El presidente de la República, Luis Abinader, dijo recientemente que tiene amigos, pero no cómplices. Se refería específicamente a Santiago Hazim, destituido director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), institución que fue objeto de una auditoría que revela desfalco, prevaricación, malversación de fondos públicos, asociación de malhechores, falsificación de documentos y tráfico de influencia.

Con respecto a ese caso el jefe de Estado dio instrucciones precisas para que el expediente sea entregado a la Procuraduría General de la República a los fines judiciales de lugar.

Llama poderosamente la atención que una de las personas que destapó el escándalo es la señora Nuria Piera, periodista de investigación y amiga personal del primer mandatario, que tenía varios años sin denunciar corrupción pública, pese a que era lo que solía hacer cada sábado durante mucho tiempo.

Días antes de la divulgación del trabajo una fuente crediticia me confirmó que ese funcionario estaba en desgracia con José Ignacio Paliza, que es lo mismo que estar con Abinader.

¿Qué se infiere? Que los actos de corrupción cometidos en Senasa son reales, pero que salieron a relucir por tratarse de un hombre que hace algún tiempo que el jefe de Estado excluyó de su entorno amistoso y que los hechos ejecutados en esa institución, pendientes de sanción, servirían para poner un “ejemplo” y desde el poder ofertarse como transparente y hacer, simultáneamente, un contraste con Danilo Medina, permisivo, en su gestión de ocho años, con entramados mafiosos que involucraron a su entorno político, militar y familiar.

Lo que quería

Abinader logró lo que quería, pues en todos los espacios de opinión solo se ha estado hablando de Senasa y de la supuesta actitud “ejemplar del presidente transparente” versus la negociación judicial de Maxy Montilla, cuñado de Danilo Medina, en la que devuelve tres mil millones de pesos al Ministerio Público, y la pena de siete años de prisión de Alexis Medina, hermano biológico del pasado mandatario.

Con ese escenario de contraste, el presidente salió engrandecido moralmente, mientras el líder peledeísta ha visto reducir más su imagen pública.

Sin embargo, no es verdad lo que dice Luis Abinader en el sentido de que tiene amigos, pero no cómplices. Tiene amigos, enemigos y cómplices. ¿Quiénes son los amigos del presidente? Lógicamente que la mayoría de los funcionarios, blancos y ricos en un 90%, pese a que estamos en un país que cuenta con un 85% de negros y mulatos.

Por los años de vida y por lo que he leído de la historia social dominicana puedo asegurar que esta es la administración más racista y clasista de todas. ¿Cuántos negros usted conoce en el Gobierno, naturalmente aparte de Tony Peña, Daniel García Archibald y Antonio Almonte, el que quitaron de Energía Minas y enviaron de cónsul a Boston? Algo más (y lo dejo de tarea): ¡Qué me señalen un solo funcionario pobre en el gabinete!

Son amigos del presidente, además, los miembros de la oligarquía dominicana. ¿Y los enemigos? A casi todos los perremeístas Abinader los tiene de enemigos. Él alega que es el presidente de todos los dominicanos y es cierto, pero los perremeísta también son dominicanos.

Bien sabe él que el problema es de otro tipo y consiste en que no son hombres de negocios ni saben hablar en dólares, como los Vicini y los Rainieri, para solo citar dos ejemplos.

No se trata, pues, de la prédica simuladora, sino lo que ha sido una práctica gubernamental, donde están a la luz sus amigos, sus enemigos y sus cómplices. Miren señores,

Marranzini

Con el colapso casi total en que se encuentra el sector eléctrico es para que Celso Marranzini esté cancelado y hasta posiblemente preso, pero se trata de un hombre que es producto de la complicidad de Abinader con la oligarquía dominicana, la cual procura adueñarse de lo que queda del Estado.

Corrupción pública como la de SENASA se da en la actualidad en no menos de 15 órganos estatales y Abinader lo sabe, pero en cada caso hay amigos y hasta quienes alcanzan el rango de cómplices. De todos modos, hay que reconocer que el contraste de transparencia entre Luis y Danilo fue un asunto bien orquestado, motivo por el cual los opinadores solo hablaban de Senasa, Maxy Montilla y Alexis Medina.

Muchos, en el menor de los casos, se dejaron manipular. Otros, en cambio, estuvieron conscientes de la premeditada agenda.

jpm-am

El reciente escándalo en SENASA y la posterior utilización, al margen de la ley, de los recursos de Indopril para llenar el vacío financiero dejado por ese fraude, pone en evidencia no solo la fragilidad institucional, sino también la ineficiencia de los mecanismos de regulación y supervisión que deberían evitar estos atropellos contra la seguridad social.

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) tiene un mandato claro: garantizar el buen uso de los fondos destinados a proteger la salud de los ciudadanos.

Sin embargo, los hechos revelan todo lo contrario. El dinero desaparece en SENASA, se manipulan fondos de otra institución y la SISALRIL brilla por su ausencia, reducida a un papel decorativo, incapaz de cumplir su función esencial de fiscalizar y sancionar.

Lo ocurrido no es un simple descuido administrativo. Es un reflejo de un sistema donde la supervisión se convierte en un ejercicio retórico, sin consecuencias reales.

La SISALRIL, que debería ser un muro de contención frente al desvío de recursos, ha demostrado ser una pared de cartón mojado: se dobla, se rompe y no resiste la mínima prueba de transparencia.

Más grave aún, el silencio institucional abre paso a la sospecha: ¿se trata solo de incapacidad o existe complicidad por omisión? En cualquier caso, la confianza en el sistema de salud y seguridad social queda socavada, y los más perjudicados son los ciudadanos que dependen de estos fondos para su bienestar.

Rendir cuentas

La SISALRIL no puede seguir escudándose en tecnicismos. Tiene que rendir cuentas, explicar cómo fue posible que un desfalco de esa magnitud pasara inadvertido y, sobre todo, por qué permitió que se recurriera a recursos de otra institución como si fueran una caja chica del gobierno. La excusa de la ignorancia no cabe: su rol es vigilar, y no lo hizo.

La credibilidad de la seguridad social no se mide en discursos, sino en hechos. Y en este caso, los hechos son lapidarios: la SISALRIL fracasó en su labor de supervisión. Y un ente regulador que no regula, que no controla y que no protege, se convierte en parte del problema.

El país ha sido testigo, una vez más, de cómo la corrupción se pasea impune por las instituciones públicas. El desfalco en SENASA y el uso ilegal de los fondos de Indopril son hechos que no pueden verse como simples irregularidades: son un golpe directo contra la seguridad social del pueblo dominicano.

Y en este escenario, la gran ausente ha sido la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). Una institución llamada a garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de la salud, pero que en la práctica ha demostrado ser un títere, sin autoridad, sin voluntad y sin independencia.

¿Cómo es posible que ocurra un desfalco millonario en SENASA sin que la SISALRIL lo detecte a tiempo? ¿Cómo se explica que los recursos de otra institución, como Indopril, sean tomados ilegalmente para tapar ese agujero financiero, sin que la SISALRIL lo impida o lo denuncie?

La respuesta es simple: la SISALRIL ha fallado estrepitosamente en su rol. Y cuando una entidad reguladora no regula, se convierte en parte del entramado de impunidad que este gobierno protege.

Es el reflejo de un sistema donde los organismos de control están sometidos al poder del Ejecutivo y se limitan a mirar hacia otro lado mientras los fondos del pueblo son saqueados.

La seguridad social no puede ser la caja chica del gobierno, ni mucho menos el botín de funcionarios corruptos. Por eso debemos levantar la voz para exigir: Rendición de cuentas inmediata de la SISALRIL, por su inacción ante estos hechos, y sanciones ejemplares contra los responsables del desfalco (tanto funcionarios como proveedores), y del uso indebido de los fondos de Indopril.

El pueblo dominicano merece un sistema de salud y seguridad social que funcione para la gente, no para los corruptos. Y mientras este gobierno siga encubriendo a los responsables y callando ante la ineficiencia de la SISALRIL, estaremos frente a una administración que ha hecho de la impunidad su marca de fábrica.

jpm-am-sp

La República Dominicana lleva décadas entre inventos e improvisaciones. Aun así, a muchas autoridades y mandatarios no les ha interesado resolver el estado de abandono que mantiene al país en una suerte de pocilga y lodo.

Lamentablemente, la RD no ha sido un país de continuidad de Estado, sino un espacio de libre albedrío donde muchos, antes de llegar, dicen: “yo solo quiero cuatro años”. A algunos les va muy bien, aunque no hagan nada por el país; luego quieren un período más, “por necesidad”.

En la RD se continúan los inventos e improvisaciones a todos los niveles y con una escala cada vez mayor. No extraña que los ciudadanos digan —con razón— “deben estar locos o ciegos”, o recuerden al “mayimbe” de la política: “no escucho nada, estoy ciego y mudo”.

Cuando una problemática se arrastra y se incrementa con los años y los “genios” no han sido capaces de verla, el pueblo tiene razón.

Al Estado dominicano, por no planificar a largo plazo un verdadero plan estratégico de ordenamiento urbano, le cabe la frase: “no llores como niño lo que no defendiste como hombre”. Y, como dice Raphael, el pueblo sufre “en carne viva” los errores de sus líderes.

Fueron incapaces de anticipar la problemática del transporte. No hay que ser científico de la NASA para evaluar que la situación del tránsito es crítica y que no se va a resolver con simples giros a la izquierda o a la derecha. En 1999 había 1,090,833 vehículos: motocicletas 34.38% y automóviles 37.29% (DGII).

Estas cifras son alarmantes. Lamentablemente, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) dejó pasar durante años este patrón de crecimiento descontrolado.

¿Cómo es posible que no lo vieran, lo interpretaran y tomaran medidas?

• Año y vehículos (totales)

• 2000: 1,294,998 (motos 38.94% = 504,307; autos 34.30% = 444,154). DGII

• 2010: 2,734,740. DGII

• 2015: 3,612,964. (fuente alternativa basada en DGII)

• 2020: 4,842,367 (motos 55.7%, autos 20.5%, jeeps 10.7%). DGII

• 2024: 6,194,052 (+6.6% vs. 2023). Estructura: motos 57.0%, autos 18.7%, jeeps 11.9%, carga 8.9%, buses 2.2%. DGII

La RD presenta una radiografía del crecimiento (1999–2024) muy clara: el parque vehicular se quintuplicó, de 1,090,833 a 6,194,052 unidades.

El dominio de las motocicletas ha sido abrumador, peligroso y difícil de controlar. Pasaron de 504,307 (38.94% del parque en 2000) a 3,531,967 en 2024 (57.0% del total), de acuerdo con la DGII.

Hoy desplazarse en vehículo es un desafío de seguridad por el crecimiento del parque —especialmente de las motos— que ha derivado en un caos generalizado. Persisten, además, las chatarras que nunca se han eliminado del todo.

jpm-am-sp

En nuestro país la democracia real es un mito y la independencia una ficción. Somos una sociedad dominada por una oligarquía capitalista transnacional y local, y por una partidocracia corrupta y conservadora.

Impera el dominio de EE. UU sobre toda la isla. Dos países absolutamente dependientes del imperialismo occidental y del mando político-militar estadounidense.

El poder del dinero, la plutocracia, rige todas las instituciones de nuestro país, incluido el sistema electoral, hasta convertir las votaciones en mercado, los/as electores/as en clientes, los partidos en compañías por acciones y los votos en mercancías.

El despliegue recolonizador y neoconservador (neoliberal) ha sido brutal, aplastando soberanía y derechos; privatizando lo público en gran escala, endiosando el mercado, concentrando poder y riquezas en manos de las elites mega capitalistas, potenciando los monopolios y oligopolios, e imponiendo desigualdades tan crueles como grotescas…

Esto hasta llegar a un presente en el que se ha configurado un gobierno empresarial, que bajo la gobernación de Luis Abinader, el Grupo Vicini, la Banca Privada y los Tecnócratas que fungen de agentes de las elites burguesas, intenta completar las contra-reformas neoliberales.

De ahí su empeño en privatizar gran parte de las funciones estatales, asaltar los puntos claves del Estado desde la cúpula del CONEP, apropiarse de todos los servicios públicos, de lo que queda de las empresas y propiedades estatales: sistema eléctrico puertos, aeropuertos, autovías y de todo el patrimonio natural del país: suelo, subsuelo, sobresuelo: incluidas playas, montañas y fuentes de agua .La corruptela en SENASA, protegida durante 5 años,  se mezcló con la privatización de esa ARS pública.

Las vías son las APPS, los Fideicomisos público-privados, y el endeudamiento externo amarrado a las privatizaciones.

A esto se le suma un renovado impulso al colonialismo moderno en todos los campos: cultural, ideológico, mediático, económico, militar… paradójicamente mezclado e infectado de todo lo conservador, incluido lo fascistoide…Del retroceso a un Estado más religioso, anti-laico, patriarcal, caudillista, racistas, xenófobo, homofóbico y adulto-céntrico.

La democracia es falsa e irreal y la independencia solo una meta a rescatar. Usan el tema perversamente solo para hacer política racista antihaitiana, extorsionar a los inmigrantes y personas negras y para violar cruelmente los derechos de la emigración del país vecino y de sus descendientes. ¡Neofascismo abundante!”.

Y cuando nos aproximamos el tema de corrupción e impunidad, o a la proclamada transparencia gubernamental, chocamos de frente con las vacas sagradas del gran empresariado y sus estafas concretadas en el oneroso contrato de San Souci, en la apropiación dolosa de Antena Latina y en los casos de Ege-Haina y Ege-Itabo en FONPER.

• Con Leonel, Danilo y sus comparsas de alto nivel, todavía impunes. Ni hablar del balaguerismo criminal.
• Con ex jefes policiales asesinos y ladrones, y los narco-generales, burlándose de la sociedad.
• Con graves delitos ambientales, pasados y presentes, totalmente impunes.
• Con las APPS y los Fideicomisos como instrumentos para privatizar y traficar influencia.

¿Por qué evadir, e incluso bloquear casos tan graves como los de Antena Latina, San Souci, Eges-Haina, Ege-itabo, Cogentrix, Coastal-mafia gas propano, Diandino, Punta Catalina, Súper-Tucanos, PRM/ López.Pilarte /Miguel Gutiérrez, contrato-estafa Barrick Gold, delitos ambientales de grandes empresarios, mafia congresual?

¿Por qué no se sanciona la violencia de género y a los fiscales cómplices a todos los niveles? Igual los tantos casos de violencia y criminalidad racista anti haitiana.

¿Por qué evadir las investigaciones sobre los vínculos presidenciales y de altos dirigentes políticos, policiales, militares y empresariales en narco-casos tan relevantes como los de Arturo Del Tiempo Márquez, Nelson Solano, Quirino, Toño Leña, Figueroa Agosto, Cesar El Abusador, ¿familia López Pilarte?.

¿Por qué? …Si abundan las denuncias y las evidencias, si sobran los barriles y barrilitos, los partidos y partiditos embarrados de lodo y pus.

Observen que por iniciativa de este gobierno se han aportado pocas informaciones para estructurar querellas por corrupción y crímenes de Estado, a pesar de las cuantiosas informaciones disponibles.

Abundan las vacas sagradas del pasado y del presente.

jpm-am-sp