SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se reunieron la tarde de este miércoles en el Palacio Nacional para conocer las objeciones hechas hacia los aspirantes las Altas Cortes.

Dichos reparos fueron notificadas de inmediato a cada candidato a fin de que puedan responder a las misma.

Entre los nombres que más han sonado con las objeciones están José Alejandro Vargas, quien inscribió su candidatura para aspirar a la Suprema Corte de Justicia, sin embargo en el listado de preselección oficial, apareció en la casilla del Tribunal Superior Electoral.

También fueron objetados todos los miembros del TSE, así como el ex presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa, quien defendió sus aspiraciones diciendo que siempre ha mantenido una conducta intachable.

Desde este jueves inicia el proceso de vistas públicas, la cuales se realizarán por orden alfabético, del apellido de los candidatos que aspiren a cada tribunal.

La jornada será de cinco horas cada una y participarán de 20 a 25 candidatos.

En la cuenta de Twitter del CNM aparecen la magistrada Mabel Féliz Báez y los magistrados Fausto Mendoza y John Guiliani Valenzuela, actuales mientras del TSE que están convocados para ser entrevistados mañana.

BOGOTA.- La Fiscalía colombiana confirmó el lunes 6 de marzo que tiene pruebas que demuestran que la empresa brasileña Odebrecht asumió los gastos de las campañas del presidente Juan Manuel Santos y de su opositor Óscar Iván Zuluaga en 2014.

El anuncio lo hizo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en una declaración ante periodistas en la que confirmó que las pruebas con las que cuenta el ente investigador muestran que la constructora brasileña asumió gastos de las campañas de los dos candidatos.

Según esas evidencias, Odebrecht asumió un pago a favor del publicista brasileño Duda Mendonça de $1.6 millones “correspondiente a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña ‘Mano Firme, Corazón Grande’” de Zuluaga.

El fiscal aclaró que la constructora también “sirvió de puente” para llevar a cabo una reunión entre directivos de la campaña de Zuluaga, del partido uribista Centro Democrático, y Mendonça, que fue celebrada a mediados de febrero de 2014 en Sao Paulo y coordinada por el director de Comunicaciones de Odebrecht para América Latina, Marcio Polidoro.

Esa información ya fue adelantada por medios brasileños y sobrevolaba la investigación, pero con el anuncio hecho por el fiscal toma forma.

Odebrecht también cruzó la calle para dirigirse a la campaña del presidente Juan Manuel Santos, entonces candidato a la reelección.

Según detalló Martínez, la entidad que dirige ha podido verificar que Odebrecht firmó un contrato el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, por un millón de dólares para llevar a cabo una encuesta de opinión “con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente Santos”.

El objetivo, siempre según la versión facilitada por el fiscal, era “viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones existentes para aquella época con ocasión del proyecto Ruta del Sol 2, que ascendían a una cifra cercana a los 100 millones de dólares”.

“Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía en estas materias le permiten afirmar razonadamente que esta información coincide con la documentación que reposa en las actuaciones adelantadas por la Procuraduría General de Brasil contra Odebrecht y sus directivos, a nivel mundial, y que serán dadas a conocer al público el próximo 1 de junio”, subrayó el fiscal.

A ese caso se suma una denuncia que hizo el exsenador Otto Bula, detenido por los sobornos de Odebrecht, que en una declaración ante la Fiscalía explicó que de los 4,6 millones de dólares que recibió como coimas, un millón de dólares tenía como destino a Roberto Prieto, gerente de la campaña para la reelección de Santos en 2014.

En su declaración de hoy, Martínez subrayó que la fiscal de conocimiento decidió que “llamará a diligencias a Roberto Prieto”.

El balance que realizó el fiscal también deparó otra sorpresa al anunciar que el ente acusador ha abierto una indagación preliminar tras la denuncia presentada contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, por su eventual interés en la celebración de un Otrosí en la construcción del Tramo II de la Ruta del Sol.

La denuncia fue impuesta por el opositor Centro Democrático contra las exministras de Transporte, Cecilia Álvarez Correa (2012-2014), y de Educación, Gina Parody (2014-2016), quienes son pareja, por el delito de tráfico de influencias.

Ese proceso comenzó después de que el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) asegurara que la familia de Gina Parody tiene intereses en el Tramo II de la Ruta del Sol toda vez que construye un puerto en esa zona.

Martínez también anunció que la Fiscalía decidió imputar por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito a los empresarios y hermanos Enrique Jose y Eduardo Assad Ghisays Manzur, también vinculados al caso de la Ruta del Sol II.

También anunció que otro de los detenidos junto a Bula, el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, está colaborando como testigo en el caso.

Asimismo pidió que se investigue al exsenador Plinio Olano y llamó a interrogatorio a los exconsejeros presidenciales Miguel Peñaloza y Mateo Restrepo.

La Fiscalía también ha capturado por el caso Odebrecht al contratista Andrés Cardona por su presunta participación en la celebración irregular y ejecución de un contrato para obras del río Bogotá.

Las investigaciones en Colombia sobre la red de sobornos de Odebrecht se han centrado en los contratos obtenidos para la construcción de la autopista Ruta del Sol II, de cerca de 600 kilómetros, que comunica al centro con el norte del país, así como en las obras de mejora de la navegabilidad del río Magdalena.

El caso del consorcio Tunjuelo-Canoas también es investigado por la Procuraduría General de Colombia, cuyo titular, Fernando Carrillo, anunció el pasado 26 de enero que se indaga la actuación de diferentes funcionarios o exfuncionarios que intervinieron en la celebración de los contratos.