SANTO DOMINGO.- En la República Dominicana están siendo aplicados embargos inmobiliarios en forma sumaria,  observó ayer el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO).

En un documento enviado a ALMOMENTO.NET, la entidad considera que  dichos embargos son efectuados amparándose en la Ley número 189-11 Para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso en la República Dominicana, cuya aplicación, vulnera los derechos de los más débiles al no permitirles ningún tipo de acceso a instancias donde sean respetados sus derechos, por demás constitucionales.

Sostiene que los consumidores y usuarios de créditos hipotecarios están totalmente desamparados, ya que esta  Ley 189-11 está diseñada para ser aplicada a relaciones contractuales entre comerciantes, no para perjudicar a simples ciudadanos.

El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) es dirigido por Altagracia Paulino, ex directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO-CONSUMIDOR).

El documento

El texto de su documento es el siguiente:

«El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) alerta al Sistema de Justicia sobre la forma <sumarísima> en que se llevan a cabo los embargos inmobiliarios, amparándose en la Ley número 189-11 Para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso en la República Dominicana, cuya aplicación, vulnera los derechos de los más débiles al no permitirles ningún tipo de acceso a instancias donde sean respetados sus derechos, por demás constitucionales.

El ONPECO entiende que la Ley 189-11 contempla un propósito oculto que ha sido evidenciado en el procedimiento de ejecución <sumarísimo> para las viviendas financiadas por intermedio de hipotecas convencionales, más allá del ámbito de lo fiduciario cuando de embargo inmobiliario se trata.

Visto de este modo, cambia el espíritu de esta Ley, y en vez de fomento se convierte en una Ley de despojo de los adquirientes de viviendas mediante contratos hipotecarios.

El ONPECO considera que los consumidores y usuarios de créditos hipotecarios están totalmente desamparados, ya que esta  Ley 189-11 está diseñada para ser aplicada a relaciones contractuales entre comerciantes, no para ser aplicadas a simples ciudadanos que hayan pactado una hipoteca con algunas de las empresas intermediarias financieras, porque de de ser así el legislador hubiera derogado el Código Civil, entre otras disposiciones legales  como las contenidas en las leyes 141-15 y la 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, que regula las relaciones del consumidor con el mercado.

Advierte que a Ley 189-11 dice expresamente en su artículo 151, que el procedimiento civil aplica con toda su fuerza normativa para aquellos supuestos donde el deudor sea un consumidor final, cosa que no se está aplicando, porque actualmente  los ciudadanos con hipotecas convencionales son despojados en un plazo cruel de 15 días, sin tener ninguna posibilidad de apelar a instancia alguna, como está  previsto por la Constitución (artículo 69, que garantiza los derechos del deudor) y otros de las citadas leyes 141-15 y 358-05 de protección al consumidor y usuario.

Entiende que hay una mala interpretación de la Ley 189-11, por lo que llama a las instancias judiciales a que dejen claro ante ese Poder las especificaciones de esta disposición legal en lo referente a las hipotecas entre ciudadanos y la banca hipotecaria.

Además, ONPECO deplora que cuando una pareja adquiere una vivienda mediante el sistema de hipoteca, paga un seguro de vida, y si fallece uno de los conjugues, el banco cobra el seguro, pero en la práctica las entidades financieras obligan al cónyuge sobreviviente a seguir pagando el préstamo y en caso de que no pueda, la propiedad es embargada, dejando en la calle a la familia, lo cual no es justo.

EL ONPECO invoca a la Ley 358-05, a la Superintendencia de Banco y a PROCONSUMIDOR para que hagan una revisión prudente y oportuna de las cláusulas de los contratos de adhesión en el mercado hipotecario, con el fin de determinar si existen o no cláusulas abusivas en los mismos, que están avalando estás y otras malas prácticas en perjuicio del usuario o consumidor final.

El ONPECO recuerda que el artículo 81 de la ley 358-05, regula los contratos de adhesión y en su artículo 83, está misma ley faculta a la entidad de protección al consumidor y usuario a declarar nulas e inexistentes las cláusulas abusivas previstas en esta disposición legal.

Igualmente, el ONPECO advierte que la Ley 141-15 de reestructuración de empresas y personas comerciantes en dificultades y con las garantías procesales del Código de Procedimiento Civil, y las disposiciones del artículo 1244 del Código Civil, les sean igualmente aplicadas a las personas y ciudadanos que hayan adquirido sus viviendas mediante una hipoteca convencional.

La Constitución que proclama el Estado Social y Democrático de Derecho, donde se permiten vías alternativas de la solución de conflictos, los embargos inmobiliarios resultan anacrónicos y más cuando se realizan de manera <sumarísima> sin permitirle a la víctima ningún tipo de defensa. ¿Dónde están los derechos de los más débiles en los embargos inmobiliarios?».

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.-  El Banco Central fue distinguido con el Richard Goodman Strategic Planning Award en su edición 2018, debido a la forma excelente de aplicación y ejecución del contenido de sus planes estratégicos.

El reconocimiento fue otorgado por la Association for Strategic Planning (ASP) por sus siglas en inglés, y realza la planificación y práctica estratégica de instituciones y organizaciones de todo el mundo. Al ser notificado sobre el reconocimiento, el gobernador, Héctor Valdez Albizu, expresó que el otorgamiento de este premio a la institución significa que en la República Dominicana se realiza una gestión estratégica de alto nivel, comparable a la de los mejores países del mundo, lo que redundará en logros futuros para la nación.

El premio fue recibido en la ciudad de Chicago, Estados Unidos de América (EUA),  por el director del departamento de Planificación y Presupuesto del BCRD, Luis José Bourget, en el marco de la reunión anual de la ASP. Para este año participaron más de 80 candidatos y solo fueron seleccionados el BCRD y la Oficina de Transparencia de EUA, esta última obtuvo el primer lugar.

Los méritos de la asignación La ASP estima que el trabajo que realiza el BCRD fomenta la excelencia en la planificación estratégica, estimula la innovación, y honra a la institución por estar a la vanguardia de una práctica estratégica ejemplar.

El órgano rector lleva más de una década ejecutando la planificación estratégica de sus proyectos apegado a las mejores prácticas internacionales.

Los ganadores del premio son reconocidos como líderes estratégicos en la comunidad donde operan, se les realiza una cobertura mediática internacional como valedores de una planificación de alto nivel y reciben una certificación acreditativa.

SANTO DOMINGO.-  La Asociación Dominicana de Empresas FinTech (ADOFINTECH)  celebró la asamblea constitutiva con el objetivo de fomentar el crecimiento de las finanzas fintech y la inclusión financiera de los dominicanos a través de la tecnología.

La firma de los estatutos estuvo conformada por 19 miembros: GCS Systems Ltd., YPN Investments, S.A.A., Optimización de Recursos Regalii Dominicana S.R.L., Copel Retail Solutions, S.R.L., Finext Dominicana S.R.L., OMG S.A., Finnovation Labs, S.R.L., Agrega Partners Corp., Cash Depot International S.R.L., Reqonet Red de Requisiciones Digitales Licita.do S.R.L.

También Avisor Technologies Caribe, S.R.L., Online Finance Solutions Onfiso, S.R.L., Ibanonline, S.R.L., Onclick Studio Inc., Merlata Soluciones S.R.L., Mercofact S.A., Panacrédito S.A.S., Fintech Solutions S.A.S., y CapTech S.A.S..

La Junta Directiva fue designada en el evento, quedando Manuel Alejandro Grullón Hernández como presidente, Yan Piero Núñez del Risco como primer vicepresidente, Ramón de la Cruz como segundo vicepresidente, Ernesto Sánchez como tesorero, Armando Manzueta como vicetesorero, Natachú Domínguez como secretaria, Alan Muñoz como vicesecretario, y José Manuel Ortega y Juan Izquierdo como vocales.

Posterior a la firma, Manuel Alejandro Grullón dio unas palabras de bienvenida a todos los representantes de las empresas durante un brindis, donde se invitó a todas las empresas fundadoras a compartir un rato de networkingentre colegas del gremio.

Expuso como compromiso de la Junta “fomentar y promover todo tipo de actividades relacionadas con la tecnología y sistemas informáticos aplicados a la prestación de servicios financieros, de seguros y otras actividades relacionadas con las finanzas fintechen República Dominicana y su crecimiento en el exterior, reuniendo a aquellas empresas y expertos en fintechdel país, para que aprendan y crezcan con sus experiencias y conocimientos, y compartan y contribuyan con diferentes perspectivas, procurando mejorar y aportar nuevas ideas que reformulen la forma de entender y prestar servicios, gracias a las nuevas tecnologías de la información”.

Otros miembros aliados que participaron de la actividad fueron Ramón L. Baez S.A.S., 4 Finance, Iterativo S.R.L., Click Solutions, PeopleWare S.R.L., Cofinanzas, Go Web, Remax Magnum, Sendiu y Nap del Caribe.

“La presencia de la tecnología en los servicios financieros y, por ende, en la vida de las personas es y será cada vez más protagónica, sobre todo en un país como el nuestro donde uno de nuestros principales retos es la inclusión financiera, problema que claramente se puede mejorar con la implementación de la tecnología”, afirmó el señor Grullón.

La creación de esta asociación de empresas fintech,sin lugar a dudas, afirma la visión de los empresarios que apuestan por la innovación y el aprovechamiento de las tecnologías para mejorar la calidad de vida de los dominicanos.