LAS VEGAS.- Matthew Livelsberger, identificado como el conductor del vehículo eléctrico Tesla modelo Cybertruck que explotó el miércoles afuera del hotel del presidente electo Donald Trump en la ciudad estadounidense de Las Vegas, sirvió en Ucrania, informó The Guardian citando a sus fuentes.

El medio se remitió al Ejército de EE.UU. para señalar que el presunto autor de la detonación, que murió en ella, también había servido en Tayikistán, Georgia y la República Democrática del Congo, así como en Afganistán, donde fue desplegado dos veces. Además, se detalla que el fallecido sirvió en las llamadas Boinas Verdes, fuerzas especiales altamente adiestradas que luchan contra el terrorismo en el extranjero y entrenan a contingentes de aliados de EE.UU.

Asimismo, se indica que Livelsberger, de 37 años y originario de Colorado Springs, fue condecorado con estrellas de bronce, entre ellas la insignia al valor en combate, la insignia de Infantería de combate y la medalla de encomio al valor del Ejército. Según las Fuerzas Armadas informaron al medio, el atacante estuvo en servicio activo de 2006 a 2011 antes de incorporarse a la Guardia Nacional y, posteriormente, a la Reserva del Ejército. Después en 2012 regresó a las fuerzas estadounidenses.

Mientras, en las redes sociales circula una foto del supuesto autor de la explosión en la que lleva puesta una camiseta negra con el lema ‘Slava Ukraini’ (‘Gloria a Ucrania’), perteneciente a Stepán Bandera, líder separatista ucraniano y colaboracionista nazi al frente de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), cuyo brazo armado, el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), cometió atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial.

Mientras, fuentes informaron el jueves a Denver7 que Livelsberger y el autor del atropello masivo que ocurrió en Nueva Orleans sirvieron en la misma base militar y que las autoridades están investigando el vínculo como una posible conexión entre los dos ataques del día de Año Nuevo. Sin embargo, el FBI anunció que no encuentra «ningún vínculo definitivo» entre los dos sucesos.

GINEBRA.- La ONU ha reclamado al Gobierno de Venezuela que garantice el derecho de la población a opinar y manifestarse «sin miedo a posibles represalias», en vísperas de alcanzar la próxima semana la fecha en la que arranca el nuevo mandato presidencial y sin que se hayan resuelto aún las dudas surgidas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

La Misión Internacional Independiente de Investigación ha lanzado «un fuerte llamamiento» con vistas al teórico punto de inflexión del 10 de enero. Su presidenta, Marta Valiñas, ha exhortado a las fuerzas de seguridad a «comportarse con los más estrictos estándares internacionales en materia del uso de la fuerza», después de que más 2.400 personas fuesen detenidas durante las movilizaciones postelectorales.

El Ministerio Público ha asegurado que más de 1.300 de estos detenidos están ya en libertad, pero la ONG Foro Penal estima que en las cárceles de Venezuela sigue habiendo más de 1.800 presos recluidos por razones de índole política.

«Toda conducta violatoria de derechos debe ser investigadas de manera pronta, exhaustiva e imparcial y juzgadas por tribunales independientes con pleno respeto al debido proceso», ha dicho Valiñas. Otro de los miembros de la misión, Francisco Cox, ha señalado que tanto quienes ordenan las detenciones «arbitrarias» y las «torturas» como quienes las ejecutan son penalmente «responsables» a título individual.

Cox ha advertido en un comunicado de que, en Venezuela, «el aparato represor sigue plenamente operativo», por lo que su equipo ha vuelto a reclamar la puesta en libertad de todas las personas arrestadas de manera arbitraria y el respeto de la disidencia social y política.

En este sentido, la experta Patricia Tappatá ha señalado que «la persecución a las personas opositoras o a quienes el Gobierno considera como tales, no sólo no se ha detenido, sino que ha tomado la forma de un ataque sistemático a la libertad de quienes piensan distinto».

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reivindica su derecho a tomar posesión de un nuevo mandato el 10 de enero, pese a que los órganos oficiales, controlados por el chavismo, no han publicado las actas que acrediten su supuesto triunfo. El principal candidato opositor, Edmundo González, exiliado en España, esgrime que es él quien debe asumir el poder e incluso ha prometido regresar a Venezuela.

Ginebra(EFE).- Las detenciones en Venezuela continúan a diario y aquellos que han sido liberados están sujetos a medidas restrictivas y cargos en su contra como parte de una persecución sostenida de los opositores al gobierno y de todo aquello que pueda ser percibido como tal, ha señalado la Misión de Investigación de la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos en este país.

«Cada día se detiene a nuevas personas y cientos permanecen en prisión en condiciones degradantes, sometidas a tortura y a tratos inhumanos, crueles y degradantes», han indicado los miembros de la Comisión en un comunicado que alerta de nuevas exacciones que podrían ocurrir en el contexto de una nueva toma de posesión de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro, dentro de una semana.

La Comisión sostuvo que está prestando mucha atención a los eventos previos y posteriores a la toma de posesión y aseguró que «investigará los casos de violaciones graves de los derechos humanos y delitos que puedan producirse, y analizará si encajan en la política del Estado de silenciar a la oposición».

«Hacemos un enérgico llamamiento a que se respeten los derechos a la protesta pacífica y a la libertad de expresión sin temor a represalias, y recordamos a las fuerzas de seguridad que deben cumplir las normas internacionales más estrictas sobre el uso de la fuerza», ha señalado la presidenta de la Comisión, Marta Valiñas.

Petición de libertad

El equipo -al que Naciones Unidas ha encomendado hacer un seguimiento de la situación en Venezuela– pidió a las autoridades del país que se ponga en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente.

Hizo hincapié en la obligación del Estado de proporcionar protección especial a los detenidos con problemas de salud, a los ancianos y de considerar seriamente la situación de los menores que se enfrentan a procesos judiciales.

Según la instancia de Naciones Unidas, entre agosto y diciembre pasados las autoridades detuvieron a 56 activistas opositores, a diez periodistas y a un defensor de los derechos humanos.

A este respeto, recalcó que aquellos que han ordenado detenciones arbitrarias y han perpetrado torturas o maltratos tienen una responsabilidad penal individual por estos hechos.

San Juan, 2 ene (Prensa Latina) En un ambiente de tensión y la crisis energética que mantiene a miles de abonados sin electricidad, Jenniffer González, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), juró hoy como gobernadora de Puerto Rico.

González, de 48 años, compareció a primera hora a una ceremonia cerrada para la jura en la sede del Tribunal Supremo puertorriqueño en la isleta de San Juan, antes de asistir a una misa católica en la iglesia Santa Teresita en el sector capitalino de Santurce, acompañada de su esposo, José Yovin Vargas, y por distintos personalidades y funcionarios de su gobierno.

HUBO INCIDENTES 

Mientras se oficiaba la misa, una joven se subió a uno de los bancos traseros de la capilla para gritar «Muerte a Jenniffer González» y «Muerte al PNP», en referencia a su partido, por lo que fue sacada del lugar por agentes de seguridad vestidos de civil.

Posteriormente, ya en la calle Loíza, amplió su grito a los periodistas indicando que no se trataba de una amenaza sino de una realidad y se marchó del área.

FORCEJEOS CON LA POLICIA 

Con miles de abonados sin electricidad desde la noche del miércoles, después que se había restituido el servicio tras el colapso general que dejó a Puerto Rico a oscuras el día de Año Viejo, representantes de diversas organizaciones ecologistas se manifestaban en el Puente Dos Hermanos, a la entrada de la isleta del Viejo San Juan, donde hubo forcejeos con la policía.

Un manifestante, identificado como Félix Omar Colón, nieto del fenecido dirigente independentista Noel Colón Martínez, fue detenido por la policía sin que hubiera una aparente razón, aunque se le vio argumentar con algunos agentes.

Luego trascendió que dos mujeres también se encuentran arrestadas en un cuartel policial por presuntamente por lanzar amenazas no especificadas.

Mientras, en el Capitolio se movilizó la Fuerza de Choque de la Policía al impedirse la entrada al senador Eliezer Molina, electo por nominación directa de los ciudadanos después de negársele figurar en la boleta como aspirante independiente.

En el acto protocolar de la inauguración de González, frente al Capitolio, también se expulsó a varias personas que intentaban protestar, mientras desde la tribuna intervinieron fundamentalistas religiosos ※y hasta un rabino que exaltó al estado genocida de Israel.

PERSONALIDADES QUE ASISTIERON 

Al acto asistieron varios exgobernantes boricuas, incluida Sila M. Calderón, primera mujer electa mandataria en Puerto Rico, así como el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar, que asistió a la actividad de quien describió como su amiga, «a la que vamos a extrañar» en el Congreso, leyó un mensaje del presidente Donald J. Trump dirigido a la gobernante electa.

González, quien derrotó en primaria al gobernador Pedro R. Pierluisi en junio y después prevaleció en las elecciones del 5 de noviembre de 2024 con el 41 por ciento de los votos, se comprometió en su mensaje a impulsar la estabilidad, a trabajar en equipo, y a abogar por la plena anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, para «tener mayores oportunidades», después de 126 años de dominio colonial de Washington con la mitad de la población bajo nivel de pobreza.

«No voy a ser una gobernadora de grandes obras, sino de infraestructura que funcione», apuntó al hacer una breve mención de la crisis ocasionada por los consorcios privatizadores norteamericanos LUMA Energy y GeneraPR, a la vez que hay problemas en otras áreas, como educación y el servicio de agua potable.

ro/nrm

SAN SALVADOR.- En El Salvador han capturado a Jonathan Emmanuel Cardona Castillo, presunto líder de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor al que se lo acusa de trata de personas, violación y maltrato de menores. La orden de aprehensión se emitió por solicitud de la Fiscalía de Guatemala, que ha sido notificada de la detención del sospechoso este jueves.

El Ministerio Público de Guatemala recibió las denuncias de cuatro adolescentes que referían «vejámenes, y uno de ellos violación». Juan Francisco Reyes, agente fiscal de la Fiscalía guatemalteca contra la Trata de Personas, indicó que la institución ya ha iniciado las diligencias correspondientes para extraditar al detenido hacia Guatemala.

El pasado viernes, la Interpol activó una alerta roja internacional para capturar al joven de 23 años, de nacionalidad salvadoreña y guatemalteca, que afronta cargos por «trata de personas en su modalidad de embarazo forzado, violación y maltrato a menores de edad».

La secta Lev Tahor opera en varios países, siendo objeto de denuncias constantes por trata de personas, matrimonios forzados, secuestros y explotación sexual de menores. EE.UU. la considera una «secta religiosa extremista», mientras que Israel la tilda de «culto peligroso». El grupo adhiere a una interpretación extrema del judaísmo, sigue una estricta dieta ‘kosher’ y se rige por leyes que mantienen a sus integrantes aislados del mundo exterior.

En una de sus fincas en Guatemala permanecían recluidos 160 menores de edad y 40 mujeres. Las autoridades los rescataron en un reciente operativo, encontrando también osamentas.

VENEZUELA.- Caracas ha compartido con periodistas las recientes imágenes del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido en territorio venezolano desde el 8 de diciembre.

Los videos hechos en el centro penitenciario datan del 2 de enero y confirman que Gallo sigue con vida y se encuentra en buen estado físico, sin presentar indicios de maltrato o violencia.

La Justicia venezolana lo investiga por su presunta implicación en un plan terrorista y acciones desestabilizadoras «con apoyo de grupos de ultraderecha internacional», mientras que Argentina insiste en su inocencia, afirmando que su presencia en Venezuela se debió a una visita sentimental para ver a su esposa e hijo.

Buenos Aires interpuso una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) «por la detención arbitraria y desaparición forzada» del ciudadano argentino y denunció «una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela».

El Gobierno venezolano calificó de «espectáculo penoso» la denuncia interpuesta por el Ejecutivo argentino ante la CPI.

En opinión de Caracas, los funcionarios de la Administración libertaria encabezada por el presidente Javier Milei «están involucrados en una agenda de extrema derecha golpista y terrorista contra Venezuela» y «utilizan erráticas acciones diplomáticas para justificar su propio fracaso y su complicidad».

«El Gobierno argentino de Milei vuelve a dar un espectáculo penoso, de ridículo en ridículo internacional. Evocar el Estatuto de Roma, claramente desconocido por ellos, para alimentar su obsesión política enferma, es una muestra no solo de ignorancia, sino de una escandalosa falta de seriedad», afirmó el canciller venezolano Yván Gil.