WASHINGTON 16 Abr.- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha asegurado este miércoles que Kilmar Ábrego, el hombre deportado por un «error administrativo» a El Salvador, «no regresará» a territorio estadounidense, confrontando así directamente con el Tribunal Supremo, que ha ordenado lo contrario a la Administración Donald Trump.

Bondi se ha hecho eco de las declaraciones del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien esta misma semana ha visitado la Casa Blanca y junto a Trump ha asegurado que no enviará a Ábrego de vuelta a Estados Unidos. «No va a regresar a nuestro país, el presidente Bukele dijo que no lo enviaría de regreso», ha manifestado.

Así, Bondi ha señalado que, bajo la interpretación de la Administración Trump, la orden del Supremo de «facilitar» el regreso de Ábrego al país pasaba por poner a disposición de El Salvador los recursos necesarios para la deportación. Sin embargo, Bukele no lo ha solicitado, por lo que Washington se desentiende del asunto.

Ábrego fue deportado a mediados de marzo como parte de las políticas impulsadas por Trump para expulsar a los migrantes ilegales del país, si bien en este caso el ciudadano salvadoreño gozaba de estatus de protección temporal concedido por un juez en 2019 tras abandonar su país de origen huyendo de la violencia.

ORDEN DE LA JUEZA

La jueza federal Paula Xinis ordenó su repatriación, si bien la Administración Trump recurrió al Tribunal Supremo para que bloqueara la decisión. Sin embargo, el máximo tribunal estadounidense respondió que el Gobierno debía «facilitar» el regreso de Ábrego, pero sin dictar ninguna orden concreta al respecto.

Organizaciones de derechos civiles han cuestionado la falta de garantías o directamente la legalidad de estas deportaciones masivas impulsadas por Trump, especialmente después de que un juez federal ordenara su paralización por considerar inadecuada la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de finales del siglo XVIII.

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«En el caso incluso de que llegara a aplicarse esta sanción, de todas maneras el jitomate mexicano seguiría exportándose a Estados Unidos porque no tiene sustituto. El principal problema que habría es que serían más caros los jitomates en Estados Unidos. Si no quieren hacer, pues simplemente van a pagar 21 por ciento más caros sus tomates. Este proceso se ha hecho muchas veces y siempre ha ganado México», ha declarado en rueda de prensa, tras recordar que existe un plazo de 90 días para dialogar con las autoridades del país vecino.

Sheinbaum ha precisado que el producto afectado por este arancel es un tomate procedente del estado de Sinaloa, en la costa oeste, y otras zonas del país latinoamericano, y ha defendido la ausencia de ‘dumping’ entre los productores mexicanos alegando que el bajo precio de estos tomates se explica porque es el «precio de producción sin subsidio por parte del Estado».

Además, ha restado importancia a la medida porque ya existen procesos similares: «Son ejemplos de lo que normalmente ocurre en estos procesos. De todas maneras, México siempre tiene esa posibilidad de aplicar esta sanción en el caso del pollo o en el caso del procedimiento de la carne de cerdo que se está llevando».

Pese a ello, la mandataria mexicana ha criticado que esta decisión anunciada a principios de esta semana por la Administración de Donald Trump «no se haya notificado al Gobierno mexicano». «Se ha notificado a abogados de los productores de jitomate en Estados Unidos. Eso está mal», ha añadido.

En la misma línea, se ha expresado durante la rueda de prensa el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, asegurando que la consecuencia del nuevo gravamen, «si es que se lleva a cabo, porque todavía faltan 90 días, pues que sus tomates van a ser más caros, les van a salir más caras sus ensaladas, su ketchup y todo».

«No nos pueden sustituir porque no es que haya otros países que produzcan esta cantidad de excelentes tomates a un precio muy conveniente; si lo quieren hacer, pues simplemente van a pagar 21 por ciento más caros sus tomates», ha añadido.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció en la víspera la imposición de un arancel ‘antidumping’ «del 20,91 por ciento a la mayoría de las importaciones de tomates procedentes de México», que entrará en vigor el 14 de julio de 2025 y que ha justificado aludiendo a «precios injustos» de este producto.

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