SANTO DOMINGO OESTE.– La Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo inició una nueva jornada de su programa nacional de formación electoral, con el propósito de preparar a 2,400 abogados que participarán en la defensa jurídica de la organización durante los comicios de 2028.

La iniciativa continuó este sábado con la conferencia “La administración del sistema electoral dominicano”, impartida por el abogado y especialista Jacobo Colón, en un acto celebrado en el sector Las Caobas, Santo Domingo Oeste.

Durante la actividad, Colón explicó los principales componentes del sistema electoral dominicano, las funciones de los organismos encargados de administrar los procesos comiciales y la importancia de que los profesionales del derecho dominen las normas, procedimientos y mecanismos de defensa aplicables en materia electoral.

El programa forma parte de la estrategia de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo para fortalecer sus estructuras territoriales y contar con equipos técnicos preparados para actuar ante posibles incidencias, reclamaciones o controversias durante las elecciones de 2028.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Fabio Polanco, vicesecretario coordinador de la Secretaría de Asuntos Jurídicos en Santo Domingo Oeste, quien resaltó la importancia de llevar esta capacitación a todas las demarcaciones del país.

En representación del titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, Raúl Martínez, intervino Juan Rivera, quien afirmó que la preparación electoral debe comenzar mucho antes de la jornada de votación, mediante la formación, organización territorial y conocimiento de la legislación vigente.

Rivera destacó que una estructura jurídica sólida permite responder de manera oportuna ante cualquier situación que pueda surgir durante los procesos de votación y escrutinio.

De su lado, Manuel Mateo Calderón, presidente de la Comisión de Capacitación Electoral, informó que el plan contempla la formación de 2,400 abogados especializados en materia contencioso-electoral, quienes serán distribuidos en las distintas demarcaciones del país.

Explicó que los participantes recibirán capacitación sobre normativa electoral, procedimientos ante las juntas electorales, mecanismos de impugnación, manejo de pruebas y actas, así como las funciones que deben desempeñar delegados y abogados durante las distintas etapas del proceso electoral.

El dirigente local Aquilino Serrata, secretario general de la Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Oeste, valoró la iniciativa y aseguró que la organización continuará impulsando acciones orientadas a elevar la preparación política, técnica y electoral de sus miembros.

La conferencia contó con la participación de abogados, dirigentes políticos y representantes de las estructuras territoriales de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Oeste.

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El ilimitado desprecio colectivo hacia el infame agente policial que le arrebató la vida al joven de 19 años Darlin Mercado, no tiene clase social ni color partidario. Se trata de un hecho doloroso e inaceptable, que obliga a expresar solidaridad sincera con los familiares de este joven, que todos en el barrio calificaron como ejemplar, así como a exigir una investigación rigurosa, sanciones ejemplares y compromiso de tomar medidas para que no se repita.

Nadie ha negado que la respuesta institucional ha estado a la altura de la gravedad del caso, como lo comprueba el hecho de que el agente señalado fue apresado de inmediato y sometido a la justicia, como demostración de que ningún uniforme puede servir de protección frente a la ley.

Sin embargo, la tragedia también ha sido objeto de una indebida instrumentalización política por parte de los dos principales partidos de oposición. Tanto el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como la Fuerza del Pueblo (FP), han hecho campaña con esta desgracia, descalificando al Gobierno, sin ofrecer una propuesta concreta que contribuya a prevenir nuevos abusos o a fortalecer la seguridad ciudadana. Sin duda, quienes instrumentalizaron este crimen bestial quedaron al descubierto frente a los dominicanos de buena voluntad.

La crítica es legítima en democracia, pero la ausencia de autocrítica y de alternativas, no. Tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo tienen una responsabilidad histórica en el deterioro institucional de la Policía Nacional, como lo demuestra el hecho de que durante los gobiernos encabezados por Leonel Fernández, hoy líder y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, se acumularon doce años de administración sin que se impulsara una transformación estructural de la institución policial.

Distinto a los referidos partidos opositores, que postergaron la reforma durante décadas, el presidente Luis Abinader ha asumido con responsabilidad y determinación la transformación de la Policía Nacional. Esto explica su profunda indignación ante este hecho abominable.

Entre los avances del Gobierno de Abinader se encuentra el incremento de la remuneración de los agentes, entre ellos los de menor rango, que pasaron de salarios de 8,000 pesos a ingresos cercanos a 500 dólares mensuales. Esta mejora no resuelve por sí sola los problemas de la institución, pero constituye una condición indispensable para exigir mayor preparación, disciplina, transparencia y compromiso con el servicio público.

En Latinoamérica

Las experiencias latinoamericanas confirman que las reformas policiales requieren tiempo, continuidad y voluntad política. Colombia avanzó durante décadas en la profesionalización y modernización de su Policía Nacional, con resultados importantes en capacidades operativas, aunque todavía enfrenta retos graves.

Chile desarrolló una institucionalidad policial con formación especializada y sistemas de carrera que se consolidaron durante largos períodos, aun cuando los desafíos recientes han obligado a revisar sus protocolos de uso de la fuerza. Mientras que en Uruguay los procesos de modernización, control civil y profesionalización también han requerido reformas sucesivas y sostenidas.

No podemos ignorar que la Policía Nacional arrastra, además, el peso de su origen histórico. Fue fundada en 1936, durante la sanguinaria dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, nació bajo una lógica de control político y de preservación del poder, no como una institución plenamente orientada al servicio ciudadano. Superar esa herencia autoritaria exige una transformación cultural, doctrinal y operativa que necesariamente toma años.

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Me he cansado de repetir las razones que determinaron el triunfo de Luis Abinader en los comicios de 2020. La primera fue la división del PLD, que era puntero en todas las encuestas de opinión hasta que Leonel Fernández renunció y formó la Fuerza del Pueblo a finales de 2019.

A partir de ese momento pasó el PRM a ocupar el primer lugar de acuerdo a los estudios divulgados, aunque por estrecho margen sobre el partido gobernante, que maniobró con los recursos estatales y una Junta Central Electoral relativamente favorable para retener el poder con Gonzalo Castillo.

El segundo gran factor a favor del candidato presidencial del PRM fue el mamotreto de elecciones municipales de febrero de 2020, que provocó su cancelación, pero al mismo tiempo el levantamiento de jóvenes de clase media que se apostaron durante días en la Plaza de Bandera. Además, resonaron cacerolazos en los residenciales del Gran Santo Domingo, que terminaron extendiéndose a barrios de municipios del país.

La presión que recibió la JCE no fue solo de los muchachos que tenía en su propio frente, sino de múltiples entidades de la sociedad civil. En la JCE había inclusive una división interna y no hubo otra alternativa que la celebración de elecciones libres tanto para lo municipal como para lo presidencial.

El PRM no ganó el 5 de julio de 2020, sencillamente el PLD perdió después de 20 años de gobierno, 16 de ellos consecutivos. Hubo un hartazgo de la población y cualquiera que hubiera llevado el PRM de candidato asciende a la Presidencia de la República. Hago la aclaración porque parece que el actual jefe de Estado piensa que fue él que ganó por su carisma.

Naturalmente, se ofertó como un hombre serio y presentó un programa de gobierno y la población compró ambas cosas. Pero ¿dónde está ese programa de gobierno?

El suscrito lo tiene. Lo he leído 20 veces y he comprobado que no ha hecho nada de lo que prometió. Y ninguna de sus medidas ejecutadasestán plasmadas en ese texto. Nunca prometió que la ley de INAPA sería modificada, el hecho es que a ese organismo tenía que ir un abogado con nombres y apellidos definidos.

En ese programa tampoco habló de los fideicomisos, un vocablo cuyo significado el 90 por ciento de la población ignora. Y en la mayoría de los países en los que se ha implementado en alianza con el sector privado, el Estado se ha perjudicado, porque solo ha servido para traspasar patrimonios públicos a empresarios envueltos en la operación. La Ley 47-20 resultó ser una bendición para el presidente. Pero que conste: nadie pidió fideicomisos ni antes ni después de su llegada al poder.

Lo que sí prometió Abinader fue bajar la deuda externa. Sin embargo, el monto de los empréstitos tomados por la presente administración es superior a la sumatoria de todos los gobiernos anteriores. Las estadísticas hablan por sí solas.

El hoy presidente fue muy preciso también en torno a la reforma fiscal. Usted, amigo lector, puede encontrar en youtube videos donde califica de abusador al gobierno de Danilo Medina por intentar realizar ajustes tributarios.

No obstante, acaba de meternos un paquetazo que daña el presupuesto de los miembros de las clases media y baja, cuando para tapar el agujero fiscal, creado por él mismo, al incrementar la nómina, el presupuesto en publicidad y las pensiones de lujo, solo tenía que cobrar el Impuesto Sobre la Renta a los empresarios que evaden esa contribución.

Abinader se vinculó a Marcha Verde y a entidades de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y la impunidad del pasado gobierno, pero desde el poder no ha sabido solicitar a la Cámara de Cuentas la realización de auditorías para todas las instituciones públicas. Y dependiendo de los resultados destituir deshonrosamente a los funcionarios responsables de la comisión de peculado. Y simultáneamente someterlos a la justicia. Su propuesta de campaña, de que acabaría con la corrupción, no se ha cumplido.

Organismos paralelos

Contrariamente, su práctica revela que le encanta crear instituciones y organismos paralelos a otros con los mismos fines. Apenas hace semanas que envió un proyecto al Congreso Nacional cuyo nombre es Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEC).

¿Qué se busca con eso, que no sea la entretención, engaño e incremento de la nómina pública? Tengan por seguro que es para poner al frente de esa institución a Milagros Ortiz Bosch, una señora de edad avanzada, la misma que otorgó un cien a la gestión de Santiago Hazím en SENASA y a la de Hugo Beras en INTRANT.

El jefe de Estado se ofertó, desde que estaba en la oposición, como un hombre transparente. Y muchos así lo creímos inicialmente. Pero él es el líder del PRM. Paliza es presidente del PRM por recomendación de Luis, como Carolina es secretaria general por Hipólito Mejía.

Ni Luis Abinader ni Paliza pueden alegar desconocimiento de la enorme cantidad de candidatos a puestos de elección popular, tanto en 2020 como en 2024, vinculados al narcotráfico, al punto que todos los legisladores, alcaldes y regidores que han “agarrado asando batata” (pertenecientes al bajo mundo) son del PRM. De la oposición no hay uno solo.

Durante toda la campaña del 2020 el hoy presidente se identificó con las tres causales del aborto. Inmediatamente llegó al poder no habló nunca más del tema, pese a que tuvo la oportunidad, cuando se hizo la reforma constitucional de 2024, de modificar el artículo 37.

El actual presidente se pasó la vida abogando por el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, es de su autoría intelectual la anulada Ley 1-24, mediante la cual el DNI invadía la privacidad de los dominicanos. El Tribunal Constitucional la derogó, entonces el ejecutivo se inventó la Ley 1-26, donde se requiere una orden judicial para penetrar a la intimidad de la gente. Se ha comprobado que como quiera se interviene la privacidad de los dominicanos.

Abinader prometió en su campaña de 2020 ampliar la libertad de expresión e información, pero por su propia orden se elabora una ley mordaza que penaliza seriamente, hasta con diez años de prisión, los delitos difamación e injuria.

Aunque hace apenas días, por instrucciones de Abinader, el Senado de la República había exhibido una actitud arrogante y cerrada, en el sentido de que no habría modificación a la Ley 74-25, todo parece indicar que reculó y las cámaras legislativas se abocan a realizar enmiendas al Código Penal.

Sin embargo, esa orden de Abinader se da después que un joven comunicador apodado El Piro movilizó a miles de personas en la Plaza de la Bandera. El Piro es de los mismos jóvenes de clase media que en el 2020 hicieron posible que Luis Abinader sea presidente de la República. Como mismo lo pusieron, asimismo lo pueden quitar.

JPM