El 22 de enero de este año la nación fue testigo de una movilización sin precedentes que sacudió las estructuras del país cuando, con el apoyo de las gente de clase media y media alta, del empresariado privado y de la colectividad política, millares de personas marcharon por la capital en demanda de acciones concretas del Estado para cerrar el paso a la corrupción y revertir la de impunidad que denuncian.

Pero nueve meses después, la denominada ‘marcha verde’ va en picada franca tras haber fracasado en convertirse en ese movimiento de presión  política con el cual el Gobierno habría de sentarse a discutir fórmulas para ‘cambiar de rumbo’, principalmente en la lucha contra la corrupción y la impunidad, estandarte del variopinto grupo de protesta.

La opaca y díscola oposición política nacional vio un filón en las grandes movilizaciones que se expandían por el país y que tenía como blanco duras críticas contra el actual gobierno y su partido. Pero los que se atribuían la coordinación del movimiento popular procuraron rápidamente sacar distancia de los partidos y al tiempo de hacer pronunciamientos contra su participación en las caminatas, algunos llegaron al punto de exhibir fotografías alusivas a líderes opositores que relacionaban con acciones de corrupción administrativa.

Odebrecht fue la excusa

La ‘marcha verde’ surgió bajo el pretexto de ‘representar a la sociedad’ en el tema del escándalo internacional de corrupción de la gigante de la construcción Odebrecht. Pero cual Torre de Babel, los ‘cabezas’ del movimiento de protesta han ido de tumbos en tumbos ante la falta de liderazgo, en el fallido intento de consolidar una fuerza capaz de ocupar el timorato rol dejado vacante por la oposición política frente al gobierno y su partido, ambos muy fuertes y organizados.

Los partidos de la oposición, apalastrados por la aplastante derrota electoral del 2016 y la imposibilidad de lograr un gran frente para combatir al Gobierno peledeísta, trataron de ganar los frutos que sembraba el movimiento ‘marcha verde’ -donde confluyó mucha gente tradicionalmente alejada de la política partidista- pero fueron rechazados por los marchantes de verde y por los ‘cabezas’ convocantes, quienes creyeron que se abrían camino a conformar una gran fuerza, al estilo de lo ocurrido en España con ‘Podemos’, organización que, incluso, va también en picada.

El escándalo Odebrecht quedó relegado a la vocinglería mediática luego que las  autoridades judiciales, con la Procuraduría General de la República al frente, abriera un proceso ante los tribunales encartando a 14 personas bajo acusaciones de soborno, corrupción y lavado de activos, principalmente. A esto se suma que el Estado, a través de la Procuraduría y avalado por un juez, lograra un acuerdo mediante el cual la empresa constructora asumió su responsabilidad sobre las denuncias de soborno y asumió el pago del duplo del monto admitido.

Asimismo, el hecho de que Odebrecht haya iniciado un proceso de compromiso con la transparencia, cambio de imagen e inspecciones contantes de grandes núcleos de expertos y compañías multinacionales y multilaterales de todas sus operaciones –lo que ha avalado su continuidad en la construcción de grandes obras en varias partes del mundo, significativamente en su nativa Brasil y en Estados Unidos, eje del inicio del escándalo que ha sacudido a la empresaó ha desmontado las presiones de la ‘marcha verde’ en República Dominicana, donde la constructora avanza en la construcción de obras trascendentes, como las plantas termoeléctricas de Punta Catalina, ejecutadas en un 83% y con fecha de entrega y entrada en operación para finales del 2018.

O sea, los ‘marchantes’ y otras entidades han reclamado acción de la justicia y sanciones a Odebrecht, y ambas direcciones ha actuado el Estado: hay un proceso judicial abierto, con 14 acusados con medidas de coerción y a la espera de juicio de fondo, y la empresa comenzó a pagar la sanción que les obliga a erogar $184 millones de dólares, el duplo de los $92 millones de dólares que admite haber repartido en el país a lo largo de 13 años, entre 2001 y el 2014.

De ahí que ante la acción del Estado -en la misma línea de lo que era la demanda inicial de los caminantes de la ‘marcha verde’- el tema Odebrecht fue quedando relegado y, por tanto, el principal punto de apoyo del movimiento de protesta, que ha tratado de ‘girar’ hacia otros temas de denuncias de corrupción -como el escándalo de la OMSA- pero con poco éxito.

Disolución del Estado

Pero fue la dicotomía de los intereses políticos y sociales de los principales cabecillas de la ‘marcha verde’ lo que ha llevado al proceso paulatino de disolución del movimiento de protestas. De las cabezas visibles de la marcha verde –la mayoría de los cuales vienen de los movimientos de la izquierda y muchos de fallidos proyectos electorales a cargos congresuales, municipales y hasta con ambiciones presidenciales–  unos insisten en mantener la presión callejera contra el gobierno y el partido oficial, pero otros han dado el paso hacia tratar de consolidar organizaciones políticas con escenarios electorales, como fue el caso de los que el pasado domingo 19 de noviembre lanzaron el proyecto “El país que queremos”, bajo la consigna de ‘es hora de actuar por un nuevo orden democrático’.

Este grupo tiene como vocero a Bartolomé Pujals, quien fuera uno de los líderes de la ‘marcha verde’, que conformó el segmento denominado ‘la patada’ y quien leyera el último y explosivo manifiesto, en el parque La Lira, de la capital, que dio el ‘tiro de gracia’ a los marchantes dominicales.

La emisión de tres ‘manifiestos’, principalmente los dos últimos en que se ‘demanda’ la disolución del Estado dominicano, fueron el ‘tiro de gracia’ de la ‘marcha verde’, cuando el liderazgo político de oposición -que apuesta a llegar al poder mediante las elecciones-, los líderes del empresariado privado y de núcleos de profesionales y la gente común, principalmente los enquistados en la clase media, media alta y alta, voltearon la cara al movimiento, aunque mantienen sus consideraciones contra la corrupción, un tema que ha ganado peldaños en las últimas encuestas que enfocan los principales problemas que la sociedad denuncia.

El último de esos ‘manifiestos’ planteaba la disolución del Estado al pretender impulsar la siguiente agenda: sometimiento judicial del presidente Danilo Medina; promover un nuevo régimen electoral mediante la remoción completa de los jueces de las altas cortes, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, para ser sustituidos ‘por jueces y árbitros imparciales’; rescindir los contratos y expulsar a Odebrecht del país; liderar la aprobación de los proyectos de las leyes de Partidos Políticos y Electoral y su promulgación en un término de seis meses; promover una Asamblea Constituyente para votar una nueva Constitución ‘que desarme la maquinaria del régimen de impunidad’; suprimir el período constitucional actual y llamar a elecciones presidenciales y congresuales ‘inmediatamente entre en vigencia la Constitución’; reformular la composición del Consejo Nacional de la Magistratura incluyendo representantes de la sociedad civil y de las universidades; establecer una nueva ley del Ministerio Público otorgándole autonomía e independencia administrativa y financiera del Poder Ejecutivo.

En ese escenario, la ‘marcha verde’ busca desesperadamente oxígeno para sobrevivir relegando sus acciones a ‘foros regionales’, ‘conversaos verdes’ y a tratar de capitalizar espacios de desahogos comunitarios sobre demandas locales, mientras la propaganda mediática la proveen influyentes periodistas, ‘comunicadores’ y medios comprometidos con las campañas contra el gobierno y su partido, a cuyos espacios acuden los ‘cabecillas’ de los marchantes a hacer sus anuncios y a ponderar sus acciones.