POR MARÍA ESTELA DE LEÓN  

El Tribunal Constitucional dominicano reconoció a través de la Sentencia TC/0788/24, el derecho a postular por un cargo electivo o bien a presentar una “candidatura independiente” sin la intermediación de las organizaciones políticas reconocidas.

Importante saber: ¿Qué son las candidaturas independientes? “Es la nominación para ocupar un cargo electivo, cuyo rasgo peculiar y sobresaliente consiste en que tal oferta política se realiza sin el concurso, ni principal ni complementario, de un partido político”, según Ferreira en el Diccionario Electoral.

Actualmente, en la República Dominicana las candidaturas independientes están contempladas en los artículos 156 y 157 de la Ley núm. 20-23, Orgánica de Régimen Electoral.

Hay que decir que, alrededor de 10 países de América Latina han incluido en su legislación normas regulatorias de las candidaturas independientes para diferentes niveles de elección (presidenciales, municipales, generales y legislativas).

Estos son los casos de países tales como: Chile, México, Colombia, Perú y, evidentemente, República Dominicana. Los países de Europa que se han sumado al concierto de la inserción de las candidaturas independientes en sus normativas son: Alemania, Francia, Irlanda y Polonia. Es importante acotar que, en algunos Estados han modificado la norma electoral para esta inclusión y en otros las han consagrado incluso en su Constitución.

En 1926

En el caso de la República Dominicana, las candidaturas independientes se instauraron por primera vez en la Ley Electoral No. 386 de fecha 10 de abril de 1926, siendo la única ocasión en la que esta figura poseyó carácter de independencia real. La sentencia TC/0788/24, restablece 62 años después su misión en el sistema electoral.

Al respecto, advierto un dispositivo muy garantista y revolucionario, para una sociedad con instituciones sociales y políticas muy conservadoras, pero, aun así, reflexiono en la cultura política, el sistema de partidos y las complejidades de la administración electoral, por citar algunas.

En las motivaciones de la sentencia, se advierte que, en las distintas normativas electorales las candidaturas independientes han mantenido dependencia para su aplicación, excepto la ley No. 338 de 1926.  En la Ley Electoral 5884, de 1962, perdió su autonomía y pasó a depender de las organizaciones políticas.

Las derogadas leyes electorales 275-97, 15-19 y 20-23, continuaron la subordinación. Bajo estas premisas tal independencia era y seguía siendo enunciativa en la legislación nacional hasta la evacuación de la referida sentencia TC/0788/24.

Opción

A la luz de la argumentación del dispositivo, esta modalidad es una opción para la ciudadanía que siente desafección por los partidos políticos existentes o no confían en estos, para ellos se abre un espacio donde podrán optar por una candidatura a través de agrupaciones cívicas o sociales y competir por un cargo de elección popular, sin la intermediación de un partido, agrupación o movimiento político. Ahora bien, para hacer efectiva la misma, se deberá diseñar un marco legal que sirva de filtro y muro de contención que no desnaturalice el derecho de postulación y que no atente contra el sistema de partidos.

Es preciso indicar que dicha sentencia devino de un recurso de la acción directa de inconstitucionalidad por parte del ciudadano Alberto Emilio Fiallo-Billini a los artículos 156 y 157 de la de la Ley Electoral núm. 20-23, constituyendo un hito sin precedentes en materia de derechos fundamentales.

Con esta sentencia se reivindica el derecho al sufragio pasivo conculcado por décadas a quienes han deseado ser parte de la toma de decisiones a través de un cargo electivo. Se suman a esto las modificaciones y readecuaciones pendientes por la reforma constitucional pasada. En estos trabajos habrán de abordarse de forma paralela cuestiones como: el financiamiento, las campañas, fiscalización, composición de las boletas y la filiación, entre otros.

Consideramos que, esta sentencia es un desafío para el sistema democrático y de partidos, y, también lo será para las jurisdicciones en la materia electoral. Máxime para la Junta Central Electoral, que tendrá la responsabilidad de hacer efectiva la sentencia. Vale recordar, que están pendientes los proyectos de readecuación de las leyes de partidos políticos y de régimen electoral (en los aspectos restantes o distintos a los incluidos en la 20-23).

Es imperativo que los líderes políticos se sienten en la mesa del dialogo con la entidad electoral, para contar con leyes y reglamentaciones que se aproximen a los ideales invocados por los constitucionalistas en la referida sentencia y los asambleístas en la reciente reforma constitucional.

En cuanto a la JCE, tal como lo ha hecho en innúmeras ocasiones, el deber es acoger las decisiones emanadas de los tribunales jurisdiccionales que le son aplicables a la materia de su competencia. En esa consecución es necesario contar con el respaldo de la sociedad y los liderazgos políticos, a fin de armonizar y garantizar el cumplimiento de lo establecido en la referida sentencia.

Somos de opinión que el dispositivo legal rescata una figura que durante décadas estuvo anquilosada en la normativa electoral, sin que se pudiera ejercitar por las inconsistencias interpretativas. La democracia tiene que fomentar espacios de participación política a la ciudadanía además de la participación partidaria, por lo que, el debate está abierto, que prime la conceptualización con niveles de responsabilidad y respeto a los principios y valores democráticos.

El fin de esta reflexión es que la democracia no debe ser solamente electorera, esta tiene que garantizar a la ciudadanía espacios para una participación política representativa, donde prime el criterio de oportunidad para todas y todos.

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POR MANUEL VALDEZ

Peligro: Es una amenaza real o imaginaria que compromete, o puede comprometer la integridad de la vida  de una persona, de sus bienes, o de un territorio.

Justicia: Es el principio de igualdad ante la ley.

Justicia electoral: Es la libertad de expresión, organización y participación social y política que debe tener un ciudadano garantizado entre sus derechos fundamentales a fin de que pueda de forma libre y responsable contribuir al fortalecimiento institucional mediante el servicio a la sociedad por medio de la participación en el escenario social y político.

Sobre estos derechos la constitución dominicana reza: Artículo 1. De la sección II sobre la ciudadanía.  “Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución.” Nótese: “Elegir”. No establece que deber ser por medio de un partido o una acción terciaria. Los partidos son instrumentos de la democracia cuando se abren a la participación ciudadana y sirven de garantes del orden público.

La constitución reza en el Artículo 8.- De la sección II, del Estado Social y Democrático. Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

Visto lo que dice la constitución nos sorprende entonces, la reacción de la clase política dominante ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la libre postulación o candidaturas independientes, dándonos la impresión de que en la opinión de esos actores se soltaron los demonios. Han dicho que eso alentaría la corrupción en el sistema político, que sería penetrada por el narcotráfico y el crimen organizado, entre otras imprecisiones.

Tal parece que el Tribunal ha cometido un crimen de estado. Estas reacciones nos dicen lo alejado que  está  la clase política del corazón del pueblo. El sistema de partidos no ha resuelto los problemas nacionales, la clase política no ha sintonizado el dolor de nuestro pueblo, porque una vez se enquistan en el poder se olvidan del sufrimiento de la sociedad con políticas erráticas orientadas a satisfacer a grupos de poder en vez de resolver los problemas nacionales.

¿Cuál es realmente el peligro?

¿La sentencia del tribunal sobre la candidatura independiente o la incompetencia de la clase política para resolver los problemas estructurales y sistémicos de la nación?

El peligro es que esos políticos sigan hundiendo al país deuda y debilidad institucional, que no se pronuncian ante la invasión desde el vientre que tenemos con el caso haitiano, que nos les importa que estemos perdiendo el país entregando nuestros recursos naturales, y comprometiendo la integridad de nuestro territorio habiendo abandonado la frontera y forzar a nuestros campesinos a emigrar a las metrópolis creando cinturones de miseria.

El peligro son los feminicidios, el abandono de nuestra niñez, nuestra juventud desorientada; la desigualdad social, la violencia, la inseguridad, el pandillaje institucional, el hambre, el costo de la vida, el costo de la energía, la deficiencia en los servicios públicos y la pobreza extrema de una franja de la sociedad. En adición a estos males, forman parte de la estructura delictiva el narcotráfico, la economía sumergida, el crimen organizado, y la desnacionalización de la economía.

¿Cuántas elecciones se han robado las candidaturas independientes? ¿Cuántos candidatos ineptos han postulado? ¿En qué han dañado el sistema de partidos, o el régimen de derechos? Ese liderazgo político debería ponerse a prueba una vez más en unas elecciones verdaderamente representativas donde se les pueda ofrecer al país mejores opciones y así se sabrá si es que ellos son indispensables, y son los únicos dominicanos en condiciones de dirigir la nación.

La clase política dominicana debe revisarse a la luz de la media de abstención en cada proceso electoral. La sociedad debe sentirse reivindicada ante la posibilidad no solo de votar su voto, sino de usar el voto como instrumento de poder para elegir su destino.

La sentencia del tribunal es un paso de avance en el proceso de una reforma integral del régimen electoral de la República Dominicana a la luz de los grandes retos de la nación ante los escenarios de la geopolítica mundial.

jpm-am