Al parecer, a los actores de la administración pública y a la mayoría de los comunicadores con sus medios no les ha interesado el que se establezcan definiciones claras de las misiones y responsabilidades de los organismos de seguridad pública y defensa nacional, con límites bien diferenciados para ambos ámbitos.

Las reformas constitucionales del 2010 y la del 2015, así como, las sazonadas reformas de la Policía y de las Fuerzas Armadas con nuevas leyes en el 2016 y el 2013 respectivamente, fueron oportunidades no aprovechadas y que bien pudo haber resuelto estos males y debilidades institucionales que mantienen atrasadas nuestras instituciones policiales y militares.

Lo dicho por el Ministro de Interior y Policía, el 18 de julio del presente año, es desvirtuado y malsano el querer excusarse y responsabilizar a la Policía Nacional y específicamente a los policías que delinquen, que indiscutiblemente son parte del problema, que se desprende, como consecuencia de la irresponsabilidad y ausencia de políticas públicas correspondientes con las demandas y necesidades de la población, demandas estas que son rechazadas deliberadamente, desde el poder político, dejando a la suerte a los habitantes con el incremento de la violencia, los crímenes y la migración ilegal, cual chivo expiatorio para distraer la corrupción y la impunidad que ellos protagonizan.

Todos los planes y programas de seguridad han sido fallidos en las últimas dos décadas. No es cierto en ninguna de sus partes lo expresado por el ministro Amarante Baret, en lo referente a la modernización y mejoramientos de condiciones laborales, profesionales y humanas para los policías. El salario de los policías dominicanos sigue siendo un “Sueldo Cebolla” es el más bajo, la policía peor pagada del Continente Americano y quizás eso tenga relación con que sea también, una de las peores valoradas del mundo por los ciudadanos, según estudios internacionales.

Es muy preocupante la falta de voluntad y compromiso político de parte de las autoridades responsables de estos asuntos al no realizar los cambios exigidos y recomendados por cada estudio de organismos internacionales, nacionales y expertos que le han asesorado, sobresaliendo en ello los presupuestos descentralizados correspondientes y necesarios que contemplen un salario igualado a la media latinoamericana no menor de US $ 600 dólares; los avituallamientos y herramientas tecnológicas de comunicación y transporte modernos, así como, de sus edificaciones o estaciones de servicios; la revisión y modernización de los pensum y programas educativos enfocados en la prevención, comunitarización y democratización de las funciones policiales ; la depuración estricta de todos los miembros con la descentralización de asuntos internos para resguardar la transparencia y la ética institucional; la mejoría de la seguridad social, recreación y respetando los derechos laborales, profesionales y humanos sin excepción.

No menos grave es vanagloriarse con la militarización de las calles para asuntos de seguridad pública en momentos que las Fuerzas Armadas están en el descredito de irresponsabilidad y corrupción frente a su misión de defensa nacional descuidando los espacios fronterizos aéreos, marítimos y terrestres que consecuentemente agravan el trasiego de personas ilegales y todo tipo de mercancías ilícitas, que cada vez más amenazan nuestra soberanía.

¿Por qué razones debemos establecer normas claras para diferenciar los ámbitos de la seguridad pública y la defensa nacional?

El siguiente escrito es parte de los capítulos de nuestro libro “Redefinición del Rol Policial Como Garantía de la Seguridad Ciudadana” publicado en el año 2004 y republicado en junio del 2009, en dos artículos, titulados, “De los ámbitos de la seguridad pública y la defensa nacional, 1 y 2” siendo el detonante que provocara mi apresamiento y posterior destitución de las filas de la Policía Nacional y retirado como Mayor General, a destiempo y violando todos mis derechos constitucionales y de ley, un mes después de su re publicación, los cuales aún mantienen vigencia, razón que resalta su relevancia en el momento, citamos algunos párrafos:

“Como interés de parte de la sociedad y los principales actores del Estado dominicano, por más de dos décadas se ha impulsado y demandado una reforma policial, con el objetivo de dar respuesta y controlar la formación y estructura militarista fruto de las dictaduras y la guerra fría que mantenía la Policía Nacional, haciendo de ella una institución represiva y constantemente acusada de violentar los derechos humanos.

Si bien es cierto, que esta reforma se hacía necesaria para disminuir la represión, el autoritarismo y su carácter militar, ha sucedido algo totalmente lamentable y es que hemos debilitado su fortaleza institucional, descuidando los principios de su doctrina y destruyendo el orgullo de los policías,  contribuyendo así al incremento desproporcionado de los crímenes y delitos,  y la corrupción en el seno de la institución.

Lo que ha debido hacerse es establecer políticas públicas de seguridad que cubran las ejecutorias de las acciones policiales propias de una institución moderna y profesionalizada acorde a los intereses y necesidades de la sociedad. Además de lograr la definición clara de los ámbitos y funciones de la Defensa Nacional y la Seguridad Pública que corresponden a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respectivamente, situación que ha traído conflictos institucionales que de seguir as, conllevará a graves consecuencias.”

Paradójicamente los principales argumentos utilizados por quienes abogaban la urgencia de una reforma policial se basaron en la eliminación del carácter militar de la Policía, porque entendían que este aspecto representaba un retroceso heredado de la dictadura como parte de sus males estructurales. Sin embargo, resulta inexplicable y alarmante que en la actualidad las funciones propias de la Policía Nacional con relación a la seguridad ciudadana son ejecutadas por miembros de las Fuerzas Armadas; y lo más paradójico e incongruente de ello, es que la sociedad y los actores llamados a regular y corregir las fallas del sistema de seguridad pública se muestran indiferentes, pues lo desconocen o no quieren darse cuenta. O sea, lo que ayer era malo por parte de la Policía hoy es bueno por parte de las Fuerzas Armadas.

Tal como apreciara en su visita al país en el año 2010 Eugenio Raúl Zaffaroni, jurista argentino, quien advirtió que corremos el riesgo de quedarnos sin Fuerzas Armadas y sin Policía Nacional, precisamente por la usurpación de funciones.

Lo grave de todo esto recae en que el Estado dominicano está perdiendo la capacidad de defensa nacional por parte de las Fuerzas Armadas, responsables esencialmente de garantizar la soberanía del Estado y la integridad territorial; y por otro lado la Policía Nacional está perdiendo su espacio y su capacidad de cumplir con sus funciones de garantizar la seguridad pública y la seguridad ciudadana, además de pagar los reclamos de la sociedad y principalmente de las víctimas fruto de estos conflictos institucionales que impiden cumplir con su misión.

Cabe destacar que la Policía Nacional como institución no ha sabido defender su función, su espacio institucional y adecuar la preparación de sus miembros con las herramientas necesarias, acorde a los conflictos sociales y demandas ciudadanas, pues sus principales actores se han empeñado en defender intereses personales y de grupos particulares, asociados, o dirigido por el poder político.

jpm

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) cumplió a cabalidad el proceso de evaluación,  con objetividad y total transparencia, de los 85 profesionales  que se postularon para cinco  cargos titulares y sus respectivos suplentes en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y cuatro vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Esta oportuna proclamación fue complementada con el formal e institucional juramento que, en Palacio Nacional, tomó el Presidente Medina a los magistrados que superaron los fulminantes cuestionamientos a que fueron sometidos los aspirantes por integrantes del CNM, de cara a la población que le dio seguimiento a través de la TV, redes sociales e informaciones que, minuto a minuto,  ofrecían diferentes medios de comunicación sobre el arduo proceso de evaluación meticulosa.

Con estas designaciones hubo cuasi consenso nacional. La oposición política, con apenas una excepción, la opinión pública y representantes de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al quehacer jurídico y político valoraron con notas positivas y optimismo al conjunto de los jueces seleccionados.

La amplia gama de felicitaciones que, personal y públicamente,  recibieron los nuevos integrantes del TSE y SCJ opacó por completo las desfasadas e injustificadas “patadas de ahogados” que al respecto lanzaron  dos miembros del CNM.

Tenemos la esperanza y convicción de que, con ese admirable respaldo,  los honorables magistrados Román Jáquez Liranzo, como presidente titular del TSE y  sus miembros, Santiago Salvador Sosa, Ramón Arístides Madera, Rafaelina Peralta y Cristian Perdomo, asumirán la responsabilidad institucional de administrar justicia con equidad, independencia, transparencia y prudencia ante las diversas confrontaciones y quisquillas  que el modus operandi de la política nacional  les presentarán.

Es obvio y una mala práctica que  aquellos querellantes que resultaren afectados por una de sus sentencias acudirán al “sambenito” de la parcialización con el gobierno o partido oficialista. Por eso, los honorables magistrados del TSE deben estar conscientes, revestidos  y preparados a escuchar con paciencia toda clase de denuestos e infamias que les endilgarán determinados políticos o fracciones de partidos  cuando no les favorezcan sus decisiones, sin importar lo  justas y equilibradas que fueren.

La democracia, la correcta administración de justicia a los litigios políticos, el sosiego y el  fortalecimiento del sistema de partidos resultaron gananciosos con esta sabia, prudente  y transparente elección, razón por la cual felicitamos a los jueces titulares y suplentes ya juramentados y emitimos votos de reconocimiento al intenso y transparente trabajo realizado por el CNM, gracias a lo cual podemos proclamar al mundo que, en la R. Dominicana, acabamos de obtener un gran triunfo político y social porque ¡Habemus TSE!

JPM