El presidente de la República, Luis Abinader, con motivo de su contundente triunfo  en la contienda comicial del pasado 19 de mayo, anunció un conjunto de reformas encaminadas a modernizar y a institucionalizar al país, por lo que expresé mi respaldo a su iniciativa de forma oral en Youtube, así como escrita en múltiples diarios nacionales.

Posiblemente el jefe de Estado actuó con las mejores intenciones, pero al analizar con detenimiento las modificaciones resultan ser insustanciales en algunos casos y perjudiciales, inclusive, en otros.

La reforma constitucional no afectó a nadie, pero tampoco trajo beneficio de ninguna índole. Unificar las elecciones en un mismo día, endurecer el candado para evitar más de dos períodos presidenciales y reducir el número de diputados son aspectos intrascendentes.

Hubo ilusión con el asunto del Ministerio Público, pero ¿qué diferencia hay entre el presidente designar directamente al procurador que hacerlo a través del Consejo Nacional de la Magistratura? Es que no se trata siquiera de una terna, sino de una persona recomendada por el jefe de Estado.

Ese procurador hubiera sido independiente si fuese por concurso, donde se entrevisten a los participantes a través del Consejo Nacional de la Magistratura, estableciendo capacidad y competencia, tal y como se hace con los miembros de las distintas cortes.

Además, la designación del nuevo procurador es por cuatro años, es decir, el equivalente al período del primer mandatario. Es como para que los presidentes se sigan acompañando de un abogado de su entorno, que nose le ocurra hacer justicia contra las personas que lo llevaron al cargo.

Muchos aspirábamos a que el Gobierno no tenga déficit fiscal, es decir, gastos por encima de los ingresos, lo que impide destinar una buena partida del presupuesto en inversiones de obras, que contribuyan a elevar los servicios públicos y, en consecuencia, a desarrollar el país. Es preocupante que solo se invierta en obras el 1.3% del Producto Interno Bruto cada año. En ese sentido, hubo una especie de aplauso cuando el ministro de Hacienda, Jochy Vicente, anunció que la reforma fiscal se focalizaría en perseguir a los evasores de impuestos.

Lamentablemente cuando el proyecto llegó al Congreso Nacional la gente descubrió que había fundamentalmente una extensión del ITEBIS, el cual se llamaría IVA, involucrando a múltiples productos alimenticios, afectando a los bienes inmobiliarios e inclusive al ahorro.

Se trataba una reforma letal para las clases media y baja, mientras la evasión del pago del impuesto sobre la renta, en sectores empresariales, continuaba igual. Parece que el presidente Abinader no podía enfrentar ese problema y prefirió retirar el proyecto de las cámaras legislativas.

Laboral 

Ahora lo que se discute es el Proyecto de Ley de Reforma Laboral, donde los empresarios muestran cortesía, hablan de derechos adquiridos de los trabajadores, pero andan con un puñal envuelto, queconsiste en reducir la cesantía. Es decir, que a los empleados del sector privado solo se les contaría 6 años, indistintamente de que trabajen 10, 15, 20 o 25 años. Eso es lo que se llama la ley del embudo, a pesar de que quienes crean las riquezas son los trabajadores. Los empresarios regularmente emprenden proyectos con préstamos bancarios, los cuales, cuando son con el banco del Estado, muchas veces ni los pagan por razones de compromisos de campaña.

Ese proyecto, de aprobarse, puede traer problemas, porque sería un retroceso. Y lo aconsejable es que el PRM, como entidad política, se pronuncie al respecto, rechazando ante la población ese nuevo despropósito. Ya algunos dirigentes del Partido Reformista, organización de una historia conservadora, se han opuesto públicamente. Las reformas que se hagan es para modernizar y avanzar, no para sepultar derechos y reivindicaciones sociales y económicas.

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Mi familia tuvo que emigrar del barrio San Carlos, igual que decenas de vecinos cuyas viviendas quedaron en medio del trazado de ampliación de la avenida 27 de Febrero que borró del mapa a las calles Paris y Damián del Castillo, pero ahí quedaron imborrables recuerdos de mi niñez y adolescencia.

Nuestra generación vivió ¿o padeció? una pobreza moderada que permitía afrontar  el hambre con arroz y espaguetis, arepa, chocolate de agua, huevo con pan o víveres, pero también fuimos bendecidos con bacalao y arenque, convertidos hoy en manjares casi inaccesibles para la mesa popular.

Antes de enterarnos que los Reyes Magos no regalaban juguetes, los niños de mis barrios escuchamos de los mayores susurros de que ajusticiaron a Trujillo y recordamos todavía la represión de policías Cascos Blanco contra nuestros hermanos opuestos al golpe de Estado a Juan Bosch.

Sin entender el episodio, los muchachos de San Carlos fuimos testigos del estallido  de la Revolución de Abril de 1965, y también presenciamos, cuatro días después,  la caravana de tanques y carros de asaltos del ejército invasor, aunque  terminamos el día debajo de la cama.

La muchachada  del barrio construyó “fusiles” con madera, gomillas de escritorios, y tipos de tachuelas que conseguíamos en la ferretería Darío con los cuales, sin saberlo, rendíamos homenajes a los jóvenes del barrio que combatían “al yanqui invasor”, en el glorioso perímetro capitalino de Ciudad Nueva.

Los niños jugaban pelota en medio de la calle, coleccionaban tapas de refrescos, maroteaban en Gazcue y Zona Universitaria, se bañaban en Guibia, acudían a la  escuela hogar de la profesora Juana, a la matinée del cine Trianon y tenían un pantalón y una camisa de uso exclusivo  para el domingo.

Actualidad

La semana pasada ingresé a mi viejo barrio y lo encontré como petrificado en el tiempo, rodeado por viejos edificios multifamiliares que ocultan un drama social que se prolonga por muchas décadas y generaciones, como si ese asentamiento humano purgara pena eterna por sus aportes a la lucha por la independencia y soberanía nacional.

El presidente Luis Abinader estuvo el viernes en el Club San Carlos en un almuerzo con  comunitarios, donde anunció que irá a los barrios a  constatar sus necesidades. El mandatario ya está enterado sobre el estado de abandono total que padece esa comunidad de mi niñez y adolescencia.

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POR LUIS M. GUZMAN

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana enfrenta una crisis estructural que afecta profundamente su capacidad para garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos. Esta institución, encargada de auditar el manejo de los fondos del Estado, ha sido objeto de críticas constantes debido a problemas internos y externos que han erosionado su credibilidad y eficiencia.

En este contexto, abordar los retos que enfrenta resulta fundamental para recuperar su papel como pilar de la rendición de cuentas.

Uno de los problemas más graves que enfrenta la Cámara de Cuentas son los escándalos recurrentes que han dañado severamente su imagen pública. Desde denuncias de irregularidades en auditorías hasta incrementos salariales considerados injustificados, estas situaciones han debilitado la confianza de la ciudadanía en la institución.

Además, los conflictos internos entre sus miembros han amplificado la percepción de falta de profesionalismo y transparencia, evidenciando la necesidad de fortalecer la ética institucional y los mecanismos de supervisión.

La actual administración ha mostrado un desempeño muy pobre

La baja productividad también se ha convertido en un obstáculo significativo para el cumplimiento de sus funciones. Durante los últimos cuatro años, la Cámara de Cuentas sólo ha concluido diez auditorías e investigaciones especiales, un número que resulta insuficiente para atender las necesidades de fiscalización en un país con una amplia red de instituciones públicas.

Urgencia

Esta situación evidencia la urgencia de optimizar los procesos internos, adoptar tecnologías modernas y establecer metas claras y medibles que permitan incrementar su productividad.

Otro factor que ha comprometido la eficacia de la Cámara de Cuentas es la desconfianza interna entre sus miembros. La decisión del pleno actual de desechar trece auditorías realizadas por la gestión anterior, bajo el argumento de que no cumplen con criterios de confiabilidad, no solo ha retrasado el trabajo institucional, sino que también ha puesto en evidencia la falta de cohesión y coordinación en su seno. Este tipo de conflictos internos refuerzan la necesidad de protocolos claros para validar y revisar auditorías sin que los intereses personales o políticos interfieran.

Los problemas de gobernabilidad también destacan como un obstáculo crítico para la operatividad de la Cámara de Cuentas. Actualmente, las limitaciones administrativas del presidente de la institución dificultan la toma de decisiones estratégicas y la resolución de conflictos internos, lo que afecta negativamente la eficiencia general del organismo. Una reforma del marco normativo que fortalezca las competencias del liderazgo institucional es imprescindible para garantizar una gestión más efectiva y alineada con sus objetivos constitucionales.

Fuga de talento y falta de personal calificado

El éxodo de personal calificado constituye otro de los grandes retos que enfrenta la Cámara de Cuentas. Los bajos salarios y las condiciones laborales precarias han llevado a la renuncia de expertos clave, lo que ha reducido significativamente la capacidad técnica de la institución.

Este fenómeno no solo afecta la calidad de las auditorías, sino también limita la capacidad de respuesta frente a nuevas demandas. Reestructurar los esquemas salariales y mejorar las condiciones laborales es esencial para atraer y retener talento altamente calificado.

A estas dificultades se suma la resistencia al cambio por parte de algunos miembros de la Cámara de Cuentas. Las iniciativas orientadas a modernizar la institución y contratar personal necesario han sido bloqueadas en varias ocasiones, perpetuando una situación de ineficiencia operativa. Implementar un plan estratégico consensuado, que contemple incentivos para el cumplimiento de objetivos de modernización, podría ser una vía efectiva para superar estas barreras.

La percepción de ineficacia de la institución es, en gran medida, el resultado de los problemas acumulados a lo largo de los años. Una Cámara de Cuentas desacreditada pierde no sólo legitimidad, sino también la capacidad de actuar como garante de la correcta administración de los recursos públicos. Este deterioro impacta negativamente la confianza de la población y limita el alcance de sus funciones fiscalizadoras, comprometiendo su misión constitucional.

Para superar estos retos, resulta esencial llevar a cabo una auditoría externa independiente que evalúe los procedimientos internos de la institución. Esta medida no solo permitiría identificar las áreas de mejora, sino que también contribuiría a restaurar la confianza de la ciudadanía en el organismo. La transparencia en este proceso será clave para garantizar su éxito.

La optimización de los procesos internos mediante el uso de tecnología y métodos modernos de auditoría también representa una oportunidad para incrementar la productividad de la Cámara de Cuentas. Adoptar herramientas digitales y establecer indicadores de rendimiento podría transformar significativamente su capacidad operativa, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos.

La reestructuración de los esquemas salariales debe ir acompañada de programas de formación continua que fortalezcan las competencias del personal. Este enfoque no solo mejoraría la calidad de las auditorías, sino que también contribuiría a crear una cultura organizacional basada en la excelencia, la ética y el compromiso con el servicio público.

En última instancia, la reforma de la Cámara de Cuentas debe ser integral, abordando tanto los problemas estructurales como los culturales que afectan su funcionamiento. Solo a través de un esfuerzo colectivo y sostenido, que involucre tanto a sus miembros como a actores externos, será posible devolverle a esta institución su papel central en la rendición de cuentas y la transparencia en la República Dominicana.

Para integrar una Cámara de Cuentas efectiva

Frente a la elección de nuevos miembros para la Cámara de Cuentas, las expectativas deben centrarse en integrar profesionales comprometidos con la transparencia, la eficiencia y la independencia institucional. Es fundamental que los nuevos integrantes cuenten con una trayectoria intachable y capacidades comprobadas en control de recursos, contar con títulos en áreas como contabilidad, auditoría, finanzas públicas, derecho administrativo o gestión pública. Su capacidad para actuar con imparcialidad y resistir presiones externas será determinante para superar la crisis actual.

Los nuevos miembros también deben priorizar la reconstrucción de la confianza pública mediante acciones concretas. Esto incluye garantizar la transparencia en los procesos de auditoría, promover una comunicación efectiva con la ciudadanía y establecer un compromiso claro con el cumplimiento de su rol constitucional. Además, deben fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y respetuoso que permita superar las divisiones internas.

Este nuevo pleno tiene la responsabilidad de impulsar reformas estructurales y operativas que aborden los problemas de fondo. Esto incluye la modernización de procesos, la implementación de tecnología avanzada y la capacitación constante del personal. Solo así podrán transformar la Cámara de Cuentas en una institución eficiente y confiable, capaz de cumplir con las expectativas de la sociedad dominicana.

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La desinformación en el ámbito de la seguridad y la defensa es un tema que debemos estudiar y abordar con responsabilidad, ya que  en esta sociedad de la postverdad lo que importa no es tanto el hecho en sí, sino el relato que se forma a su alrededor.

Los grupos de crimen organizado son conscientes de esto. Es fundamental señalar que los mayores productores de droga no se encuentran necesariamente en los países que actúan como puentes; un ejemplo de ello es República Dominicana. Este país no produce coca ni otras drogas, pero sí es un punto clave para el tráfico de estas sustancias, tanto hacia Estados Unidos como hacia Europa, lo que representa una grave amenaza para la seguridad de los Estados.

La amenaza transnacional del narcotráfico acarrea serios riesgos: afecta la salud pública, socava la defensa y compromete la seguridad nacional. Sobre todo, destruye millones de familias en todo el mundo. Un claro ejemplo de esto es cómo las autoridades dominicanas son atacadas tras el mayor cargamento de droga incautado, como si todos fuéramos protagonistas de una película tipo CSI, donde se espera que todos los detalles sean revelados en las 24 horas posteriores a un hallazgo tan complicado.

 En este contexto, se comprometen vidas y se da un golpe significativo a la estructura del crimen organizado, que tiene profundas raíces en diferentes sectores de la sociedad. Es esencial entender que, aunque ese cargamento se haya detectado y confiscado, lo realmente importante es que nunca antes se había confiscado una cantidad tan significativa de cocaína en toda la región. Este golpe histórico ocurrió en el puerto de Punta Caucedo, donde se decomisaron casi 10 toneladas de droga, con un costo aproximado de 255 millones de dólares.

La narcopolítica y la narco comunicación están muy interrelacionadas, y juntas atacan los procesos de seguridad y defensa de los Estados. Personas inocentes pueden verse dañadas por esta gran estructura delictiva, que actúa clandestinamente y se infiltra sin que nadie se percaté de su presencia, dejando que sus «aguas tóxicas» calen en la sociedad. En este gran tablero, estas estructuras buscan desacreditar a los gobiernos en sus esfuerzos por combatir dos plagas que han proliferado en América Latina.

Sin embargo, felicitar a las autoridades dominicanas por su labor no es suficiente; es necesario defender estas acciones y destacar el mérito de la inteligencia estratégica y la táctica eficaz que se implementaron en este caso.

Investigación

Ahora es el momento de llevar a cabo la investigación correspondiente para asegurar que los responsables de este gran cargamento de droga sean procesados por la justicia. Esta histórica acción de inteligencia estratégica militar debe concluir con condenas significativas.

Este logro ha marcado un precedente en la labor de las agencias antidroga en el Caribe; la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) sale por la puerta grande, en colaboración con la DEA. La seguridad debe ser un esfuerzo colectivo que enfrente tanto el narcotráfico como la desinformación, ya que ambas problemáticas afectan el bienestar de nuestras naciones.

Es vital que sigamos trabajando juntos, tanto las autoridades como la sociedad en general, para enfrentar estos desafíos y construir un futuro más seguro para todos.

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El estado de vulnerabilidad que vive la sociedad dominicana, ha creado condiciones de pobreza tal, que hace que muchos políticos, que sustentan su popularidad en el intercambio de favores, oculten sus prácticas clientelares en diferentes programas de la administración pública, sobre todo en aquellos relacionados con la asistencia social.

Estas prácticas, tienen como tendencia incrementar su posicionamiento en el electorado, procurando beneficiar a sus comunidades, ofreciendo “asistencia social” o transferencias monetarias, dependiendo de las necesidades que tenga el cliente político.

Sin embargo, el alto nivel de financiamiento que se precisa para promover y realizar estos programas, hace que los mismos recaigan principalmente en el partido político que controla el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo.

Consultar y evaluar el destino de los fondos de forma exhaustiva de los diferentes programas de asistencia social se vuelve sumamente necesario cuando la discrecionalidad e incertidumbre sobre la utilización de éstos es altamente preocupante.

En este sentido, dar seguimiento al uso y destino de los fondos destinados al gasto social se hace imperativo, principalmente cuando existen incrementos irregulares en ciertos períodos del año, como es el caso de las festividades navideñas.

Debemos promover la vigilancia y el cumplimiento de un manejo transparente de los programas sociales, procurando la rendición de cuentas como un principio fundamental, con el fin de erradicar los rasgos clientelares en los beneficios otorgados a la población.

Se deben propiciar los mecanismos de participación ciudadana necesarios que procuren la valoración y vigilancia de los programas asistenciales y su utilización como medida, más que todo, para el desarrollo humano.

La transparencia es fundamental para generar confianza. Cuando los funcionarios que manejan programas sociales son abiertos respecto de su función, del proceso de entregas y de los límites de la confidencialidad, los ciudadanos se sienten más confiados y respetados.

Es fundamental una comunicación clara y honesta sobre las expectativas, los procesos y los resultados potenciales de las ayudas sociales. Esto permite que los ciudadanos estén debidamente informados, y a la vez, reduce los sentimientos de confusión o manipulación

La ciudadanía y la sociedad demandan cada vez más una mayor información sobre las distintas actuaciones que se realizan desde el poder con los fondos públicos.

Debemos aspirar al libre uso de la información pública de una forma fácil y accesible, procurando conocer qué, quiénes, cómo, cuándo y cuánto gastan los responsables en las diversas políticas de asistencia social que desarrollan.

El éxito de las políticas de transparencia depende de que la información sea accesible y disponible para todos los usuarios. Una política pública es transparente si es comprensible, si la información está disponible y se garantiza el derecho de acceso a la información pública. Lo demás es pura retórica.

JPM