Santo Domingo, 5  jul (EFE).- Un tribunal del Distrito Nacional impuso como medidas de coerción garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país contra ocho imputados presuntamente vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia de Monseñor Nouel.

En un comunicado se precisa que se dictó garantía económica, mediante contratos, de 3,000,000 de pesos para Freddery García Ortiz, considerado cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., y de 2,000,000 para su pareja, María Carolina Durán Tavárez.

Se ordenó, con la misma modalidad, garantía económica de 1,000,000 de pesos para George Charlie Abreu Tejada, de 500,000 para Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias, de 200,000 para Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y de 150,000 pesos para Wilton Rafael Gutiérrez (Chango).

Además, el caso fue declarado complejo y se dio un plazo de 12 meses para que la Fiscalía concluya la investigación y presente la acusación formal.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, al considerar que había falta de garantías para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los actos por no tener el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.

LA INVESTIGACIÓN

La investigación, en la que trabajó el Ministerio Público junto a la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional, comenzó a raíz de las reclamaciones de varios clientes de una entidad del sistema financiero nacional.

De forma fraudulenta, los presuntos miembros de la red accedían a los perfiles de los clientes, realizaban transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y luego retiraban los fondos a través de cajeros automáticos y ventanillas de distintas instituciones financieras.

En el operativo se llevaron a cabo 34 allanamientos simultáneos en los que se ocuparon dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias.

También fueron confiscadas sustancias controladas y vehículos, así como varios inmuebles adquiridos con los recursos obtenidos a través de las actividades delictivas, dentro de una investigación que sigue abierta y en desarrollo para identificar a otros posibles implicados.

El Ministerio Público considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa y ha otorgado a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.EFE

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SANTO DOMINGO.- Atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata condenó a 30 años de prisión a Ángel Miguel García Pérez por el asesinato de Félix Antonio Taveras Olivo, ocurrido en octubre de 2023 en la comunidad Las Maras, del municipio Luperón.

La investigación, realizada por el Fiscal Leury V. Ureña Morrobel, arrojó que los hechos ocurrieron como consecuencia del plan premeditado por García Pérez, quien acechó y persiguió a Taveras Olivo a bordo de un vehículo marca Hyundai de color blanco, hasta embestirlo y posteriormente pasarle por encima.

Esto le ocasionó a la víctima la muerte de forma inmediata a causa de un trauma contuso craneoencefálico e hipoxia cerebral, según consta en el informe de autopsia judicial núm. 583-2023, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La fiscal Maribel Reynoso logró establecer que el motivo de la referida premeditación fue el hecho de que el hoy occiso era el compañero actual de la expareja del agresor.

El órgano persecutor del delito demostró, más allá de toda duda razonable, que el hoy procesado incurrió en la violación a los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el asesinato.

El tribunal, presidido por la jueza Jakayra Veras, acogió en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público, dictando la máxima pena establecida para este tipo de delito.

La condena deberá ser cumplida por García Pérez en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, de Puerto Plata.

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SANTO DOMINGO.- Al impulsar el restablecimiento en la República Dominicana de un «Ministerio de Justicia», la intención oficial es “ rescatar una figura del diseño institucional original del Estado dominicano, incorrectamente suprimida en 1964,  afirmó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

Explicó que el propósito es que renazca una entidad bien diseñada y coherente con el resto del ordenamiento jurídico y  la Constitución de la República, dotada de las herramientas legales necesarias para satisfacer las necesidades de la población en todos los ámbitos judiciales,  particularmente en lo que respecta al sistema penitenciario.

Peralta habló durante una «Jornada de Evaluación sobre la Participación Gubernamental y de la Sociedad Civil en el Proceso de la Reforma Penitenciaria Dominicana», efectuada este viernes en Santo Domingo.  Se refirió a la propuesta de creación del Ministerio de Justicia y sus implicaciones en el sistema penitenciario dominicano.

EL NACIMIENTO

Al hacer un breve recuento histórico, explicó que el Ministerio de Justicia nació con la primera Constitución, en 1844, y se mantuvo con ciertas intermitencias durante más de un siglo hasta que  el 10 de diciembre de 1964, durante el Gobierno del Triunvirato, fue promulgada la Ley 485, que lo suprimió y traspasó la mayor parte de sus funciones a la Procuraduría General de la República.

Dijo que desde hace dos décadas hay un diálogo político y social al respecto,  el cual ha sido reavivado en los últimos años gracias al impulso del presidente Luis Abinader.

En  febrero del 2023 fue introducida una propuesta final al Congreso Nacional y su texto fue enriquecido por el  Senado en junio último, ajustándolo a la  reforma constitucional del año 2024.   La misma está “cada vez está más cerca de convertirse en ley”, pues sólo falta ser conocida por la Cámara de Diputados.

Resaltó que de 22 países que conforman la comunidad iberoamericana, solo en tres (Ecuador, Nicaragua y República Dominicana) las labores administrativas en el ámbito de la justicia permanecen en manos del Ministerio Público.

IMPLICACIONES PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO

El Consultor Jurídico del Poder Jurídico explicó que el Ministerio de Justicia asumiría la coordinación del Sistema Penitenciario y Correccional, apoyándose en las figuras institucionales de un Ministro de Justicia, un Viceministro de Políticas Penitenciarias y Correccionales, y un Director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

Sería creada una  Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales que coordinará la ejecución y  seguimiento de los servicios penitenciarios y correccionales, a tono con las políticas públicas diseñadas por el Ministerio de Justicia.

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Santo Domingo, 5 jul.- El Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) de República Dominicana transfirió al Archivo General de la Nación (AGN) documentos históricos correspondientes al gobierno de Joaquín Balaguer (1967-1977), informó hoy.

Esta es la segunda entrega que realiza el Gobierno a la AGN durante la gestión del presidente Luis Abinader.

La primera ocurrió el 29 de septiembre de 2020, cuando fueron depositados documentos relativos al período 1930-1966, que comprende la llamada era de Trujillo, cuando el país vivió una de las tiranías más sangrientas de América Latina, hasta su muerte en 1961.

También abarcó los primeros años de gobierno de Balaguer.

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, indicó que esos documentos que permanecieron durante décadas en el Archivo del Palacio Nacional estarán al acceso de historiadores, investigadores y la población en general.

Adicionalmente, fueron reubicados en el AGN más de 700 mil textos oficiales de carácter administrativo, informó el Mapre.

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