Estados Unidos ejercía, durante el apogeo de la Guerra Fría, presión sobre su “patio trasero” mediante el recurso de la fuerza militar, a través de la cual, y por vía de las asonadas de los cuarteles, doblegaba a los gobiernos “desafectos”.

En consonancia con esa conducta, Estados Unidos plagó América Latina de dictadores criminales, ladrones y hasta genocidas, para quienes la vida humana era prescindible, material desechable.

De esa conducta signada como política de Estado, Washington prohijó a criminales, genocidas y ladrones de la calaña de Augusto Pinochet en Chile, Jorge Videla en Argentina, los Somoza en Nicaragua, Stroessner en Paraguay y otros carniceros de su misma catadura.

Ningún régimen democrático que contraviniere las líneas anti soviética, anti china, anti cubana, etc., estuvo exento de las conspiraciones alentadas desde el Pentágono a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Grupo de Asesoría Militar conocido como MAAG, mediante el uso de sus arietes entrenados en la Escuela de las Américas, en Panamá.

La muerte del líder chino y la posterior caída del bloque soviético provocaron un giro esencial en la política estadounidense respecto de sus vecinos del sur, pues el comunismo dejó de ser una preocupación para Washington.

Chantaje arancelario

Ahora, con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, el juego ha cambiado hacia el chantaje arancelario, pues la imposición de estos pende como la famosa espada sobre el cuello de países sin importar su tamaño, en tanto y en cuanto el presidente usa ese recurso como una perra brava que amenaza soltar, y que tiende a doblar la voluntad de gobernantes, a menos que se trate de líderes dotados de una férrea determinación que no sucumben a ese chantaje.

Sin lugar a dudas que se trata de un recurso con el que cuenta el presidente Trump, que unido a la inmigración y el narcotráfico le permiten jugar su baza, a pesar de que en este último caso la responsabilidad es compartida.

Es decir, los países productores de drogas duras, los que sirven de puente y Estados Unidos tienen que repartirse la carga: unos sirven en la primera parte y los estadounidenses la siguiente que representa el gran consumo y el celo para que el producto de ese veneno—que se llama dinero—quede represado en el sistema financiero y se lave en sus grandes bancos sin mayores consecuencias.

Este ha sido un comportamiento recurrente en la administración estadounidense que ha consistido en obligar a otros países a implementar políticas de persecución del lavado de activos con el cual las autoridades, generalmente, han preferido mirar para otro lado cuando se trata de grandes lavadores de dinero. ¿Alguien me puede explicar?

Nelsonencar10@gmail.com

jpm-am

El pasado domingo el municipio de Sabana Grande de Boyá cerró sus fiestas patronales con un episodio que dejó al descubierto las tensiones entre las autoridades locales y las fuerzas del orden, así como las contradicciones de un sistema que parece ir en contra de su propio desarrollo.

Mientras los residentes disfrutaban de un grupo artístico, la Policía Nacional se acercó para poner fin a la celebración, argumentando que no podía extenderse más allá de las 12 de la noche. Lo que siguió fue un conflicto entre el alcalde local y el comandante provincial de la policía, dos figuras mesuradas y profesionales, pero cuyos objetivos y órdenes colisionaron en ese momento.

El alcalde alegó su autoridad como ejecutivo municipal, mientras que el comandante insistió en que solo cumplía órdenes superiores. Ante el impasse, el comandante optó por retirar a sus agentes, y el alcalde asumió la responsabilidad de garantizar la seguridad del evento con la policía municipal.

Este incidente, aparentemente local, revela problemas mucho más profundos: la violación a la Constitución, la necesidad de reformas institucionales y un freno al desarrollo turístico del país.

La medida de imponer horarios estrictos para actividades festivas no solo es desproporcionada, sino también anticonstitucional. La Constitución Dominicana garantiza el derecho a la reunión pacífica y al libre comercio, ambos violentados por estas restricciones.

Al limitar arbitrariamente el horario de las fiestas patronales, se coarta la libertad de los ciudadanos de celebrar su cultura y tradiciones y se afecta directamente a los comerciantes, artistas y trabajadores que dependen de estas actividades para su sustento. Y la Constitución es superior a leyes, decretos y resoluciones por lo que es violentada con esta medida.

Pero el problema no se limita a Sabana Grande de Boyá. En ciudades como Santo Domingo, el control de horarios ha convertido la vida nocturna en algo casi inexistente. Lo que antes era una ciudad vibrante, llena de restaurantes, bares y discotecas, hoy se asemeja a un cementerio después de la medianoche.

Miles de empleos se han perdido, cientos de negocios han cerrado, y la economía local ha sufrido un golpe del que aún no se recupera. Peor aún, esta falta de actividad nocturna ha creado un caldo de cultivo para la delincuencia, ya que las calles vacías son más propicias para actos ilícitos.

Las fiestas patronales y la vida nocturna no son solo espacios de entretenimiento; son también motores económicos que generan empleos, dinamizan el comercio y atraen turistas. Al restringirlas, no solo se afecta el derecho de las personas a reunirse y divertirse, sino que también se socava el desarrollo económico de los municipios y del país en general.

En el caso de Sabana Grande de Boyá, el incidente del pasado domingo es un ejemplo claro de cómo estas políticas mal diseñadas pueden generar conflictos innecesarios y frenar el progreso. Si queremos fomentar el turismo y reactivar la economía, es esencial revisar estas medidas y permitir que las comunidades decidan cómo y cuándo celebrar sus tradiciones u otras actividades festivas o no.

Reformas

El enfrentamiento entre el alcalde y el comandante de la policía también pone en evidencia la necesidad de reformas profundas en las instituciones del Estado.

La Policía Nacional, tal como está estructurada, responde a órdenes centralizadas que no siempre coinciden con las necesidades y prioridades de los municipios. Esto crea un foco de tensión constante entre las autoridades locales y las fuerzas del orden, como ocurrió en Sabana Grande de Boyá.

Una solución viable sería descentralizar la Policía Nacional y convertirla en policías municipales, que respondan directamente a las autoridades locales. Esto no solo eliminaría los conflictos de competencia, sino que también permitiría una gestión más eficiente y adaptada a las realidades de cada comunidad.

Además, fortalecería la autonomía de los municipios y promovería una mayor coordinación entre las autoridades locales y las fuerzas de seguridad.

Es hora de que el Estado dominicano adopte un enfoque más equilibrado y sensato en la regulación de actividades festivas y vida nocturna. En lugar de imponer restricciones arbitrarias, se deben establecer normas claras y consensuadas que protejan los derechos de los ciudadanos, fomenten el desarrollo económico y garanticen la seguridad pública.

Las fiestas patronales, los restaurantes, los bares y las discotecas no son enemigos del orden público; son expresiones culturales y económicas que merecen ser protegidas y promovidas. Al hacerlo, no solo estaremos defendiendo nuestros derechos constitucionales, sino también construyendo un país más próspero, seguro y vibrante.

El incidente en Sabana Grande de Boyá es un recordatorio de que las políticas públicas deben estar al servicio de la gente, no en su contra. La anticonstitucionalidad del control de horarios, el impacto negativo en la economía y la necesidad de reformas institucionales son temas que no pueden seguir siendo ignorados. Si queremos un país donde la cultura, el turismo y el desarrollo económico florezcan, es esencial revisar estas medidas y trabajar hacia un modelo que respete los derechos de los ciudadanos y promueva el bienestar colectivo.

Esta absurda medida de control de horario, debe ser eliminada. El control de ruido es positivo, cada negocio debe asegurarse de no violentarla.  Ahh, la fiesta continuó, y no pasó ningún incidente.

jpm-am

Le alegaba don Max que el mundo intelectual en Argentina estaba dominado “por grupos y capillas” y le adelantaba que “si vas al sur, te arrepentirás”. Es bueno recordar que ese hermano fue escritor, diplomático, orador y autor de obras tan importantes como Episodios Nacionales y Panorama histórico de la literatura dominicana. 

Pedro Henríquez Ureña dio a quien quiso oírlo una retahíla de explicaciones sobre los motivos que lo llevaron a radicarse en Argentina y justificó su decisión, no sin un sedimento de sobresalto íntimo, cuando escribió lo siguiente: “Argentina es para mí lo mismo que ha sido siempre. No es un país ideal, pero es un excelente país en término medio”.

A la República de Argentina llegó en 1924 y allí murió en 1946. Entre una fecha y otra desempeñó en su país, la República Dominicana, durante un año y seis meses, la función de Superintendente General de Educación. Por más que trató de afincarse en la tierra que lo vio nacer no pudo soportar el ambiente canallesco de la política trujillista. Renunció y se fue.

Educador

En el país más al sur del continente americano vivió y desarrolló su condición de educador enseñando literatura y otras ramas vinculadas con las humanidades.

En Argentina amplió su fecunda labor intelectual hasta el último instante de su vida, pues la muerte lo sorprendió montado en un tren que hacía el recorrido Buenos Aires-La Plata y viceversa, mientras afanaba para producir el sustento de su mujer Isabel y sus hijas Sonia y Natacha, tal vez así bautizadas en honor a las heroínas que sobresalen entre más de quinientos personajes que pueblan las páginas de la  clásica obra La guerra y la paz del gran escritor ruso León Tolstói.

Pedro Henríquez Ureña ejerció el magisterio con máxima altura de conocimientos, especialmente en el Colegio Nacional de La Plata, ciudad en la cual tuvo un destacado papel en la fundación y operatividad, en el 1937, de la Universidad Popular Alejandro Korn, uno de sus grandes amigos y que fue autor de la obra titulada La libertad creadora, publicada en el 1920, en la cual planteaba la urgente necesidad de crear lo que definió como el “sujeto libre”.

Por más de una década esa universidad fue un gran laboratorio cultural y político. Se creó en honor a ese médico psiquiatra, maestro y fascinante filósofo al que se le atribuye haber contribuido de manera fundamental con el pensamiento filosófico argentino.

Valga la digresión para decir que al penetrar al pensamiento de Korn se capta que algunas de sus reflexiones se acercaban, con sus matices, al gran filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Siempre mantuvo una actitud de confrontación (disruptivo le dirían ahora) con aquellos que mantenían a una parte de la sociedad argentina anclada en un rancio conservadurismo.

Volviendo a la presencia en Argentina del gran humanista dominicano hay que señalar que también fue docente en el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, aunque por ruindad de algunos engreídos nunca lo hicieron titular de una cátedra, básicamente porque era un inmigrante caribeño.

Pese a que nadie nunca se atrevió a cuestionar su gran capacidad intelectual y su vocación por la enseñanza, era tan palpable el maltrato de que era víctima, después de seis años viviendo en Argentina, que en el 1930 le escribió una carta a su hermano Max, en la cual le revelaba que en ese país del Cono Sur estaba realizando un “trabajo mecánico…mi obra propia se vuelve demasiado escasa…las perspectivas de ocupar mi verdadera jerarquía son nulas por el momento”.

Sobre la vida de dificultades de Pedro Henríquez Ureña en Argentina hay una carta muy conmovedora de uno de los intelectuales que mejor lo conoció (los tres tomos del Epistolario íntimo entre ellos es la mejor prueba de eso), su ilustre alumno y amigo mexicano Alfonso Reyes Ochoa, dirigida al periodista y diplomático Genaro Estrada Félix, en la cual le señala, entre otras cosas, que:

“Vive siempre en La Plata, con digna pobreza…aunque lo estiman los jóvenes más señalados de los nuevos grupos, los literatos militantes no lo conocen, o no le quieren ni le dan sitio, por motivos de falta de afinidad física y espiritual…”

jpm-am

Constituye el último eslabón de la justicia en la realización concreta de las penas. Si bien en la actualidad el verdugo es un agente del Estado, para llegase a ello debió pasar por un largo proceso histórico. El pueblo egipcio fue el primero que encargó a un funcionario especial la ejecución de las sentencias.

En las antiguas monarquías asiáticas cumplía esa función uno de los primeros dignatarios de la corte, realzado con el título de gran sacrificador. Entre los israelitas la sentencia de muerte se ejecutaba por todo el pueblo, por los acusadores y por los parientes del interfecto, y aun a veces, por los mismos jueces; entre los romanos, por los lectores. Entre los antiguos galos, los mismos druidas o sacerdotes hacían de verdugos.

En algunas ciudades de Alemania la sentencia de muerte la ejecutaba el más joven de la comunidad; en Hieden, el último avecindado en la ciudad; en Francofonía, el último que se había casado; en Renania, el último magistrado, sin que ninguno de tales ejecutorias quedará inflamado por ello en la pública opinión.

En algunos países se designa “ejecutores de las altas obras” a los taberneros y matarifes o carniceros. El cumplimiento de la tarea del verdugo implica la muerte de un hombre por otro, por lo cual se ha debatido el fundamento de su discriminación.

En la definición carrariana del delito, muerte injusta de un hombre por otro, se excluye la criminalidad por la ausencia del calificativo, ya que se considera “justa” la dada por el ejecutor. También se ha alegado que el deber que cumple el verdugo es más importante que el derecho que se viola; que la justicia que ordena el acto hace desaparecer el tipo delictivo.

Proverbialmente la doctrina consideraba que el cumplimiento de este único mandato judicial constituía una excusa absolutoria; sin embargo, la evolución de la teoría jurídica del delito ha evidenciado que, en tal caso, no existe delito y justamente la excusa absolutoria suprime la aplicación de la pena por razones que el legislador estima censurables, pero sin quitarle ninguno de sus elementos.

En la actividad del verdugo, en cambio, está ausente la antijuridicidad: el acto no es contrario al derecho, sino que, antes bien, lo confirma, lo ratifica, como que se trata de su misma aplicación  por un órgano del Estado; es pues, una causa de justificación.

A decir verdad es que en la Edad Media existieron verdugos que llegaron a estudiar anatomía para ejecutar un degüello, frente a multitudes sedientas de sangre, en el lugar exacto y ganar así aplausos (se ha afirmado: quien “quien ve matar, mata”) y consideración social. Los años fueron degradando su figura.

Señala el penalista  Barbero Santos un hecho anecdótico, pero crudamente gráfico, acaecido en España. Un hombre de muy extraña fisonomía come solo en un restorán. Tras pagar se levanta y sale. Un mozo, rápidamente, toma el mantel y lo anuda por las cuatro pintas con todo lo que hay en la mesa, incluso el dinero que ha dejado, los platos, vasos y cubiertos de que se ha servido, los residuos.

Los otros comensales se asombran frente a tan súbito e insólito proceder y preguntan sobre el porqué de esa conducta. El mozo dirá: “Es el verdugo de Burgos que, con ocasión de alguna ejecución, acostumbra venir por aquí. Y siempre hacemos esto. Nadie vuelve a tocar lo que este sujeto ha tocado».

Relata el penalista español un hecho que se suscitó durante una visita a una cárcel escocesa, cuando preguntó: ¿Hay muchos verdugos en Escocia? Recibió una respuesta unida a una sonrisa irónica: “El verdugo… es inglés”-  El sociólogo francés Emile Durkheim expresa que la sociedad es la afectada y, por consiguiente, puede disponer de la represión, más allá de que directamente los afectados, los agredidos por el delito, sean individuos.

El tribunal es quien expresa la conciencia colectiva sobre la base de delitos catalogados y bien definidos previamente. De ahí que señalará: “El crimen concentra las conciencias honradas”. Es que, en su pensamiento, el delito sirve para cohesionar a esas conciencias y la reacción, por todos requeridos y aceptados, preservará a la sociedad. Tomando la expresión por su contrario: de no haber reacción, no habría unidad y peligraba el orden social.

En realidad lo que peligraba era el contrato social. El mismo contrato fue objeto de natural y benévola acogida y dio jerarquía doctrinal a las revoluciones de 1776 y 1789. El mismo contrato al que, según lo señalado, no acceden los no exitosos para la vida en comunidad o los que se resisten, no prestan consenso, debido a su situación de extrema necesidad, muy a pesar suyo.

Frente a la ineludible selectividad penal, que comprende a los de abajo, cabe la pregunta: ¿antes de delinquir e, incluso, al tiempo de sus delitos, estos hombres son libres e iguales? De no ser así, ¿Cuál contrato social se les está exigiendo que cumplan, cuando la misma sociedad los puso fuera de él…? De hecho, el incumplimiento social ¿puede hacer exigible su cumplimiento? Jurídicamente, al menos, la respuesta es negativa.

De ahí que expresa Foucault: “los castigos no están destinados a suprimir las infracciones, sino más bien a distinguirlas, a distribuirlas, a utilizarlas…Y más adelante: “La penalidad sería entonces una manera de administrar los ilegalismos, de trazar límites de tolerancia, de dar cierto campo de libertad a algunos y hacer presión sobre otros, de excluir a una parte y hacer útil a la otra.

En suma, la penalidad no reprimirá pura y simplemente los ilegalismos, los diferenciaría”. De ahí que el filósofo francés sintetiza su pensamiento con aquello de: “Es feo ser digno de castigo, pero poco glorioso castigar”.

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POR EMELYN HERASME  

Desde la antigua civilización Griega, especialmente en los períodos arcaico y clásico, surgieron múltiples movimientos y organizaciones que buscaban cambios sociales, políticos y económicos en la polis griega (ciudad-estado). A lo largo de la historia, estos movimientos han sido una fuerza impulsora

en la lucha por la justicia social y la transformación de las estructuras de poder. En América Latina, han logrado importantes victorias que han redefinido políticas y han impulsado modelos alternativos al neoliberalismo y al capitalismo global.

Es entendido que la complejidad y diversidad de los movimientos sociales, tanto en sus formas organizativas como en sus objetivos y estrategias, dificultan su definición precisa. Lo que nos queda claro es que estos son respuestas a problemas estructurales que afectan a sectores marginados de la población y se articulan en torno a demandas específicas y aproyectos de cambio sistémico. Como señala Touraine (2006), la acción de los movimientos sociales no se limita a la búsqueda de poder político dentro de las instituciones estatales, más bien, desafían las estructuras de poder económico y social que prolongan las desigualdades.

Latinoamérica

En América Latina, los movimientos sociales han logrado incidir directamente en la formulación de políticas públicas. Un ejemplo que nos toca directamente es el «Movimiento 4% para la Educación» en la República Dominicana, que logró que se aprobara la Ley General de Educación en 2013, aumentando exponencialmente el presupuesto destinado a la educación pública. Este movimiento convocó a diversos sectores de la sociedad y se convirtió en un símbolo de la capacidad de la participación ciudadana para generar cambios en las políticas públicas educativas.

Otro ejemplo es «YoSoy132» en México, surgido en 2012, que cuestionó la falta de transparencia en el sistema electoral y exigió la democratización de los medios de comunicación. Su impacto fue puntual para abrir el debate sobre la concentración mediática y la necesidad de mayor equidad en la cobertura política. Este movimiento demostró la fuerza de la juventud para desafiar el establishment y reconfigurar el panorama electoral del país.

La «Marea Verde» en Argentina es otro ejemplo de cómo los movimientos sociales pueden influir de manera decisiva. Este movimiento, liderado por colectivos feministas y de derechos humanos, comenzó como una lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. A través de manifestaciones masivas, campañas en redes sociales y presión sobre los y las legisladoras, la «Marea Verde» logró transformar el debate público y político en el país. En 2020, después de años de activismo constante, el Congreso argentino aprobó la legalización del aborto y reafirmó los derechos reproductivos en América Latina.

En Brasil, el Movimiento de los Afectados por Represas (Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB, en portugués), se opone a los proyectos de construcción de represas hidroeléctricas que desplazaron a miles de comunidades rurales, indígenas y ribereñas, afectando gravemente el medio ambiente. El MAB ha logrado movilizar a estas comunidades para defender sus derechos y proteger los ecosistemas afectados.

Una de sus principales victorias fue la presión ejercida para que se revisaran las políticas ambientales y energéticas, influyendo en la implementación de medidas de compensación para las comunidades desplazadas y en la promoción de una mayor responsabilidad ambiental por parte del Estado y las empresas. Este movimiento continúa abogando por una transición energética más justa y sustentable, que tenga en cuenta tanto a las personas como al medio ambiente.

Los movimientos sociales han probado su capacidad para articular demandas colectivas y desafiar estructuras de poder que profundizan desigualdades. Su incidencia en la formulación de políticas públicas responde a necesidades inmediatas y redefine el horizonte político y social de las naciones. Su acción constante es una prueba del poder de la ciudadanía organizada en la construcción de sociedades más justas e inclusivas.

La importancia de los movimientos sociales se sitúa en su papel como catalizadores del cambio, visibilizando injusticias y transformando realidades. Para comprender su influencia, es fundamental recurrir a autores como Alain Touraine, cuya obra «La voz y la mirada» nos permite tener una perspectiva lúcida sobre el papel de los movimientos sociales en la configuración de nuevas dinámicas de poder y resistencia.

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