Washington, 31 mar (EFEUSA).- El gobernador opositor venezolano Henrique Capriles anunció hoy que habrá un Consejo Permanente extraordinario de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Venezuela el próximo lunes o martes y pidió a los Estados miembros que declaren que en su país «se rompió el hilo constitucional».

En declaraciones a los medios tras reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Washington, Capriles pidió una declaración el lunes que «reconozca esa ruptura» porque en Venezuela «se dio un golpe de Estado» con la sentencia por la que el Tribunal Supremo asumió ayer las facultades de la Asamblea Nacional.

El dos veces candidato presidencial aseguró que apoya «toda sanción» al Gobierno de Venezuela, incluida su suspensión de la OEA, si no se anula esa sentencia contra el Parlamento, de mayoría opositora.

Tras su anuncio, fuentes diplomáticas confirmaron a Efe que un grupo amplio de países pedirá hoy formalmente a la Presidencia del Consejo una sesión extraordinaria sobre Venezuela para el lunes.

Almagro ya solicitó hoy por su cuenta de manera formal a la Presidencia del Consejo que se convoque una sesión urgente sobre la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

Capriles explicó que pide a la OEA lo mismo que a Mercosur (que mañana celebrará una reunión de cancilleres sobre Venezuela) y a las Naciones Unidas: que declaren que en Venezuela «se rompió el hilo constitucional» y apoyen la convocatoria de elecciones generales para «restituir ese orden».

«Queremos resolver la crisis política votando», afirmó, para añadir que «es una hora decisiva en la región» porque los países deben situarse «o con la democracia» o del lado «del dictador».

Capriles indicó que, hasta ahora «se entorpecía» el trabajo de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora desde enero de 2016, pero que con la sentencia del Supremo «se pasó la última raya» porque «anula» al poder legislativo.

Preguntado por si apoyaría el proceso de la Carta Democrática hasta su última consecuencia, la suspensión, el gobernador del estado de Miranda (centro) dijo que apoya «toda sanción» si no se anula la sentencia del Supremo.

Almagro ha pedido un Consejo urgente que considere sus informes críticos sobre Venezuela (del pasado 30 de mayo y del 14 de marzo), «así como los efectos sobre el orden constitucional democrático de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela», según la solicitud, firmada hoy, a la que tuvo acceso Efe.

Está por ver si el grupo de países que también va a enviar una solicitud hoy piden una sesión en el marco de la Carta Democrática, un instrumento jurídico de la OEA aprobado en 2001 que engloba un proceso gradual que va desde las gestiones diplomáticas a la suspensión, sanción que requiere el voto de 24 de los 35 miembros.

Ahora está en manos de la Presidencia de turno del Consejo decidir si se convoca esa reunión y cuando, una responsabilidad que hoy tiene Belice pero a partir de mañana será de Bolivia, gran aliado de Venezuela y que se opone a que haya sesiones sobre el país sin el beneplácito de su Gobierno.

No obstante, la Presidencia del Consejo es un puesto de carácter protocolario que cambia cada tres meses y, de haber los votos, no podría negarse a que se celebrara la reunión, aunque sí podría intentar retrasar los procesos con mecanismos formales, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.

Desde este jueves, un amplio grupo de países de la OEA negocia solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente urgente, pero todavía esa convocatoria no se ha hecho oficial, según fuentes diplomáticas consultadas por Efe.

Almagro dio hoy el paso formal de pedir un Consejo urgente tras calificar ayer de «autogolpe de Estado» la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de sustituir en sus funciones al Parlamento. EFEUSA

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El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, convocó a una reunión del Consejo Permanente para tratar el agravamiento de la crisis en Venezuela y denunciar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia como un “autogolpe” de estado.

La convocatoria fue acompañada por manifestaciones de preocupación de Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos mientras en Caracas, un «cacerolazo» masivo en protesta por la sentencia se extendió la noche del jueves, y desde algunos edificios incluso se escucharon gritos de «Fuera Maduro”.

El fallo se dio a conocer un día después de que los países miembros de la OEA se reunieran en Washington para debatir sobre la situación política en Venezuela.

«Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado», sentenció en un comunicado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien catalogó como un «auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional».

Almagro también recordó el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana, que «debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio».

No hubo consenso sobre una propuesta de Almagro para suspender a Venezuela del bloque, pero la sesión terminó con el compromiso de 20 naciones de monitorear la situación y tomar medidas para asegurar que el gobierno venezolano entable un diálogo.

Estados Unidos

El jueves por la tarde, el departamento de Estado norteamericano condenó la decisión del Tribunal de asumir las responsabilidades del Congreso y advirtió que debilita a las instituciones democráticas. A través de un comunicado de prensa, el gobierno de Donald Trump agregó que esta medida «usurpa los poderes de la Asamblea Nacional, que fueron elegidos democráticamente» y niega al pueblo venezolano el derecho a moldear el futuro de su país a través de los representantes electos.

«Pedimos al gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos», lee el comunicado.

En lugar de descartar las instituciones democráticas de Venezuela, el gobierno venezolano debe cumplir con los compromisos que asumió durante el diálogo de 2016, sus obligaciones con su propio pueblo y sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana.

Latinoamérica

Horas antes, el gobierno de Perú condenó en un escrito la decisión del Tribunal Supremo venezolano por considerar que «constituye una ruptura del orden constitucional y democrático » y en consecuencia decidió «retirar de manera definitiva a su embajador».

En la que fue la primera reacción del gobierno venezolano, la canciller Delcy Rodríguez, sin mencionar la sentencia, rechazó categóricamente el «comunicado injerencista del gobierno del Perú sobre asuntos de la jurisdicción interna venezolana».

El gobierno del presidente boliviano Evo Morales, en tanto, expresó su «solidaridad e incondicional apoyo» ante lo que considera como «un nuevo ataque y acoso político que intenta fracturar la democracia, desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y desconocer la Constitución Venezolana».

«Ese tipo de acciones solamente atentan la unidad de Latinoamérica y El Caribe y responden a intereses extraterritoriales, con claros actos de injerencia que vulneran el Derecho Internacional», agregó la cancillería boliviana en un comunicado en el que criticó la postura antagónica asumida por varios de la región sobre la crisis política en Venezuela.

“La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre”, aseguran los opositores al gobernó Maduro.

Panamá y México también expresaron «su profunda preocupación» por las recientes decisiones del máximo tribunal. El gobierno mexicano además reiteró lo manifestado en una declaración divulgada la semana pasada por un grupo de 14 países, en la que pidieron elecciones inmediatas, liberar a los presos políticos y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional.

A su vez, la canciller colombiana María Ángela Holguín resaltó la importancia del «respeto por la separación de los poderes como pilar fundamental para la democracia», mientras que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski escribió en su cuenta de Twitter que «América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela».

Tiempo después, la presidencia de Argentina emitió un comunicado en el que informó que el presidente Mauricio Macri se reunió con la esposa del líder opositor Leopoldo López, quien permanece encarcelado en Venezuela, y agregó que el mandatario hizo un llamado a «recomponer el orden democrático en Venezuela».

Por su parte, la presidenta chilena Michelle Bachelet escribió en su cuenta de Twitter que «la situación en Venezuela es muy preocupante. En América Latina debemos defender la convivencia democrática en nuestras sociedades». La mandataria, de gira en Portugal, convocó a Chile a su embajador en Venezuela «a informar», medida diplomática con la que se expresan desacuerdos y críticas.

Senadores de EE.UU.

Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez dijeron en un comunicado conjunto que la sentencia del TSJ se trata del “último ataque a lo que quedaba de las instituciones democráticas en Venezuela” y “es un insulto flagrante contra el pueblo de Venezuela y los valores que guían a nuestro hemisferio”.

“La democracia venezolana llevaba cojeando años, pero la decisión de cerrar el cuerpo legislativo del país confirma nuestros peores temores: Maduro es un dictador trastornado que ha desmantelado la democracia en su país sistemáticamente”, apuntaron.

El senador Ben Cardin, Miembro de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que la sentencia constituye «un intento escandaloso y descarado del presidente Maduro de convertir efectivamente a Venezuela en una dictadura».

«Yo apoyo a los legisladores de la oposición en la Asamblea Nacional y los aliento a seguir haciendo su trabajo en nombre de sus electores, el pueblo venezolano”, apuntó.

¿La gota que derrama el vaso?

Eric Olson, director asociado del programa latinoamericano del Wilson Center, evitó catalogar el acto judicial como un golpe de Estado, pero afirmó que deja en evidencia la ausencia de separación de poderes en el país.

«No quiero usar ese término porque tiene muchas connotaciones pero es bien claro que la democracia en Venezuela está totalmente desacreditada y ya no hay instituciones independientes», dijo Olson. «No sé si esta es la gota que derrama el vaso, pero sí es otro argumento a favor de que ya no hay espacios y que la comunidad internacional tome algunos pasos».

El Tribunal declaró en desacato a la Asamblea por negarse a cumplir una sentencia que había bloqueado la juramentación de tres diputados opositores del estado de Amazonas por la supuesta compra de votos. Aunque posteriormente el Legislativo revirtió dicha juramentación, el máximo Tribunal mantuvo la medida invocando una serie de tecnicismos y dejó en un limbo legal la situación de los legisladores electos.

A comienzos de esta semana, el Tribunal también abrió el camino para poner límites a la inmunidad de los legisladores tras declarar nulo el respaldo de la Asamblea Nacional a la activación del proceso para aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana. En esa sentencia, la Sala Constitucional ordenó a Maduro ejercer las medidas necesarias para evitar un «Estado de conmoción» y «revisar las diversas leyes» ante el desacato del Congreso.

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del PLD saludó la aprobación de forma unánime en la Cámara de Diputados del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, aprobación que convierte a la República Dominicana, Estado signatario de un gran instrumento de protección del medioambiente en todo el mundo.

El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, dijo que el próximo paso sería  que se contribuya al  cumplimiento del compromiso contraído.

El Acuerdo de París es un pacto firmado en  Convencion de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el compromete a los países signatarios a adoptar  medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y evitar así, conjuntamente con otras medidas,  el calentamiento global que tanto trastornos ha generado a la naturaleza misma.

Domínguez Brito desarrolló el tema “Metas del Gobierno en materia de Medio Ambiente” presentando en síntesis los planes a realizar en la reforestación, protección de cuencas hidrográficas, rescate de áreas protegidas, entre otras apuntando sobre el apoyo del gobierno central en la persona del presidente Danilo Medina, quien ha declarado los cuatro años en curso como el cuatrienio   y este 2017 como el Año del Desarrollo Agroforestal.

WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió anoche el último fallo de un juez de Hawái con el objetivo de restaurar el segundo decreto presidencial destinado a prohibir temporalmente la entrada al país de refugiados y de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció hoy en su rueda de prensa diaria que el Gobierno ha interpuesto un recurso ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, una instancia inmediatamente inferior al Tribunal Supremo y que tiene jurisdicción sobre las cortes del estado de Hawái.

La apelación del Gobierno se produjo justo un día después de que el juez federal de Honolulú (Hawái), Derrick K. Watson, decidiera convertir la suspensión temporal que pesaba sobre el veto de Trump en una suspensión preliminar, lo que extiende significativamente en el tiempo el bloqueo.

En concreto, la decisión del juez Watson prohíbe al veto entrar en vigor, mientras continúa el litigio en las cortes.

En su recurso, los abogados del Gobierno de Trump aseguraron que el presidente tiene plena competencia para emitir, como hizo el pasado 6 de marzo, un decreto para prohibir durante 120 días el programa de acogida a refugiados y durante 90 la entrada de ciudadanos de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.

Trump emitió una primera orden similar el pasado 27 de enero, pero ante los bloqueos dictados por diferentes jueces, decidió proclamar un nuevo decreto, destinado a sustituir al anterior.

El segundo decreto, a diferencia del anterior, deja fuera a los ciudadanos de Irak y modifica la provisión sobre los refugiados sirios, que tendrían prohibida su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.

Este segundo decreto enfrenta desafíos legales en el estado de Hawái, pero también en el estado de Maryland, donde el Gobierno ya interpuso otro recurso. EFE