AUSTIN. La Policía encontró la madrugada de hoy a un matrimonio y tres de sus hijos asesinados en una casa de la localidad de Broken Arrow (Oklahoma, EE.UU.) y detuvo como sospechosos del crimen a otros dos hijos de la pareja, según informaron las autoridades.

La escena que encontraron los agentes cuando entraron al hogar fue dantesca: había dos adultos y tres menores muertos a puñaladas, además de una menor de 13 años con heridas y otra, de apenas dos años, ilesa.

La familia estaba compuesta por nueve miembros, el matrimonio y siete hijos, cuatro de ellos varones y tres chicas. Los detenidos, de 16 y 18 años, hijos y hermanos de las víctimas, trataron de escapar cuando los agentes llegaron a la vivienda alertados por una llamada efectuada a las 23.30 del miércoles hora local (04.30 GMT).

Los jóvenes lograron esconderse en un bosque cercano a la vivienda, pero los perros entrenados de la Policía rastrearon sus pasos y fueron detenidos minutos después.

Uno de ellos fue hospitalizado, aunque no se han difundido los motivos. “Un crimen como este no tiene precedentes en nuestra zona, teniendo en cuenta lo segura que es la comunidad”, declaró el sargento Thomas Cooper, portavoz del Departamento de Policía de Broken Arrow.

Broken Arrow es un suburbio de la ciudad de Tulsa, la segunda más poblada de Oklahoma, en el que viven familias de clase media y alta.

Por LUIS FAJARDO

La relación económica de Washington con Puerto Rico es paradójica. Estados Unidos dedica cientos de millones de dólares anuales en asistencia social para elevar el nivel económico de los habitantes de la isla.

Pero muchos aseguran que la profunda crisis económica que afecta a este territorio estadounidense se ha empeorado, al menos en parte, por algunas de las políticas que Washington ha aplicado en la isla.

Y aunque la ineficiencia que según muchos caracteriza al gobierno y otras instituciones públicas y privadas locales, pueda haber contribuido a la crisis de manera importante, también hay quien ve como parte del problema la peculiar relación política de Puerto Rico con Estados Unidos.

Que Puerto Rico está en graves líos no lo discute nadie. A finales de junio, el gobernador Alejandro García Padilla advirtió que las autoridades no pueden pagar toda su deuda de US$70.000 millones, amenazando con la quiebra de un gobierno regional más grande en la historia de Estados Unidos.

Y en medio de un profundo desempleo, decenas de miles de puertorriqueños están emigrando a Florida y otras partes de Estados Unidos. Cada año se va el 1% de la población para escapar de la crisis.

Las culpas

Lo que no es tan claro es quién tiene la culpa del colapso económico.

Y cual ha sido el papel de la autoridad soberana en la isla, Estados Unidos, en aliviar o empeorar el problema.

En junio pasado, se conoció un informe de diagnóstico comisionado por el gobierno puertorriqueño a tres destacados exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezados por la estadounidense Anne Krueger.

El estudio reconoce que para algunos, el problema económico en Puerto Rico comenzó porque Estados Unidos empezó a retirar hace unos años los privilegios fiscales que por décadas otorgó a las industrias que se establecieran en la isla.

«Es costumbre citar la pérdida de las preferencias tributarias como el pecado original detrás de las penurias de Puerto Rico. La pérdida indudablemente deterioró la base industrial, pero está lejos de ser el único golpe recibido», sostiene el informe.

En el medio

La condición de estado libre asociado, mediante la cual Puerto Rico no es independiente de Washington pero tampoco es uno de los estados de la unión, con todos los derechos y deberes del resto de los integrantes del país, es un punto que también puede haber contribuido al colapso económico, pese a los esfuerzos de Estados Unidos en las últimas décadas por propiciar el desarrollo.

Uno de los puntos en contención es que Puerto Rico, por no ser un estado pleno de la unión, no tiene el mismo derecho que los demás gobiernos regionales estadounidenses de declararse en bancarrota para así obtener protección legal frente a sus acreedores y reorganizar sus finanzas, como lo hizo Detroit.

Si Puerto Rico lleva a cabo su anunciado default en el pago de las deudas, muchos de los acreedores, entre ellos fondos mutuos estadounidenses, demandarían al gobierno de San Juan ante los tribunales, «argumentando la inconstitucionalidad de la medida», advierte Robert Donahue, analista de la firma financiera estadounidense Municipal Market Analytics, en declaraciones a BBC Mundo.

Y por supuesto, por no ser una nación soberana, Puerto Rico no puede pedir ayuda al FMI, ni puede devaluar su moneda, como haría otro país en situación similar.

«Hay un consenso que la relación actual entre Estados Unidos y Puerto Rico en términos tanto económicos como políticos no está funcionando. De hecho, está literalmente casi en quiebra», le asegura a BBC Mundo Sergio Marxuach, economista y director de Políticas Públicas del Centro para una Nueva Economía de Puerto Rico.

Pocos hablan de declarar la independencia, una opción que rechaza la inmensa mayoría del electorado puertorriqueño, según numerosas encuestas de opinión.

Y la opción en el extremo opuesto, la de integrarse como estado pleno de la unión, es una propuesta que abre polémica profunda tanto en San Juan como en Washington.

Sin entrar a definir cual es la mejor alternativa, Marxuach insiste en que debe evaluarse la actual posición política entre la isla y Estados Unidos, aunque reconoce que eso no va a ocurrir de un día para otro.

«Está quedando claro para el ciudadano promedio que la actual relación socioeconómica entre EE.UU. y Puerto Rico llegó a su límite».

Causas múltiples

El estudio de Krueger sobre Puerto Rico identifica varios otros factores detrás de las dificultades de la economía puertorriqueña.

Menciona, entre otras, la fuga de cerebros que ocurre a medida que tantos profesionales se van de la isla, el colapso de la industria inmobiliaria, el alto costo de la energía por problemas de ineficiencia en las empresas estatales de generación y los problemas que han tenido los bancos.

 

Pero otra parte controversial del diagnóstico es la que menciona el efecto que ha tenido la política social estadounidense cuando se aplica en Puerto Rico.

Medidas del gobierno federal que buscan combatir la pobreza pueden haber tenido efectos no deseados en Puerto Rico.

Una de ellas es la aplicación de leyes de salario mínimo estadounidense en la isla. Al fijar el costo de la mano de obra muy por encima del nivel imperante en muchos de los países vecinos de Puerto Rico en el Caribe, la isla se ha vuelto menos competitiva para atraer empresas.

¿Incentivos equivocados?

Y el estudio también menciona la política de ayudas sociales a las personas de bajos ingresos.

Washington invierte cada año cientos de millones de dólares en extender partes del estado de bienestar a Puerto Rico, ayudando a evitar que en esa isla se vean los extremos de pobreza que abundan en otras naciones del Caribe y América Latina.

Pero el informe sugiere que esas ayudas pueden estar creando incentivos equivocados a la población.

El estudio dice que una familia pobre de tres personas puede recibir ayudas del gobierno federal equivalentes a US$1.743 por mes, bastante más que los US$1.119 que recibe un trabajador en salario mínimo neto.

Muchos trabajadores «se muestran renuentes a aceptar trabajos porque el sistema de seguridad social ofrece prestaciones que frecuentemente superan la remuneración de empleos de salario mínimo», aseguran los expertos.

Solo 40% de la población adulta trabaja o busca empleo, asegura el informe, lo que resulta en una enorme subutilización de la fuerza laboral.

En última instancia, para decenas de miles de puertorriqueños, la política de Washington que ha resultado más valiosa es la de reconocerles la nacionalidad estadounidense de manera automática a cualquier persona nacida en la isla.

Pues en medio de la crisis son cada vez más los puertorriqueños que encuentran que la solución más expedita a sus problemas económicos es un boleto de ida a Florida.

Un hombre armado que estaba sentado en una sala de cine llena de la ciudad de Lafayette, en Louisiana se puso de pie y abrió fuego, matando a dos personas e hiriendo a otras siete antes de suicidarse el jueves por la noche.

La policía describió al agresor como un «varón blanco solitario» de 58 años, pero no reveló su nombre de inmediato.

El FBI se ha incorporado a la investigación policial para tratar de descifrar qué provocó que el sospechoso se pusiera en pie unos 20 minutos después de que comenzara la proyección de la película Trainwreck en la sala 16 del Grand Theatre de Lafayette, durante la función de las 7:00 de la tarde.

Un profesor que estaba en la sala accionó la alarma de incendios para alertar de lo que estaba pasando, dijo el gobernador Bobby Jindal, que llegó al lugar de los hechos poco después de la balacera.

“Esta noche ha sido terrible en Lafayette, una noche terrible para Luisiana y una noche terrible para el país entero», dijo el gobernador.

«Todo lo que podemos hacer ahora es rezar», dijo Jindal, quien se reunirá con las familias de las víctimas. «Podemos abrazar a esas familias. Podemos colmarlos de amor, pensamientos y oraciones».

Las autoridades dicen que algunos de los heridos están graves.

La policía ha dicho que la escena del crimen es amplia y esperan que tomará alguno tiempo procesar toda la evidencia.

Este tiroteo se produjo tres años después de que James Holmes ingresara a un cine atestado en los suburbios de Denver y disparara durante el estreno de una película de Batman, agresión en la que murieron 12 personas y 70 resultaron heridas.