Santo Domingo, 14 jun (EFE).- El Ministerio Público solicitó este sábado prisión preventiva para el empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.

En la solicitud de medidas de coerción depositada en el Juzgado de Atención del Distrito Nacional, la Fiscalía pidió, además, arresto domiciliario para la hermana del empresario, Maribel Espaillat, también ejecutiva de la discoteca y quien, al igual que Antonio, está detenida desde el pasado jueves.O

La audiencia para conocer las medidas preventivas en contra de ambos fue fijada para este domingo.

PONIAN EN RIESGO VIDA DE CLIENTES Y EMPLEADOS 

En un comunicado difundido tras el depósito de la documentación, el órgano de persecución señaló que según la investigación, para la que contrató tres peritos, «durante años el Jet Set Club operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados».

Los hermanos Espaillat «permitieron y gestionaron la realización de importantes remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones en la estructura del establecimiento «sin obtener los permisos requeridos ni realizar las evaluaciones estructurales necesarias por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o la Alcaldía del Distrito Nacional», señaló la nota.

Además, «cargaron el techo de la discoteca de manera excesiva y progresiva, con múltiples elementos de gran peso, como casetas técnicas, ductos, unidades de climatización de gran volumen (incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno) y tinacos de agua», sostuvo.

«SOLUCIONES PALIATIVAS INADECUADAS»

Los imputados, afirmó, «apelaron a soluciones paliativas inadecuadas solo en interés de ahorrar recursos y siempre tuvieron conocimiento pleno de los problemas del techo», e, incluso, Maribel Espaillat, «con conocimiento de un incidente de caída de escombros horas antes del desplome y ante la petición de suspender la actividad, se negó a hacerlo, alegando la ausencia de su hermano», quien estaba en el extranjero.

Los peritajes técnicos han confirmado hallazgos críticos como la ausencia de una columna esencial, el anclaje deficiente de vigas y la ausencia de muros de mampostería de soporte, que validan las fallas estructurales directamente atribuibles a las acciones y omisiones de la gestión de la discoteca, agregó el documento.

LOS ACUSAN DE HOMICIDIO INVOLUNTARIO

Según la orden de arresto emitida el jueves, ambos cometieron presuntamente homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal dominicano, por mostrar «una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia que cobrara vida del público y de sus empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar, como finalmente ocurrió».

TRATARON DE INTIMIDAD O MANIPULAR EMPLEADOS

En el documento también se alude a movimientos de los imputados para presuntamente intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., la cual manejaba la discoteca, y que pueden actuar como testigos en el proceso.

Un día después del arresto de los acusados, fue interrogado de nuevo uno de los empleados de la discoteca, Gregory Adames, quien supuestamente habría advertido a Antonio Espaillat de que la infraestructura presentaba un deterioro físico y no había condiciones para realizar la fiesta del 8 de abril, a la que cientos de personas acudieron para disfrutar de la actuación del popular merenguero Rubby Pérez, también fallecido en el siniestro.

En una entrevista emitida en un programa de televisión local quince días después del derrumbe, Antonio Espaillat, propietario también de un conglomerado de medios de comunicación, admitió que los plafones del techo del local nocturno «siempre» se caían e, incluso, el mismo día de la tragedia se cambiaron algunos de ellos.

Espaillat, quien desde el principio se puso a disposición del Ministerio Público, atribuyó el desprendimiento de los plafones «a diferentes razones» y reconoció que nunca se examinó el techo para constatar cuál era su situación real, pese a las filtraciones existentes.

80 ACCIONES LEGALES

Familiares de víctimas han depositado hasta el momento en torno a 80 acciones legales contra los propietarios del local nocturno.

En el accidente murieron, entre otros, el exlanzador de las Grandes Ligas estadounidenses de béisbol Otavio Dotel; el diseñador Martín Polanco o un hijo del expresidente del Senado y ministro dominicano de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

También se informó en su momento del fallecimiento de 18 venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano, un keniano y una costarricense.EFE

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Caracas, 15 jun (EFE).- El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) informó este domingo sobre la reanudación de vuelos con República Dominicana, suspendidos desde julio de 2024 tras el cuestionamiento de varios países por la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las presidenciales.

«El INAC informa la reanudación de las operaciones aerocomerciales de pasajeros, carga y correo hacia y desde República Dominicana», indicó la institución en su cuenta de Instagram, que no confirmó si la medida entra en vigor de forma inmediata ni dio más información.

ONCE MESES SUSPENDIDAS

Estas operaciones estuvieron suspendidas por orden del Ejecutivo de Maduro desde el 31 de julio del año pasado, cuando también cerró la conexión aérea con Panamá, en respuesta a lo que consideró entonces como «acciones injerencistas» por parte de estos países en relación con las elecciones presidenciales celebradas ese mes en la nación caribeña.

La medida también respondía a «la presunción del uso de la aviación civil con fines no compatibles con los principios de seguridad», según el chavismo.

RD ANALIZA SI TAMBIÉN REANUDA

República Dominicana dijo este domingo que aún se encuentra analizando la eventual reanudación de los vuelos comerciales hacia Venezuela, después de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) del país sudamericano informara sobre el restablecimiento de dichas operaciones, suspendidas desde julio de 2024 tras el cuestionamiento de varios países por la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las presidenciales.

El Gobierno dominicano, a través de la Junta de Aviación Civil (JAC), «evaluará con responsabilidad y en estricto apego al interés nacional cualquier solicitud de restablecimiento de rutas aéreas, como es el caso de Venezuela», dijo en un comunicado el presidente de este organismo, Héctor Porcella.

«Hasta tanto se emita una decisión oficial, se mantienen suspendidas las operaciones aéreas entre ambos países», precisó Porcella, quien señaló que «cualquier decisión en este ámbito será informada oportunamente por las vías institucionales correspondientes y a través de los canales oficiales del Estado dominicano».

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SANTO DOMINGO.- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, exhortó al Congreso Nacional a que apruebe el nuevo Código Penal «para cumplir con el compromiso ciudadano de actualizar esa normativa a los nuevos tiempos y evitar que delitos que requieren de castigos más razonables tengan que ser sancionados con penas que resultan irrisorias».

“Tenemos un marco jurídico desactualizado con penas irrazonables que, en muchos casos, no son ni mínimamente proporcionales al daño causado”, dijo.

NECESIDAD DE LA SOCIEDAD DOMINICANA

Reconoció que legisladores de diferentes bancadas, incluyendo al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pachecho, le han manifestado directamente su compromiso con satisfacer la necesidad que tiene la sociedad dominicana de que se apruebe un nuevo Código Penal.

Explicó que «los crímenes han cambiado conforme ha evolucionado la sociedad». “El mapa de la criminalidad es cada día más diverso, pero en República Dominicana seguimos teniendo como principal ley sustantiva un Código Penal que fue aprobado en 1884 y que, aunque se realizaron algunas modificaciones a lo largo de los años, resulta desactualizado para abordar los delitos con una calificación adecuada”, agregó.

“Múltiples conductas que son realmente delitos de dolo eventual, deben ser tipificados por el Ministerio Público como delitos culposos por falta de un Código Penal actualizado y esto impide que las víctimas, y en sentido general la sociedad, puedan tener una mayor protección del sistema de justicia, sobre todo en los casos en que se requiere de una sanción proporcional al hecho cometido y que implicaría una condena mayor”, indicó.

ENUMERA FALLA

Citó como ejemplo que el Código Penal actual falla al no contemplar el concurso ideal de delitos, lo que lleva a que la sanción para la persona que, con una acción causa varios delitos, solo sea sancionada con la pena del delito mayor, sin tener la posibilidad de agravarla.

Lamentó que el Código Penal con el que los fiscales tienen que calificar los delitos ordinarios fuera sancionado por la Ley 2274, del 20 de agosto del año 1884.

Dijo que la legislación pudo desempeñar un rol importante, pero después de 141 años de vigencia, con la evolución histórica del país y los cambios sociales en un entorno globalizado y tecnológico, resulta irrazonable mantener la obsolescencia legislativa del Código Penal Dominicano.

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