1. La destrucción de la unidad demográfica del Estado 

Suetonio, el autor de  Los doce Césares, dijo que Julio César pronunció la famosa frase  alea jacta est ( ¡la suerte está echada!) cuando hallándose en la avanzadilla de su ejército cruzó el Rubicón para hacerle la guerra a Pompeyo.  Ese día del año  49  a. C. , Julio César tomó el riesgo inmenso de transgredir la Ley y sentía, entonces, las aprensiones del jugador que sabe  que, con un simple gesto, puede perderlo todo.

Al igual que Julio  César, el Gobierno  tomó una decisión extremadamente arriesgada. Decidió  quebrantar la Constitución; declararle  la guerra a  la Sentencia 168/13; buscar la aprobación de sus enemigos jurados; terminó  secundando todos los chantajes empleados por los partidarios de traspasarle los problemas haitianos al país; empleó brutalmente toda su artillería contra el Tribunal Constitucional.

• El primer cañonazo fue el Decreto 327/13 que prohíbe por casi dos años las deportaciones de todos los que se inscriban (art.37) ; en el artículo 35 del mencionado decreto el Estado se compromete a darle permiso de residencia a todo enfermo crónico hasta tanto concluya su tratamiento médico, bajo el argumento que se trata de personas vulnerables  ¿No traerá consigo esta medida un efecto llamada? Nos hemos convertido en importadores  de enfermos del país con más enfermedades del continente. Los resultados catastróficos se hallan a la vista. Miles de  parturientas y miles de  enfermos  de SIDA, cólera, hepatitis, filariosis, malaria– devoran, copiosamente, el presupuesto de los hospitales del país. Los dominicanos que no tienen un Estado ni ONG ni Iglesias ni políticos que defiendan sus derechos son  excluidos de esos servicios.
• El segundo cañonazo fue la Ley 169/14 que cambiaba el régimen de extranjería y el régimen de nacionalidad.

1. Porque le atribuía, por vez primera, la nacionalidad dominicana a descendientes de extranjeros no residentes.
2. Porque anulaba las condiciones que la Constitución exige a los descendientes de extranjeros para acceder a la nacionalidad por haber nacido en el territorio nacional, que fueron ratificadas por la Sentencia TC 168/13.

Esa operación se hallaba expresamente prohibida por la Constitución,  como se echa de ver en el subrayado del artículo 272 de la Constitución.

Artículo 272.- Referendo aprobatorio. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. (Constitución: 2010)

  A la luz de esta comparación la Ley 169-14  es, pues,  inconstitucional. Porque  para poder promulgarla había que consultar al pueblo dominicano.  Los derechos que la Constitución le acuerda al pueblo fueron pisoteados brutalmente. 

• El tercer cañonazo fue el decreto 250/14

Al igual que en la época del General Pedro Santana  el arrojo  y la determinación  de los que mandan sólo se aplican contra los dominicanos; con el poder extranjero suelen ser obsequiosos y obedientes; permiten que ultrajen la imagen del país.  La política exterior de los Estados interventores se  realiza  a través de las ONG.  Los peones del intervencionismo internacional han sido incorporados a los mecanismos de decisión y tutelan las disposiciones adoptadas por el Estado.

Fue así como quedó destruido  el principio cardinal de la Sentencia, 168/13 que  establecía que los hijos de extranjeros  no residentes (en tránsito o francamente ilegales) no pueden beneficiarse de la adquisición de la nacionalidad dominicana por jus solis. Disposición que se halla establecida  en el 90% de las legislaciones del mundo. La sentencia no deja a ningún extranjero irregular en circunstancia de apatridia. Porque los hijos de haitianos nazcan en Haití  o en la Conchinchina son, primariamente, haitianos.  El modelo de la Sentencia fue la señora Julienne Deguis Pierre, hija de extranjeros no residentes en el país, como los miles de haitianos que cruzan la frontera, y nacen en nuestros hospitales.

La demolición se llevo a cabo en dos fases.

1. La desintegración de la Sentencia 168/13

Para destruir la Sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno  manipuló al Poder Legislativo e impuso, sin discusiones,  y aplicando el rodillo de su mayoría  constitucional la Ley 169/14. Mediante este dispositivo se plantea en el artículo 2, la restitución de la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros no residentes  ·

“en virtud de esta ley, la Junta Central Electoral los acreditará como nacionales dominicanos “.

La Sentencia 168/13  planteaba rotundamente lo contrario. Inmediatamente se creó el Comité de los Desnacionalizados capitaneados por Juan Bolívar Díaz para llevar a cabo la lucha sin cuartel contra la Sentencia en el país y en el extranjero.  Comenzó a seguidas una campaña contra los jueces. Se trató incluso de transferirle las competencias de los tribunales internos del país  a una corte extranjera,   la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).  Al cabo de un año, el vocero  de  los  que combatieron la Sentencia  TC 168/13 celebra su victoria  contra el país y  en contra de las disposiciones del Tribunal Constitucional. He aquí el trofeo que ahora exhibe:

“En mayo del año pasado la Ley 169-14 dispuso restituir la nacionalidad a quienes fueron privados de ella por la sentencia 168/13, pero costó 13 meses implementarla.(…) la JCE dispuso que las 165 oficialías del Estado Civil validen las actas de nacimiento de 55 mil personas a quienes se les tenían suspendidas, publicando los listados el viernes 26. También se ordenó restituir las cédulas de identidad, con sus mismos números, a quienes se les había cancelado. Eso a su vez permitirá a esa población declarar a sus hijos como dominicanos, lo que ya hizo con sus cuatro hijos Juliana Deguís, la domínico-haitiana por la que el Tribunal Constitucional dictó su sentencia 168/13.”  (Juan Bolívar Díaz: “Regularización…” HOY, 28/6/15)

El segundo grupo  corresponde aquellos que  proclaman haber nacido en el país pero que no tienen pruebas materiales que atestigüen de esa condición.  A esos se  les propone una regularización, y una naturalización al cabo de dos años. En esos grupos se calcula que hay  unas 8000  personas.

La proporción de todas esas personas y sus descendientes, a los que se les están ya expidiendo las cédulas de identidad, podría superar sobradamente los 300.000 nuevos votantes y decidir las próximas elecciones. Al traspasarle los derechos de la nacionalidad a otra población, que lleva otras miras, se ha roto la unidad demográfica del voto; se ha fracturado la capacidad de autodeterminación del pueblo dominicano, que ha quedado sometida a las decisiones que, en algún momento tomen esas poblaciones. Al examinar la lista publicada por la Junta Central Electoral de los nuevos dominicanos, pueden notarse algunas  extravagancias :

1. Hay cientos de personas sin ningún apellido;
2. Hay muchos con apellidos dominicanos, sin que estén emparentados con ninguna de las ramas provinciales; puede tratarse de auténticas suplantaciones de nombres. En algunos casos, nos encontramos con apellidos alemanes; observé que unos de los inscritos tienen el nombre y los apellidos de un amigo español: Francisco Javier Prida Busto; algunos nombres fueron extraídos, parecer, del cementerio o de una mera suplantación, ¿Cómo es posible que una persona de Neyba o de Barahona se apellide Mateo o Féliz y no corresponde al entronque nacional.
3. Los apellidos Pie, Yan, se repiten demasiado y no corresponden a una misma familia.

En resumidas cuentas, nada garantiza que no se hayan producido suplantaciones de nombres, falsificaciones de identidades,  fraudes y chapucerías.  Todo eso huele a chamusquina.

2. La destrucción de los resultados históricos de 1844

Por último, se hallan todos aquellos que fueron inscritos sin ninguna condición. De las 288.466 personas que fueron finalmente registradas, sin respetar mínimamente los requerimientos establecidos en la Ley,  sólo 4.303 lograron completar los expedientes. El 99% fue inscrito irregularmente. A estos supuestamente se le dará un plazo de uno o dos años  para que completen  los expedientes, y contarán para ello con un visado especial.  Hay  que suponer  que a los 4. 303 se les otorgará el status migratorio regular, y que sus descendientes reclamarán amparados en la 169/14 la nacionalidad dominicana.

¿Qué se hará con los 284.000 que han sido incluidos en el plan de regularización  sin haber cumplido ni siquiera con los requisitos mínimos exigidos en la Ley?  De esos algunos presentaron un pasaporte (86.953); otros, mostraron  un acta de nacimiento haitiana (78.425); otros, una cédula (56.695)  y otros, (25.000) no presentaron absolutamente nada. Ninguno pudo presentar documentación que demuestre su radicación en la República Dominicana: ni recibo de pago de servicios, ni pago del alquiler de vivienda ni testigos de la vecindad ni otras vinculaciones. Una proporción considerable sencillamente, se proveyó de un pasaporte, cruzo la frontera,  se colocó en la fila y se inscribió en el plan de regularización. No creo que haya un Estado en el mundo que manifieste mayor desprecio por su propia Constitución y sus propias leyes.

Si  a los haitianos que se hallan en el país se les hubiera aplicado, aun cuando sea por reciprocidad jurídica,  las mismas exigencias que ellos les hacen a los extranjeros que desean establecerse en Haití, la cantidad de inscritos fuese irrisoria. ¿Por qué si esas leyes son tan buenas, cuando ellos las aplican en su país, deberían ser malas, cuando se les aplican a ellos, fuera de su país?

Cuenta bancaria de (5000 gourdes),

Carta del empleador,

Pasaporte  visado,

Certificado de salud,

Certificado de no delincuencia

Y  la carta de  solicitud ante el Ministerio de lo Interior

El  Plan de  Regularización no ha sido concebido para controlar la   inmigración extranjera que ha desbordado los linderos, sino para permitir la colonización  de la República Dominicana.  En el propio decreto 327/13 se le propone al inmigrante que ha alcanzado la legalidad, que se haga dominicano, cuando resulta completamente innecesario, porque tendrían permiso de residencia en el país.

Ahora vamos a la pregunta esencial ¿Puede decirse, que tras este inmenso sacrificio que  llevó  al grupo que, realmente, gobierna a quebrantar la Constitución y a entregarle la nacionalidad dominicana a 55.000 extranjeros y a todos  sus descendientes , las autoridades han dado solución a un problema de gran envergadura? ¿Pueden jactarse los que metido al país en esta trampa mortal  de que,  de  ahora en lo adelante, empezará una era de paz, cooperación  buenas relaciones entre los dos países? Desde luego que no.

Fue esa la creencia ingenua   la que inspiró a las concibieron la destrucción de la Sentencia 168/13. Se dedicaron a desacreditar a todos los que, impregnado de los ideales de Juan Pablo Duarte, se oponían a traspasarles la nacionalidad dominicana a los descendientes de extranjeros no residentes en el país. Sus cuadrillas de asesinos de reputaciones nos bombardearon con una salva de insultos nauseabundos. Ahora resulta que los haitianos quieren más. Ya tienen el control de las elecciones y de los líderes de los partidos. Porque se hallarán representados en el padrón electoral.  Pero para ellos, nada de eso resulta suficiente. Porque en su proceso de expansión lo que buscan es el espacio vital. De los traidores nada se puede esperar. Sus resentimiento no tiene límites. A ellos,   además, del dinero que la  manipulación extranjera pone en sus manos, los mueve el ansia de destrucción. Pero,  ¿ puede un verdadero dominicano pensar que el país deba entregarle definitivamente todos los empleos de la agricultura, de la construcción, de los trabajos informarles a esta marejada de extranjero ilegales, que una vez han entrado en nuestra casa, obligan  al Gobierno a negociar el ejercicio de la soberanía? Lo único que queda claro en este intríngulis es que el que no defiende su patria, la pierde.  Para contener una campaña que se ha apoyado, en la falta de patriotismo y en los argumentos de los peones del intervencionismo internacional, decidieron claudicar. Darle la espalda a la Constitución y a las leyes.  Ya se sabe que el gallo no pelea. ¿Qué otro paso debe dar el país para obtener una tregua del Gobierno haitiano, que, en todas estas claudicaciones está hallando la forma definitiva de resolver su problema a expensas de la República Dominicana?

¿Tiene sentido que el país regularice como residentes a personas que no hacen ninguna labor en el país, que se dedican a la mendicidad, al trabajo informal,  a la delincuencia, que se instalan en los hospitales o en albergues infantiles e impiden que un dominicano pueda utilizar esos servicios?

En la OEA, el Canciller Navarro, pudo percatarse de viva voz que los haitianos, aun cuando en los cocteles nos hacen la carantoña y montan su teatro, cuando están ante los grandes escenarios nos entierran sin piedad la puñalada trapera. Fue ante todo el consistorio de la OEA que el embajador de Haití, Bochi Edmond,  nos acusó de apartheid y trató, con una intervención plagada de mentiras, de manipular el  auditorio internacional  en contra de nuestro país. Para los haitianos la debilidad diplomática del país se interpreta como la ocasión dorada de desmontar definitivamente la frontera jurídica dominicana.

Ante el mundo,  el Gobierno haitiano comienza a negarle la nacionalidad a su propia población.  Con esta medida, el Gobierno de Martelly  ejecuta el mayor genocidio civil en la historia del Caribe, el de privar a todos los hijos de haitianos de la nacionalidad de sus padres; romper brutalmente el derecho de filiación;  el  peso irreversible de los vínculos consanguíneos y de los enlaces familiares,  para traspasarlo a la República Dominicana como un hato de reses.

Nunca antes habíamos llegado a una etapa de mayor rebajamiento moral, a pactos diabólicos, hechos en la penumbra de los despachos, al traspaso irresponsable de la soberanía a otras poblaciones, al abandono, a un ejercicio del mando sin patriotismo y sin grandeza

Al llegar a este punto, pienso en la felicidad de los muertos. La de los grandes dominicanos que combatieron por la Independencia del país, y no han tenido como nosotros que presenciar  el triste espectáculo de la  decadencia de toda nuestra vida  y la destrucción de la cohesión nacional.

1.- ¿Por qué no podemos los dominicanos hacer un alto en el debate de sordos en que hemos convertido los problemas de la nacionalidad y de la agobiante inmigración de haitianos para retomar el diálogo y el esfuerzo por establecer cuáles cosas nos unen y cuáles nos dividen?

2.- ¿Por qué nos resulta tan difícil entender que no puede tener los mismos derechos, el que nació en el país y fue alguna vez inscrito como dominicano o dominicana, que los que vinieron del exterior, de Haití, en su mayoría ya adultos?

3.- ¿Por qué no aceptamos que hace tiempo la soberanía nacional es un concepto limitado por innumerables tratados internacionales de los que es suscriptora la nación dominicana, no sólo en materia de derechos humanos, sino también en cuestiones tan diversas como comercio, medio ambiente, energía nuclear o derecho de autor?

4.- ¿Por qué si hemos acatado condenas internacionales por violar tratados de libre comercio, demandados por países centroamericanos, no podemos hacerlo con una cuestión más fundamental, como derechos humanos?

5.- ¿Por qué nos ha costado tanto entender las razones por las que ni una sola institución, periódico o personalidad internacional ha aceptado que soberanamente priváramos de la nacionalidad a decenas de miles de personas que habían nacido en el país, aunque los hubiésemos inscrito por error a lo largo de un siglo?

6.- ¿Por qué razón persistimos en responder que somos soberanos para establecer nuestras políticas migratorias cuando lo que nos cuestionan es sobre derecho de los nacidos en el país, como si no fueran dos cosas diferentes?

7.- ¿Por qué si la Ley 169-14 dispuso la validación de las actas de los que habíamos inscrito como dominicanos “por error de interpretación de la Constitución”, nos tardamos 13 meses para hacerla efectiva, aunque la misma fuera aprobada de urgencia y especificaba que se hiciera “sin ningún trámite administrativo”?

8.- ¿Por qué seguimos afirmando que aquí nadie fue desnacionalizado ni dejado apátrida si el 26 de junio la JCE publicó en 184 páginas de Hoy y del Lístín los nombres de 55 mil personas a las que se les notifica que ya pueden ir a obtener sus actas de nacimiento para recuperar las facultades ciudadanas, y declarar a sus hijos, después de ocho años negándoselo?

9.- ¿Por qué no incluimos al Papa Francisco entre los “enemigos de la patria dominicana” que desacreditan la nación, cuando él se sumó a cuantos reclaman derechos humanos, al decirle a los obispos dominicanos que no pueden ser indiferentes y deben colaborar con las autoridades “para alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos”?

10.-¿ Qué ganamos con llegar al extremo de hostigar a ejecutivos de instituciones internacionales reconocidas en materia de derechos humanos y retener en el aeropuerto al director para las Américas de Human Rights Watch, para que esa misma noche CNN le pusiera a hablar durante media hora y sus denuncias se reprodujeran por todo el mundo?

11.- ¿Cuándo vamos a entender el daño que le estamos causando a la imagen internacional del país, y que estamos perdidos al pretender confundir derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana nacidos en el país con el derecho a regularizar y limitar la inmigración?

12.- Y finalmente, ¿por qué no cerramos honradamente el capítulo de los desnacionalizados, completando las garantías de los que aún quedan sin derecho y nos concentramos en la regularización que ningún extranjero rechaza y en lo que estamos de acuerdo y reclamamos todos los dominicanos?