CARACAS, Venezuela.- Las autoridades venezolanas arrestaron a un policía por su presunta relación con la muerte de un comerciante que recibió un disparo en medio de disturbios, con lo que se elevaron a cinco las muertes en las protestas por la escasez de alimentos de las últimas dos semanas.

El policía Jesús Ramón Díaz Ramírez fue detenido por la supuesta responsabilidad en la muerte de Cruz Eduardo Rodríguez Brito, que recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen el 14 de junio en un centro comercial de Cumaná, en el estado de Sucre, indicó la Fiscalía General en un comunicado que difundió en su página de internet.

Rodríguez Brito se había trasladado a un centro comercial en Cumaná para constatar si su local había sido violentado por manifestantes cuando fue alcanzado por una bala.

El comerciante murió poco después en un hospital de la ciudad. Al lugar de la protesta había acudido la policía estatal de Sucre para reestablecer el orden, precisó la Fiscalía.

Los violentos disturbios de Cumaná dejaron un centenar de panaderías, supermercados, almacenes y otros comercios saqueados, dijo Rubén Saud, presidente de la cámara de empresarios de esa localidad.

Las principales avenidas de la capital del estado fueron tomadas por varias decenas de policías y guardias nacionales para garantizar la seguridad y evitar la repetición de los saqueos.

El Ministerio Público imputó a 32 personas por su vinculación con los saqueos en Cumaná, informó el dirigente oficialista Freddy Bernal que precisó que entre los arrestados está un hombre de 49 años que es señalado de dirigir los actos vandálicos.

El presidente Nicolás Maduro anunció la víspera que sectores opositores estarían involucrados en los saqueos de comercios. Con el deceso del comerciante se elevaron a cinco los muertos que han dejado las protestas por la escasez de alimentos y otros bienes de las últimas dos semanas que se produjeron en Caracas y los estados de Táchira, Mérida y Sucre.

El coordinador de la organización local Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Rafael Uzcátegui, manifestó su preocupación por el uso de armas para la represión de las protestas y dijo que existe el riesgo de que las manifestaciones por falta de alimentos se sigan presentando debido a que “no hay políticas para poder solucionar esas demandas”.

Uzcátegui también expresó inquietud por los comentarios que realizó la víspera Maduro de que el gobierno recurrió a un programa especial de seguridad para detener a los responsables de los saqueos en Cumaná.

“Se está apelando exclusivamente a la intimidación”, dijo al activista al reconocer que con esas acciones se está “estimulando una mayor conflictividad social”.

En San Cristóbal, en el estado de Táchira, el 6 de junio murió una mujer como consecuencia de disparos de balas de goma que recibió en el rostro y la cabeza en medio de un intento de saqueo a comercios. Por ese caso fue arrestado un policía de Táchira.

Durante otros saqueos el 9 de junio en la barriada pobre de Petare, al este de la capital, resultó gravemente herido a consecuencia de varios disparos un joven de 21 años que murió poco después en un hospital.

SANTO DOMINGO.- El director del Servicio Nacional de Salud reiteró este viernes que las deudas que mantienen los hospitales que pertenecen al Instituto Dominicano del Seguro Social son responsabilidad de ese organismo que dirige Sabino Báez y no del SNS.

Alvarado Mendoza indicó que el SNS asumirá el control de los hospitales del IDSS, cuando la comisión integrada según señala el párrafo único del Artículo 5 de la Ley 123-15 culmine el diseño e implementación del Plan de Integración de la Prestadora de Servicios del IDSS al Servicio Nacional de Salud.

“El control de esos hospitales está aún bajo la responsabilidad de sus actuales autoridades”, resaltó.

Aclaró que la situación de los 20 hospitales, las 28 policlínicas y los 65 consultorios que pertenecen al IDSS no puede ser atribuible al SNS sino a sus autoridades.

Dijo que los conflictos registrados en hospitales como el Salvador B. Goutier y el de La Mujer en Santo Domingo, el Presidente Estrella Ureña de Santiago y el Jaime Sánchez de Barahora, entre otros, deben ser aclaradas por el IDSS.

Dijo estar sorprendido por declaraciones de prensa que resaltan que el titular del SNS no ha dado respuesta a reclamos de pago por deudas o situaciones presentadas en los mismos.

Sostuvo que no hay ninguna situación “con nuestros hospitales, donde los empleados del SNS están trabajando de forma normal y en un proceso de mejora continua”.

Enfatizó que los hospitales Jacinto Mañón de San Cristóbal, el Oliver Pino de San Pedro de Macorís y el Félix María Goico o de Los Billeteros, el Armida García de Contreras de La Vega y el Arístides Fiallo Cabral de La Romana, entre otros, pertenecen al IDSS.

Indicó que “todo lo relativo a situaciones que pudieran presentarse en esos centros de salud, deben ser aclarados por dicho organismo”.

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SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) se reservó el fallo sobre tres acciones de amparo que fueron interpuestas contra la Junta Central Electoral bajo alegato de supuestas irregularidades sucedidas durante el proceso electoral celebrado el pasado 15 de mayo.

Los miembros del pleno del TSE resolvieron además posponer para el miércoles 22 de junio la acción de amparo preventivo solicitada por los candidatos a diputados Félix Santiago Hiciano, de Hermanas Mirabal; Dante Alfonso Méndez, de Independencia y Francisco Antonio Solimán de La Altagracia.

Durante la audiencia que inició a las 9:00 de la mañana de este viernes, se explicó que en el caso de las tres acciones de amparo cuyos fallos fueron reservados, las sentencias se entregarían a sus solicitantes a partir de las 2:30 de la tarde.

Dichas acciones se corresponden con la interpuesta por el diputado de La Vega, Elpidio Infante; la candidata a directora de la Junta Municipal del distrito municipal La Guáyiga en Pedro Brand y Vierka Agramonte González.

LIMA, Perú.- El juez Richard Concepción ordenó que la primera dama de Perú y presidenta del gobernante Partido Nacionalista, Nadine Heredia, sea impedida de salir del país durante cuatro meses para que responda por las investigaciones por presunto lavado de activos en las campañas electorales de 2006 y 2011.

El magistrado ordenó además que Heredia, su hermano Ilán Heredia y su amiga Rocío Calderón, también comprometidos en las pesquisas, firmen cada mes un cuaderno de comparecencia, paguen 50.000 soles (unos 15.000 dólares) por concepto de caución y se les prohibió cambiar de domicilio.

La defensa de los tres apelaron la decisión de Concepción.

Durante la extensa audiencia, celebrada ayer, el juez citó los cargos presentados contra Heredia, entre los cuales está el haber supuestamente recibido dinero del fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez para la campaña electoral de Humala en 2006, y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, producto de supuestos actos de corrupción en ese país, para la campaña del 2011 con el apoyo del procesado exasesor de campaña Martín Belaunde Lossio.

Asimismo, la fiscalía acusa a la esposa del mandatario peruano, Ollanta Humala, de haber recibido un porcentaje del dinero destinado por Odebrecht y OAS a la construcción de hospital Lorena en la región Cuzco, y de haber incrementado su patrimonio con fuente ilícita para la adquisición de un inmueble en Lima por 160.000 dólares y una camioneta rural.

También se le atribuye haber formado tres empresas con sus familiares y allegados para obtener contratos con el Estado y haber mantenido parte del dinero de fuente ilícita para el financiamiento de las campañas electorales de 2006 y 2011.

El fiscal Germán Juárez afirmó que un testigo entregó una carta que supuestamente prueba que Chávez dio dinero para la campaña electoral de 2006 del actual presidente de Perú, Ollanta Humala, que finalmente fue ganada por Alan García.

Juárez aseguró esto al presentar ante el juez los argumentos para sustentar su solicitud de que se ordene el impedimento de salida del país de Heredia.

Según el fiscal, existe una carta del fallecido mandatario venezolano, fechada el 30 de mayo del 2006, que indica que enviaba a su agregado militar con dinero y que, posteriormente, iba a «llegar una rendición respecto a lo invertido por otros dineros que habrían mandado», agregó.

Juárez dijo que esa misiva «ha sido puesta a disposición del Ministerio Público», para que se haga «el peritaje correspondiente a ver si efectivamente corresponde a Hugo Chávez».

Durante la audiencia de ayer, el abogado de Heredia, Eduardo Roy Gates, dijo que su defendida no fue «ni tesorera, ni contadora» durante la campaña de 2006 y recordó que Humala postuló por el partido Unión por el Perú.

También rechazó que exista alguna vinculación del dinero recibido durante esa campaña «con el erario público venezolano» y aseguró que «nadie ha afirmado que haya visto dinero en valijas diplomáticas».

Heredia está incluida en esta investigación como presunta autora del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión en agravio del Estado peruano y como presunta coautora del mismo delito en la modalidad de ocultamiento.

La investigación incluye a su hermano y tesorero del Partido Nacionalista, Ilán Heredia; a su madre, Antonia Alarcón; y a su amiga Rocío Calderón.

Heredia afirmó el sábado pasado, en un mensaje difundido en su cuenta de Facebook, que enfrentará las investigaciones, aunque consideró que el pedido de impedimento de salida del país es una medida «extrema y desproporcionada».

También dijo que «se ha desvirtuado la hipótesis» de la Fiscalía referida a que las campañas del Partido Nacionalista «se financiaron con dinero ilícito proveniente de Venezuela».

Como parte de la investigación del fiscal están incluidas cuatro agendas de Heredia que la primera dama denunció que fueron sustraídas ilegalmente de su domicilio y que aparentemente contienen una contabilidad de las finanzas del Partido Nacionalista.

El Congreso de Perú aprobó el miércoles un informe que pidió incluir a Humala en la investigación seguida contra Heredia a partir de la información contenida en esas agendas.

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