Por el camino que vamos los partidos políticos se podrían convertir en propiedad privada de sus principales dirigentes, ante la inoperancia tanto de la Junta Central Electoral como del Tribunal Partidos políticos o propiedad privada

Superior Electoral, entidades encargadas de vigilar el financiamiento y funcionamiento de esas estructuras de carácter público.

El silencio es la peor de las enfermedades que puedan sacudir el sistema democrático y en nuestro país esa actitud cómplice de quedarse callado por conveniencia política o económica terminará destruyendo lo que nos queda del sistema que surgió en Grecia hace ya tantos siglos.

Quedarse callado ante lo que pasa con el sistema de partidos es una verdadera desgracia.

Todo este avasallamiento contra las membresías de las agrupaciones partidaria y la población votante tiene un solo apellido, los fondos que se otorgan a los partidos desde la Junta Central Electoral pero que provienen de los impuestos que pagan todos los dominicanos, principalmente los pobres que  siempre serán más.

Como es posible que el presidente de un partido aliado al gobierno le envíe una carta a un funcionario diciéndole que necesita ese puesto porque es para nombrar a los compañeros.

Esto por encima de la designación que realizó el Presidente de la República de ese funcionario quien por suerte denuncio el caso, pero del que nadie se hace eco.

Todo esto sin mencionar que los presidentes de la mayoría de los partidos políticos se hacen elaborar estatutos donde ellos son ley, batuta y constitución, de tal manera que de dedo designan dirigentes, los destituyen, expulsan y como si fuera poco al final los familiares de ese líder son los que forman la plana mayor de esa agrupación.

En fin, parece que estamos en las últimas, es decir de la dictadura en el partido podríamos pasar en poco tiempo a la dictadura del poder, porque si dentro de esas agrupaciones que son de carácter público por el origen de sus fondos se forman dictadores, imagínense cuando lleguen al poder.

Los partidos ni rinden información de sus entradas, de sus gastos, pero tampoco la institución que los financia con fondos públicos les reclama nada, es como una alianza tácita que vinculada al poco interés en aprobar la Ley de Régimen Electoral y Partidos Políticos porque los obligaría a rendir algunas informaciones, podríamos finalizar diciendo que es mejor tener un partido político que una empresa industrial o comercial ya que en estas últimas hay que pagar impuestos pero en la política no.

jpm

La idea de reformar el  sistema de justicia en la República Dominicana  data de muchos años. Algunos gobiernos habían hecho esfuerzos tendentes a lograr tal objetivo, pero ninguno había logrado concretar ni siquiera una propuesta formal.

Sin embargo,  no  fue hasta el año 1997, cuando mediante Decreto 104-97, del entonces Presidente de la República, doctor   Leonel Fernández, que quedó conformada una comisión compuesta por notables juristas dominicanos, que tendrían por propósito la revisión y actualización del referido sistema.

Sin lugar a dudas, que la modernización de este sistema y la puesta en vigencia del mismo,  constituyó un extraordinario salto  de avance institucional que con sus altas y sus bajas hay que apreciarlo.

Ahora bien, de un tiempo esta parte desde diferentes litorales nacionales e internacionales escucho a diferentes actores  desplegar una suerte de cuestionamientos tendente hacer trizas todo ese esfuerzo realizado.

Es cierto que no tenemos aún sistema de justicia perfecto, acorde a los requerimientos de una nación del primer mundo, pero tampoco se puede decir que es el peor del mundo. Tenemos que avanzar, fortalecerlo, perfeccionarlo acorde a los últimos requerimientos de una justicia del siglo XXI.

Y yo me pregunto y digo, ¿cuál es el interés de esos sectores en desacreditar el actual sistema de justicia dominicano, que se gana con eso, a donde quieren llevarnos, que es lo que se procuran?

Pero más aún, ¿Con cuál país vecino nos quieren igualar, cual es la selva que quieren crear, cuales son las intenciones?  Digo esto por en este país de un tiempo a esta parte  se ha venido desarrollando una campañita maliciosa que quiere mostrarlo como el peor sistema de justicia de la civilización occidental.

No es el mejor es verdad, nos falta mucho por avanzar, por mejorar, por perfeccionar, pero de ahí a querer decir que la totalidad de los actores que interactúan en la justicia son todos vendettas, hombres y mujeres carentes de valores y principios, eso no es verdad.

Ahí en ese sistema de justicia la mayoría son personas serias e incorruptibles que dignifican el ordenamiento jurídico dominicano. Es una injusticia aceptar la cantaleta o subirse en la ola junto a lo que dicen que el actual sistema de justicia dominicano está maleado de manera integral. Eso no es verdad.

jpm

La noche del viernes 1 de febrero de 1963 el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo dispuso la suspensión -por un período de dos años- del bachiller Cayetano Armando Rodríguez del Prado, estudiante de ingeniería civil y dirigente del grupo FRAGUA, quien acababa de conducir durante la mañana y la tarde del día anterior un operativo de expulsión del recinto universitario de varios profesores que esa organización dio el calificativo de trujillistas, alegando que eran esbirros intelectuales al servicio de la dictadura y que carecían de la autoridad moral para enseñar y poseer posiciones docentes en una institución que se venía transformando en calidad, desarrollo democrático y sentido crítico desde que obtuvo su autonomía administrativa y financiera, mediante la Ley 5778, promulgada por el presidente Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, el 31 diciembre de 1961.  

Rodríguez del Prado justificó la acción señalando que los estudiantes querían lograr “una autonomía limpia de profesores incapacitados y trujillistas”, y que tras agotar todos los medios legales y pacíficos para plasmar ese propósito, comprendieron que lo que seguía era sacar a esos catedráticos “ordenadamente del recinto de la Universidad”, antes de que se aprobara la nueva Constitución de la República que se debatía en el Congreso Nacional, porque se estaba ponderando insertarle el concepto de autonomía y no se podía permitir que valiéndose de esa conquista «los trujillistas más recalcitrantes» la convirtiesen en su refugio protector.

El uso de la fuerza por una parte de los estudiantes, fue una determinación indudablemente incorrecta,  pero no menos errática y exagerada fue la sanción dispuesta por el Consejo Universitario sin la presencia de los delegados estudiantiles, bachilleres Bernardo Augusto Defilló Martínez y José Joaquín Puello Herrera, del Bloque Revolucionario Universitario Cristiano (BRUC), triunfador de la jornada electoral más reciente; y Amín Abel Hasbún, compañero y amigo de Rodríguez del Prado en la dirección del grupo Fragua.

Esa resolución fue firmada por el doctor Miguel Ángel Piantini Morales, vicerrector académico, encargado de la rectoría en ausencia de su titular, el eminente médico psicólogo Salvador Amable Iglesias Baehr, quien se encontraba en Puerto Rico en viaje de  salud; y por los decanos: Dr. Froilán J. R. Tavares, de la Facultad de Derecho; doctor Juan Francisco Sánchez, de la Facultad de Filosofía y Educación; licenciado Luis S. Escobal Reyes, de la Facultad de Farmacia y Ciencias Químicas; doctor Octavio Kidd Silfa, de la Facultad de Odontología; doctor Héctor Luis Rodríguez, de la Facultad de Medicina Veterinaria y el doctor Rafael Herrera Cambier, de la Facultad de Ciencias Económicas.

Los consejeros citados tomaron su decisión argumentando que se había comprobado la “participación activa y personal” del joven sancionado en los graves incidentes ocurridos en la mañana y la tarde del  31 de enero de 1963, en los cuales miembros del Consejo fueron obligados a abandonar los locales administrativos  y docentes, manifestándose en algunos casos signos de violencia y ultraje, además de la innecesaria colaboración de alumnos de escuelas públicas y “jóvenes agitadores no identificados”.

De acuerdo a la versión que llevó a la reunión el doctor Piantini Morales, entre los implicados en los violentos desórdenes había “muchachitos a los que se les veía la leche en los labios y caras desconocidas que nos llenaban de improperios” y emitían amenazas contra siete profesores, incluyendo dos de origen cubano de la facultad de Finanzas (Ciencias Económicas y Sociales); aparte de las arriesgadas provocaciones que persiguieron a los decanos de las facultades de Ingeniería y Derecho, ingeniero José Ramón Báez López-Penha y doctor Froilán J. R. Tavares, quienes tuvieron que dejar sus respectivas oficinas por aparecer en una famosa lista de “trujillistas reaccionarios y recalcitrantes”, en la que también estaba el propio rector, doctor Iglesias Baehr; el vicedecano de la Facultad de Derecho, doctor Ambrosio Álvarez Aybar; el profesor de Filosofía Juan Francisco Sánchez; el decano de la facultad de Veterinaria, doctor Héctor Luis Rodríguez, y el profesor  Hipólito Herrera Billini.

De su lado, el doctor Tavares manifestó que “la finalidad de los ataques contra el Consejo Universitario tenía su origen en la resistencia que habían hecho en complacer la directiva” de Fragua, lo que tampoco hizo con otra entidad estudiantil; e ilustró que en la mañana del citado día un grupo de jóvenes conducido por Rodríguez del Prado irrumpió en su despacho y tras intentar derribar la puerta, sin acusación alguna lo invitó a salir del recinto empleando un tono violento que -a su juicio- respondía a una línea política orientada a generar una crisis “con fines de instaurar un gobierno de facto en la UASD, que complaciera sus deseos”.

El funcionario universitario negó con una firmeza imponente la acusación de trujillista que le endilgó el grupo Fragua, ya que se consideraba “uno de los pocos profesores que trabajaron con muchos de ellos en la clandestinidad”, “por lo cual fui elegido para integrar el primer gobierno provisional universitario”.

Añadió de igual modo que “nunca existió ni existe literatura mía a favor de la tiranía trujillista, ni actuaciones que me sindiquen como tal”. Y consideró que las explosiones preconizadas por Fragua eran de “tipo subversivo totalmente, con la finalidad esencial de que el nuevo gobierno (del profesor Juan Bosch) crea que la Universidad no es capaz de gobernarse a sí misma y le niegue la autonomía”.

“Yo fui elegido en unas elecciones en que ellos mismos participaron, por lo cual no tenían derecho a obligarme a salir de la Universidad”, se quejó.

El doctor Tavares rechazó las amenazas telefónicas que estaba recibiendo de personas que aseguraban que iban a destruir su casa y atacar de modo violento a su familia, y expresó su condena a la constitución de turbas para sacar profesores de las aulas y de las oficinas universitarias^+-, por ser una reproducción de una práctica puramente trujillista que debía ser superada. Y con tono enfático y airado expresó: “Ni Asdrúbal Domínguez ni Cayetano Rodríguez tienen la valentía de ir solos a hacer salir a un funcionario docente universitario”.

Por su parte, el ingeniero Báez López-Penha denunció que junto al doctor Tavares fue sacado por los estudiantes a empellones de la facultad que dirigía, y que ambos fueron llevados hasta el Alma Máter, de donde fueron expulsados, luego de que el cabecilla del grupo (Rodríguez del Prado) dijera que no podía responder por sus vidas. Y agregó que “nunca he sido miembro de ningún partido político; y en los 30 años que llevo laborando en la Universidad, sólo me he ocupado de su progreso y bienestar”, sin que se le pudiera acusar de haber favorecido a algún sector estudiantil, ya fuese como educador, o durante su gestión como decano.

Agradeció la gran solidaridad de sus alumnos que lo llamaron durante todo el día 31 de enero para manifestarle que estaban en desacuerdo con esta acción unilateral de Fragua, que forzó al Consejo Universitario a suspender toda actividad docente o administrativa en la UASD, hasta tanto se pudiera restablecer la tranquilidad laboral y el respeto al cuerpo docente. 

Dicho organismo también amonestó al secretario general de la Asociación de Empleados Universitarios, doctor Carlos Temístocles Roa, por entorpecer de modo reiterado el normal desenvolvimiento de las labores universitarias, y canceló el nombramiento de un empleado que era igualmente estudiante de ingeniería, llamado José Israel Cuello Hernández, a quien se le imputaba haber proferido insultos incalificables contra la figura del rector, doctor Iglesias Baehr, a través del semanario Fragua, del que era codirector.

                                                                  

¿Quién era Cayetano ?

 Era un joven de color indio claro y de mediana estatura que debía tener entonces unos 22 años de edad y que llamaba la atención por ser sumamente delgado, exhibiendo una complexión física aparentemente frágil que contrastaba con su  fuerte temperamento y su inagotable activismo. Además se le reputaba como una persona sumamente inteligente y aplicada en su preparación cultural y profesional; siendo un rasgo distintivo de su personalidad la tenencia de mucha sensibilidad humana para relacionarse con la problemática social y económica de los sectores humildes del país.

Este joven desde 1960 se convirtió en uno de los primeros bachilleres en ser miembro de un partido político de izquierda: el Movimiento Popular Dominicano (MPD), cuyos principales dirigentes eran Máximo Antonio López Molina y Andrés Marcelino Ramos Peguero, quienes habían regresado de su exilio en Cuba el día 4 de junio de ese año y se dedicaron a organizar ese partido en todo territorio nacional, teniendo que desafiar la intolerancia de la maquinaria represiva de la dictadura de Trujillo que poco tiempo atrás había exterminado a  los patriotas expedicionarios del 14 de Junio de 1959, y continuaba liquidando, persiguiendo, apresando y maltratando sin piedad a los opositores del régimen.

Rodríguez del Prado acogió con entusiasmo la consigna del MPD: “Lucha interna o Trujillo siempre”, y se integró al ala juvenil de ese partido que se había establecido en la avenida Duarte No. 12, en el Distrito Nacional, donde acudían muchos  jóvenes trabajadores, de origen campesino, que pasaron a ser sus compañeros de lucha en la resistencia a la represión política de los esbirros de la dictadura.

Ese vínculo con la clase obrera fortaleció su formación política y fue un factor importante para que sus colegas y amigos depositaran en él su confianza durante el proceso de constitución de la Federación de Estudiantes Dominicanos; a tal punto que el viernes 25 de mayo de 1962 y representando al grupo Fragua, fue electo subsecretario general de la FED; pasando a ser la mano derecha del líder y secretario general, bachiller Asdrúbal Domínguez Guerrero, quien le daba el trato de principal compañero, pese a pertenecer a una escuela ideológica distinta a la suya; pues militaba en el frente cultural del Partido Socialista Popular, organización que se aproximada mucho al proyecto marxista soviético, mientras que él estaba abrazado a un pensamiento doctrinal cercano al maoísmo, aunque revestido de un sello nacional.

Estos dos dirigentes de Fragua asistieron a diversos eventos internacionales, siendo los primeros estudiantes dominicanos en  visitar oficialmente Rusia como delegados del Séptimo Congreso Mundial de la Unión Internacional de Estudiantes (UIE),  efectuado en la ciudad de Leningrado, del 18 al 26 de agosto de 1962. Sin embargo, ese estrecho lazo de confraternidad y camaradería no le impidió al principal líder de Fragua, que era Domínguez Guerrero, colocarse a cierta distancia de los eventos que se desarrollaron el 31 de enero de 1963 contra los educadores que ellos inscribieron en el famoso listado de “trujillistas reaccionarios y recalcitrantes”.

Y esta apreciable ausencia parecía indicar que éste no estaba conforme con el violento proceso de destrujillización de la UASD, aunque lo aceptara atendiendo a cierta disciplina gremial.

Lo mismo se pudiera decir del delegado de Fragua en el Consejo Universitario, bachiller Amín Abel Hasbún, quien si bien es cierto que reconoció dentro de ese organismo que “la línea de mi grupo es invariable”, no menos cierto era que exhibía una postura de respeto al cogobierno y la democracia interna y compartía cortésmente con las autoridades de turno. Hay que recordar que era un militante del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, que lideraba el doctor Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo).

La postura de Abel Hasbún en gran  medida era coincidente con la actuación mesurada de los dirigentes del BRUC y el Frente Universitario Radical Revolucionario (FURR), quienes compartían la necesidad de impulsar un plan de saneamiento profesoral y destrujillización de la UASD, pero sin violencia, sin agresiones; debatiendo profundamente el problema en los organismos competentes. 

Como indicó en su momento el dirigente del BRUC Joaquín Cuesta, quien le pidió a Fragua llevar los datos sobre el trujillismo profesoral a los organismos especiales universitarios o de justicia, para que probaran allí sus argumentos, sin necesidad de proceder a “acusar a una persona de trujillista y sacarla de un local, sin haberle permitido la defensa propia de todo ser que es acusado”.

Según el BRUC, el llamado “Plan Cayetano” era una estrategia de Fragua para desconocer su resonante triunfo en las elecciones estudiantiles del domingo 2 de diciembre de 1962, lo que era un juicio creíble considerando que para evitar ese hecho, ese grupo intentó en vano prorrogar hasta el 15 de enero de 1963 el mandato estatutario del bachiller Domínguez Guerrero como secretario general de la FED, el cual concluía el 30 de noviembre de 1962, supuestamente para encarar la represión del Consejo Universitario sobre sus seguidores, iniciada con la cancelación de varios empleados y  la expulsión de su dirigente, bachiller Luis Adolfo -Pin- Montás.

LA FED

Pero ese intento falló debido al respaldo que dio el Consejo Universitario al resultado electoral del día indicado, que favoreció al bachiller Bernardo Augusto Defilló Martínez, candidato a presidir la FED, en una plancha que llevó al comité ejecutivo central a Miguel Gil Mejía, subsecretario general; Rafael Brenes Guridi (Cholo), secretario de asuntos internos; Emilio Castro Kunhardt, subsecretario de asuntos internos; Fernando Batlle Pérez, secretario de asuntos internacionales; Johnny Padilla D., subsecretario de asuntos internacionales; Martha Olga García, secretaria de actas y archivo; Leandro de León, subsecretario de actas y archivo; Emma Alburquerque, subsecretaria de actas y archivo; Freddy Martínez, secretario de finanzas; Ricardo de la Rocha, subsecretario de finanzas; Miguel Ángel Heredia, secretario de prensa; Ramón Martínez, subsecretario de prensa; Fabio Valenzuela, secretario de propaganda; Hipólito Martínez, subsecretario de propaganda; Dulce Ramírez, secretaria de asuntos culturales; Frank Valdez, subsecretario de asuntos culturales; José Dante Lara, secretario de relaciones obreras; Andrés Núñez Tejeda, subsecretario de relaciones obreras; Sérvulo Natera, secretario de relaciones obreras; César Castillo, secretario de relaciones campesinas; Vinicio Castillo, subsecretario de relaciones campesinas; Danilo Pimentel, secretario de coordinación; Nelson Cunillera, subsecretario de coordinación; Magaly Caram, secretaria de asistencia social; Raquel Cuello, subsecretaria de asistencia social; Virgilio de Jesús Moya, subsecretario de asistencia social; Sonia Besonias, miembro; Jaime Paulino, miembro; Mirtha Sanabia, miembro; Ramón Eduardo Pereyra, miembro; Margarita Peralta, miembro, y Clara Martínez, miembro.

Ese congreso estudiantil fue dirigido por el subsecretario general de la FED en funciones, bachiller Fernando Valdez.

Esta realidad impulsó a Fragua a ejecutar el llamado Plan Cayetano, precedido de una asamblea estudiantil efectuada el 26 de enero -natalicio del patricio Juan Pablo Duarte-, que desconoció la directiva de la FED del bachiller Defilló Martínez, pese haber surgido de una elección democrática y de masas aceptada por la opinión pública; con lo cual se pretendió imponer una federación paralela aparentemente conducida por un joven llamado Antonio, hasta entonces desconocido en el quehacer gremial, quien era hermano de Andrés Lokward Artiles, uno de los fundadores de la FED y prominente dirigente del BRUC. Este improvisado dirigente tenía muy buena formación católica, pues durante cinco años había realizado estudios sacerdotales, en calidad de seminarista en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino.

En un comunicado  difundido en ese acto del 26 de enero se hizo una defensa ardiente de la autonomía y el fuero universitarios y se dijo que había llegado el momento de enfrentar a los profesores trujillistas, ya que no iban a permitir que la UASD fuese su refugio; agregando que las enérgicas manifestaciones estudiantiles que se estaban realizando, tenían como único objetivo demostrar que no dejarían que los trujillistas siguieran impartiendo cátedras en esa academia.

Esta situación incrementó la guerra ideológica entre las organizaciones estudiantiles BRUC y Fragua, y se llevó de encuentro al rector Iglesias Baehr, quien  renunció a la rectoría el 30 de marzo de 1963, tras permanecer cinco meses en esa función; pues había sido elegido en un Claustro realizado el 20 de octubre de 1962, en sustitución del doctor Julio César Castaños Espaillat, quien se vio forzado a dimitir por sus contradicciones con otros miembros del Consejo Universitario, dada su clara parcialidad hacia el grupo estudiantil Fragua.

El doctor Iglesias Baehr renunció alegando que “en razón de los hechos atentatorios a la autonomía universitaria, denunciados en las cartas públicas dirigidas al Presidente de la República (profesor Juan Bosch) en fecha 5 y 25 del corriente, respectivamente, por ese cuerpo colegiado; por considerar que a la violencia y obstáculos para solucionar la actual crisis de parte de un sector universitario, se une hoy el desconocimiento de la autoridad universitaria mediante una ley discriminatoria, que confirma lo expresado en las citadas cartas, presento, por mediación de ese honorable Consejo, mi renuncia ante el Claustro Universitario, en mi calidad de rector de la UASD”.

Iglesias Baehr manifestó que se sometía al juicio que dicho Claustro hiciera de sus actuaciones durante el desempeño de sus funciones como rector, pero que cuál que fuere el fallo de dicho organismo máximo, su renuncia tenía carácter irrevocable.

Por último hay que destacar la posición siempre mesurada y centrista del grupo perredeísta que en la ocasión se llamaba Frente Radical Revolucionario (FURR), dirigido por los bachilleres Rafael Alburquerque y Pedro Pimentel, quienes probaron en todo momento que estaban de acuerdo con el plan de echar de la UASD a los profesores que por su actuación comprobada  fueron íntimos cómplices del régimen de Trujillo, pero utilizando  medios pacíficos y legalistas, y exigiendo que eso se hiciera de modo considerado y con apego absoluto al régimen de derechos.

JPM