CARACAS.- El presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de un nuevo paso de la frontera con Colombia y el despliegue de 3.000 efectivos militares más, tras anunciar que aceptaba la mediación de Brasil y Argentina en la crisis con el país vecino.

El mandatario, reunido con sus ministros en el palacio de Gobierno, hizo una alocución televisiva en la que conminó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a dialogar sobre la situación fronteriza.

Pero luego de afirmar que está dispuesto a «estrechar la mano» de su homólogo colombiano, anunció que elevaba el número de militares venezolanos en la frontera, sumando 3.000 efectivos más en tres municipios del estado Zulia, y cerrando el importante paso limítrofe de Paraguachón, en el extremo norte de la frontera entre ambos países.

«He decidido proceder al cierre del paso fronterizo de Paraguachón en el estado Zulia», dijo, y declaró el estado de excepción en los municipios zulianos de Mara, Guajira y Almirante Padilla.

En el estado Táchira en Venezuela, también fronterizo con Colombia, ya había 5.000 militares desplegados en zonas de seguridad desde mediados de agosto, cuando se inició el cierre unilateral de la frontera por orden de Maduro.

Caracas justificó la decisión de ese primer cierre alegando un ataque a militares venezolanos durante una operación anticontrabando, que el mandatario atribuyó a «paramilitares colombianos».

Mediación

No obstante el conflicto bilateral escaló cuando ambas cancillerías llamaron a consultas a sus embajadores, en medio de acusaciones de violaciones de derechos humanos de los afectados.

En medio de acusaciones de parte y parte, tanto el presidente Santos como Maduro dijeron este lunes por separado que estaban abiertos a la mediación de los vecinos suramericanos.

«Reitero mi disposición a reunirme con el presidente Maduro para que a través de un diálogo serio y respetuoso podamos resolver los problemas de la frontera, que afectan tanto a colombianos como a venezolanos», dijo Santos en una declaración tras un consejo de ministros.

El mandatario colombiano reveló que la semana pasada habló con el presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, quien le «ofreció sus buenos oficios para facilitar el diálogo con Venezuela».

«Acepté su ofrecimiento y le comuniqué que estaba dispuesto a que esta reunión fuera, inclusive, en Montevideo si él lo consideraba necesario», añadió.

Por su parte Maduro dijo en la noche de este lunes que «aceptaba la mediación del gobierno de Brasil y de Argentina».

«Me propusieron, a nombre de la presidenta (brasileña) Dilma Rousseff y la presidenta (argentina) Cristina Fernández, una reunión o en Manaos o en Buenos Aires entre usted y yo», dijo dirigiéndose a Santos.

Denuncias

El jefe de Estado venezolano confirmó que países como Uruguay y Ecuador también se han interesado en facilitar el acercamiento y el diálogo entre Caracas y Bogotá en una disputa en la que Maduro incluso ha afirmado que desde la capital colombiana se gesta un plan para asesinarlo.

Sin embargo, desde dentro de Venezuela algunos analistas políticos afirman que la reciente tensión con el vecino país obedece a la baja popularidad, la crisis económica y las encuestas desfavorables al gobierno de Nicolás Maduro ante las legislativas de diciembre.

Según Colombia hasta este lunes la crisis fronteriza ha dejado casi 14.000 colombianos afectados, entre ellos 1.443 deportados desde Venezuela y el resto que han huido por temor a ser expulsados sin sus familias o pertenencias.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km, en la que denuncian la actividad de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos altamente subsidiados por el gobierno venezolano.

jt/am

CIUDAD DEL VATICANO.- El trámite de nulidad del matrimonio eclesiástico será más ágil, simple y económico con la reforma aprobada por el papa Francisco, anunciada este martes y que introduce la sentencia única y la decisión directa del obispo en los casos más claros.

El Vaticano presentó hoy los dos «motu proprio» (documentos papales) llamados «Mitis Iudex Dominus Iesus» y «Mitis et misericors Iesus», en los que se explica la reforma para las causas de declaración de la nulidad matrimonial tanto en el código de derecho canónico y en el código de los cánones de las Iglesias orientales.

El papa destaca en sus documentos la introducción de un proceso breve de nulidad, «para acercarse a los fieles que se alejan ante las estructuras jurídicas de la Iglesia a causa de las distancias física o moral».

Las reformas responden a las respuestas de la comisión que creó el papa el año pasado, presidida por Pio Vito Pinto, decano del Tribunal de la Rota Romana, para que simplificasen los trámites del proceso de nulidad matrimonial.

Aunque Francisco puntualiza que queda firme «el principio de que el matrimonio católico es indisoluble», explica que «la caridad y la misericordia exigen que la misma Iglesia como madre se haga cercana a los hijos que se sienten separados».

En el Sínodo de los obispos celebrado en octubre del año pasado se pidió y aprobó por mayoría procesos más rápidos y accesibles, recuerda el papa, y por ello ha querido «dar disposiciones que no favorezcan la nulidad, pero sí aceleren los procesos, y con justa sencillez».

La principal novedad es la introducción de una sola sentencia a favor de la nulidad ejecutiva, «y que no sea necesario una doble decisión a favor de la nulidad del matrimonio».

Hasta ahora, el Derecho Canónico exigía que cada causa fuese analizada por dos tribunales en instancias sucesivas, por lo que tras terminar una primera fase, un tribunal inmediatamente superior tenía que confirmar la de primera instancia para que la sentencia pudiese ser considerada en firme.

Además, la reforma de Francisco introduce el juez único bajo responsabilidad del obispo en el caso de que se realice el llamado proceso breve, ya que hasta ahora las causas de nulidad matrimonial se enjuiciaban colegiadamente, por un turno de tres jueces.

Asimismo, se da la potestad al obispo para que se encargue de juzgar «los casos de nulidad más evidentes».

En la nueva redacción del canon 1763 coma 1 se explica que «en cada una de las diócesis, el juez en primera instancia para las causas de nulidad del matrimonio, para las que el derecho no contenga excepciones, es el obispo diocesano que puede ejercitar la potestad judicial personalmente o por medio de otros, a norma de derecho».

El obispo constituirá para sus diócesis el tribunal diocesano para las causas de nulidad, agrega la reforma,

Francisco explica que un juicio breve puede «poner en riesgo el principio del que el matrimonio es indisoluble» y por tanto se ha introducido la posibilidad de «apelación» pero directamente a la sede metropolitana.

Además, el papa insta a que, excepción hecha de la justa y digna retribución de los empleados de los tribunales, «se garantice que el procedimiento sea gratuito».

También existirá la posibilidad de, si se desea, realizar el recurso de apelación a la sede apostólica, es decir al llamado Tribunal de la Rota Romana.

jt/am

SAN JOSE.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió ayer una sentencia en la que condena a Venezuela por diversas violaciones en el cierre del canal de televisión RCTV en 2007 y le ordena restablecer la concesión de la frecuencia en la que operaba.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica y que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), hizo público el fallo ayer, luego de notificarlo a las partes involucradas.

Los jueces determinaron que el Estado violó el derecho a la libertad de expresión, el deber de no discriminación, el derecho al debido proceso, al de un plazo razonable en un contencioso y el derecho a ser oído de los propietarios y trabajadores de RCTV.

«El Estado deberá restablecer la concesión de la frecuencia del espectro radioeléctrico correspondiente al canal 2 de televisión y deberá devolver los bienes objeto de las medidas cautelares», indica la sentencia.

La CorteIDH dio por «probado que en el presente caso se configuró una restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión producida por la utilización de medios encaminados a impedir la comunicación y circulación de la ideas y opiniones».

El caso se remonta al 28 de mayo de 2007, cuando el Gobierno del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, decidió no renovar la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV), lo que provocó que el medio de comunicación dejara de transmitir como estación de televisión abierta.

La demanda acusó al Estado de no renovar la concesión debido a que RCTV no quiso variar su línea editorial crítica del Gobierno, mientras este adujo razones técnicas.

«Los hechos del presente caso implicaron una desviación de poder, ya que se hizo uso de una facultad permitida del Estado con el objetivo de alinear editorialmente al medio de comunicación con el gobierno», agrega la sentencia.

Los jueces llegaron a esta conclusión debido a que la decisión de no renovar la concesión «se fundaba en las molestias generadas por la línea editorial de RCTV» y que existía un «contexto sobre el deterioro a la protección a la libertad de expresión» en el país.

En la parte dispositiva de la sentencia, la CorteIDH ordena al Estado restablecer la concesión de la frecuencia de RCTV mediante un proceso «abierto, independiente y transparente».

Además, «el Estado debe tomar las medidas necesarias a fin de garantizar que todos los futuros procesos de asignación y renovación de frecuencias de radio y televisión que se lleven a cabo, sean conducidos de manera abierta, independiente y transparente».

La CorteIDH también ordenó una serie de reparaciones económicas para los demandantes.

Los beneficiados son los accionistas de RCTV Marcel Granier, Peter Bottome, Jaime Nestares, Jean Nestares, Fernando Nestares, Alicia Phelps de Tovar y Francisco J. Nestares.

Además, los trabajadores Edgardo Mosca, Anani Hernández, Inés Bacalao, José Simón Escalona, Eladio Lárez, Odila Rubin, Oswaldo Quintana, Eduardo Sapene, Daniela Bergami, Isabel Valero, Miguel Ángel Rodríguez, Soraya Castellano, María Arriaga y Larissa Patiño.

RCTV fue el primer canal comercial que tuvo Venezuela y para el momento en que dejó de transmitir en abierto contaba con unos 8.000 trabajadores y alrededor del 30 % de la audiencia.

La audiencia por este caso se realizó en mayo de 2014 y en esta el agente del Estado de Venezuela, Germán Saltrón, negó que la no renovación respondiera a la línea editorial y señaló que se trató de una cuestión técnica, porque la frecuencia tenía mayor cobertura y se debía usar para un medio de servicio público.

Sin embargo, en esa ocasión acusó al medio de comunicación de «abusar del derecho a la libertad de expresión», de ser «tendencioso», y de que en su programación había una «constante tergiversación de los hechos, ocultamiento de datos y manipulación de las declaraciones».

En septiembre del 2013 Venezuela hizo efectiva su salida de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), retiro que había decidido Hugo Chávez, quien acusó al sistema de estar manipulado por Estados Unidos.

En mayo de 2013, el entonces canciller venezolano, Elías Jaua, dijo que su país no acataría fallo alguno de la CorteIDH sobre RCTV y que Venezuela tendría que ser invadida para obligar al Gobierno a restituirle la frecuencia a ese medio.

jt/am