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Ningún pueblo del continente americano vive un drama tan desolador y poco alentador como el haitiano. Sin instituciones políticas o sociales que sustenten un Estado que les sirva, un territorio desértico producto de la depredación centenaria de su territorio, con índices de analfabetismo y pobreza que avergüenzan, con muy poca infraestructura que garanticen su acceso a la salud y a la educación y sin un registro civil que les diga quienes y cuántos son en realidad.
Aislados en un continente donde ningún otro país comparte sus creencias religiosas ni conversan en su idioma y atacados periódicamente por fenómenos naturales con categorías devastadoras, que sumándose a la incapacidad de su clase política, intelectual y empresarial para pactar su desarrollo, le disuelven las esperanzas de que algún día puedan alcanzar el desarrollo como nación. Es ese panorama lo que les empuja a explorar cualquier destino, pues por peor que parezca, será mejor que Haití.
El resto del mundo civilizado puede tejerse una idea de la pobreza haitiana cuando sus cuídanos escogen como destino de mejor horizonte a su vecino país, la República Dominicana, que ocupa poco más del 70% del territorio de la isla caribeña que ambas naciones ocupan. La República Dominicana es un pobre que acusa un gran déficit social e iniquidad que por sus propias debilidades institucionales no ha podido aplicar una política de control migratorio mínimamente eficiente.
Lo cierto es que la República Dominicana es como una familia con ingresos equivalente al salario mínimo que tiene cinco hijos a los que apenas puede mal alimentar, que duermen todos en una sola habitación y la migración haitiana irregular, viene a ser el equivalente, a que a esa familia les lleguen tres sobrinos de una hermana que se encuentra lejos. En pocas palabras República Dominicana es un país pobre que no puede cargar con otro pueblo pobre sin correr el riesgo de que ambos perezcan en el intento.
Es esta situación la que ha llevado a las autoridades dominicanas a establecer una Ley para la regularización de extranjeros residentes de manera irregular en su territorio con la finalidad de poderles garantizar un estatus que a su vez les haga incluyente y les libere de los abusos laborales que en todo país empresarios y comerciantes inescrupulosos acometen contra los extranjeros sin papeles.
En honor a la verdad el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, aplica para los ciudadanos de todas las nacionalidades que se encuentran en situaciones iguales, pero nadie puede negar que la inmensa mayoría sean de nacionalidad haitiana. El Plan persigue además, frenar el ingreso de más extranjeros en condición de irregularidad a nuestro territorio.
La comunidad internacional y el propio gobierno de Haití, no han colaborado para dotar a estos ciudadanos de los documentos que les permitan acogerse a la gratuita regularización ofertada durante siete (7) meses con financiamiento del presupuesto dominicano.
Es la República Dominicana el único Estado que ha implementado un Plan para Regularizar extranjeros en su territorio de manera gratuita, sacrificio que no reconocen países como los Estados Unidos, Canadá, ni el propio Haití y que recibe la agresión de organismos como el CARICON y la Corte Interamericana de los derechos humanos.
Ahora que la inscripción para regularización de extranjeros llega a su final en segunda prórroga, aparecen una serie de voces que postulan por la ampliación del plazo y en rechazo a la repatriación de los extranjeros que estando en condiciones de residencia irregular no se acogieron a la Regulación, retomando una campaña contra la República Dominicana, donde se nos acusa con falacias tan grandes como el cosmos, de ser racistas, de negar el acceso a la apertura de cuentas bancarias y hasta de impedirles a los hijos de extranjeros irregulares el acceso a la Educación.
Todo falso, pues no existe racismo en la República Dominicana, más allá del epíteto de cualquier demente en solitario, pero nunca en la magnitud de Baltimore u otros estados de la Unión Americana. El derecho a la educación es sagrado para todos los niños y niñas en la República Dominicana sin restricciones. Que se sepa en ningún país del mundo el banco apertura cuenta a quienes carecen de documentos y quien debe emitirle a los haitianos actas de nacimientos, pasaporte o cédula es el Estado Haitiano.
Ahora, que se anuncia que a partir del próximo día jueves 18 se iniciaran las repatriaciones, la República Dominicana debe actuar con suma cautela garantizando que no haya excesos, que los traslados se hagan en condiciones de dignidad humana, asegurándose que en los transportes sean confortables, agregándoles televisores que incluyan vídeos en el idioma creol donde se les explique porque nuestro país no puede acogerles en dichas condiciones.
Nuestro gobierno no puede ceder a ninguno de los extremos que polemizan frente a esta situación que debemos encarar definitivamente. Ni ante pretenden que dejemos eso así, ni antes los que voz en cuello no quieren a ninguno.
Este tema no es político partidario, es un tema de nación y en consecuencia de política de estado, por que deberemos actuar con mucho tacto, dispensando un trato humano; pero con la firmeza que demuestre nuestra determinación para resolver el asunto de la migración sin control.
