Es evidente la desconexión abismal entre lo proyectado por la mayoría de las encuestas previas a las elecciones, y las realizadas a boca de urna, con los resultados oficiales, alimentando así la polémica sobre la transparencia y legitimidad del proceso electoral en Ecuador.

Con el precedente de tres gobiernos desastrosos, se efectuaron la primera vuelta electoral, 9 de febrero del 2025 y una segunda vuelta electoral efectuada el pasado 13 abril del 2025. En el primer certamen se produjo un empate técnico entre el candidato- presidente de la derecha Daniel Noboa, y la candidata del progresismo Luisa González, con una diferencia de apenas 16 mil votos a favor del mandatario.

Y en los resultados en medio de una situación política, económica y social caracterizada la violencia, la inseguridad, la extrema precariedad en los servicios públicos, con suspensión de hasta 14 horas de fluido eléctrico, las más precarias condiciones de la educación pública y de la salud, la violencia y la delincuencia que ubican a Ecuador como el país más inseguro del mundo, y ante una reacción de shock, los diversos sectores reaccionan: como Daniel Noboa sorprende con una victoria pasmosa, mientras se preguntan cómo Luisa González cae de manera estrepitosa, en tan poco tiempo.

Para la segunda vuelta, se destacó el papel del candidato de la raza originaria, quien obtuvo más de 500 mil votos en la primera ronda y quedó en tercer lugar, y cuyo respaldo fue fundamental para la estrategia de Luisa González, al sumarse líderes y organizaciones indígenas a su campaña.

Sin embargo, este apoyo parece haberse diluido al no reflejarse en el resultado final, lo que pone de relieve una desconexión abismal entre lo proyectado por las encuestas y los resultados oficiales, alimentando así la polémica sobre la transparencia y legitimidad del proceso electoral.

Durante la contienda, Luisa González se destacó por una conducta impecable, sin errores que pudieran defraudar a un electorado ansioso por un cambio de rumbo en el país. La mayoría de las encuestas, tanto las previas, como las realizadas en boca de urna, apuntaban de forma clara a la candidata del progresismo como favorita para liderar el país, lo que generaba expectativas de una transformación en la conducción política y en la manera de abordar los problemas nacionales.

Caracterización de la situación social y económica de Ecuador

El escenario en el que se desarrollaron elecciones de segunda vuelta estuvo marcado por una crisis social y económica profunda.

Durante el mandato del actual presidente-candidato, se han agravado todos los indicadores sociales y económicos, evidenciando un deterioro que afecta a amplios sectores de la población. La prolongada situación de apagones, que en ocasiones se extendieron hasta 14 horas, ha mermado la calidad de vida y ha repercutido en la productividad de diversas actividades.

Paralelamente, la situación de la salud pública ha empeorado notablemente, con hospitales saturados y una respuesta insuficiente ante emergencias sanitarias, lo que ha generado un clima de descontento y desesperanza entre los ciudadanos.

Este deterioro estructural se suma a una crisis política que se traduce en la falta de respuestas efectivas ante los problemas del país. La desconexión entre la realidad vivida por la ciudadanía y la gestión del gobierno se hace cada vez más patente, alimentando la percepción de un fraude burdo y colosal que favorece a un candidato cuyo mandato se percibe como incapaz de revertir la espiral negativa en la que se encuentra la nación.

Las expectativas generadas por las encuestas y por el respaldo de diversos sectores se han visto frustradas por una realidad innegable de agravamiento en la vida cotidiana, dejando en evidencia un panorama que exige profundas reformas y una rendición de cuentas real.

Descontento ciudadano y la inseguridad en auge

La inseguridad es otro factor determinante en este contexto de crisis. Durante el mandato actual, se ha registrado un incremento alarmante de la violencia y de situaciones delictivas en diversas regiones del país, lo que ha contribuido a un clima de temor y desconfianza hacia las instituciones.

La percepción de que la seguridad ciudadana ha sido desatendida ha potenciado el descontento social, generando un ambiente de incertidumbre que se refleja en cada rincón de Ecuador. Este ambiente de inseguridad ha sido agravado por la falta de medidas efectivas y por una gestión que parece priorizar intereses políticos por encima del bienestar de la población.

El agravamiento de la situación se convierte en el epicentro de las denuncias y críticas, ya que la discrepancia entre la realidad diaria de los ciudadanos y los resultados que anuncia el Consejo Nacional Electoral resulta insostenible.

La evidencia de apagones prolongados, el deterioro de la salud pública y el aumento de la inseguridad, en un contexto donde la gestión gubernamental debería estar orientada a resolver estos problemas, refuerza la tesis de un fraude electoral que busca ocultar el verdadero estado de crisis que atraviesa el país.

jpm-am

Es probable que mis colegas abogados con solo el titular comprendan el contenido de este artículo, pero necesitamos aclararlos para el lector común. A pesar de que es temprano para discutir la responsabilidad, dado que aún el sufrimiento embarga a los parientes de los fallecidos, a los cuales les expresamos nuestra condolencia.

La responsabilidad social y política del suceso, impone su tratamiento dado la idiosincrasia dominicana del olvido. Jurídicamente, no parece acertada la decisión del presidente, al crear una Comisión de Investigación, sin fuerza coactiva, parece más una pérdida de tiempo y una dilatación de cualquier proceso judicial que se pudiera incoar.

Posiblemente las intenciones del presidente Abinader sean buenas, pero no son las correctas, debe dejar actuar a la justicia. En primer lugar, es a la Procuraduría General del Estado, en la figura de la procuradora Yeni Berenice Reinoso, quien tiene la capacidad y jurisdicción para iniciar el proceso, del cual se podrán desprender cuantas comisiones de investigación sean necesaria, en la búsqueda del origen del siniestro. A partir de ahí, surgirán obligaciones, sean penales, responsabilidad subsidiaria y política, o simplemente desdichas del destino.

Responsabilidades penales del propietario, sea por acción u omisión, puesto que después del incendio del local, en el año 2023, debió tomar los correctivos de lugar para asegurar no solo la funcionabilidad, sino la seguridad de la instalación. Lo hizo, no lo sabemos, para eso está la justicia, a ella corresponde dar cuenta.

El Estado de Derecho, debe funcionar a través de la Procuraduría o del Tribunal donde se interpongan demandas. Y como mínimo ya se deberían tomar medidas cautelares.

El Estado

Responsabilidad subsidiaria, dado que es deber del Estado dominicano asumir las compensaciones que surjan de una sentencia penal, siempre y cuando el inculpado no esté en capacidad económica para responder. Esto sumado a la posible omisión de la institución estatal

Responsabilidad política del Estado, ya que normalmente, tras un incendio sucedido como el de la discoteca en el 2023, los daños a la infraestructura pueden llevar a la demolición del inmueble, lo que no sucedió con la Jet Set. Todo lo contrario.

El Ayuntamiento de Santo Domingo inicialmente, y sin descartar cualquier otra institución oficial, es la entidad responsable de la calificación, otorgamiento y las debidas autorizaciones o permiso de edificación y habitabilidad de edificaciones.

¡Cuidado con los atajos! del gobierno o cualquier otra institución oficial del Estado, la tragedia no es para escurrir el bulto, apuntando a múltiples causas para quitar responsabilidades a los que verdaderamente correspondan. Una vez más se pone en juego, no solo la credibilidad del gobierno, sino del mismo presidente Abinader.

JPM

Por JULIO MARTINEZ

Ante todo, expreso mi más profunda condolencia a las familias afectadas por la devastadora tragedia ocurrida en el establecimiento Jet Set en República Dominicana. El dolor que embarga a nuestra sociedad es indescriptible, y mi intención no es generar mayor aflicción ni controversia innecesaria, sino contribuir a que se haga justicia y que este tipo de incidentes, producto de posibles negligencias graves, no vuelvan a repetirse en nuestro país. Es nuestro deber como ciudadanos y profesionales del derecho no permitir que estas vidas se hayan perdido en vano.

La narrativa conveniente y la distribución de responsabilidades

En días recientes, diversos medios de comunicación han difundido titulares como «Administradora del Jet Set se salvó gracias al heroísmo de su esposo», refiriéndose a la señora Maribel Espaillat, quien, por coincidencia de apellido, parece ser familiar directo del registrado propietario o accionista principal del establecimiento.

Esta narrativa, que intenta construir una imagen positiva en medio de la tragedia, resulta no sólo cuestionable sino profundamente ofensiva frente a la magnitud de lo ocurrido.

¿Cómo podemos hablar de heroísmo cuando decenas de personas perdieron la vida en un establecimiento que aparentemente no contaba con las medidas de seguridad más básicas? ¿Es esta narrativa un intento deliberado de desviar la atención de las responsabilidades administrativas y penales que recaen sobre quienes dirigían el local?

Las fotografías y videos que circulan en redes sociales, tomadas por sobrevivientes y testigos, muestran claramente una serie de irregularidades que no pueden ser ignoradas: puertas de emergencia bloqueadas, pasillos estrechos, ausencia de señalización adecuada, y un sistema contra incendios que pareció no responder como debería.

El papel del administrador y sus responsabilidades legales

Un administrador no es simplemente un empleado más; es la persona encargada de la operación diaria, quien debe velar por la integridad física y financiera del negocio, y cuyas decisiones, buenas o malas, afectan directamente al mismo. Esta no es una opinión personal, sino un hecho respaldado por la legislación dominicana y los principios universales del derecho comercial.

Según el Código Civil Dominicano y la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales, específicamente en sus artículos 28, 29 y 31, el administrador tiene la obligación legal de garantizar que el establecimiento cumpla con todas las normativas de seguridad. El artículo 31 estipula claramente que «los administradores serán responsables individual o solidariamente según el caso, hacia la sociedad o hacia terceros, de las infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias».

Por su parte, la Ley General de Defensa Civil (Ley 147-02) establece en su artículo 28 que los establecimientos públicos deben contar con medidas de seguridad adecuadas, rutas de evacuación señalizadas y planes de contingencia.

Adicionalmente, el Reglamento General de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 522-06) exige en sus artículos 1.2.4 y 1.2.5 que todo establecimiento comercial cuente con un plan de emergencia debidamente socializado con el personal y evaluado periódicamente mediante simulacros.

Evidencias de posibles irregularidades

De acuerdo con diversas publicaciones en medios de comunicación nacionales y reportajes investigativos que han circulado ampliamente tras la tragedia, el establecimiento Jet Set habría presentado múltiples irregularidades estructurales que podrían haber contribuido a la magnitud del desastre, entre las que se mencionan:

• Salidas de emergencia que, según testimonios de sobrevivientes publicados en redes sociales, tenían acceso restringido
• Carencias en los sistemas contra incendios según muestran las fotografías publicadas del local
• Equipos de seguridad aparentemente inadecuados según se aprecia en imágenes que circulan en medios digitales
• Plan de evacuación que varios testigos citados en medios locales afirman desconocer
• Aparente exceso de capacidad según se observa en videos de eventos anteriores publicados en las redes sociales del propio establecimiento
• Instalaciones que no parecían cumplir con los estándares de seguridad actuales según análisis de expertos citados en la prensa

Es responsabilidad de las autoridades investigar a fondo si el establecimiento contaba con todos los permisos requeridos al momento del incidente, particularmente en lo que respecta a certificaciones de seguridad contra incendios que la ley exige para este tipo de negocios. Esta investigación debe realizarse con total transparencia y sus resultados deben ser de conocimiento público.

La situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización existentes y la efectividad de las inspecciones periódicas que deberían realizar las entidades competentes en este tipo de establecimientos de alta concurrencia.

Conocimiento previo de riesgos potenciales

Una pregunta fundamental que debe plantearse en la investigación es si existían indicios previos de riesgos en el establecimiento que pudieron o debieron ser atendidos. Las autoridades investigadoras tienen la responsabilidad de determinar si hubo alertas ignoradas o situaciones de peligro que fueron desatendidas deliberadamente.

Es indispensable que la investigación oficial indague si existe conocimiento previo de condiciones inseguras por parte de la administración del local. Este elemento es crucial en términos jurídicos, pues podría implicar una diferencia significativa en la calificación legal de los hechos según lo establece el Código Penal Dominicano.

La diferencia entre una negligencia simple y una negligencia grave con conocimiento del riesgo tiene implicaciones jurídicas sustanciales. Determinar si los responsables del establecimiento fueron advertidos en algún momento sobre posibles riesgos y si tomaron medidas al respecto, debe ser una prioridad en la investigación.

La evasión de responsabilidades desde las más altas esferas

Resulta profundamente preocupante que desde las más altas instancias gubernamentales se haya evitado sistemáticamente utilizar términos como «responsabilidad penal» o «negligencia criminal», optando por expresiones más suaves como «investigar lo sucedido» o «determinar las causas». Esta retórica parece deliberadamente diseñada para diluir responsabilidades y preparar el terreno para una eventual minimización del caso.

En su primera declaración oficial, el propio Presidente de la República utilizó frases como «lamentable accidente» y «tragedia imprevisible», cuando la evidencia preliminar sugiere que no fue ni lo uno ni lo otro: no fue un simple accidente sino posiblemente el resultado de negligencia grave, y definitivamente no fue previsible dados los antecedentes y las condiciones del local.

En el ámbito jurídico dominicano, es importante señalar que el Código Penal establece sanciones para casos de negligencia con resultados fatales. Los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano contempla el homicidio involuntario, y cuando este se produce por negligencia grave en el contexto de una actividad comercial, las penas pueden agravarse significativamente.

Los expertos en derecho penal coinciden en que, en situaciones donde se comprueba una clara violación a los deberes de cuidado que resulta en múltiples fallecimientos, las consecuencias legales pueden ser severas, pudiendo alcanzar hasta 10 años de prisión cuando se aplican las circunstancias agravantes correspondientes.

El silencio cómplice de las autoridades competentes

A pesar de la gravedad de los hechos y del clamor popular por justicia, no se ha observado un pronunciamiento contundente por parte de la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, ni de la Fiscalía del Distrito Nacional, sobre el inicio de una investigación penal exhaustiva que incluya a todos los posibles responsables, desde los administradores operativos hasta los propietarios y accionistas que podrían haber escatimado en medidas de seguridad para maximizar beneficios.

Este silencio alimenta la percepción, lamentablemente generalizada en nuestra sociedad, de que existen sectores «intocables» que gozan de impunidad independientemente de la gravedad de sus acciones u omisiones. ¿Acaso el dolor de las familias de las víctimas vale menos que la protección de ciertos apellidos o intereses económicos?

Desde una perspectiva jurídica, el caso podría encuadrarse en varias figuras legales contempladas en la legislación dominicana. El artículo 319 del Código Penal Dominicano establece el marco para el homicidio involuntario, que podría agravarse considerando la pluralidad de víctimas y el contexto comercial en que ocurrieron los hechos.

Adicionalmente, la legislación dominicana contempla otras figuras que podrían ser aplicables, como las relacionadas con violaciones a normas de construcción previstas en la Ley 687-82, o las responsabilidades derivadas del ejercicio de actividades comerciales establecidas en la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales.

Un análisis jurídico riguroso del caso debería considerar estas múltiples dimensiones legales para establecer responsabilidades de manera adecuada.

Precedentes jurídicos internacionales

Es importante recordar que existen numerosos precedentes internacionales donde los propietarios y administradores de establecimientos han sido condenados por negligencias similares. El caso de la discoteca República Cromañón en Argentina (2004), donde murieron 194 personas, resultó en condenas de hasta 20 años de prisión para sus dueños y administradores.

En Estados Unidos, el incendio de The Station night-club en Rhode Island (2003) llevó a que los propietarios enfrentarán cargos criminales y civiles, resultando en indemnizaciones millonarias y penas de prisión.

Más recientemente, en Brasil, el incendio de la discoteca Kiss (2013) que cobró la vida de 242 personas, resultó en condenas de hasta 22 años para sus propietarios.

¿Por qué en República Dominicana esperamos un estándar diferente? ¿Acaso la vida de nuestros ciudadanos vale menos que la de argentinos, estadounidenses o brasileños?

Las implicaciones económicas de la seguridad

Un aspecto relevante que merece análisis es la relación costo-beneficio de implementar medidas de seguridad adecuadas en establecimientos comerciales. Los estudios sobre gestión de riesgos consistentemente demuestran que la inversión preventiva en seguridad resulta significativamente menor que los costos económicos, sociales y humanos derivados de incidentes como el ocurrido.

La implementación de sistemas contra incendios, salidas de emergencia adecuadas, señalización apropiada y capacitación del personal representa un costo que, aunque puede parecer significativo inicialmente, resulta proporcionalmente pequeño cuando se compara con los ingresos que generan estos establecimientos a lo largo del tiempo.

Es importante que, como sociedad, comencemos a valorar la seguridad no como un gasto superfluo sino como una inversión esencial e ineludible en cualquier actividad comercial. Ningún ahorro económico puede justificar poner en riesgo vidas humanas.

Responsabilidad compartida pero no diluida

Es fundamental distinguir entre responsabilidad compartida y responsabilidad diluida. Que existan múltiples actores potencialmente responsables (propietarios, administradores, inspectores municipales, etc.) no significa que la culpa debe diluirse hasta desaparecer.

El artículo 1382 del Código Civil Dominicano establece claramente que «cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo». Esta disposición es complementada por el artículo 1384 que establece la responsabilidad no solo por el hecho personal, sino también por el hecho de las personas de quienes se debe responder.

En términos prácticos, esto significa que los propietarios del establecimiento no pueden escudarse detrás de la figura de un administrador delegado, así como este no puede excusarse alegando que seguía órdenes o políticas establecidas por los dueños. Cada uno debe responder por sus acciones y omisiones en la esfera de su competencia.

Un llamado a la acción colectiva

Los ciudadanos dominicanos, especialmente aquellos directamente afectados por esta tragedia, tienen el derecho y la facultad legal de constituirse en parte civil según lo establecido en el artículo 85 del Código Procesal Penal, exigiendo que se investigue y se sancione a todos los responsables, sin importar su posición económica o social.

Diversas organizaciones de la sociedad civil han expresado su disposición para apoyar a las familias de las víctimas en el proceso de búsqueda de justicia. El derecho a la verdad y a la reparación son fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico, y es importante que las familias afectadas conozcan que no están solas en este proceso.

Es crucial recordar que nuestro sistema judicial prevé mecanismos para que los ciudadanos ejerzan sus derechos y soliciten justicia, incluso en casos donde existan intereses económicos poderosos. La representación legal adecuada y el acompañamiento técnico son elementos fundamentales para enfrentar procesos judiciales complejos como el que podría derivarse de esta tragedia.

El papel de los medios de comunicación

Los medios de comunicación tienen una responsabilidad fundamental en este caso. La forma en que se narra lo sucedido, los términos que se utilizan y los aspectos que se destacan pueden influir significativamente en la percepción pública y, potencialmente, en el curso de la justicia.

Titulares que hablan de «heroísmo» o que utilizan eufemismos como «incidente» o «percance» en lugar de «negligencia» o «responsabilidad penal» contribuyen a crear una narrativa que normaliza lo inaceptable y minimiza la gravedad de lo sucedido.

Es deber de los periodistas y comunicadores ejercer su profesión con responsabilidad social, especialmente en casos de esta magnitud. La verdad, por dolorosa que sea, debe prevalecer sobre consideraciones de amistad, relaciones comerciales o presiones externas.

Aspectos técnicos sobre integridad estructural

Un elemento central en esta tragedia que merece especial atención es todo lo relacionado con la integridad estructural del establecimiento. El colapso ocurrido en el Jet Set plantea serias interrogantes sobre el estado de la edificación, su mantenimiento y las modificaciones que pudieran haberse realizado sin los debidos estudios técnicos.

La normativa dominicana, a través del Reglamento General de Edificaciones (Decreto 576-06) y el Código Sísmico Dominicano, establece claros parámetros sobre resistencia estructural, capacidad de carga y mantenimiento que deben cumplir los establecimientos comerciales, especialmente aquellos destinados a la concentración masiva de personas:

• Evaluaciones periódicas de la integridad estructural
• Limitaciones estrictas sobre modificaciones a estructuras existentes
• Cálculos específicos de capacidad de carga por metro cuadrado
• Requisitos de reforzamiento en zonas de alta ocupación
• Protocolos de inspección y mantenimiento

La investigación debe determinar si la estructura del Jet Set había sido sometida a modificaciones no autorizadas, si se respetaba la capacidad máxima establecida según los cálculos estructurales, y si se realizaban las inspecciones técnicas periódicas requeridas por la ley.

Los expertos en ingeniería estructural señalan que en muchos casos los colapsos no ocurren por un único factor, sino por la combinación de varios elementos: deterioro progresivo no atendido, sobrecarga recurrente, modificaciones sin supervisión profesional y falta de mantenimiento preventivo.

El momento de la justicia

Como sociedad, debemos dejar atrás la cultura de la impunidad y la negligencia que ha cobrado demasiadas vidas a lo largo de nuestra historia. La tragedia del Jet Set debe convertirse en un punto de inflexión que marque un antes y un después en la forma en que se manejan las responsabilidades en establecimientos comerciales y en cómo se hace justicia en nuestro país.

Las víctimas y sus familias merecen mucho más que condolencias oficiales, misas conmemorativas o monumentos. Merecen justicia real, castigo ejemplar para los responsables e indemnizaciones justas que, aunque nunca podrán compensar la pérdida de un ser querido, al menos pueden aliviar las cargas económicas que muchas de estas familias enfrentarán.

No permitamos que esta tragedia sea recordada como un episodio más de impunidad en nuestra historia. No aceptemos narrativas que buscan convertir en héroes a quienes podrían haber prevenido lo sucedido, sino villanos. No nos conformemos con investigaciones superficiales que terminan en archivo o en sanciones simbólicas.

La memoria de quienes perdieron la vida en esta tragedia nos exige más. La dignidad de nuestro sistema judicial nos exige más. El futuro de nuestra sociedad nos exige más.

Es hora de que la justicia prevalezca sobre la influencia, que la verdad prevalezca sobre la conveniencia, y que la vida humana prevalezca sobre los intereses económicos.

jpm-am