POR NELSON DEL POZO G.

La reciente postura del presidente Luis Abinader en relación con la crisis venezolana ha generado un intenso debate sobre el rol de la República Dominicana en los conflictos internacionales. La decisión de convertir el territorio nacional en una plataforma de intervención política hacia un Estado soberano, como Venezuela, plantea serias preguntas sobre la coherencia con los principios constitucionales y los tratados internacionales que promueven la no injerencia en asuntos internos de otros países.

A partir del 10 de enero de 2025, Venezuela enfrenta un nuevo episodio en la larga confrontación por el control de recursos estratégicos, orquestada por las grandes corporaciones y burguesías que, más allá de su bandera ideológica, buscan expandir su dominio. En este contexto, la República Dominicana parece haberse alineado con los intereses de potencias extranjeras, lideradas por Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, quien en los últimos años ha dejado un rastro de conflictos desde Israel, Palestina, Ucrania y ahora, Venezuela.

La implicación de nuestro país en este conflicto no solo amenaza con erosionar nuestra soberanía, sino que también nos coloca en una posición delicada frente a la comunidad internacional. El apoyo a acciones que incitan la agitación y la intervención en el conflicto interno de Venezuela contradice el derecho de los pueblos a resolver sus problemas sin presiones externas.

Reflexión
Esta postura del gobierno dominicano nos obliga a reflexionar sobre el camino que estamos tomando. ¿Estamos defendiendo los intereses de nuestra nación o sirviendo de peones en un tablero de ajedrez global? La historia nos ha enseñado que la intervención en asuntos internos de otros países rara vez trae estabilidad y paz duradera.

Es imperativo que revisemos nuestras políticas exteriores y reafirmemos nuestro compromiso con la soberanía, no solo de nuestro país, sino de todas las naciones. Respetar el derecho de los pueblos a resolver sus conflictos internos es esencial para la paz y la estabilidad global. De lo contrario, corremos el riesgo de ser cómplices en un ciclo interminable de confrontaciones que solo benefician a unos pocos, mientras perjudican a la mayoría.

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Duele decirlo, pero no se siente con toda la intensidad que debiera tener el ejercicio de la autoridad frente al desorden cotidiano que registra el tránsito vehicular en el Gran Santo Domingo y otros conglomerados urbanos del territorio nacional.

Motoristas, conductores de carros, jeepetas, camiones y de cualquier otro tipo de vehículos incurren de manera continua en violaciones consuetudinarias en calles, avenidas y carreteras del país. Tan solo las motocicletas representan el 52% del parque vehicular a nivel nacional.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), creado por Ley 63-17, tiene por misión gestionar la rectoría nacional de la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial. Pero la seguridad es una utopía cuando se conduce por cualquier calle o avenida de República Dominicana.

Los agentes de la Digessett no alcanzan para poner control en el caos generalizado que a diario se registra. Y muchos de los que asignan para ello se hacen de la vista gorda. O simplemente se desentienden de sus responsabilidades.

Reportes de prensa dan cuenta que el director de esa institución admite que no cuenta con el personal ni con el poder decisorio para poder controlar los desórdenes en el tránsito, en especial de los motoristas.

El pasado 10 de diciembre, el diario El Día en su versión digital publicó que “la Digesett no cuenta con el personal necesario para la fiscalización de motocicletas y vehículos a nivel nacional, de acuerdo con el director, el general Francisco Osoria de la Cruz”.

Intersecciones de fuerte flujo vehicular y peatonal, como las avenidas Máximo Gómez con John F. Kennedy, Abraham Lincoln con Kennedy, 27 de Febrero con Abraham Lincoln, 27 de Febrero con Winston Churchill, entre otras tantas, ven disminuida la autoridad de los agentes asignados ante la enorme carga que representa el intenso tránsito por esos lugares.

Desorden

El desorden en el tránsito está latente en las consabidas violaciones a la luz roja del semáforo, transitar en vía contraria y por encima de las aceras; motoristas con cruces y/o rebases temerarios; vehículos que usan luces LED a toda potencia (no importa si es de día o de noche), lo que provoca malestar en la visión de conductores que se desplazan en sentido contrario.

Muy a pesar de que a partir del 2018 el Intrant prohibió las luces Led en vehículos particulares, su uso indiscriminado continúa en aumento en todo el territorio nacional.

Los motoristas son responsables de un elevado porcentaje de las emergencias médicas en los principales hospitales del país. Un caso patético con estos conductores arrojó que durante las festividades de fin de año, de cada 10 muertes por accidentes, nueve eran motoristas.

En sentido general, durante los largos feriados de Navidad y fin de año, los accidentes de tránsito ocurridos sumaron 262 en autopistas, carreteras, calles y avenidas, con un saldo de 42 muertes, y teniendo a las motocicletas como los vehículos con mayor cantidad de participación.

 

Desde hace rato que distintos sectores nacionales, entre los que se incluyen medios de prensa y de la sociedad civil, claman porque se pongan en práctica medidas contundentes para enfrentar el desorden en el tránsito con la reciedumbre que el caso amerita. Se requiere la dictadura de la ley, con todo rigor.

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En la “Capital del casabe”, como se conoce a Monción, sobran motivos para celebrar en grande. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoció oficialmente los conocimientos y prácticas tradicionales para la elaboración y el consumo del casabe como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Para esta declaratoria, la Unesco tomó en cuenta su relevancia como símbolo de identidad, cohesión social y desarrollo sostenible. Y no es para menos porque se trata de una herencia aborigen que incluye a diversos sectores y dinamiza la economía.

El anuncio de la Unesco muy bien puede quedarse hasta ahí y solo servir para alimentar el orgullo y para que se celebre en grande. Pero también puede -y creo que debe- ser asumido a la luz de los retos y las oportunidades que de ese hito se derivan.

Veamos algunos referentes. Con la declaratoria en beneficio del mariachi mexicano, según la Unesco, el turismo en Jalisco experimentó un crecimiento del 20 % en los años posteriores al reconocimiento, impulsado por festivales culturales y estrategias de promoción turística.

Por otro lado, la declaración de los conocimientos y prácticas tradicionales para elaborar pan de jengibre en Croacia como patrimonio inmaterial reveló la importancia de involucrar a los artesanos y productores en los planes de desarrollo económico. Este enfoque permitió preservar las técnicas tradicionales y aumentar la visibilidad de los productores locales en el mercado nacional e internacional.

Retos para Monción

Monción y todo el territorio involucrado en la industrialización del casabe enfrentan el desafío de evitar que la declaratoria conduzca a una sobrecomercialización que, aunque de entrada parezca beneficiosa, podría convertirse en una ola pasajera.

Un reto colateral está relacionado con la infraestructura y capacidad turística. ¿Cuenta la zona con infraestructura que soporte el potencial aumento significativo de visitantes que esta declaratoria suele generar? ¿Cómo están los servicios básicos y las vías de acceso a los sitios de interés? Como es entendible, todo lugar que sobrepasa su capacidad termina deteriorándose, además de la incomodidad que representa para los visitantes y la consecuente referencia negativa.

Otro reto crucial es la participación comunitaria. Hay que garantizar que los productores locales, procesadores y otros aliados de las comunidades se beneficien directamente del reconocimiento. La exclusión puede generar tensiones sociales y deslegitimar los esfuerzos de valorización, con la consecuente pérdida generalizada.

Un cuarto reto está orientado al trabajo en educación y sensibilización. Existe la necesidad de educar tanto a la población local como a los visitantes sobre la importancia del casabe como patrimonio cultural, evitando su reducción a un producto comercial. Incluso para el simple comercio, el hecho de contar con adecuados relatos es clave a la hora de sacar provecho a la declaratoria de la Unesco.

Oportunidades para el territorio

Hay excelentes oportunidades para el territorio. Esta declaratoria de la Unesco es clave para impulsar la diversificación económica. El reconocimiento puede posicionar a la zona como un destino de turismo cultural, promoviendo actividades complementarias como talleres de elaboración de casabe, ampliación de las rutas gastronómicas y festivales culturales.

La declaratoria sirve muy bien, además, para fortalecer la identidad territorial. Este hito refuerza el vínculo del territorio con el casabe, consolidándolo como símbolo de orgullo local y exaltándolo como eje de cohesión social.

Pero esto también abre oportunidad para acceso a financiamiento y cooperación internacional. La propia Unesco y otras entidades suelen apoyar iniciativas para preservar y promover patrimonios culturales. Por esa vía se puede canalizar fondos para proyectos de infraestructura, capacitación y promoción. Por supuesto, hay que evitar que esto se convierta en “manzana de discordia”. Cuidado con querer “matar la gallina de los huevos de oro”.

Finalmente, esta declaratoria abre oportunidad para mejorar la presencia en mercados internacionales. Nuestro casabe ahora cuenta con muy buenas oportunidades para posicionarse como un producto emblemático en mercados gourmet, pero también para descubrir nuevos nichos de mercado relacionados con tendencias globales hacia alimentos sostenibles y con historia cultural.

Cinco líneas de acción ayudarían a obtener el mejor provecho de este hito: diseñar un plan de manejo integral del patrimonio, fomentar la participación activa de la comunidad, desarrollar infraestructura turística sostenible, promover alianzas estratégicas y fortalecer la educación cultural.

Como dicen por ahí: “Las oportunidades son calvas, y hay que agarrarlas por los pelos”.

nestorestevez@gmail.com

El Poder Ejecutivo aprobó la modificación a la ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura para ponerla acorde con los cambios a la Constitución y que el procurador general y siete adjuntos no sean elegidos por el presidente de la República. Claro,  no de un golpe.

Ahora serán seleccionados por ese órgano de  ternas que les mande el mandatario (suena redundante y es paradójico, puesto que mandatario es quien recibe el mandato y no quien lo da).

Eso sí, la información sobre la variación a la norma aclara que la entidad puede aceptar o rechazar a esos propuestos. Entonces, el primer magistrado enviaría otro grupo y si tampoco es aceptado, supongo que otro y otro.

Al final sea quien sea, será uno de los enviados por el gobernante. Solo que ya no lo decidirá de manera personal.

Así las cosas, poco puede hablarse de un Ministerio Público independiente, si después de tanto proclamar ese concepto, seguirá impuesto por el jefe del gobierno central.

Alguno de los miembros del consejo osaría rechazar a un aspirante electo por el presidente? Habrá que verlo.

Igual,  la población está pendiente de quienes confirmarán o conforman la terna de la que saldrá el procurador o procuradora, para sustituir a Miriam Germán Brito, que es evidente, no dejará el puesto con la misma valoración con la que lo asumió

Ayy no, por más que sectores quieran defenderla, proclamada como independiente, su accionar no registra cambios significativos en la parte del sistema de justicia que le tocó dirigir.

Una pena.

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¿Es la fuga de cerebros “un barril sin fondo” respecto a las inversiones que realiza el país en el sistema educativo? Un estudio del Banco Mundial nos sitúa en una posición preocupante en cuanto al drenaje de talentos en la región. Este organismo afirma, según nos dijo la vicepresidenta Raquel Peña, que “el porcentaje de esta migración de talento en la República Dominicana fue de cerca de un 6.8%, superando el promedio regional que es de un 5.8%”.

La captación de cerebros de países en desarrollo no es nada nuevo. Al parecer la remota práctica se acrecienta en estos tiempos en que se impone el liderazgo de la tecnología, la inteligencia cognitiva e inteligencia artificial (IA) a nivel global.

En las décadas de los años 70 y 80 agencias de potencias hegemónicas, especialmente de Estados Unidos, colocaron algo así como “una atarraya” en países europeos, mayormente en Francia, para seducir cerebros de naciones en desarrollo que se hacían profesionales en universidades de la “órbita soviética”.

Y es que en el fragor de la lucha ideológica entre la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y demás países de la esfera socialista frente a Estados Unidos, Europa y naciones democráticas, se produjo en América Latina y el Caribe un fenómeno que dio lugar al envío de jóvenes a estudiar diferentes carreras en universidades del campo socialista.

Con la “guerra fría” en pleno auge, en su pico más elevado  y de frente a la situación, el control del conocimiento era algo fundamental. Estados Unidos, como potencia hegemónica, tenía claro esa situación y se empleó a fondo para captar cerebros que sirvieran a su dinámica económica e industrial.

Captados en Francia

En esa época, estudiantes de estos países fueron reclutados por partidos de izquierda para estudiar en universidades socialistas. En muchos casos, los mismos lograron viajar a Rusia incluso de manera clandestina para evitar represalias de servicios de inteligencia que operaban en la región.

A su regreso, luego de formarse como profesionales en universidades soviéticas, estos jóvenes enfrentan una triste realidad: no se les daba trabajo porque “son comunistas”, cuando intentan integrarse en el campo laboral de sus respectivas naciones. Los gobiernos y empleadores de la zona rechazaban su contratación, acogiéndose a arraigados prejuicios ideológicos.

Estados Unidos, como potencia proyectada hacia  un alto perfil de desarrollo, no cometió esa torpeza e implementó políticas dirigidas a reclutar a egresados de universidades socialistas para incorporarlos, sin importar los sesgos ideológicos, como recursos humanos de alto nivel e importancia para su campo laboral. Rechazar estos profesionales por parte de los países latinoamericanos y caribeños, a excepción –obvio-de Cuba, fue una barbaridad, ya que los mismos constituían las bases para impulsar, con otras visiones, el desarrollo regional.

Negaron empleos

Nos narró un científico amigo, egresado de una prestigiosa universidad de Moscú, Rusia, que a él se le dificulta conseguir un trabajo cuando regresó al país después de lograr un doctorado en la nación socialista. Ante la situación éste dijo que se vio obligado a emigrar a Estados Unidos y allí no tuvieron que ver con cuestiones ideológicas, y no solo lo acogieron, sino que aprovecharon su utilidad científica a tal punto que llegó a ser contratado como profesor investigador de la Universidad de Nueva York.

¿No fue una falta de visión, una iniquidad, la actitud por parte de nuestros gobiernos y empresarios frente a esos jóvenes profesionales?

Otra versión señala que, mientras ocurrían los impedimentos en nuestros países, Estados Unidos “tendió una atarraya” (que no era para capturar pescados) en Francia y otros países europeos, para reclutar a profesionales latinos y caribeños provenientes  del campo socialista. Se trató de un método que la inteligencia  norteamericana utilizaba para captar a estos profesionales, a los cuales convencían mediante ofertas irrechazables, emigrar a territorio estadounidense en vez de continuar sus periplos de regreso a sus países.

En tanto nuestras naciones se negaban a dar empleos a esos talentos que Estados Unidos si supo aquilatar y aprovechar para impulsar su propio desarrollo económico, científico e industrial. ¿Perfidia?

Persiste fuga de cerebros

La situación ahora es diferente, aunque todavía persiste la “irrefrenable y perjudicial fuga de cerebros” desde países de la región hacía poderosas naciones industriales. En la actualidad, por ejemplo, no hay que “atajar” a estos profesionales en Francia, en razón  de que ya estos emigran por mutuo propio, responden a ofertas irrechazables de atractivos incentivos que incluye hasta la residencia del país que lo capta.

Además, países como Estados Unidos, Alemania y Canadá, entre otros, mantienen a través de las redes de Internet persistentes campañas de contratación de profesionales de América Latina y el Caribe. Exigen que sean graduados universitarios de profesiones relacionadas con la ciencia, las matemáticas y la tecnología, o sea, carreras básicas para el desarrollo.

Invertir para otro

La formación de estos profesionales cuesta cuantiosos recursos a las patrias latinoamericanas y caribeñas. En la República Dominicana se invierte el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) al sistema educativo, específicamente a la educación pre-universitaria.

En el país, además, se destina invaluable recursos a la formación técnico-profesional a través de INFOTEP, ITLA y la Escuela de Formación Técnico Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre otros.

Pero ¿qué cantidad de estos profesionales y técnicos en que el Estado realiza grandes inversiones para su formación se queda en el país? La fuga de cerebros es un mal viejo que diezma la capacidad profesional y destruye iniciativas de progreso de los países de la región. También implica grandes inversiones para formar recursos que terminan sirviendo en playas extranjeras.

Casi 100 mil millones en educación

La inversión en educación fue de 93 mil 449 millones en el 2023 y esto se ha convertido en los últimos años en una especie de “barril sin fondo”. No se trata de derroches incontrolables de las autoridades educativas, sino por una práctica que, en cierto sentido, escapa a la voluntad de los gobiernos: fuga de cerebros. Solo en 2024, el gobierno a través del Ministerio de Educación destinó 24 mil 572 millones “para fortalecer la educación técnico profesional”.

El propio presidente Luis Abinader se ufanó en Nueva York de que su gobierno “ha invertido de manera sostenida en la educación dominicana”, en interés de “convertir las escuelas en centros de desarrollo para el país”. Para el mandatario la educación “es el motor de desarrollo de una nación” y que por ello se invierte el 4% del PIB que establece la ley.

Pero resulta que los resultados de esas inversiones en preparación de profesionales terminan beneficiando a otras naciones, fruto de la creciente fuga de cerebros que registra el país.

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