Santo Domingo, 23 oct (EFE).- El procurador general, Francisco Domínguez Brito, opinó hoy que «la justicia de los jueces, fiscales y policías necesariamente no es justicia, lo que ellos hacen para respetar la dignidad necesariamente no es real».

«La impunidad legal no puede convertirse en impunidad moral, trabajemos por una verdadera justicia, el respeto a la dignidad y el rechazo a la impunidad», agregó.

Domínguez Brito trasladó esta idea al pronunciar la conferencia «Justicia y Dignidad» en el marco del Congreso «Laicas y Laicos Católicos en la Vida Pública», organizado por la Universidad Católica Santo Domingo.

A su vez, dijo que el juez o fiscal que no respeta su propia dignidad al momento de tomar decisiones al margen de esos valores cae en lo más bajo de la miseria humana y pierde lo más grande que le pueda dar Dios a un ser humano, que es la dignidad, y con ella, la libertad.

«El que se compra o se vende es simplemente una cosa, pues ha abandonado la esencia del ser y dignidad», manifestó.

Domínguez Brito desarrolló su idea sobre lo que sería un mecanismo que facilite la autorregulación de la ciudadanía de cara a construir una sociedad justa y respetuosa de la dignidad de los ciudadanos, sobre todo a través de la traducción del lenguaje que emana de la moral a un lenguaje públicamente accesible por todos.

Aseguró, a su vez, que uno de los aportes más significativos hechos por la ilustración ha sido la fundamental trascendencia que dio al individuo, sobre todo a través del reconocimiento de derechos que deben ser protegidos a todas las personas.

Posteriormente, agregó, que estos derechos quedarían garantizados a través de garantías jurisdiccionales dispuestas para ello.

En definitiva, explicó, la idea del derecho y de los derechos se ha presentado desde hace bastante tiempo en estrecha vinculación con la jurisdicción y en consecuencia la decisión es humana con todas sus virtudes y todas sus miserias.

«Sin embargo, y aquí enfocamos nuestra crítica, dicha vinculación ha llevado a entender que solo es justo lo que proviene de una decisión jurisdiccional, o que solo a través de esa decisión jurisdiccional se puede definir lo que es dignidad. Asistimos, sin dudas, a una judicialización de la justicia. A reducir este concepto y valor a una decisión institucional, que la mayoría de las veces viene fundamentada, sobre todo, en un simple argumento de autoridad», expresó.

Al mismo tiempo señaló «que un caso de corrupción y de desfalco contra un pueblo cargado de necesidades, sea rechazado su enjuiciamiento ante los tribunales por una autoridad judicial, no significa que esa decisión sea justa y mucho menos que esos propios actores hayan respetado su propia dignidad y mucho menos la de los demás. La impunidad legal no puede convertirse en impunidad moral».

Domínguez Brito declaró que lo que quiere advertir con esta crítica no es la no es la necesidad de abolir o restar importancia a los mecanismos institucionales destinados a resolver conflictos jurídicos, a los mecanismos institucionales supuestamente destinados a administrar justicia y asegurar la dignidad de las personas ante vulneraciones a la misma, sino plantear la posibilidad de asumir un carácter residual, un carácter subsidiario de los mismos.

«Así como podría considerarse que la máxima expresión de la salud es la ausencia de enfermedad, así entiendo que la máxima expresión de justicia y dignidad es la ausencia de injusticia e indignidad», dijo.

El congreso celebrado hoy busca presentar a la sociedad dominicana, desde una visión católica, los fundamentos de la moral política en las laicas y laicos católicos en su vida pública. EFE

Santo Domingo, 23 oct (EFE).- La economía dominicana creció 6.7 % entre enero y septiembre de este año, mientras que la inflación fue de 1.33 %, informó hoy el gobernador del Banco Central (BC), Héctor Valdez Albizu.

La economía creció a pesar de que el sector agropecuaria cayó un 5.3 % en ese periodo, como consecuencia de la severa sequía que ha afectado este año el país, dijo el funcionario en un discurso con motivo del 68 aniversario de la creación del BC.

Las actividades que más incidieron en este aumento fueron construcción (17.8 %), tanto pública y privada, así como la enseñanza (8.8 %), intermediación financiera (7.9 %), transporte y almacenamiento (6.2 %) y salud (6.2 %).

Asimismo, hoteles, bares y restaurantes (5.9 %), manufactura local (5.7 %), zonas francas (5.4 %), entre otros.

Con este resultado, afirmó el gobernador del BC, la República Dominicana supera a Bolivia (4.7 %), Panamá (4.0 %), Guatemala (4.0 %), Nicaragua (3.5 %) y a otros países de la región, que están creciendo por debajo del 3.0 %.

De mantenerse el crecimiento registrado por la economía entre julio y septiembre, que fue de 7.1 %, la economía podría terminar este año por encima del 6.7 %, posiblemente el mayor de Latinoamérica, aseguró el funcionario dominicano.

Asimismo, Valdez Albizu informó de que en los últimos doce meses se han generado 155,189 nuevos empleos, totalizando 390,789 los creados en los últimos 36 meses.

A la vez, señaló que los ingresos por concepto de turismo crecieron un 8.5 % y las remesas en 7.0 %.

En cuanto a la inflación, el gobernador del BC precisó que se espera que este año culmine en alrededor del 3.0 %, dentro de la meta prevista, que era de más o menos 4 %.

Asimismo, dijo que se espera concluir este año con un déficit cercano al 2.0 % del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo de su promedio histórico y el menor de la última década, proyectándose igual nivel para 2016, con un monto estimado de inversión extranjera directa de alrededor de los 2,300 millones de dólares e ingresos por turismo de unos 6,500 millones de dólares.

Esto, señaló, » fortalecerá la apreciada estabilidad macroeconómica que hemos disfrutado en los últimos años».EFE

SANTO DOMINGO.- República Dominicana terminará este año con un aumento por encima del diez por ciento en el flujo de turistas, afirmó el ministro de Turismo, Francisco Javier García.

«Este año terminaremos por encima del crecimiento del diez por ciento, muy por encima de lo que necesitamos para alcanzar los diez millones de turistas», enfatizó durante un acto que encabezó junto al presidente Danilo Medina y en el que fue inaugurado el primer edificio del proyecto turístico Blue Jack Tar Condos, en Playa Dorada, Puerto Plata, provincia que, según dijo, se constituirá en un referente del turismo a nivel mundial.

Añadió que «muestra de ese crecimiento es que se están construyendo más habitaciones de mayor calidad, llegando más turistas y gastando más en el país».

García invitó al sector empresarial a que «vengan a ver lo que se hace en Puerto Plata e inviertan en esta región turística, ya que, como negocio, será muy rentable».

jt/am

SANTO DOMINGO.- La inseguridad jurídica en República Dominicana constituye una amenaza para el sector privado inmobiliario y la banca, reveló José De Pool Dominici, presidente  del Grupo Inmobiliario Asociado.

En un documento enviado a ALMOMENTO.NET, dijo que «la seguridad jurídica de la que de tiempo en tiempo y de acuerdo a las circunstancias e intereses envueltos se hace galas en el país, no parece estar diseñada para dar soporte a la inversión y esfuerzos que, en el marco y espíritu de la Constitución de la Republica, hace el sector inmobiliario».

A continuación, el documento íntegro:

«La seguridad jurídica de la que de tiempo en tiempo y de acuerdo a las circunstancias e intereses envueltos se hace galas en el país, no parece estar diseñada para dar soporte a la inversión y esfuerzos que en el marco y espíritu de la Constitución de la Republica hace el sector inmobiliario.

La anterior no constituye una expresión peregrina, sino la muy lamentable expresión de lo que los inversionistas inmobiliarios hemos venido experimentando por más de tres lustros, tiempo en que hemos visto sucumbir los esfuerzos y capitales logrados por familiares y particulares envueltos en este litoral de la economía nacional.

Debido a la orfandad judicial a que nuestros tribunales de primera instancia y hasta las denominadas «Altas Cortes» han empujado a empresas con más de 50 años de ejercicio, hemos apelado a la solidaridad moral de la Sociedad Civil y de empresas dedicadas a arriesgar sus capitales con el primigenio interés de contribuir al desarrollo del país.

En ese sentido, hemos dirigido una correspondencia a instituciones tales como Asociación de Bancos de la R.D. ABA, Asociaciones de Bancos de Crédito y Ahorros y Corp C., Asociaciones Liga A y P, Asociaciones Mercado Hipotecario, Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Participación Ciudadana (PC), y otras de demostrado interés en la protección jurídica de quienes trabajamos de cara al sol.

El texto de la comunicación se expresa por sí mismo, por lo que esperamos que la prensa nacional, brazo fuerte de la opinión pública, tome en consideración nuestros planteamientos, en la esperanza de que la venalidad demostrada por jueces sea curada de una vez y por toda y podamos disponer de una sistema de justicia que se corresponda con una conciencia libre de remordimientos.

El texto de nuestra comunicación en procura de solidaridad, y que ha sido enviado a las instituciones citadas, dice:

Considerando el peso específico que tienen y que, además, les concede la sociedad dominicana, nos dirigimos a ustedes, campanillas en manos, para llamar su atención sobre una aberrante decisión tomada por el Tribunal Constitucional, al pronunciar la Sentencia marcada con #TC-0264-15.

Esta disposición fue la respuesta de esa Alta Corte a una demanda en suspensión de ejecución, que se pronuncia en contradicción a lo expresado por ese mismo tribunal, mediante la Sentencia TC-0149-15, que en su oportunidad dijo, entre otros considerando, que «La solicitud en suspensión lo que busca es impedir los procesos«, tal y como se explicó en el Periódico Diario Libre, en fecha 06-17-15, Pág. No.21 del citado periódico.

A la luz de los hechos, esta Sentencia constituye un precedente altamente negativo, no solo para la banca nacional, sino para todas las instituciones que intervienen en los créditos con garantía hipotecaria y, sobre todo, al reciente mercado hipotecario, que se manifiesta en la modalidad de fideicomiso.

Para citar solo un ejemplo: nuestra empresa, fundada hace más de 50 años como única entidad aprobada de carácter privado al amparo de la ley del recién transformado BNV, con una cartera de crédito ínfima, tiene tres (3) casos de créditos por cobrar con garantía hipotecaria y otros instrumentos legales, tales como cesiones de crédito y títulos en proceso de deslinde.

En tan solo tres (3) casos nuestra cartera de cobros está afectada en más de un 50%, en proceso que nunca terminan, tanto en la Jurisdicción Inmobiliaria, como en la Suprema Corte de Justicia, y ahora también frente al Tribunal Constitucional, con largos procesos que llevan 10, 15 y 17 años, que ya se nos hacen interminables.

Imagínese situaciones similares, que los hay por montones en las grandes instituciones de negocios financieros que suman millones de pesos, y a esto no escapa ni las comisiones de liquidaciones de instituciones en dificultades, y todas las víctimas de las habilidades de abogados especializados en retardar procesos, que se agravan por la complacencia de jueces que han permitido que casos similares nunca terminen y estén revotando, como pelotas de pingpong en los tribunales de «justicia» del país.

Como distinguidos representantes de la sociedad civil, y como instituciones que de algún modo pudieran estar afectadas con casos similares, con lo expuesto aquí quisiéramos solicitar que nos avoquemos a realizar una profunda jornada de reflexión ante nuestras autoridades, para que se hagan los esfuerzos pertinentes, a fin de lograr el milagro de una Justicia más ágil y efectiva, así como menos onerosa y traumática para un usuario que, asistido de la razón, merece ser protegido.

Estamos seguros que los efectos negativos que han ocasionado este tipo de decisiones, son muchas veces más costosas y traumáticas que lo que ocasionaría la implementación de la cacareada nueva Ley del Notariado. Acciones como estas han dado motivo al suicidio de personas y/o desaparición de muchas instituciones financieras, las que de haber recibido sus capitales muertos en tiempo prudente, hoy estarían funcionando, y con su accionar aportando al desarrollo del país.

Anexo al texto anterior enviamos a los destinatarios documentos que citamos a continuación:

Comunicación del 24-11-14, enviada por nosotros al Magistrado Dr. Milton Ray Guevara, Presidente del Tribunal Constitucional, la cual se explica por si sola.

2. Escrito de defensa de la oficina del Dr. Julio C. Martínez Rivera y Asociados, del 07-05-14.
3. Comunicación del 17-07-15, dirigida al Magistrado Dr. Milton Ray Guevara, la cual se explica por sí sola, y anexo publicaciones del Periódico Diario Libre del 06-07-15, Pág. 21.
4. Copia Sentencia TV-0264-15. Le invitamos a observar en la Pàg.11, la opinión del Magistrado Dr. Hermógenes Acosta De Los Santos, con su voto disidente.

Confiados en que podremos seguir contando con su invaluable respaldo, le saluda, con gracias anticipadas.

José E. De Pool Dominici

E-mail: jdepool@hotmail.com

Cel. (809)223-4010″