,  disfruta del privilegio de no necesitar del auxilio del legislador para introducir sus propuestas de ley por ante el Congreso Nacional.  Ahora solo le falta que cuando someta para su sanción proyectos tan importantes como la Ley Electoral, reciba una respuesta oportuna para beneficio de la democracia.

El Diccionario del español dominicano dedica tres páginas a la lista de expresiones formadas con el verbo “coger”. Con ello he descubierto la principal falla de esa publicación de la Academia Dominicana de la Lengua y la Fundación Guzmán Ariza: falta la locución “coger corte”, que tanto sabor criollo encierra.

En la década pasada, una diputada puso en el tapete la frase. No la vi al hablar, pero la imagino con la mano izquierda en la cintura y el índice de la derecha hacia arriba mientras proclamaba: “Yo no cojo corte, sólo recibo órdenes de la Máximo Gómez 25, parte atrás”. Ahí vivía su líder, Joaquín Balaguer. Ella presidía la Cámara de Diputados.

Que el Diccionario de la Real Academia se ocupe del asunto, ni pensarlo, al menos en la edición de 2014, presentada formalmente en República Dominicana este jueves 5 de febrero. Pero la expresión adquiere otra dimensión a partir de su empleo por el presidente del Tribunal Constitucional, el académico Milton Ray Guevara.

El doctor Ray dijo al Listín Diario (2-2-2015) que “no coge corte”, ni “coge presión” de nadie; que es responsable de sus actos y que está dispuesto a afrontar sus consecuencias. Parece que la expresión solo se usa en forma negativa. Nadie confiesa que coja corte, siempre se advierte que quien habla no incurre en tal práctica.

Mi cortedad de entendimiento me impide acceder a todo el valor semántico de la expresión. Especulo que “no coger corte” es como estar inmune de maldades, blindado a las críticas, protegido de la peste que devasta en la noche y de las flechas que amenazan en el día, como reza el popular salmo 90 (Vg). Algunos dejan su Biblia abierta en la página de este salmo.

¿O será que quien proclama “no cojo corte” estará expresando lo mismo que quien dice: “yo no le como pendejá a nadie”? Luís Díaz cantaba respecto del mítico Liborio: “Dicen que Liborio es malo/ Liborio no es malo na/ a Liborio lo que le pasa es que no come pendejá”. Este genial artista llevó con maestría el lenguaje de la calle a su música.

Corte es palabra polisémica. El Diccionario la define como acción de cortar, herida. Corte es la residencia de los soberanos -Dios nos libre de esa peste-. Corte es también un organismo arbitral, ejemplo: la Corte Constitucional. Los historiadores llaman “corte” a la matanza de haitianos ordenada en 1937 por un tirano que no cogía corte.

Que no pase con “no cojo corte” como ocurrió cuando la usó la diputada llanera. Los académicos de la lengua deben prestar atención a tal registro lexical en boca del magistrado Ray. Es una excelente cita de autoridad para ingresar al Diccionario fraseológico que prepara la Academia Dominicana de la Lengua. Este uso “fija y da esplendor” a la expresión.