LAS MATAS DE FARFAN.-  El Ministerio Público obtuvo tres meses de prisión preventiva en contra de un exfiscal y un fiscalizador que son acusados de recibir sobornos en casos de narcotráfico.

El Juzgado de la Instrucción de aquí dictó la medida de coerción en contra del exfiscal de este distrito, Sigfredo Alcántara Ramírez, y del fiscalizador Daniel Aquino Familia, a quienes se les imputa los delitos de soborno y prevaricación.

La medida cautelar, que deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, de la provincia San Cristóbal, se impuso en virtud de la violación de los artículos 33, 166, 167, 177, 265, 266 del Código Penal Dominicano.

La solicitud de la imposición de medida de coerción  en contra de los imputados se hizo luego de que en la primera fase de la investigación se obtuvieran pruebas que comprometen su responsabilidad penal en este caso.

En el expediente se hace constar que Alcántara Ramírez, quien renunció del cargo, recibió la suma de RD$100 mil de RD$400 mil que había acordado con la familia del interno Faiter Erimil Gómez Roa para sacarlo de un caso de narcotráfico o que se le variara la medida de coerción de prisión preventiva que fue impuesta en su contra.

Igualmente, se le atribuye haber entregado al padre de Gómez Roa, de forma verbal y sin consultar con sus superiores, el vehículo donde era transportada la droga.

En tanto que a  Aquino Familia se le atribuye haber recibido RD$10 mil de los cien mil pesos entregados al exfiscal y sobornos por parte de un imputado por narcotráfico a quien le fue desmantelado un laboratorio de drogas el pasado año y un cuaderno con claves de las personas a las que les entregaba dinero, dentro del cual figura “El Calvo”, que dijo era como identificaba a este fiscalizador.

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El 31 de marzo de 1979 fue instituido por el Presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández  el Día Nacional de las Juntas de Vecinos debido a la importancia que tienen estas entidades en el desarrollo de las municipalidades y del país.

Con esa declaratoria presidencial se quiso fomentar estas organizaciones de la sociedad civil, que desde el ayuntamiento del Distrito Nacional impulsaba el síndico de ese entonces, doctor Pedro Franco Badía, quien formalizó las juntas de Herrera, San Luís, Los Alcarrizos y Guerra  y luego se extendieron por todo el territorio del entonces Distrito Nacional y como verdolaga en el campo por todo el país.

Este importante acontecimiento ha pasado sin penas ni gloria en San Cristóbal y el resto del país debido a la división que reina en el sector comunitario producto de la injerencia y control de los partidos políticos, que le han despojado de la verdadera esencia y base filosófica en que se sustentan estas entidades de la sociedad civil para las soluciones de los problemas que afectan a las diferentes demarcaciones.

Desde la gestión del doctor Pedro Franco Badía en el cabildo capitalino funciona un Departamento de Juntas de Vecinos en el Distrito Nacional y en otras alcaldías del país y en lo que respecta al municipio de San Cristóbal dicho departamento solo funcionó como tal en la gestión del alcalde y hoy diputado Dionisio (Nelson) de la Rosa Rodríguez, aunque las juntas de vecinos  venían recibiendo respaldo de las gestiones anteriores pero sin tener un estamento que le fiscalizara y coordinara sus aportes a la municipalidad.

En los años del 9O hasta el 2004 las juntas de vecinos eran referentes en los sectores de San Cristóbal, pero los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) quisieron transformarlas en apéndices del Frente Barrial y Comunal de esa organización política, lo que provocó una ruptura con los dirigentes comunitarios que pertenecían al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a otras organizaciones políticas, división ésta  que se mantiene hasta el momento y que las ha convertido en grupos de presión al servicio de dirigentes políticos o empresariales.

Las juntas de vecinos se dedicaban a canalizar ante las autoridades las soluciones de  los problemas  concernientes a la construcción de obras, recogida de la basura y los problemas medio ambientales, educación, deporte, pero en  los últimos años se han agregados los problemas de salud, embarazos en adolescentes, niñez desvalida, delincuencia, violencia y  narcotráfico, entre otros.

Por la  importancia de las juntas de vecinos los políticos del gobierno y de la oposición saben que las mismas son organizaciones que fungen como intermediarias entre la población y las autoridades para tratar de solucionar las problemáticas que les afectan y es por eso que los partidos políticos han pasado de tener incidencia a controlarlas, creándole un gran daño a las comunidades y a esos instrumentos de lucha que tienen las localidades.

Decimos así porque los Estatutos Sociales de las Juntas de Vecinos establecen y deben decir que son organizaciones no partidarias, sin fines políticos ni de lucro y logran su incorporación a través de la Ley 122-05 y sus modificaciones pero todo eso es letra muerta, pues los partidos políticos y sus dirigentes en vez de darle un respaldo para la realización de los trabajos comunitarios se inmiscuyen desde los procesos electorales hasta sus ejecutorias, dejando de lado el rol primordial que es el de la representación genuina de las juntas de vecinos.
Es bueno señalar  que gracias a la persistencia de estos núcleos organizativos muchas comunidades han logrado importantes conquistas sociales, imponiéndose, incluso, por encima de sectores de poder que han atentado contra la calidad de vida de sus moradores.

Una demostración de esto fue lo que sucedió en abril del 2012, cuando la presión de dirigentes comunitarios y organizaciones sociales forzaron al ayuntamiento de Los Alcarrizos a clausurar una estación de transferencia de desechos sólidos ubicada a menos de 100 metros de un plantel escolar, que ponía en riesgo la salud de 800 estudiantes del sector Los Cerros del Norte, en el kilómetro 18 de la autopista Duarte.

De igual manera algo similar  ocurrió en el sector de Los Cacicazgos, donde tras una larga lucha que se prolongó por casi seis años, la junta vecinal constituida en actor civil logró que una corte ordenara  la demolición de una edificación conocida como “Torre de Plata” por considerarla ilegal ante alegadas violaciones de los linderos y no contar con planos debidamente autorizados ni licencia de construcción.

Pero en lo atinente al municipio de San Cristóbal, la edificación de las principales instalaciones deportivas, centros comunales, escuelas, resolución de problemas de energía eléctrica, agua potable,y de pacificación de muchos de nuestros barrios que eran denominados sectores calientes, se han logrado producto de la lucha de las juntas de vecinos y de los clubes culturales y deportivos de aquí.

En la presente gestión que encabeza  José Nelson Guillén se le ha venido dando participación a este sector en la toma de decisiones y la construcción de las obras prioritarias de cada sector, poniendo en ejecución el Presupuesto Municipal Participativo y brindando ciertas colaboraciones para la autogestión comunitaria.

Aun el alcalde Guillén no ha colocado en el organigrama municipal el Departamento de Juntas de Vecinos como sucede en el Distrito Nacional y en otras alcaldías para que dicho organismo tenga un control de las instituciones de base, conozca de sus estatutos, tenga un reglamento para regularla y le suministre una asignación mensual para cubrir los gastos de pago de local, teléfono, luz y material gastable, así como también brindarle cursos para su mejor desempeño y contribución con la paz social de cada barrio o sector.

Espero que este instrumento de lucha popular sea rescatado; que los políticos respeten la institucionalidad de las mismas; las alcaldías valoren contribuyan con su fomento y que al conmemorarse el 31 de marzo de cada año hayan actividades de integración, reconocimientos y festejos de estos organismos de base de la buena gobernanza municipal.

JPM