Por RAMFIS DOMINGUEZ-TRUJILLO

A modo de introducción, mi nombre es L. Ramfis Domínguez-Trujillo, Presidente del Partido Esperanza Democrática (PED) de la República Dominicana, y soy producto de nuestra diáspora en los Estados Unidos.

Yo nací en Manhattan, Nueva York en 1970.

En virtud de mi herencia sé lo que representa nacer en un país que por origen, no es el propio, y estoy verdaderamente agradecido por las maravillosas oportunidades ofrecidas por ésta gran nación a mí y a mi familia. Es sin embargo con notable preocupación y desconcierto, que he leído lo que es en efecto una provocación pública, convocando al boicot general no solamente contra el gran país que es la República Dominicana y sus excepcionales compatriotas, sino también contra los cerca de 800 mil ciudadanos dominicanos residentes en Nueva York, muchos de los cuales apoyaron su candidatura.

Su insostenible postura pudiera ser el resultado de la campaña sistemática de menosprecio que ha sido librada por un número de sectores. Hay sin duda alguna, poderosas fuerzas que han aprovechado la desgracia de los haitianos para hacer cumplir sus nefastos propósitos. Hay asimismo quienes están decididos a servirse de los beneficios económicos inherentes en la explotación de los recursos naturales de la República Dominicana y Haití. Los problemas entre ambos países también han sido ofuscados por la intrusión de las organizaciones internacionales y grupos que se han asociado a fuentes de noticias importantes para promover un sinnúmero de confusas acusaciones y mentiras absolutas. La República Dominicana y Haití tienen una larga historia que comenzó durante la ocupación colonial de la isla por España y Francia.

Nuestra independencia fue obtenida después de 22 años de ocupación feroz y numerosos enfrentamientos sangrientos con nuestros vecinos.

La migración de haitianos hacia nuestro territorio ha sido constante y pesa fuertemente sobre los considerablemente empobrecidos recursos de nuestro país. Es esencial conocer la historia de la isla para comprender el dilema que existe entre la República dominicano y Haití.

La República Dominicana es sin duda alguna un país rico que padece de una larga historia reciente de extremas y altamente dañinas gestiones económicas a mano de malos gobiernos. El lamentable resultado es que más de 1 millón de ciudadanos fueron sumergidos en la pobreza en los últimos años. Los números son alarmantes, pero el efecto visual es aún más pavoroso. Le insto a viajar a la República Dominicana para que pueda apreciar las condiciones insufribles que nuestra gente debe soportar, mientras que nuestros substanciales recursos naturales se agotan, junto con nuestras riquezas y los correspondientes beneficios financieros.Soy un hombre de gran fe y creo en dar la mano amigo a quien lo necesite.

También creo que dadas las circunstancias, absolutamente nadie tiene derecho de cuestionar nuestra solidaridad con Haití y más aún durante un de los momento más difíciles para el país. Fuimos los primeros grupos en apersonarnos cuando el terremoto azotó a la empobrecida nación.

El gobierno dominicano proporcionó considerable asistencia, apoyo y asentamiento temporal incluso a muchos haitianos, y un número de organizaciones locales e individuos enviaron alimentos, suministros médicos, equipos, moradas temporales y mucho más.

Nuestra administración incluso donó una Universidad, con un precio impresionante de 52 millones de dólares, para ayudar aún más en la reconstrucción del país. Es una realidad económica que el capital Dominicano y su rudimentaria infraestructura simplemente no pueden soportar el extraordinario peso de la masiva migración haitiana en sus fronteras.

Me suscribo firmemente a la idea que «la caridad empieza por casa» y por lo tanto, primero debemos asegurarnos que nuestros dominicanos puedan satisfacer sus necesidades básicas y reciban los elementos esenciales que nuestra Constitución nos garantiza y que eluden a la inmensa mayoría de ciudadanos dominicanos, antes de poder ofrecer estos beneficios a nuestros vecinos.

Yo siempre he sido y seguiré siendo un fuerte defensor de la

generosidad hacia nuestros vecinos haitianos, pero por encima de todo, seré siempre fiel a mis raíces dominicanas, mi sentimiento enteramente nacionalista y defensor incansable de nuestro pueblo.

Ningún líder, representante o ciudadano debe aspirar a menos que eso a favor de su país. Sin embargo, mi sentimiento Patriota no es incompatible con los valores de compasión, generosidad y empatía con nuestros vecinos haitianos. Nunca he sido y jamás patrocinaré sentimientos de xenofobia o racismo de ningún tipo. La República Dominicana ha sido calumniada con críticas y asaltos verbales que alegan erróneamente que estamos privando a estos «dominicanos» de su nacionalidad, dejándolos apátridas, pero nada podría estar más lejos de la verdad.

La Constitución haitiana aplica el principio de jus sanguinis como medio de obtener la ciudadanía, sin importar el lugar de origen.

También es importante señalar que desde 1948, la República Dominicana ofrece el beneficio de la Ley 1683, proporcionando los mecanismos para adquirir la nacionalidad dominicana a todos los ciudadanos del mundo.

En determinada consonancia con el país vecino, fuimos capaces de violar principios básicos inherentes en nuestras leyes, con el fin de ofrecer un período de gracia de 18 meses dentro de la cual estos inmigrantes ilegales podrían regularizar su asentamiento.

También le sugiero que lea los numerosos artículos publicados incluso en Le Nouvelliste, que reconocen y documentan el fracaso de las autoridades haitianas en rendir asistencia a sus compatriotas en éste proceso. Es lamentable que la República Dominicana y su gente deban ser sometidas a ataques burdos y desdeñosos y acusaciones basadas únicamente en las fechorías de un diminuto grupo de individuos que explotan ilícitamente los haitianos residentes en República Dominicana.

Tal vez esta andanada de ataques debería re-orientarse para incluir también las innumerables organizaciones locales e internacionales y las instituciones gubernamentales que abusan y manipulan al pueblo haitiano en su propio territorio. Le invito a escudriñar más a fondo la causa efecto de la actual situación migratoria en la República Dominicana. Los problemas que enfrentamos resuenan, aunque en mayores proporciones, en otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, una nación que acoge a considerables inmigrantes de todo el mundo y que históricamente se ha enorgullecido por ser bastión de la libertad y la democracia. Estos principios imperan aún pese a las estrictas leyes que han promulgado regulando la migración hacia sus fronteras.

Nadie en su sano juicio sugeriría que los Estados Unidos ha abandonado su ideología democrática o preocupaciones humanitarias simplemente porque no abrir sus fronteras a las empobrecidas poblaciones de México y demás Centroamericanos. Como nación civilizada y soberana, la República Dominicana tiene el derecho de proteger la integridad de sus fronteras y exigir respeto a sus leyes y principios constitucionales.

Le ruego reconsiderar sus desatinadas declaraciones. Ataques de esta naturaleza hacen poco para promover un discurso razonable, e ignoran la realidad de la relación histórica entre la República Dominicana y su vecino isleño. Debemos laborar juntos para fomentar la paz y promover la armonía entre ambas naciones, no provocando la implacable hostilidad que en la actualidad se promulga en detrimento de ambos países.

Es mi firme deseo que la hipérbole y las recriminaciones sean obviadas a favor de la razón y el sentido común, y que estos nos guíen hacia la resolución de ésta crisis.

De nosotros depende elevar el nivel de respeto internacional y civilidad para las futuras generaciones.

Atentamente

L.Ramfis Domínguez-Trujillo

Presidente,

Partido Esperanza Democrática

Jpm

 

 

WASHINGTON.- La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictaminó este viernes que la Constitución estadounidense otorga a las parejas del mismo sexo el derecho a casarse, en un triunfo histórico para el movimiento homosexual del país.

La Corte votó por 5 a 4 que las garantías de la Constitución del debido proceso y la protección igualitaria bajo la ley implican que los estados no pueden prohibir los matrimonios de parejas del mismo sexo.

Con este dictamen, los matrimonios homosexuales serán legales en los 50 estados del país.

La sentencia, comparada por su alcance con la que en 1954 ilegalizó la segregación racial en las escuelas o la que consagró el derecho al aborto, despeja la vía para que las personas del mismo sexo puedan casarse en todo el país.

La sentencia establece que los estados están obligados a conceder licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo bajo la 14 Enmienda de la Constitución, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

El argumento de los demandantes, asegura el juez Anthony Kennedy en la sentencia, es que exigen el pleno derecho al matrimonio por su profundo respeto hacia él.

«Su deseo no es que les perdonen ni les dejen vivir excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Exigen la igualdad de derechos ante la ley. Y la Constitución les concede ese derecho», dijo.

Se trata de la culminación de décadas de lucha y de un sprint final en el que, en poco tiempo, la opinión pública y los políticos y jueces han dado un vuelco radical.

Hace diez años, el matrimonio homosexual era legal en un solo estado, los principales líderes demócratas y republicanos estaban en contra y, para los candidatos, oponerse a las bodas gais daba réditos electorales. Ahora es legal en 36 estados, la Administración federal reconoce a los matrimonios de un mismo sexo a efectos administrativos como el pago de impuestos y las fuerzas armadas aceptan a gais y lesbianas.

La decisión de la Corte ha contado con el voto decisivo del juez Kennedy, clave también la sentencia que hace dos años declaró inconstitucional la ley que desde 1996 definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, conocida como DOMA. «No hay ninguna unión más profunda que el matrimonio, que representa los más altos ideales de amor, fidelidad, devoción, sacrificio y familia», escribió el juez en la sentencia.

«Como demuestran los demandantes de estos casos, el matrimonio representa un amor que puede sobrevivir a la muerte. No habríamos entendido a estas parejas si decimos que faltan el respeto a la idea de matrimonio», indicó.

Los jueces se pronunciaron este viernes acerca de cuatro casos planteados por 12 parejas que acabaron confluyendo ante la Corte. Todos ellos obligaban a responder dos cuestiones: si los estados pueden prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y si están obligados a admitir las uniones de aquellas parejas que ya hayan contraído matrimonio fuera de sus fronteras.

En el caso de una pareja, su estado de residencia no le reconoce como viudo porque nunca aceptó que estuviera casado por haberlo hecho en otro estado.

En otro, una pareja de lesbianas vio cómo sus cuatro hijos solo podían ser adoptados por una de ellas, pero no ambas, al no reconocerles como matrimonio.

La sentencia, respaldada por una mayoría de cinco jueces a cuatro, llega en la cresta de una ola de cambio que han abrazado desde los ciudadanos hasta los principales líderes políticos y empresariales del país. Y coincide con la postura de la mayoría de la población estadounidense en respaldo de la plena igualdad de derechos de los homosexuales.

Nadie dudaba que el movimiento era imparable, pero el Tribunal Supremo lo acelera. No es la primera vez que una decisión de los nueve magistrados transforma este país, desde el fin de la segregación racial a la legalización del aborto, pasando por la victoria de George W. Bush en las elecciones presidenciales de 2000.

El Supremo, máxima instancia judicial, vela por el cumplimiento de la Constitución, pero en general ha estado en sintonía con la evolución de la sociedad.

jt/am