El panfleto que González reparte a los viandantes asegura que «Related Developers mantiene un trato sucio con Roy Anderson Corp», y que ambos están «levantando dos edificios de lujo en la calle 92 (…) financiados por millones de dólares del contribuyente a través de la NYS Housing Finance Agency».

«Tienes que cogerlo suave, porque esta gente es muy rica y tiene el poder», dice González.

Las denuncias del sindicato se suman a las del reportaje publicado el pasado enero por el The New York Times. Tras más de un año de investigación, el rotativo concluía que desde 2004 un 38% de los apartamentos de lujo vendidos en Manhattan fueron adquiridos mediante sociedades pantalla; hasta un 54% desde 2014.

El Time Warner Center sería uno de los principales complejos cuyas viviendas son objeto de deseo de los entramados societarios.

Pero la investigación ha apuntado a otros enclaves faraónicos, como la torre Bloomberg, El Plaza, el ONE57, el Trump International y 15 Central Park West.

El reportaje del Times informaba, después de un año de investigación en varias capitales del mundo, que uno de los propietarios de un apartamento en el Time Warner Center es el exgobernador de Oaxaca. La lujosa vivienda aparece registrada a nombre de un tío materno. Lo llama modus operandi.

En las torres del Time Warner Center, al menos 122 de los 192 propietarios de apartamentos esconden su identidad tras sociedades pantalla. Entre quienes habrían adquirido residencias allí figuran Ani Argawal, magnate indio cuya compañía minera ha sido acusada de provocar daños medioambientales en la India y Zambia, y Wang Wenliang, constructor chino denunciado en Nueva Jersey por explotar a sus trabajadores.

«Es mentira que en Nueva York se viva bien. Hay muchísimo abuso», comenta Mújica, quien a continuación habla de la sanidad privada, los seguros médicos y los problemas a los que se enfrentan los inmigrantes y la clase trabajadora, mientras su compañero asiente frente al complejo que alberga decenas de apartamentos a precios prohibitivos y restaurantes como el legendario Masa, donde una cena no baja de los 600-700 dólares por comensal.

A Steven Ross, objeto de las iras sindicales, contribuyente en las pasadas elecciones a la presidencia del candidato republicano Mitt Ronney, se le atribuye un patrimonio de más de casi 5.000 millones de dólares.

Aparte de impulsar la construcción del faraónico Time Warner Center, Ross es dueño del equipo de fútbol americano Miami Dolphins y ha donado cientos de millones de dólares a distintas universidades del país.

En la actualidad, Ross financia la construcción del Hudson Yards Redevelopment Project, un gigantesco proyecto en la margen derecha de Manhattan que albergará más de dieciséis rascacielos y con un presupuesto estimado de unos 20.000 millones de dólares.

Las huellas del escándalo de las sociedades opacas pueden rastrearse a miles de kilómetros. El rotativo neoyorquino descubrió que al menos 72 de los condominios del lujoso complejo están vinculados no solo a estadounidenses, sino a extranjeros procedentes de México, Malasia, Rusia e India, entre otros, quienes los compraron de manera secreta utilizando sociedades pantalla.

El reportaje «Towers of secrecy», sobre el boom inmobiliario de apartamentos de lujo comprados por multimillonarios que utilizaron unas 200 empresas fantasmas, revela los nombres reales de los propietarios de condominios en el Time Warner Center, frente a Central Park. Entre ellos hay un mexicano.

Entre los exclusivos propietarios en Manhattan descubiertos por la investigación aparece un exgobernador del empobrecido e indígena Estado de Oaxaca, con media docena de propiedades millonarias que posee en la ciudad de Nueva York y otras partes de EEUU.

Se trata de José Murat, político del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Enrique Peña Nieto. El exgobernador de Oaxaca negó las acusaciones y afirma que solo es propietario de dos apartamentos en Utah, que fueron adquiridos hace 10 años por su familia a cambio de unos 300.000 dólares. Murat ha protestado al diario y declarado que las propiedades no son suyas, sino de su familia.

El político del PRI ha sido diputado y senador, y ahora es coordinador ejecutivo del Consejo Rector del Pacto por México, un acuerdo inédito, firmado por las principales fuerzas políticas del país para impulsar una tardías reformas estructurales, encabezadas por la apertura de la industria petrolera a la inversión privada.

Tras la elección del presidente Peña Nieto en 2012, Murat y su hijo Alejandro fueron invitados a su círculo íntimo, apunta el Times. El gobernador se dedicó a coordinar el Pacto por México para negociar reformas estructurales en el Congreso y su hijo a dirigir el Instituto Federal de Vivienda.

«Para los Murat, el regreso del PRI al poder (que había perdido en 2000, tras siete décadas en la Presidencia) ha significado el resurgimiento de su influencia, que tiene más de cuatro décadas de historia», ha comentado el NYT.

Los Murat no han sido objeto de ninguna investigación oficial en México o en EEUU, pero en meses recientes otros políticos mexicanos, exgobernadores, el Presidente, ministros y la primera dama han estado bajo escrutinio por ser propietarios de costosas mansiones.

En México, los funcionarios púbicos están sujetos a “marcos jurídicos imperfectos y falibles”, dice a Sputnik Nóvosti el experto en temas de corrupción administrativa Óscar Arredondo.

En el país latinoamericano “la autoridad que sanciona el robo de recursos públicos está subordinada al poder ejecutivo que es investigado, sea presidente o gobernador, y los ejecutores del gasto son parte de poder», aclara Arredondo.

«El conflicto de intereses es inevitable”, concluye.

«Son juez y parte», asegura el responsable de FUNDAR, una prestigiosa ONG mexicana que tuvo la idea de desarrollar un programa sobre transparencia.

Luego de explicar la larga lista de oficinas encargadas de vigilar el gasto público, un lenguaje de abogados del siglo XIX que habla de una maraña de contralores, auditores, magistrados y jueces, todo conduce a la máxima de la era de la colonia de la Nueva España que duró tres siglos de constituciones engorrosas: “la ley se acata pero no se cumple”.

México se acostumbró a ver salir de la residencia de Los Pinos a presidentes enriquecidos al final de su mandato; pero por primera vez el país descubrió un concepto que es la regla de oro anticorrupción en países desarrollados: el conflicto de intereses.

Esa regla dice, grosso modo, en su versión popular que no se puede favorecer desde un cargo público proyectos con fondos del Estado que terminen en tus bolsillos o tu beneficio.

Pero en México, la ley no relaciona las incontables carteras que hay en un estado federal con decenas de estados y miles de municipios, y la regla no se cumple.

En otras palabras, si una cartera del Gobierno otorga un contrato a un amigo de un funcionario de otra dependencia, no se rastrea la conexión, dice el especialista del programa Presupuestos y Políticas Públicas de la ONG FUNDAR.

El presidente Peña Nieto lo expresó con más sencillez: yo no licité los contratos en la cartera de Comunicaciones que favorecieron al constructor de la mansión de cuatro millones de dólares —los evaluadores la estiman en siete millones- de mi esposa, vino a decir. La gente lo ha simplificado así: “no lo licité, pero me beneficié, solo soy el jefe”.

En México algo huele mal: “Todo parece corrupción, huele a corrupción, sabe a corrupción, pero legalmente no es corrupción”, resume el investigador.

El caso Murat está conectado a otro rincón oculto del México corrupto: los fondos federales, los jugosas impuestos petroleros, por ejemplo, destinados a las 32 entidades de la federación

Los fondos federales en México se llaman “participaciones”, algo así como la tajada del pastel para las autoridades de cada estado como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, o Michoacán. Estas no pueden ser auditadas por la federación.

Los auditores de un gobernador son los empleados de un gobernador, por lo que no hay sorpresas: el auditor del Presidente es un empleado del Presidente.

“No se puede confiar mucho en ese sistema” se lamenta Arredondo, y el ánimo pude tornarse sombrío si se sabe que los fondos que los gobernadores de México reciben no se pueden investigar porque los depositan en fondos y fideicomisos que son objeto de secreto bancario y fiduciario.

Por esa razón, cuando el New York Times de Nueva York apuntó a un exgobernador de un estado indígena, la prensa mexicana mostró cierto rubor, porque no se dedica a tratar esos temas, está llena de declaraciones y pocas investigaciones, salvo en escasas excepciones. La gente hizo comentarios pasajeros, salpicados de viejos insultos. Y allí paró todo.

Pero entre los expertos, las miradas apuntaron ilusionadas hacia el Congreso, donde se prepara una ley anticorrupción.

“Somos optimistas porque es un antídoto contra la opacidad en las fortunas de los presidentes y gobernadores como Murat”, dice Arredondo sin poder ocultar su entusiasmo.

Sin embargo, cuando se le pregunta si hay marcha atrás en la búsqueda de cientos de miles de millones de dólares robados a los fondos públicos de México, su sonrisa se apaga, con resignación.

La impunidad de la corrupción es tal que en la última auditoría federal del gasto público se descubrieron unos 2.000 casos de irregularidades. Sólo siete fueron sancionados; así, la corrupción le cuesta a México cada año 100.000 millones de dólares según los propios congresistas.

“Hecha la ley hecha la trampa, la ley no debería impedir investigaciones retroactivas”, pero es el corazón de la negociación del flamante Sistema Nacional Anticorrupción aprobado por el Congreso, remata Arredondo.

Después de todo, en México es popular la mutación que sufrió la consigna del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), quien lanzó por primera vez una cruzada contra la corrupción con el eslogan «la solución somos todos», que fue trocada por la cínica: «la corrupción somos todos».