PANAMA.- La Fiscalía en Delitos Relacionados con Drogas de Veraguas, a cargo del fiscal Edwin Juárez, logró legalización de la aprehensión, imputación de cargos y detención provisional por 4 meses de una abogada y una extranjera, por delito de Posesión Agravada de sustancias ilícitas.
La audiencia se realizó el sábado, donde se sospecha que en este ilícito haya otras personas vinculadas.
La abogada, que viajaba con una dominicana en una camioneta Honda CRV fue detenida el viernes en Veraguas, por transportar 15 paquetes de cocaína distribuidos en distintos puntos del auto, hasta en su cartera.
La droga tenía como destino final la provincia de Chiriquí.
Culiacán.- Una persona de origen dominicana fue asesinada a balazos a unos metros del Palacio de Gobierno y de la capilla de Malverde en la colonia Centro Sinaloa.
Se presume que la víctima se dirigía al Instituto Nacional de Migración (INM), cuando fue ejecutado de varios balazos.
A pesar de que la zona es muy transitada por el tipo de oficinas y comercios, nadie se percató del atentado violento.
La agresión se dio ayer a las 11:40 horas, cuando la radio operadora de la Cruz Roja fue informada que por la avenida 16 de Septiembre y bulevar Insurgentes, había un lesionado por disparos de arma de fuego.
Al llegar a la zona lograron ver a una persona boca abajo en el camellón que esta entre el bulevar Insurgentes y las oficinas del INM.
Este vestía un pantalón de mezclilla, tenis grises Nike y playera del mismo color. Además que era una persona de complexión regular, moreno de 45 a 50 años de edad.
De manera extraoficial se dijo que la persona era Rafael Agustín, originario de República Dominicana.
A un costado del cuerpo se encontró una carpeta con varios documentos y casquillos de arma corta.
Policías comentaron que la persona caminaba por el lugar, cuando fue interceptado y asesinado a balazos, al parecer el gatillero abordó una unidad que ya lo esperaba.
Jamás pensó Julia Quezada, la compatriota nuestra que al parecer perdió la razón y los estribos en España, que el asesinato del pequeño hijo de su pareja, “Pescaito”, podría servir como elemento de comparación entre la migración de dominicanos a otras tierras y la invasión de haitianos que hoy padece el país que ella abandonó hace veinticinco años.
El hecho en cuestión, lamentable desde cualquier óptica, ha conmovido a todos los dominicanos, que no han escatimado esfuerzos en condenar la acción criminal de esta otrora muchacha dominicana, que una vez invirtió la ruta del descubrimiento en búsqueda del porvenir. Pero también ha perturbado a los españoles que, al igual que nosotros, se sienten altamente preocupados por la migración sin control, desde países en condiciones de pobreza mayor.
El asunto es que, con la celebración de la Semana Santa, tan tradicional en España como en Santo Domingo, se produjo el acontecimiento que me mueve a compartir con ustedes estos trazos. En esa zona de la península ibérica se castiga al judas traidor, de una forma muy peculiar y también muy festiva.
Mientras nosotros “culpamos” a Judas Iscariote por la captura de Jesús y su posterior crucifixión, los habitantes de Coripe, un pueblito de Sevilla, al sur de España, personalizan en el judas a ser quemado, a una figura del lugar que -durante el año- haya dado motivos para la crítica y el repudio de sus conciudadanos.
Es la forma “civilizada” de dejarle saber a algún truhan del pueblo, por lo general político, que no se le quiere y que sus acciones no son aceptadas, ni bienvenidas en la comunidad. La muchachada, disfruta al límite estas muestras de fervor, por el componente festivo que implica y los adultos, dejan sentir el peso de sus “simpatías” contra la persona objeto del escarnio.
Ese estilo tan significativo de crítica pública, nunca ha sido practicado en nuestro país. Al contrario, nosotros nos hemos acostumbrado dócilmente, a soportar con estoicismo las vagabunderías de los granujas (autoridades, políticos, comerciantes, sindicalistas y personalidades en general) y ni siquiera en Semana Santa se lo recordamos.
Porque esos gastados sermones de las “siete palabras”, a fuerza de antiguos, resultan ya muy interesados. Y son por demás, la opinión de los “pastores”; pero conviene que también se oiga el pensar de las “ovejas”. Es una pena que no hayamos copiado esta maravillosa costumbre de los conquistadores; mientras que sí hemos sido fieles a sus peores mañas.
Yo creo que somos tan permisivos que, hasta al judas mismo, un día de estos terminaremos por absolverlo y condonarle la sentencia. Y puede que hasta lo recompensemos, como se hace con los malos funcionarios que, al retirarlos del puesto por incompetentes o delincuentes, se los nombra con el eufemístico cargo de: “Asesor del Poder Ejecutivo”, en los asuntos que precisamente el susodicho no pudo resolver; y todo, para que continúen desfalcando el Estado.
El pobre Judas Iscariote, que ya don Juan se encargó de reivindicarlo, con la brillantez propia de su pluma justiciera -tal y como hizo con el restaurador de Gaspar Polanco- solo está a la espera de que el pueblo dominicano, con la infinita bondad de que dispone, dé por terminado su calvario histórico y lo coloque, cual Barrabás, junto al Nazareno; quien de seguro, cuando en su gloria esté, también se acordará de su antiguo tesorero.
El caso es que Julia Quezada, la dominicana que confesó el asesinato del pequeño Gabriel, fue objeto de una quema simbólica por una comunidad que se siente crispada con la migración que según ellos, los acogota y es “de baja calidad”. Algo similar a lo que sentimos los dominicanos hoy.
Los españoles, sin embargo, cuentan con el recurso del Estado, que tiene políticas claras para controlar la migración. Nosotros, por el contrario, solo sufrimos con estupor, la indiferencia del Gobierno ante la invasión pacífica y constante de los haitianos. No tan solo “de baja calidad” sino, extrema en número, ilegal, altamente costosa para nuestro exiguo presupuesto y abusivamente contaminante para nuestra cultura.
En este escenario contradictorio entre España y República Dominicana, no podemos mas que sorprendernos de la inusual forma con que el pueblo español condena la conducta criminal de Julia; pero mas aún, de la dicotomía que se genera cuando ciertos sectores de la misma sociedad, también rechazan las condenas.
Es ahí -en ese contrasentido- donde se evidencia el paralelismo. Tanto allá como aquí, el pueblo común, indefenso y frustrado, apela a la “justicia de la manada” (que no siempre es racional, admito) para evidenciar y condenar acontecimientos que lo laceran, pero que el estatus-quo, el establishment o la clase gobernante (como quiera que se le llame) no parece ni siquiera advertirlo.
Al mismo tiempo, igual aquí que acullá, aparecen las voces disidentes, condenando los hechos y calificándolos de vandálicos, odiosos, racistas y xenófobos. Primero oímos los pronunciamientos de las “ONG” alarmadas, pues esa es su razón de ser; luego a los medios irresponsables que solo sirven a los intereses de sus dueños y finalmente, la de los pusilánimes funcionarios, que únicamente atienden a “mantener el orden” que garantice su existencia.
Es muy cierto que en Sevilla se quemó simbólicamente al judas y que en Pedernales -a no ser por los militares- probablemente hubiéramos llegado a “quemarlo en persona”, una catástrofe sin dudas, como la que está sucediendo con los linchamientos que semanalmente se registran. Pero es igualmente cierto, que ésto solo pasa cuando hay un vacío de autoridad.
Pienso que el beneficio que tristemente nos dejará Julia Quezada con su infeliz experiencia, debe ser analizado con criterio crítico y disposición de asimilar las enseñanzas. Ella pagará por su culpa, un precio que nunca sabremos qué tan justo será, pero todo apunta a que probablemente, nunca saldrá de la cárcel
Los españoles entretanto, no aguantan un inmigrante indocumentado mas; y nosotros estamos al tris de hacer un desacato mayor, por las mismas razones, y ésto debemos evitarlo a toda costa.
No bien Danilo Medina se había juramentado para su segundo mandato cuando ya las empresas encuestadoras colocaban lo favorito para continuar en el poder por un tercer periodo, algo insólito si tomamos en cuenta que la Constitución de la República, la que juró respetar y hacer respetar, lo prohíbe.
Funcionarios del gobierno, desoyendo el mandato legal, no han parado de promover la continuidad en el Palacio Nacional de Danilo Medina sin que éste los haya llamado para desautorizarlos o bien hablarle al país para decir que no optará por una tercera repostulación porque legalmente es imposible, y, como demócrata respetuoso de la Constitución –algo que está por verse- entregará las riendas del país a su sucesor no importa el partido al que pertenezca.
Cada mes aparece una o más “investigación” dando posibles ganadores a más de dos años de las elecciones. (Una locura, porque “una encuestas es una fotografía del momento”)
Como en otras oportunidades, considero que los sondeos de opinión política, al igual que en otros países, tienen que ser regulados por la ley.
¿Quién financia una encuesta? ¿El gobierno? ¿Un funcionario que pretende reelegir al jefe de Estado para reelegirse él y continuar gozando de los privilegios del poder? ¿La paga Luís Abinader o Hipólito Mejía para posesionarse ante la opinión pública y crear una percepción de triunfo? ¿La paga Leonel Fernández o sus seguidores con el mismo propósito?
No es posible que a un mes de comenzar un mandato se esté hablando de reelección. Debe haber un tiempo para eso. Un año antes de las elecciones, por ejemplo. De igual modo tienen que suspenderse un mes antes de los comicios, al igual que las inauguraciones del presidente y las “visitas sorpresas”. (Solo pienso en voz alta)
Algo igualmente importante. Todas las encuestas tienen que ser firmadas, no por la empresa que las realiza, sino por el grupo o persona que las paga. Regularmente quién financia un sondeo aparece encabezando las preferencias perdiendo credibilidad. (El que pone el dinero aparece en la delantera)
Algunas encuestas son de escritorios. Se hacen para construir percepción, como ha he dicho.
No tengo claro si debe ser una ley especial, como en más de un país, o si debe incluirse en la ley de partidos o electoral. Sea como sea, tiene que haber un marco jurídico.
Me siento engañado cuando me entero de quién o quienes han ordenado determinada encuesta. Los periódicos HOY y Diario Libre, para poner dos casos, son los que pagan. La más preponderante, “HOY con Gallup”, estemos o no de acuerdo con sus resultados.
Las encuestas son mecanismos políticos o comerciales. Algunos sinvergüenzas acotejan los números para que favorezcan a sus patrocinadores. Son incapaces de publicar la verdad. Quien crea que los sondeos son inocentes, que están desprovistos de intereses políticos y económicos, están equivocados. En cada una hay una intención, un propósito. Expertos en marketing dicen que una encuesta se responde con otra. Es lo que llamamos “guerra de encuestas” que terminan confundiendo al ciudadano.
Al final de cada sondeo debe decir: Pagada por el PRM, el PLD o cualquier otro partido. Igual si lo hace algún ministerio o el gobierno como tal. La que aparece en tal o cual diario tiene la obligación de establecer al final: financiada por decir Financiado por Leonel Fernández, José Ramón Peralta, Luis Abinader, Quique Antún, Fernando Hasbún o Hipólito Mejía. ¡De ese modo no nos cogerán de pendejos!
PUERTO PLATA.- La Dirección General de Aduanas informó de otro hallazgo este fin de semana de 13 millones 830 mil unidades de cigarrillos que se intentaron introducir de contrabando, esta vez por el muelle de esta ciudad, a bordo de la embarcación Babun Express.
Un comunicado de la dependencia expresa que estaban distribuidos en dos contenedores procedentes de Miami, Florida, consignados a la empresa Inversiones Porosal SRL.
En el primero fueron halladas mil 383 cajas de 10 mil unidades, mientras que en el segundo había mil 118 cajas de diez mil unidades, todas de la marca Capital.
El informe da cuenta del seguimiento que se le daba a la carga, tras la activación de las alertas, en lo que el intercambio de información con las aduanas de la región juega un papel fundamental, mientras que la Gerencia de Auditoría trabaja en las valoraciones de lugar por concepto de arancel, ITBIS, Selectivo y multa.
Los cigarrillos son de las marcas Capital y Gold City, las que coincide con los últimos hallazgos que se produjeron en cargas que arribaron al muelle de Haina Oriental.
La expulsión de la directiva completa de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) fue decidida en fecha 17 de noviembre de 1964 por la autoridad superior de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que los acusaba de ser los responsables del boicot al examen de admisión que debieron tomar unos mil 450 estudiantes para ingresar al recién instaurado Centro Universitario de Estudios Generales (CUEG).
Los principales afectados fueron el secretario general de la FED, Amín Abel Hasbún, cuya matrícula fue suspendida durante tres años, y Luis -Pin- Montás, secretario de relaciones obreras, expulsado con carácter definitivo, por reincidente, ya que había sido anteriormente inhabilitado con una pena similar, dictada por el Consejo Universitario en la primera gestión del rector Julio César Castaños Espaillat.
Los demás sancionados -por un periodo de dos años- eran los bachilleres Emma Tavárez Justo, subsecretaria general; Narciso Isa Conde, secretario de asuntos culturales; Carlos Dore Cabral, secretario de prensa; Margarita Peralta, subsecretaria; Narciso González, subsecretario; Teobaldo Rodríguez, secretario de finanzas; Emma Alburquerque, subsecretaria; Emilio Herasme Peña, subsecretario; Romeo Holguín Veras, secretario de asuntos internacionales; Carlos Amiama, subsecretario; Dulce Ramírez, vocal, y Juan -Johnny Gil Batlle, vocal.
También Arismendi Díaz Santana, subsecretario; Rafael Reyes Prida, subsecretario; Belén Vargas, secretaria de actas y archivos; Franklin Leroux, subsecretario; Hipólito Martínez, secretario de coordinación; Virgilio Moya, secretario de relaciones campesinas; Rafael de la Rosa, subsecretario; Eva María Rivera, subsecretaria, y José Sosa, subsecretario.
Igualmente, Adolman Fermín, subsecretaria; Gerardo Taveras, secretario de asuntos internos; Migna Montás, subsecretaria; Nicolás Pichardo, secretario de propaganda; Emma Gutiérrez, vocal; Diego Pimentel, subsecretario; Virgilio Moya, secretario de relaciones campesinas; Melba Aponte, vocal; Bernardo Fernández, vocal; Marcos Aristy, vocal; y Luis Pariens, vocal.
Todos habían sido escogidos durante un congreso efectuado el 27 de enero en el paraninfo de la facultad de Ciencias Médicas, donde participaron los delegados surgidos de las elecciones celebradas el día 20 anterior.
Amín.
Amín Abel tenía entonces 22 años, finalizaba su carrera de ingeniería civil y estaba vinculado al movimiento estudiantil desde su creación en 1961 como dirigente del grupo Fragua, un conglomerado universitario con una historia escrita con sangre; pues habían sido sus miembros los fieros combatientes Tony Barreiro y Luis Ibarra Ríos, mártires de las guerrillas catorcistas de diciembre de 1963, capitaneadas por Manolo Tavárez Justo.
Fragua desbordaba entusiasmo y fervor entre sus seguidores, inspirados en el ejemplo y sacrificio de los citados jóvenes y en el profundo mensaje ideológico contenido en su penetrante lema: «Pensamiento y acción fundidos en armas contra la injusticia».
Desde la creación de Fragua, Amín Abel era uno de sus representantes en la FED y su delegado en el Consejo Universitario, dos ambientes distintos donde defendía dignamente los intereses de los estudiantes humildes.
Sin embargo, hasta el año 1964 su labor en la FED se apreciaba en bajo perfil, porque la amplia presencia de su grupo en los medios de comunicación se manifestaba por medio de la figura carismática de Asdrúbal Domínguez Guerrero, principal dirigente estudiantil universitario.
También por vía del periódico que conducían Luis Ibarra Ríos, José Israel Cuello Hernández y Juan Bosco Guerrero; así como por las frecuentes declaraciones que ofrecían sus dirigentes Cayetano Armando Rodríguez del Prado, Antonio Locward Artiles y los hermanos Antonio y Narciso Isa Conde.
Esos jóvenes descollaron en la vida pública al desplegar una inolvidable jornada de lucha por la conquista de la autonomía y fuero universitarios y por la instauración de un régimen de derecho durante el tormentoso proceso de democratización del país que precedió a la caída de la dictadura de Trujillo.
También se destacaron por su apasionada y encendida rivalidad frente a los estudiantes representantes de la corriente socialcristiana, José Joaquín Puello Herrera, Bernardo Augusto Defilló Martínez, Fernando Mangual Navarro, José Antinoe Fiallo Billini, Juan Samuel Sierra Gómez (Jimmy) y Carlitos Fernández Rivera, en un escenario donde incursionaban además, con igual ahínco y deseo de triunfo, los jóvenes perredeístas Rafael Francisco Alburquerque de Castro, Armando Antonio Hoepelman Ripley y Francisco José Almeyda Rancier, quienes lideraban el minoritario Frente Universitario Revolucionario Radical (FURR).
La llegada de Amín Abel a la secretaría general de la FED, en enero de 1964, facilitaría su frecuente aparición en los medios de prensa; especialmente luego de un congreso efectuado en el paraninfo de la facultad de Ciencias Médicas, donde el nuevo líder estudiantil se comprometió a luchar con firmeza por la libertad de cátedras y la masificación de la enseñanza.
CAMINO ESPINOSO
Aunque estaba claro, sin embargo, que había escogido un camino espinoso, pues ese objetivo era inalcanzable a menos que decidiese enfrentarse con energía al Consejo Universitario y a los grupos ocultos que querían la vigencia del examen de admisión como prerrequisito para entrar al CUEG, debido a que así se propiciaba con más facilidad su proyecto de retrotraer la UASD a la época superada, de dictadura y elitismo, en que se dificultaba el ingreso a sus aulas de los estudiante de escasos recursos.
La posición de Amín Abel se radicalizaría luego de las drásticas medidas disciplinarias fijadas por el Consejo Universitario y de una declaración ofrecida por el rector de la UASD, ingeniero José Ramón Báez López Penha, en la que descartaba discutir el tema, alegando que “el examen de admisión no es una novedad ni aquí en ninguna parte del mundo”, mientras advertía que sin dicha prueba era imposible realizar los cursos básicos durante el año 1965.
Hasta entonces, el joven estudiante de último año de ingeniería civil había exhibido una actitud ecuánime y conciliatoria en relación a sus antiguos compañeros del Consejo Universitario, a la que hicimos referencia en una publicación anterior, titulada: “Cayetano Rodríguez y la expulsión de profesores en la UASD”.
Decíamos ahí que siendo rector el medico psicólogo Salvador Amable Iglesias Baehr, permitió que el delegado del grupo Fragua, Amín Abel, introdujera el debate sobre la necesidad de destrujillizar el cuerpo profesoral de la institución a principios del mes de febrero de 1963.
Pero nadie recuerda haber visto a este dirigente accionando en las tumultuosas movilizaciones que realizó su grupo, liderado en ese momento por el joven estudiante de arquitectura Cayetano Armando Rodríguez del Prado, las cuales pudieron generar una desgracia por el afán de sus participantes en sacar de la UASD a los profesores trujillistas durante la mañana del 1ro. de febrero de 1963.
Una de las víctimas de aquel famoso “Plan Cayetano” fue precisamente el ingeniero Báez López Penha, a la sazón decano de la facultad de Ingeniería y Arquitectura, quien figuraba –tal vez injustificadamente- en la famosa lista de supuestos trujillistas elaborada por el grupo Fragua y por la cual fue desconsiderado por miembros de esa organización que coreaban la consigna: ¡Fuera los trujillistas de la UASD!
Ese funcionario fue sacado de su oficina a empellones y luego, bajo la triste mirada de muchos de sus alumnos, se le paseó de mala manera por la explanada de la facultad de Ingeniería y por la calle Juan Sánchez Ramírez, dentro del perímetro universitario, hasta llevarlo al Alma Máter, donde lucía aterrorizado, dando lugar a que se le permitiera abandonar la Universidad, escuchando a sus espaldas aquella muchedumbre que no cedía en gritarle: ¡Fuera, fuera de la UASD!.
Por ese acto de fuerza fue cancelada, aunque por breve tiempo, la matrícula universitaria del autor del “Plan Cayetano”, y por el boicot al examen de admisión, el rector Báez López Penha recomendó al Consejo Universitario sancionar a todos los dirigentes estudiantiles.
No obstante el drástico castigo, Amín Abel continuó laborando en el gremio estudiantil, por lo cual en fecha 5 de abril de 1965 el Consejo Universitario decidió desconocer el estatus legal de la FED, en un esfuerzo infructuoso por detener el creciente malestar que se sentía dentro de la UASD por la actitud complaciente de su alto mando con el gobierno de facto llamado Triunvirato, en momentos en que se percibía contra éste, en todo el territorio nacional, el repudio de amplios sectores que demandaban la reposición del gobierno constitucional de Juan Bosch.
El rector Báez López Penha en un acto desesperado dispuso paralizar la entrega de la subvención mensual a los directivos de la FED, y ordenó que se les despojara también de su local en el antiguo edificio principal del Alma Máter, y de una máquina de impresión, tipo mimeógrafo, que les servía para reproducir en papel esténcil numerosas copias de las notas de prensa y resoluciones del gremio.
El Consejo Universitario justificó esta última medida indicando públicamente que esa era su respuesta al uso indebido de los bienes de la FED en actividades de propaganda del Partido Socialista Popular contra el gobierno del Triunvirato.
Se recuerda que a ese partido pertenecían los hermanos Tony y Narciso Isa Conde, Emma Tavárez Justo, Carlos Dore Cabral, Diómedes Mercedes y otros dirigentes del grupo Fragua.
La represión del rector contra los dirigentes estudiantiles se incrementó durante la semana santa de 1965, al instalarse en su local una puerta de acero que les impedía penetrar a su interior. Eso generó la crítica de estudiantes, profesores y empleados, incrementó la repulsa al examen de admisión y amplió la solidaridad de sectores externos con los directivos de la FED.
HUELGA DE HAMBRE
También, esa medida arbitraria y antidemocrática produjo una huelga de hambre que duró toda una semana, y que fue necesario suspender por los estragos del hambre en varios estudiantes internados de gravedad en el hospital Padre BIllinI y en la clínica Dr. Abel González.
Esa huelga de hambre por poco le cuesta la vida a Carlos Amiama, directivo de la FED y afectó severamente la salud de sus compañeros Orlando Martínez, Luis –Pin Montás, Catalina Pumarol, Narciso Isa Conde, Magda Acosta, Diómedes Mercedes, Julián Parahoy, Osvaldo Domínguez y Antonio Camilo.
Esa huelga de hambre contribuyó a acercar a todos los grupos estudiantiles, disminuyendo la tensión entre Fragua y el BRUC; de tal manera que los socialcristianos sorprendieron a la opinión pública al retirar del Consejo Universitario a su delegado estudiantil Bienvenido Brito, debido a las reiteradas torpezas en que incurría ese organismo.
El BRUC reclamó a las autoridades detener la represión y reconocer el derecho de los estudiantes a participar en la reforma universitaria, y pidió también que revocaran las disposiciones injustas y arbitrarias que afectaban a los dirigentes sancionados desde el 17 de noviembre de 1964.
Poco más tarde el grupo socialcristiano realizó una asamblea estudiantil donde orientó a sus seguidores para que participaran en todos los actos dirigidos a denunciar y rechazar el examen de admisión, considerado como un elemento negativo que utilizaba el Consejo Universitario para obstruir el libre ingreso de estudiantes a la UASD.
Con esa posición del BRUC se despejaba el panorama universitario y se sepultaba el debate sobre la legitimidad de la reelección de Amín Abel en la secretaría general de la FED en las elecciones del 20 de enero de 1965, introducido por el bachiller Defilló Martínez, quien sostenía que esos comicios estaban viciados debido al presunto descubrimiento de listas impresas de votantes que estaban repetidas, cosa que calificó de fallas graves en el mecanismo electoral que determinaban la anulación del proceso.
En esos comicios el grupo Fragua había salido vencedor al obtener mil 559 votos y 25 representantes al congreso de la FED, contra mil 185 del BRUC, quien logró nueve. Y también Fragua consiguió dos delegados al Consejo Universitario, Amín Abel y Héctor Florentino, mientras el BRUC retuvo en ese organismo a Bienvenido Brito.
Con la incorporación del BRUC y del FURR a los reclamos de reforma, y luego de la Guerra de Abril, el 25 de septiembre de 1965 finalmente surge en la UASD un movimiento crítico y renovador que depone a las autoridades universitarias y establece un nuevo estatuto orgánico y la restitución de los dirigentes estudiantiles con Amín Abel a la cabeza.
Este líder juvenil tuvo una digna participación en esa contienda bélica, al participar como soldado en un comando del 14 del Junio y asumir el rol de instructor de la Academia Político-Militar «24 de Abril». Y como bien relata magistralmente en estos días ese inmejorable narrador de historias llamado Jimmy Sierra, en un artículo ampliamente difundido por las redes sociales,
Amín Abel se cubrió de gloria el 19 de diciembre de 1965, al denunciar a través de la potente emisora Radio Guarachita, tomada por sorpresa, el peligro que corría el coronel Caamaño y varios de sus acompañantes que ese día estaban recibiendo el sostenido bombardeo -en el hotel Matum de Santiago- de tropas del ejército que recibían órdenes del ministro de las Fuerzas Armadas, contralmirante Francisco Javier Rivera Caminero, en franca violación a los acuerdos paz firmados entre el ejército constitucionalista y la Organización de Estados Americanos (OEA), para ponerle fin a la guerra civil.
La República Dominicana, igual que la mayoría de los países que comparten frontera con otras naciones, encara un problema fronterizo; el dominicano es un problema grave por las condiciones del vecino con quien deslinda el territorio de la isla.
Las condiciones de Haití, llevan a sus nacionales a buscar cualquier camino de subsistencia fuera del desastre que tienen en su territorio; catalogado desde hace muchos años como un estado fallido, Haití no ofrece las condiciones mínimas de existencia para ningún ser humano de extracción humilde, los cuales componen las grandes masas de carenciados.
Esos barrios de ciudades dominicanas, que los enemigos de la República Dominicana, denuncian como el fracaso de los gobiernos del país para combatir la pobreza extrema, son vistos por los depauperados haitianos como las puertas de un paraíso terrenal; esa es la principal razón de los tantos ilegales que deambulan por las diferentes ciudades.
Los 391 kilómetros de frontera abierta entre los dos países, son imposibles de cubrir por una vigilancia permanente, que resultaría muy costosa de mantener; sería como un estado de guerra continuo contra un enemigo cuya única arma es la miseria, que muchos creen es usada como instrumento de invasión silente.
¿Porque la llamada invasión del útero no se da hacia territorio norteamericano, digamos a la península de la Florida? _ pues, por lo costoso que le resulta a cualquier ciudadano haitiano pagar un pasaje a los traficantes de seres humanos, para su traslado por mar a esas costas, además de los riesgos del océano.
Si el Atlántico no se interpusiera entre USA y Haití, en esta problemática no se hablara de la República Dominicana; el flujo migratorio de los mejicanos hacia Estados Unidos de Norteamérica pasaría a ser un juego de niños.
Las mujeres embarazadas haitianas que acuden a dar a luz en hospitales dominicanos, son traídas por ONG nacionales e internacionales, que reciben fondos de diferentes países, que los destinan con la finalidad de combatir la pobreza mundial; pero es más fácil utilizar las disponibilidades del Estado dominicano, y disponer de esos fondos para beneficio personal.
Ningún plan, nacional o internacional, encaminado a destruir la nacionalidad dominicana puede dar resultado, si existe la disposición de la sociedad dominicana de no permitirlo; y si el Estado, rector de las conveniencias sociales y de la soberanía nacional, cumple con su papel.
Además de hacer cumplir las leyes migratorias, el gobierno dominicano debe darse un plan definitivo de largo alcance para detener el flujo migratorio por la frontera; este plan debe tener como norte estratégico, aumentar la población en la línea fronteriza; no hay mayores garantes de sus propios intereses que los mismos pueblos.
La población de las 5 provincias fronterizas, es de apenas 320,700 habitantes; comenzar con un programa de infraestructura productiva que lleve ese número al millón de dominicanos viviendo en esos lugares, sería como poner un muro de contención a la horda migratoria del vecino país.
Con el incremento de la población, vendría el incremento de la presencia de autoridades reales con raíces en los diferentes lugares de esas provincias; así los incentivos para el crecimiento comercial, industrial y agrícola, estarían sentados en las jurisdicciones donde sus habitantes los necesitan.
Reforestar la frontera es un plan ambicioso; pero que militar miraría un soborno, si se le otorga un incentivo de 200 tareas de tierra, y crédito para sembrar aguacates, cacao o café; se pueden hacer asentamientos mixtos de militares y civiles en esos lugares para incentivar un flujo migratorio interno, contrario al que se ha venido dando.
El Estado dominicano debe mirarse en el espejo de nuestros orígenes; no olvidar las consecuencias de las devastaciones del gobernador Osorio. La Patria comienza en la frontera, y solo allende los mares están sus límites.
No hay que ser un economista experto, ni un sobresaliente analista de las ciencias sociales, tampoco un profeta, para adelantar que una concertación de voluntades de todos los sectores productivos del país, incluyendo el Estado, tendente a cerrar progresivamente la brecha salarial, nos traería grandes beneficios a todos, al tiempo que nos ahorraría buena parte de las tantas penurias que nos abaten.
Nuestro país vive sobre grandes y graves contrastes. Uno de ellos es la amplísima –y onerosa– brecha salarial. Se trata de un tema discutido innumerables veces, tanto en sus implicaciones técnicas como también sociales, pero sobre el que, a pesar del sostenido crecimiento de nuestra economía, se ha avanzado muy poco. Inexplicablemente cada día la brecha salarial se hace más amplia sin reparar que esta situación, que afecta primaria y directamente a una gran mayoría, en sentido general, termina afectándonos a todos.
Una brecha salarial tan amplia y desproporcionada como la nuestra nos da de entrada un diagnóstico poco esperanzador. La desigualdad salarial nos afrenta y nos perjudica a todos. En un país como el nuestro que vive sobre permanentes y cada vez más agudas tensiones sociales que, aunque no terminan expresándose en términos capaces de alterar o amenazar las estructuras y el clima político, si tienen otras repercusiones preocupantes que dañan la vida colectiva.
Esas insatisfacciones tienden a volcarse en violencia, en desconocimiento a las normas de orden público, en delincuencia y desorden que, luego buscamos contener emitiendo leyes o tomando medidas de fuerza, cuando estos ímpetus pudieran ser atenuados con iniciativas más eficaces, duraderas y sostenibles.
Todos estamos preocupados por la delincuencia y la violencia a la que hemos tipificado en diversas modalidades: domestica, de género, juvenil, pero no hemos tipificado ni le hemos puesto calificativo a lo que debe llamarse la violencia salarial.
Las mujeres también son víctimas de violencia salarial, pues tal como se ha demostrado, en un alto porcentaje, reciben pagos menores a los hombres, aun cuando realizan el mismo trabajo y tienen el mismo rendimiento.
Acercar más social y económicamente a los sectores que componen la sociedad es contribuir a un clima de mayor seguridad, es extender para el disfrute colectivo el bienestar social capaz de garantizarnos un estado de mejor y mayor convivencia que se traduciría en menos ira social acumulada, menos miedo, menos estrés colectivo, menos histeria y espanto entre otros daños sicosociales que nos abaten.
Cerrar la brecha salarial debe ser una preocupación de todos. En nuestra escala salarial hay sueldos cuyos altos niveles solo son sostenibles y explicables sobre la base de un estructura social, política y económica injusta. Igual sucede con los llamados salarios mínimos, como si la vida humana unos pocos la pudieran vivir al máximo, a costa de una mayoría que está obligada a vivirla en los límites mínimos de la sobrevivencia, un mínimo que estrangula y reduce la existencia a la más precaria de las posibilidades.
Esto nos indica que vivimos en una sociedad que tiene estructuras institucionales que minimizan la vida de las grandes mayorías, y la amplían a excedentes sin límites para unos pocos. Esto nos conduce a una revisión de los valores sobre los cuales definimos y concebimos la vida.
No es admisible que una minoría pequeña se haya apoderado de las estructuras y de todos los mecanismos de orden social para imponer un modelo tan despiadado e injusto. Tenemos una élite que disfruta de abundancias insospechadas conviviendo con una amplia franja de la sociedad que mal vive carencias insoportables en situaciones tan minimizadas y reducidas como los salarios que le pagan.
Se podría alegar que este es un patrón muy universal y que responde a principios básicos del capitalismo. Pero esto no debe ser justificado; todo lo contrario, son estas tendencias negativas que los pueblos pobres como el nuestro deben revertir con voluntad y determinación.
Comenzar a hacer esfuerzos serios de parte de todos los sectores productivos de la nación es una manifestación de inteligencia social y política que nos beneficiaría a todos. Es un esfuerzo de entendimiento colectivo en el que nadie sale perdiendo.
La clase poderosa que sostiene esta estructura salarial tan desigual, ni siquiera se motiva por la teoría que expone que cuando el poder de compra de las clases más necesitadas aumenta, la producción y el comercio también crecen, y en consecuencias las ganancias también se multiplican.
En los países donde la brecha salarial es más cerrada, los beneficios sociales (seguridad, salud, educación, alimentación) son mejor aprovechados por todos. Es seguro que, si ponemos voluntad para construir una sociedad más justa, tendríamos un país más grande, más seguro y también más feliz.
Lo primero que los moralistas de conveniencia deberían preguntarse es si el sistema persecutorio y judicial de Brasil sentenció a Luis Inacio-Lula- da Silva a 12 años de prisión por la comisión de peculado o porque su retorno al Poder era inminente.
¿Alguien en su sano juicio puede creer que con el líder más carismático y presidente más exitoso de la historia carioca brasileña fue condenado por supuestamente aceptar un apartamento de playa como soborno?
Uno de los personajes de mayor involucramiento en la telaraña de corrupción fue juramentado como presidente de Brasil en sustitución de Dilma Rousseff, destituida por el Congreso, por una supuesta falta de naturaleza administrativa. Ese solo episodio indica que contra Lula se aplica la misma dosis venenosa.
La lucha contra la corrupción, que debería ser la más trascendente cruzada para impedir el enriquecimiento ilícito con dineros públicos, se ha convertido en un instrumento político empleado por grupos corporativos para degradar o denigrar figuras públicas progresistas o vinculadas con el cambio social.
Lula, un dirigente obrero, líder del Partido de los Trabajadores, alcanzo la presidencia de Brasil por vía del voto popular, cuya gestión de gobierno pudo sacar de la pobreza extrema y moderada a casi 40 millones de brasileños y convertido a esa nación en la séptima economía del mundo.
Una izquierda vergonzosa no se atreve hoy a defender a un auténtico líder de los trabajadores, la más genuina expresión del anhelo de millones de pobres y excluidos de alcanzar algún día la cima de la justicia social. Esa gente se viste hoy de lino y seda enganchada en el mismo tren en el que viajan los que pretenden crucificar a Lula.
En el Gobierno de Lula, Brasil escaló el liderazgo de las economías emergentes a través del Brichs, un esquema de relación que aglutino además a la Indias, Rusia, China y Sudáfrica, que puso en jaque al hegemonismo comercial, político y militar.
Las oligarquías continentales no le perdonan a Lula su liderazgo en la oposición al Tratado de Libre Comercio de las Américas, impulsado por Washington, ni sus iniciativas de concertar esquemas de relación comercial interamericanos y con Europa y China.
A Lula no lo quieren presos por corrupto, sino por su inminente retorno a la presidencia de Brasil, porque si fuera de otra manera, hoy ese país no tuviera el presidente que tiene y Dilma Rousseff hubiese concluido su gestión de Gobierno.
El liderazgo progresista de esta tierra insular debería verse en el espejo de la inmoral persecución política contra Inacio Lula, un esquema que se aplica para todo el continente, basado en la tesis de que en vez de matar con balas o de invadir a una nación, se asesinan moralmente a los líderes por vía de una impresionante maquinaria mediática, jueces y fiscales controlados por Wastsapp.
Santo Domingo, 8 abr.- La Asociación Dominicana de Agrimensores (Asodagrim) planteó hoy que todos los miembros de esa institución deben aumentar en un 50 % el cobro para los trabajos catastrales y topográficos, hasta llegar a la meta de un incremento de un 150 %.
El presidente de la entidad, Miguel Valoy, señaló que el incremento se debe «a lo costoso que se ha convertido para los agrimensores el ejercicio profesional y a la falta de protección por parte del Estado», según un comunicado.
Indicó que aunque algunas instituciones del Gobierno han mejorado en el trato hacia los miembros de Asodagrim, en otras como el Plan de Titulación, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Bienes Nacionales, «siguen perdidos por la falta de transparencia».
De su lado, Yvelisse Almánzar, vicepresidenta de la entidad, dijo que los agrimensores están dando seguimiento a todas las actividades que involucran el ejercicio profesional como es el caso de la automatización en la Jurisdicción Inmobiliaria y los planes de catastro que llevan algunos ayuntamientos.
Abogó para que el Estado tome en cuenta a la mujer agrimensora y la dote de mayor oportunidad y protección.EFE
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